Presentación

La consulta como garantía de procedimiento para la participación de los Pueblos Indígenas en las políticas públicas que hacen a sus derechos e intereses, constituye en la actualidad una de las principales obligaciones de todo estado democrático y multiétnico; su debate, además de girar en torno a la adecuación y práctica institucional, reconoce como aspecto central la pertinencia cultural que debe observarse en cada caso y respecto a cada pueblo.

El derecho a la participación de los Pueblos Indígenas, que debe ser leído siempre bajo el principio de la libre determinación, no es un derecho más, integrado a un catálogo de otros derechos, es ÉL derecho que permite el abordaje de un conjunto de otros derechos e intereses cuya realización, respeto, protección y garantía se encuentran en permanente tensión.

Al respecto es clave entender que los Pueblos Indígenas en sus demandas, en esencia, lo que todos los días nos dicen es que quieren participar en la vida política, económica y social de los Estados que habitan, en los cuales su posición subalterna conlleva un agravante. El catálogo de sus reivindicaciones, por tanto, nos es solamente salud, educación, tierra y participación. Es participación y autonomía para acceder a la salud, la educación y el territorio.

En este sentido, es bueno recordar, con ocasión del aporte que supone la ésta suerte de presentación de “la caja de herramientas” sobre consulta y participación”, que el respeto al principio de igualdad, supone, entre otras cosas, que todos los Pueblos Indígenas sean tratados bajo ese principio, ya sea entre sí, como entre los mismos y el nación dominante. Una manera de avanzar en este horizonte, es generando prácticas sistemáticas de consulta con cada uno de ellos, que se expresen en las formas y los tiempos que consensuados con ellos mismos, ausculten sus opiniones y el puntos de vistas en los grandes temas del país.

Eso sí, la consulta, no es simplemente una garantía de libre expresión, una tribuna de catarsis para exigir derechos y denunciar violaciones, de ser así, la estaríamos vaciando de su contenido esencial que es  la búsqueda del consentimiento, de acuerdos que permitan avanzar con legitimidad al Estado en sus políticas, respetando los derechos colectivos de los pueblos.

En este sentido, los avances del derecho internacional de los derechos humanos, así como del constitucionalismo contemporáneo en América latina, muestran los resultados de ingentes esfuerzos de las organizaciones indígenas y activistas de la sociedad civil de muchas partes del mundo que luego de largos años de debates con los Estados, finalmente, fueron alcanzado los logros que hoy tenemos a la vista en diversos instrumentos jurídicos. Estos logros, a su vez, reflejan el consenso mínimo entre los Estados y constituyen un marco general de obligaciones cuyo desarrollo y contenido tiene su correlato necesario en el ámbito domestico de cada uno de los países, que aún requiere de imaginación y exigibilidad para dotarle de los contenidos mínimos en su aplicación práctica.

Para ello, el recuento de la experiencia existente hasta aquí, reconoce de particularidades, que no precisamente son equivalentes en otras partes del mundo, es por ello, que el presente trabajo, reúne la mirada y experiencia centrada en uno de esos  contextos: el Chaco Sudamericano.