Rodrigo Villagra Carrón, Antropólogo, abogado e integrante de la Asamblea de la Organización Tierraviva, señaló que las propuestas de modificación del Artículo 142 del Código Penal, para aumentar las penas contra quienes luchan por la tierra, y del Artículo 98 del Estatuto Agrario, que busca dejar fuera de los programas de asistencia social a quienes estén imputados por ocupar tierras, se contraponen con los principios fundamentales de la Constitución Nacional y con los estándares básicos de Derechos Humanos a nivel global.

«El proyecto Zavala expresa una mentalidad arcaica e ignorante. Es además un proyecto inconstitucional porque no tiene en cuenta la defensa de la propiedad comunitaria que se reconoce en el caso de las tierras indígenas, la propiedad comunitaria tiene mayores garantías y esta legislación, en el estado actual dónde la fiscalía ataca a los pueblos indígenas en su derecho a la propiedad comunitaria, va a significar blindar la usurpación de tierras tierras indígenas por parte de aquellos que explotan y alquilan ilegalmente las tierras de las comunidades» manifestó Villagra.

En este sentido citó el caso de Diego Zavala, hermano del Senador Fidel Zavala, que ocupa irregularmente las tierras de la comunidad indígena Makutinga. En caso de aprobarse la legislación propuesta los indígenas de la comunidad Makutinga que ocupen sus tierras para exigir la restitución territorial serían enviados a la cárcel.

«Existe un doble rasero de supuesta defensa de la propiedad por encima de cualquier otro derecho, es un discurso cínico, ignorame inconstitucional» aseveró. En este sentido indicó que también la familia del Senador Enrique Riera, otro de los proponentes de esta norma, se habría beneficiado con la venta sobrevaluada de tierras al Estado.

Rodrigo Villagra indicó también que hay un sinnúmero de tierras originalmente campesinas e indígenas que están siendo irregularmente acaparadas por el agronegocio, lo que es legitimado por instituciones que actúan en contra de los preceptos constitucionales, y que ahora pretenden aprobar legislaciones aún más excluyentes y criminalizadoras.

El abogado y antropólogo indicó además que la propuesta de excluir de los programas sociales a quienes sean imputados por participar de ocupaciones de tierras es contrario a los principios básicos del Estado de Derecho y a lo establecido en el ámbito de los Derechos Humanos a nivel internacional.