Así dice Santiago Sosa, líder de la comunidad 15 de enero, Pueblo mbya guarani, del distrito de Nueva Toledo, Caaguazú al recordar lo que fue el desalojo forzoso del pasado 19 de octubre.

Ese día, como es de público conocimiento, sufrimos un atropello a nuestra integridad por parte de una fuerza represiva encabezada por la fiscala Norma Salinas quien sin ninguna orden judicial nos desalojó del lugar, indicó.

Según cuenta, hacia finales de 1958 y principios de 1960, sus antepasados habitaban la zona ubicándose frente a una estancia llamada Santa Amalia. Después, gente no indígena empezó a comprar parcelas de tierras y para evitar conflictos abandonaron el lugar.

En aquellos tiempos en la zona los indígenas vivían tres comunidades: Laguna Pytä, Pirekái, e Yvaroty.

Sosa relata que en el 2009 volvieron con la intención de recuperar Laguna Pytä previa gestiones ante el INDERT e INDI con la finalidad de asegurar esa parcela de tierras para los indígenas originarios del lugar.

En el 2013 salió una notificación para la apertura de una mensura judicial, luego en el 2015 salió otro orden más ampliado, pero nunca se ejecutaron las medidas, puntualizó

El líder pide encarecidamente al Estado una solución a sus reclamos considerando la extrema pobreza en la cual viven. Además, precisan urgentemente de la ayuda humanitaria.

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