El ciclo de formación de la Promotoría Jurídica Indígena completó esta semana su segundo módulo, con una importante participación de representantes comunitarios que asumen el compromiso de atender las necesidades de sus comunidades.

Joaquín Fernández, joven líder de la Comunidad El Estribo, señaló que el espacio de formación es de gran importancia para los jóvenes indígenas que asumen el desafío de ser promotores jurídicos en sus comunidades. «Aprendimos mucho durante este segundo módulo, es muy importante esto para conocer y defender nuestros derechos como Pueblos Indígenas» señaló.

Un total de 35 representantes comunitarios provenientes de los Departamentos de Presidente Hayes y Boquerón participaron de este segundo módulo. Se destaca la activa participación de los jóvenes y particularmente de las mujeres futuras promotoras.

Por su parte Delfina Armoa, de la Comunidad Pykasu, destacó la importancia de los temas abordados en este segundo módulo. «Tuvimos presencia de autoridades del Ministerio de Salud y de Educación para hablar sobre el derecho a la salud y la educación de los Pueblos Indígenas. Además de la presencia de una representante de la Corte Suprema de Justicia con quién se abordó la temática territorial y el trabajo de los peritos y facilitadores indígenas» indicó la joven.

Herminia Ferreira, otra de las participantes, destacó la importancia de la Promotoría Jurídica Indígena a fin de garantizar derechos en las comunidades, «es muy importante para fortalecer nuestras comunidades, para poder buscar respuesta en las instituciones» agregó.

Los participantes del ciclo de formación han sido propuestos por sus comunidades y son principalmente jóvenes que serán capacitados a lo largo de 3 años.

Este curso se desarrolla en el marco del proyecto «Gobernanza Democrática y la Justicia Ambiental», financiado por la Fundación Tinker y busca instalar capacidades para que las propias comunidades, mediante su Promotor/a puedan hacer frente a las necesidades que se les presentan, en particular la vinculación y mediación con las instituciones estatales que deben responder a los reclamos indígenas.