En la jornada de este jueves concluyó la Asamblea de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), que reúne a líderes y lideresas de más de 65 comunidades indígenas del Departamento de Presidente Hayes, durante los dos días del encuentro los asistentes debatieron sobre la situación del país, las políticas públicas relacionadas a Pueblos Indígenas y planificaron sus acciones a futuro. En ese marco la organización reivindicó sus 30 años de lucha y resistencia, y exigió a las autoridades pronta respuesta a sus reclamos.
A continuación, compartimos el comunicado firmado por los más de 65 líderes integrantes de la CLIBCh donde expresan las conclusiones de su Asamblea General:
Limpio, 3 de abril de 2025
Los lideres y lideresas miembros de la Coordinadora de Lideres Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), conformada por 65 comunidades indígenas asentadas en el Departamento de Presidente Hayes, nos dirigimos a las autoridades, a nuestros hermanos indígenas y a la ciudadanía en general para expresar cuanto sigue:
Nos hemos convocado en Asamblea General los días 2 y 3 de abril de 2025, a fin de analizar el contexto actual de nuestro país y de las Políticas Públicas implementadas por el Estado, estas antes que garantizar el acceso a derechos a los miembros de los pueblos indígenas, se constituyen en factores de vulneración y revictimización de nuestros pueblos; la histórica discriminación que, desde el Estado, ha convertido a los indígenas en la población con peores indicadores sociales en Paraguay, vulnerando los derechos humanos garantizados a los Pueblos Indígenas, tanto en la Constitución del Paraguay, como en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales.
Como ejemplo claro de la violencia estructural a la que estamos siendo sometidos constantemente, queremos exponer algunas situaciones,
El Instituto Paraguayo del Indígena, no cuenta con presupuesto suficiente para atender la problemática de tierra y territorio para los Pueblos Indígenas. Particularmente, exigimos recursos y una pronta respuesta al reclamo de ampliación de tierras de la Comunidad Makxawaya y para brindar una solución urgente al histórico reclamo territorial de la Comunidad Tooshe Qaltaq.
Además, exigimos pronta solución para las dificultades que se han dado en el contexto de los trámites que deben realizar los hombres y mujeres indígenas adultos mayores que desean beneficiarse con la Pensión Alimentaria, cuya ley que en su artículo 3, establece: De los beneficiarios. (…) Para comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los cincuenta y cinco años de edad. Respecto a esta y otras políticas de transferencias monetarias exigimos también acciones por parte del Banco Nacional de Fomento a fin de facilitar el acceso a sistemas de cobro accesibles a cada comunidad, fundamentalmente solicitamos la instalación y habilitación de cajeros en los siguientes puntos:
Pozo Colorado
Monte Lindo
Tte. Irala Fernandez
Lolita
Rio Verde
Campo Aceval
Comunidad indígena La Patria, aldea La Leona
Reclamamos al Estado una atención real a las necesidades de las Comunidades Indígenas con planes específicos para atender las carencias en materia de acceso al agua potable, acceso a alimentos, caminos de todo tiempo, libre tránsito por caminos privados que atraviesan nuestros territorios, viviendas, educación y salud.
La exagerada burocracia estatal se convierte permanentemente en una barrera para el acceso a nuestros derechos, la ausencia de un abordaje intercultural a la hora de aplicar estas y otras políticas, hacen de nuestra vida un continuo peregrinar desde nuestras lejanas comunidades hasta el INDI, para que luego nos envíen a diferentes reparticiones públicas, y al final debemos retornar a nuestras comunidades sin una respuesta efectiva.
Ante esta situación reivindicamos la organización, la lucha y la resistencia indígena que como CLIBCh llevamos hace 30 años. Por ello, de persistir la falta de respuestas por parte de las autoridades nos veremos obligados a tomar medidas de acción como Pueblos Indígenas a fin de exigir nuestros reclamos históricos.
La acusación estuvo a cargo del Ministerio Público a cargo del Fiscal Enrique Diaz, que había presentado cargos contra el responsable de la amenaza, logrando la condena de un año de prisión en suspenso, y a cumplir otras medidas reparatorias a favor de la comunidad.
