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Para construir desde el diálogo intercultural acciones efectivas para prevenir el embarazo infantil iniciamos hoy este espacio de intercambio con servidoras y servidores públicos de los sistemas de salud que atienden a las comunidades indígenas del Chaco.

En este primer encuentro Amnistía Internacional compartió el informe #NiñasNoMadres brindando datos relevantes que permiten visibilizar el alcance de la problemática.

El encuentro fue el punto de partida buscando construir un espacio de diálogo que permita una atención integral de la problemática desde los sistemas de salud y con la participación de las comunidades.

Agradecemos a las personas e instituciones que participaron del espacio; la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Salud, Secretaría de la Niñez, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Presidente Hayes; la Directora y encargadas de Atención Primaria de la Salud de la XV Región Sanitaria; el Director y encargado de Atención a Pueblos Indígenas de la I Región Sanitaria, a la Unidad de Salud Familiar de la Comunidad El Estribo y representante docente de la Comunidad Xákmok Kásek.

Dos jóvenes indígenas fueron enviados a prisión por haber intentado hurtar alimentos de dos locales comerciales ubicados en la ciudad de Luque, en ambos casos los alimentos fueron recuperados. Sin embargo, las agentes del Ministerio Público, Alicia Fernández Riquelme y Cecilia Inés Núñez Castillo, decidieron imputar a los jóvenes, además solicitaron la prisión de los mismos, solicitud que fue otorgada por la jueza Jennifer Insfrán.

La jueza Insfran tiempo atrás había otorgado una benevolente prisión domiciliaria a Ramón Gonzalez Daher, condenado por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, además de haber sido parte de un clan que manejó durante años el poder judicial.  Sin embargo, en este caso actuó con una vara totalmente diferente, y decidió la prisión preventiva de los jóvenes indígenas señalando que existe un alto peligro de fuga ya que ambos  no tienen arraigo e indicó que hay una alta expectativa de pena.

Tanto la actuación del Ministerio Público como de la Jueza se dan en contrariedad a lo que señala el artículo 172 del Código Penal paraguayo que establece que en casos donde el valor de lo hurtado sea ínfimo se prescindirá de la persecución penal pública; además es parte de un patrón de actuación del Sistema de Justicia que actúa con particular celeridad y arbitrariedad contra la población más vulnerable mientras es benevolente con sectores vinculados al poder económico y político.

La abogada Natalia Rodríguez, integrante del Área de Casos y Litigios de Tierraviva, analizó los hechos y señaló que se trata de un caso claro y de patente discriminación contra personas indígenas; una muestra más de la deleznable discriminación estructural contra los Pueblos Indígenas.

La abogada explica que al tratarse de hechos bagatelarios y no existir una denuncia por parte de los propietarios, el Ministerio Público podría prescindir de la persecución penal, además de indicar que la Dirección de Derechos Étnicos de la Fiscalía debió haber tomado intervención en el caso a fin de evitar que los dos jóvenes indígenas terminen en prisión.

“Vemos cómo las instituciones responsables de proteger a los Pueblos Indígenas fallan al no garantizar acceso a derechos básicos como la alimentación y a una vida digna” señala Rodríguez. Agrega que la situación en que viven los Pueblos Indígenas y en particular casos como este nos muestran la ausencia total de políticas públicas con presupuestos adecuados para garantizar los Derechos Humanos de las personas indígenas que deberían ser objeto de protección especial por parte del Estado.

Como un ejemplo de esta situación cabe mencionar que la falta de acceso a la tierra propia afecta a cerca del 30% de las comunidades indígenas lo que provoca el desarraigo y la migración en condiciones de extrema vulnerabilidad de las familias indígenas hacia centros urbanos, donde tampoco reciben la atención mínima para una vida digna y en muchos casos ni siquiera acceden a alimentos y servicios básicos.

Según los últimos datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura unas 182 personas indígenas se encuentran en prisión, la mayor parte de ellas se encontraría sin condena y en muchos casos los procesos judiciales no se llevan adelante con una mirada intercultural que permita la efectiva comprensión de la situación por parte de las personas indígenas.

Como uno de sus ejes estratégicos Tierraviva trabaja entorno a la no discriminación y acceso a la justicia para las personas indígenas, en ese marco monitorea, evalúa e interviene en las situaciones que afectan estos derechos, fundamentalmente en los territorios donde desempeña su labor.

Tierraviva busca sumar a su equipo de trabajo a una/un abogada/o que tenga experiencia en el trabajo con personas, comunidades y organizaciones indígenas.

La persona contratada debe tener disponibilidad para viajar contar con alta capacidad de escucha y manejo de la temática de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas.

Si estás interesada/o te invitamos a descargar los Términos de Referencia y envíar los documentos requeridos a casosylitigios@tierraviva.org.py y tierraviva@tierraviva.org.py

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Tras casi 19 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la obligación del estado de restituir su territorio a la Comunidad Indígena Yakye Axa, del Pueblo Enxet, además de otras medidas reparatorias, el Estado sigue sin cumplir cabalmente el fallo. En una nueva reunión entre los líderes de la comunidad, sus representantes convencionales y miembros del Comité Interinstitucional para el cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI), las instituciones volvieron a prometer concluir el anhelado camino de acceso para las tierras de Yakye Axa, además de revisar otros puntos pendientes.

La construcción del camino ha sido siempre el principal reclamo de Yakye Axa, desde el 2012, cuando el Estado adquirió las tierras para entregarlas a la comunidad, la población aguarda que concluya el tramo de aproximadamente 33 kilómetros que separan las tierras de la Ruta Pozo Colorado-Concepción. Tras varios años de promesas incumplidas, durante el periodo de gobierno anterior se había licitado y encargado la obra a una empresa constructora teniendo como fecha límite de entrega septiembre de 2022, si bien los trabajos iniciaron el plazo no se cumplió, los trabajos fueron abandonados en julio del año 2023 quedando la obra ejecutada en un 60% según las propias autoridades.

Durante la reunión realizada este martes 20 de marzo, representantes del Ministerio de Obras Públicas anunciaron que se tomaron medidas administrativas para reiniciar los trabajos restantes que deberían concluir en julio del presente año. La falta de un camino público de todo tiempo es determinante para las precarias condiciones de vida en que subsisten los miembros de la comunidad, los enfermos no pueden ser asistidos a tiempo, la compra de alimentos, agua potable o enseres básicos requiere de realizar largos trayectos a pie o en burro, además de imposibilitar el acceso servicios públicos como la salud y la educación.

Así también durante la reunión y en el marco de la prolongada sequía que atraviesa el Chaco, la comunidad solicitó que las maquinarias de MOPC también construyan un tajamar a fin de facilitar el acceso a agua para los pobladores. Igualmente los representantes de la cartera de obras públicas informaron que continuarán los trabajos de limpieza para la posterior construcción de un camino intercomunitario que conecte a Yakye Axa con la Comunidad Indígena vecina Karaja Vuelta, también del Pueblo Enxet, quedando pendientes los trabajos de construcción del camino intercomunitario que comunique con Payseyamexyempa’a.

Otros puntos como la construcción de viviendas y acceso a energía eléctrica fueron abordados brevemente en la reunión quedando pendientes las respuestas de las instituciones responsables.

Tierraviva acompaña a Yakye Axa desde el inicio de su lucha por la restitución de su territorio que inició a mediados de la década del 90, a lo largo del litigio internacional y hasta la actualidad la institución ha asumido, por decisión de la comunidad, su representación convencional. Junto a otras organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional se realiza un acompañamiento constante a la situación de la comunidad.

Mediante esta lucha las familias de Yakye Axa han logrado recuperar unas 12.300 hectáreas de territorio, lejos de agotarse por el paso del tiempo y las promesas incumplidas por parte del Estado; la comunidad continúa exigiendo la reparación de sus derechos.

En el marco del trabajo conjunto realizado por Tierraviva, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y el Registro Civil se realiza una serie de jornadas de capacitación a oficiales registrales del Registro Civil a fin de mejorar las capacidades de abordaje a la población indígena por parte de los mismos. El trabajo de Tierraviva, en alianza con las instituciones públicas, permite mejorar las condiciones para el acceso a derechos y la no discriminación hacia la población indígena.

Lourdes Sandoval, del Centro de Estudios Registrales del Registro Civil, manifestó que es fundamental la capacitación de los 598 oficiales registrales con que cuenta la institución a nivel nacional. “Los oficiales deben estar capacitados para trabajar con toda la población y en ese sentido creemos fundamental la tarea la capacitación para atender las especificidades del trabajo con la población indígena” señaló.

Durante las jornadas de capacitación con los funcionarios del Registro Civil se abordan temáticas relacionadas a Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Interculturalidad, la identidad como un derecho, no discriminación y buenas practicas y también casos prácticos respecto a la atención que brinda el Registro Civil a la población Indígena. La capacitación es brindada por integrantes del equipo de trabajo de Tierraviva que cuentan con una amplia experiencia en el trabajo con comunidades indígenas y formación en materia de Derechos Humanos.

Esta actividad se realiza en el marco de la Campaña de Documentación a Comunidades Indígenas que forma parte del Proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay”, impulsado por Tierraviva con el apoyo de Diakonia y la Unión Europea y busca garantizar el acceso a documentación oficial a los miembros Comunidades Indígenas a nivel nacional.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, encuentra a las mujeres indígenas que habitan territorio paraguayo en una situación de exclusión crónica, la pobreza, la falta de acceso a la educación, la salud y otros derechos fundamentales son la constante en las comunidades indígenas. A pesar de esta situación, las mujeres de Pueblos Indígenas siguen luchando en defensa de sus derechos, apostando a la organización y al intercambio de saberes para construir un futuro con dignidad para todas.

Tierraviva acompaña la lucha de las mujeres indígenas desde hace años, generando espacios de encuentro y diálogo buscando fortalecer los reclamos del sector. Estos encuentros sirven para identificar las principales necesidades de las comunidades, y buscar salidas colectivas a estas situaciones.

Estela Marecos, es una mujer Enxet, integrante de la Comunidad El Estribo, del Departamento de Presidente Hayes; relata que con sacrificio y lucha logró terminar el bachillerato y acceder a una carrera Universitaria. Hoy sirve a su comunidad como enfermera, sin embargo, señala que son muy pocas las jóvenes indígenas que pueden acceder a la educación y a formarse como profesionales; según datos oficiales el analfabetismo afecta a más del 47% de las mujeres indígenas.

Estela reitera uno de los reclamos que más se escuchan en los encuentros de mujeres indígenas “la precaria situación de los servicios de salud en las comunidades” es una realidad que afecta fundamentalmente a las mujeres que son quienes se encargan del cuidado de los niños, niñas y de los adultos mayores, además de lo vinculado a la salud materna.

Agrega a esto la falta de caminos que impiden la asistencia inmediata de los enfermos, las dificultades para el acceso a la educación y cuestiona con firmeza la falta de atención de los sucesivos gobiernos hacia la población indígena. Esta discriminación estructural ha llevado a que más del 60% de la población indígena que habita en Paraguay viva bajo la línea de la pobreza, mientras la desnutrición crónica afecta a prácticamente 4 de cada 10 niños indígenas.

A estas realidades se han sumado los efectos de la crisis climática, los últimos años han alternado inundaciones y sequías, este último fenómeno extremo golpeó con fuerza a las comunidades durante el 2023, las mujeres caminaban decenas de kilómetros para juntar aguas en baldes a fin de abastecer a las familias. Los fenómenos climáticos y la destrucción de los bosques afecta también una de las principales ocupaciones de las mujeres indígenas, la artesanía; los elementos de la naturaleza utilizados para el arte indígena, cuyo comercio es una de las principales fuentes de ingreso para las comunidades, son cada vez más escasos, y el acceso a los remanentes boscosos se torna cada vez más difícil para las artesanas.

“Mi mensaje para las compañeras mujeres indígenas es que no decaigan, que sigamos luchando y buscando lo mejor para nuestra comunidad, a pesar del poco apoyo del gobierno”

Mensaje de Estela Marecos a las mujeres indígenas

En los últimos años Tierraviva ha trabajado muy de cerca con las mujeres artesanas, escuchando sus realidades, y buscando canalizar los reclamos. Los encuentros de intercambio de saberes entre las mujeres indígenas han servido para fortalecer sus luchas y para lograr la incidencia ante algunos entes estatales buscando mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades y en particular de las mujeres.

Lidia Ruiz, coordinadora de Tierraviva, relata que la principal apuesta para este año es llegar a las comunidades para seguir escuchando las necesidades de las mujeres indígenas, apostando a fortalecer la participación de las mujeres en la defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

Es justamente esa apuesta a la organización y a lo colectivo por parte de las mujeres la principal esperanza para la construcción de un futuro digno para los Pueblos Indígenas en Paraguay.