Los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas están reconocidos en la legislación nacional e internacional y señalan claramente que estos pueblos no deben ser desalojados

Rodrigo Villagra y Marilin Renhfeld, analizan el marco normativo que protege a los territorios indígenas y coinciden en señalar que la ola de violencia contra las comunidades apunta a convertirse en un exterminio de la población Indígena.

«En primer término el Capítulo V de la Constitución de la República del Paraguay reconoce la pre existencia de los Pueblos Indígenas como grupos de cultura anteriores a la formación del Estado paraguayo. Ya ese reconocimiento implica que la ocupación de sus territorios ancestrales les otorga derechos sobre ellos» indica Rodrigo Villagra, antropólogo, abogado y docente, Presidente del Directorio Tierraviva. Villagra trae a colación las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado paraguayo por haber privado de sus territorios a tres Comunidades Indígenas, mencionando que en estos fallos la Corte deja en claro que los territorios ancestrales son aquellos dónde la población Indígena desarrolla su vida y su cultura, y que se corresponden con aquellos territorios que habitaban previamente a la constitución del Estado paraguayo.

«Además el propio Estado reconoció el mapa elaborado por Bejarano sobre los territorios tradicionales, estamos hablando de 25 a 30 millones de hectáreas» señala Villagra, mencionando que aunque luego hayan sido colonizados estos territorios por el Estado paraguayo, eso no implica la negación de su pre existencia por lo que el Estado debe restituir esos territorios, «allí la Constitución determina la modalidad en que deben ser restituidos que es mediante la propiedad comunitaria de las tierras para las comunidades» agrega.

“Las comunidades, un conjunto de familias que se agrupan, son sujetos de derechos y que se encuentren ocupando unas tierras que formaron parte de su hábitat histórico implica que deben ser restituidos en su derecho a la tierra en ese mismo lugar o al menos en cantidad y calidad suficiente como para garantizar la continuación de sus formas tradicionales de vida, qué debería ser determinado por el Instituto Paraguayo del Indígena con participación de los propios Indígenas, esto lo reconoce también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, menciona. Cabe señalar, que este Convenio integra la normativa nacional a través de la ley 234/93.

Por su parte Marilin Renhfeld, antropóloga, también inicia el análisis refiriéndose al Capítulo V de la Constitución de la República, «allí dice claramente que se prohíbe el desalojo de los Pueblos Indígenas» menciona haciendo referencia al Artículo 64 de la Constitución donde se señala que «se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos». “El territorio tradicional es el lugar que siempre fue habitado por los Pueblos Indígenas, aquellos que tienen una lengua y una cultura propia, aquí existen referencias bibliográficas desde la época de la colonia respecto a los lugares que habitaban los Pueblos Indígenas”, menciona Renhfeld, citando varios textos que describen los territorios que ocupaban los Pueblos Indígenas.

«Lastimosamente ahora un fiscal o un juez encuentra algún título por allí y ordena el desalojo de esos territorios que tienen más de 500 años de ocupación documentada» indica. “Desde el convenio 169 de la OIT, hasta el propio Estatuto Agrario, reconocen que la ocupación de un territorio por tantos años genera derechos, entonces esas comunidades no pueden ser de desalojadas de sus territorios cómo está sucediendo ahora» sentencia.

La Ley 904 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” estipula que cada familia indígena en la Región Oriental debería tener como mínimo 20 hectáreas de tierras y en la Región Occidental 100 hectáreas, recuerda la antropóloga, al tiempo de señalar que las Comunidades Indígenas no piden más de lo que necesitan para seguir existiendo y lo que está establecido en las leyes.

Marilin señala que argumentos legales para defender las tierras indígenas existen en abundancia en el marco normativo, sin embargo, «actúan otras fuerzas poderosas, el poderoso caballero don Dinero, entonces se desaloja a los indígenas de lo poco que tienen para plantar soja y con esto vamos camino a acabar con todos los bosques y con todos los indígenas» concluyó Renhfeld.