
“Si estuviéramos en el orden interno nacional paraguayo o de cualquier país, que sucedería si no se cumple una sentencia? Estamos sin embargo, en la sociedad internacional donde no hay un policía, donde no tenemos cárceles y por lo tanto está sustentado, todo el sistema judicial internacional, incluyendo el de los Derechos Humanos, en la buena fe y el honor de las naciones.
Aquí, sin perjuicio de los derechos de los pueblos originarios, hay un Estado: Paraguay, que no cumple una sentencia, miles de razones, pero no las cumple. Y en consecuencia está poniendo en tela de juicio el Sistema Interamericano de DD.HH. no es la Corte, no es la Comisión, no son los que alegan sus derechos, es un Estado. Yo hago por lo tanto un llamado ferviente de que está en juego el sistema interamericano de Derechos Humanos cuando los Estados no cumplen, cuando no cumplen su palabra.
Tengan presente esto que están en mora y que en el ámbito interno serían prófugos de la justicia”.
Así reflexionó el juez Eduardo Vio Grossi, de nacionalidad chilena, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante la audiencia de supervisión de sentencias en los casos de las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xámok Kásek contra el Estado del Paraguay.
De esta audiencia realizada el lunes pasado en la sede de la Corte Interamericana, en la ciudad de San José, Costa Rica, participaron Aníbal Flores, Leonardo González y Marcelino López, líderes de las comunidades mencionadas. Asimismo, estuvieron los abogados Oscar Ayala Amarilla y José Rodrigo Paniagua, de la ONG Tierraviva, y Liliana Tojo, de la organización CEJIL, todos representantes convencionales de los indígenas.
Igualmente participaron de la sesión de la Corte IDH la comisionada María Silvia Guillén y la abogada Carla Quintana, ambas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En representación del Paraguay estuvieron Oscar Yañez Torres, embajador paraguayo ante Costa Rica, José Enrique García, Procurador General de la República, Nuri Montiel, de la Corte Suprema de Justicia, así como los abogados Edgar Taboada, Salvador Meden y Verónica Grutter.
“Falta de voluntad del Estado”
La comisionada María Silvia Guillé, de la CIDH, recordó durante su alocución ante el tribunal Interamericano que el Paraguay ha demostrado una falta de voluntad para dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte IDH en los casos de las comunidades Enxet Sur y Sanapaná.
“La CIDH ha comprobado, durante la visita de setiembre del 2010 realizada a ese país por la relatora Dina Shelton, que Paraguay hasta hoy no ha entregado sus tierras a las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa pese a encontrarse vencido el plazo. El caso de las comunidades mencionadas constituye otro dramático ejemplo de la situación de los pueblos indígenas, en un contexto de vulnerabilidad e impotencia frente al reiterado incumplimiento de los deberes del estado”
Recordó que hasta el año 2010 el Estado no había tomado medidas serias y efectivas para cumplir con las sentencias, en especial en lo referente a la devolución de las tierras reivindicadas por las comunidades Enxet.
Al respecto la comisionada Guillén mencionó que hubo algunas acciones, que no prosperaron, para la expropiación para las tierras indígenas, pero en su informe a la Corte IDH el Paraguay arguyó que el Poder Legislativo había considerado improcedente “En todo caso CIDH recuerda que en todo proceso de cumplimiento están involucradas distintas entidades y procesos internos a nivel del Estado, ante el Tribunal y en el proceso interamericano la responsabilidad del Estado e involucra a todos los poderes del mismo. Habría que recordar al `Ilustre Estado de Paraguay´ que el Congreso es parte consustancial del mismo Estado y por ende le son obligatorias las sentencias de esta honorable Corte” explicó finalmente la representante de la CIDH.