Hace pocos días un oficio del Ministerio Público ordenaba un nuevo desalojo irregular en el territorio de la Comunidad Indígena Cerrito de Alto Paraná. La comunidad resiste, en medio de la violencia, protegiendo su territorio y su cultura desde hace años, lo mismo sucede con decenas de comunidades cuyas tierras fueron avasalladas por sojeros y ganaderos.
Mientras, en el Chaco las Comunidades Indígenas soportan la falta de agua potable, producto de una prolongada sequía, que se profundiza como efecto de la Crisis Climática, causada principalmente por el avance del modelo extractivista. Al mismo tiempo, la falta de caminos, escuelas, puestos de salud, golpean fuertemente a la población indígena del Chaco; las grandes obras de infraestructura sólo apuntan a satisfacer los intereses empresariales que se extienden en el territorio chaqueño, olvidando y excluyendo a la población indigena.
Muestra de esto es el reciente caso de una joven parturienta que falleció a causa de la falta de atención médica adecuada en la Comunidad Indígena Kurupa’yty, del Pueblo Enxet, ubicada en el Departamento de Presidente Hayes. Por su parte, la comunidad Virgen Santísima, del Pueblo Yshir, en Bahía Negra, que reclama la restitución de 100 hectáreas de su territorio ancestral, no puede acceder a estas tierras ya que aguardan una mensura judicial hace más de un año, que se vió frustrada recientemente porque el INDERT, no previó el traslado de sus funcionarios hasta la zona.
En el Parlamento se plantean y debaten leyes que afectan a los Pueblos Indígenas sin darle si quiera el derecho a la participación, y ni hablar del derecho a la consulta previa, libre e informada. El presupuesto previsto para la compra de tierras desde el INDI para el año 2024 alcanza apenas para la adquisición de 120 hectáreas, cuando son decenas las comunidades que requieren acceder a este derecho.
Este breve relato de apenas algunos de los últimos hechos que afectan la vida de los Pueblos Indígenas en Paraguay, muestra la dura situación que atraviesan y la constante violación a sus derechos humanos, es muestra de una discriminación Estructural, por parte de un Estado que destina recursos a atender las necesidades de sectores poderosos pero se niega a brindar atenciones y derechos básicos a las comunidades indígenas.
En medio de esta situación surgió, hace algunos años, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna que organiza este 12 de octubre la tercera marcha nacional indígena, bajo el lema “Para una vida digna: Tierra, autonomía y participación”.
La construcción de un Paraguay con justicia y pleno respeto a los Derechos Humanos pasa por atender fundamentalmente a los sectores más postergados, los Pueblos Indígenas son, sin dudas, uno de ellos. Políticas públicas participativas y financiadas adecuadamente, que garanticen la satisfacción de las necesidades mas urgentes, como acceso a la tierra, agua potable, alimentos, salud, educación y caminos de todo tiempo, son urgentes y necesarias para poner un punto final a la discriminación y exclusión que sufren las personas indígenas en Paraguay.
Desde Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, organización con 30 años de lucha por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, reiteramos al Estado su obligación respecto a garantizar los Derechos Humanos y poner fin a esta discriminación estructural que sufren los Pueblos Indígenas que habitan en Paraguay.