Como organización dedicada a la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y particularmente de sus derechos territoriales, manifestamos nuestra sorpresa y rechazo ante las declaraciones realizadas por el Ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, respecto a las tierras indígenas. Durante una entrevista concedida el día miércoles 23 de junio el Ministro manifestó que «no faltan tierras para las Comunidades Indígenas. Las comunidades indígenas están hoy solicitando más tierras, pero para arrendar». Con estas declaraciones Giuzzio demuestra un gran desconocimiento de la problemática indígena y de la propia legislación.

Las tierras en propiedad comunitaria que hoy tienen los pueblos indígenas, tituladas o aseguradas, son insuficientes, incluso tomando como línea de base el mínimo que establece la Ley 904/81. En promedio las comunidades de la Región Oriental apenas alcanzan ese mínimo y las del Chaco aún no llegan a él. La Constitución del Paraguay establece en su artículo 64 que “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida”. Por ende, es innegable la existencia de un problema de insuficiencia de tierras, conforme a los parámetros más básicos de sostenibilidad, técnicos y legales.

En el mismo artículo 64 la Constitución prohíbe el arrendamiento de tierras indígenas, sin embargo, hoy cientos y miles de hectáreas de tierras indígenas se encuentran ocupadas mediante el alquiler ilegal por el agronegocio, ante la permisividad de un Estado cómplice del despojo. La problemática de arrendamiento de tierras indígenas afecta a una gran parte de las comunidades y que es un producto, indicador y causa concurrente a la vez, de la pobreza extrema de la población indígena, y que está en relación con la falta de restitución y seguridad de mayores territorios y de oportunidades económicas, poniendo en entredicho la vigencia de la propia Constitución de la República.

El Señor Giuzzio, en su carácter de Ministro del Interior, y anteriormente como fiscal, debería estar al tanto de esta situación y debe actuar en consecuencia, trabajando junto a otros entes públicos en la recuperación de las tierras indígenas ilegalmente arrendadas. Con su inacción, sólo se convierte en responsable por omisión de estás ilegalidades, al igual que las demás autoridades de gobierno y de los Poderes Públicos.

Llamamos a las autoridades a abordar decididamente la problemática indígena, dejando de lado su pretendida intención de acusar a las propias comunidades de la situación de discriminación estructural en que se encuentran. Tal como lo establece la Constitución, el Estado es responsable de garantizar tierras en cantidad y calidad suficientes para los Pueblos Indígenas, brindándoles la protección necesaria para que las mismas sirvan al desarrollo libre de las comunidades y el sostenimiento de sus formas tradicionales de vida.

El Estado paraguayo ha sido condenado por la Corte IDH en tres ocasiones por la violación de los derechos territoriales, sociales, económicos y culturales de las comunidades indígenas y las autoridades deberían estar trabajando por políticas públicas para subsanar el desinterés histórico de resolver la problemática indígena, antes de ofrecer argumentos falaces y desalojos forzosos a quienes reclaman su legítimo derecho.

Exigimos respeto a los Derechos de los Pueblos Indígenas