Este miércoles 15 de diciembre, en la Casa de Retiro Emaus, se presentó ante autoridades nacionales y referentes de la Sociedad Civil, la «Propuesta a autoridades nacionales sobre procesos y herramientas para mejorar la protección de derechos territoriales, ambientales y a la consulta (CCLPI)».

Durante el evento estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Servicio Nacional de Catastro, Corte Suprema de Justicia y la Escribanía Mayor de Gobierno. También participó de la presentación el Senador Miguel Fulgencio Rodríguez, como Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado; en representación de la delegación de la Unión Europea en Paraguay estuvo presente Diana Garcia Cubilla, Team Leader de Cooperación de la Unión Europea en Paraguay.

Estas propuestas fueron trabajadas con Pueblos y Comunidades Indígenas de la Región Oriental y el Chaco en el marco del proyecto “Promoción de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en Paraguay a través de la protección de sus derechos territoriales, ambientales y a la consulta y consentimiento libre, previo e informado”, implementado por Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco en asociación con Grupo Sunu, y que ha sido financiado por la Unión Europea.

En ese marco se han identificado una serie de violaciones de derechos de Pueblos Indígenas y distorsiones en la aplicación de leyes, normativas y procedimientos. Estas violaciones de derechos de los Pueblos Indígenas producen condiciones de miseria, ya que la destrucción y/o pérdida de acceso a sus territorios les imposibilita el uso y disfrute de los recursos naturales que necesitan para abastecerse para su subsistencia, desarrollar sus actividades tradicionales de cultivo, caza, pesca o recolección, acceder a los sistemas tradicionales de salud y otras funciones
socioculturales cruciales.

Además, una calidad medioambiental mínima es condición necesaria para el ejercicio de varios derechos fundamentales. Por lo tanto, la destrucción o pérdida de acceso a sus territorios, y la inacción estatal al respecto, implica someterlos a situaciones de desprotección extrema que conllevan violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal, a la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación y los derechos de los niños, entre otras.

En ese sentido la identificación de estas violaciones y distorsiones es un paso importante, pero no cambia per se la realidad de los pueblos indígenas. Ante esa situación, y con la participación activa de las comunidades, se ha elaborado el documento que contiene propuestas técnicas, legales, administrativas y operativas para superar las limitaciones y distorsiones detectadas.

 

Propuesta a autoridades nacionales sobre procesos y herramientas para mejorar la protección de derechos territoriales, ambientales y a la consulta (CCLPI)