La Organización Tierraviva, con más de 25 años de trayectoria en el acompañamiento a las luchas territoriales de los Pueblos Indígenas, manifiesta su rechazo a la propuesta de modificación del Artículo 142 del Código Penal propuesta por los Senadores Riera, Zavala y otros, ya que la misma pretende blindar la posesión irregular de tierras malhabidas y sólo profundizará la criminalización y persecución hacia quienes reclaman el derecho constitucional de acceder a la tierra.

De la misma manera, rechazamos la propuesta de Ley que busca modificar el Artículo 98 del Estatuto Agrario que prevé excluir de los programas sociales y subsidios del Estado a personas que se encuentren imputadas por la ocupación de tierras. Está medida es inconstitucional y viola los principios básicos del Estado de Derecho, fundamentalmente la presunción de inocencia. Decenas de miembros de Comunidades Indígenas se encuentran hoy día imputados por luchar por la restitución de sus territorios ancestrales, estás personas serán revictimizadas por el propio Estado que les niega el derecho a acceder a sus territorios.

En Paraguay la concentración de la tierra en pocas manos alcanza niveles escandalosos y las instituciones del Estado no han ejecutado políticas públicas adecuadas para garantizar el derecho a un pedazo de tierra a cientos de miles de paraguayos y paraguayas.

Más de 8 millones de hectáreas de tierras entregadas ilegalmente por la dictadura a sus aliados, jamás han sido recuperadas; alrededor de un millón de hectáreas de tierras públicas han sido apropiadas de forma irregular por sojeros, ganaderos y latifundistas, sin que el Estado ejecute acciones para impedir o reparar esta situación.

Las modificaciones propuestas al Artículo 142 del Código Penal posibilitarán blindaje a quienes hoy detentan, ilegalmente, no sólo la propiedad sino, incluso, la mera posesión de tierras, por lo que podrían estar llamadas a proteger posesiones irregulares. Y además, condenando a la cárcel a quienes reclamen la recuperación de estos territorios que deberían estar en manos de Comunidades Indígenas y Campesinas.

Solo en los últimos meses más de 800 familias indígenas han sufrido desalojos violentos, en manos del Ministerio Público, la Policía Nacional y civiles armados, que de forma totalmente ilegal e ilegítima despojan a las comunidades de sus tierras. Con esta propuesta legislativa las víctimas de estos atropellos, no sólo quedarán sin sus tierras contrariando la propia Constitución y un ordenamiento supranacional, sino que además serán criminalizadas y encarceladas.

Ante este contexto, el planteamiento de aumentar las penas y la persecución a quienes reclaman su derecho a la tierra se asemeja más a una provocación propia de sectores antidemocráticos que a una propuesta de solución real para una problemática social de raíces profundas e históricas.

Finalmente, ratificamos nuestro pleno rechazo a las modificaciones del Artículo 142 del Código Penal y del Artículo 98 del Estatuto Agrario y llamamos a los legisladores a actuar de forma responsable, rechazando estos intentos de profundizar la persecución a quienes luchan por acceder a la tierra. Confiamos en que  se tomen medidas para garantizar el acceso a la tierra a las comunidades indígenas y campesinas.