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La asistencia estatal es deficiente e insuficiente. Urge un plan de asistencia integral y comunidades reclaman declaración de emergencia en la zona.

Las comunidades indígenas del departamento de Presidente Hayes atraviesan una situación crítica a raíz de las inundaciones provocadas por el fenómeno climático El Niño, que en las últimas semanas ha dejado lluvias intensas, caminos intransitables y un creciente aislamiento territorial. La Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), que agrupa a 43 comunidades y 98 aldeas, advierte que la emergencia agrava condiciones estructurales de pobreza y exclusión que ya afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas en Paraguay.

De acuerdo con los reportes presentados por la organización, las precipitaciones han superado los 300 milímetros y en algunas zonas alcanzaron los 600 milímetros, provocando el desborde de riachos y la destrucción de viviendas, además de poner en riesgo a las familias por la proliferación de animales peligrosos. El aislamiento ha generado una falta extrema de acceso a alimentos, agua potable, servicios de salud, educación y transporte, profundizando una crisis humanitaria que requiere respuesta urgente del Estado.

En este contexto, la organización Tierraviva ha venido realizando un relevamiento y monitoreo constante de la situación en terreno, en acompañamiento directo a las comunidades afectadas. Este seguimiento ha permitido documentar las condiciones de aislamiento, identificar necesidades urgentes y visibilizar la magnitud de la emergencia, reforzando los reclamos de atención inmediata por parte de las autoridades públicas.

Ante este escenario, la CLIBCh solicitó formalmente al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) que active el proceso para la declaración de situación de emergencia, conforme a lo establecido en la Ley N° 2615/2005. Esta medida permitiría a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) coordinar acciones interinstitucionales para brindar asistencia inmediata y sostenida a las comunidades afectadas, incluyendo la movilización de recursos por vía terrestre, fluvial o aérea.

En paralelo, la organización indígena también requirió directamente a la SEN la provisión urgente de insumos básicos como carpas, materiales de construcción, alimentos en cantidades suficientes y agua potable. Asimismo, enfatizó la necesidad de reforzar la logística estatal, incluyendo el uso de aeronaves de mayor capacidad, para garantizar que la ayuda llegue efectivamente a las zonas más aisladas del Chaco.

La situación sanitaria constituye otro punto de alarma. Las comunidades reportan un aumento de afecciones respiratorias y otras enfermedades vinculadas a las condiciones climáticas y a la falta de atención médica oportuna. En este sentido, la CLIBCh instó a una intervención coordinada con el Ministerio de Salud Pública para asegurar cobertura básica en los territorios afectados, advirtiendo que la emergencia podría agravarse en las próximas semanas. Los reclamos se apoyan también en obligaciones constitucionales y legales del Estado paraguayo, como el artículo 66 de la Constitución, que establece el deber de proteger a los pueblos indígenas frente a catástrofes que amenacen su supervivencia. Para las organizaciones indígenas, la actual crisis no solo exige respuestas inmediatas, sino también políticas de mediano y largo plazo que enfrenten las causas estructurales de la vulnerabilidad, respetando sus derechos territoriales, culturales y a una vida digna.

Juan Duarte, indígena de la comunidad Payseyamexempa’a, fue excluido de la nómina de beneficiarios de la pensión de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Según responsables de la institución, la exclusión se habría producido porque no registró movimientos durante más de 60 días. Sin embargo, Duarte asegura que sí retiró parte de su pensión en diciembre pasado.

Este caso no es aislado y refleja una problemática que afecta a integrantes de comunidades indígenas, especialmente en el Chaco paraguayo. En esa región las posibilidades de acceder a cajeros automáticos son muy limitadas, y muchas veces tampoco existe atención cercana del Banco Nacional de Fomento (BNF), entidad a través de la cual se realizan los pagos, ni del propio MDS, responsable del programa de pensión de adultos mayores.

Al escaso monto de la pensión se suma la dificultad para cobrarla. En numerosos casos, los cajeros automáticos se encuentran a más de 100 kilómetros de las comunidades donde viven las personas beneficiarias. A esto se agregan las precarias condiciones de los caminos, que con frecuencia se vuelven intransitables, lo que dificulta aún más el acceso al cobro.

Las barreras no son únicamente geográficas. También persisten trabas burocráticas como la denunciada por Juan Duarte, que terminan afectando directamente a personas adultas mayores indígenas. Como resultado, muchos son excluidos del programa sin explicaciones claras y se ven obligados a iniciar nuevamente largos trámites administrativos.

Tierraviva, viene acompañando a las comunidades indígenas respecto a esta situación, señalando que queda en evidencia la falta de adecuación del programa a la realidad de las comunidades del Chaco, donde las condiciones de acceso a servicios financieros y a instituciones del Estado son muy diferentes a las de las zonas urbanas.

Ante este escenario, las comunidades reclaman que el Estado garantice mecanismos de pago y control que contemplen las particularidades territoriales y culturales de los pueblos indígenas, de modo a evitar exclusiones injustas y asegurar que las personas adultas mayores puedan ejercer plenamente su derecho a una pensión.

La Comunidad Indígena Guyra Ñe’ẽ Katuamba, del Pueblo Paî Tavyterã, ubicada en el distrito de Bella Vista, departamento de Amambay, accedió hoy a la titulación de las 600 hectáreas que habita, logrando así el aseguramiento jurídico de una porción de sus tierras ancestrales.

Desde el año 2021, Tierraviva ha acompañado de manera sostenida a la comunidad en su proceso de reclamo territorial, realizando diversas acciones de incidencia orientadas a la titulación de las tierras y al acceso a derechos fundamentales para las familias que integran la comunidad. “Este paso es fundamental para lograr la tranquilidad de la comunidad y nos abre posibilidades de mayor desarrollo”, expresó la lideresa comunitaria Nilsa González, quien agradeció el acompañamiento de Tierraviva y de las organizaciones indígenas Paî Retã Joaju y ANIVID, de las cuales la comunidad forma parte.

González señaló además que las 40 familias que integran Guyra Ñe’ẽ Katuamba continuarán luchando por el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente para que los programas estatales dirigidos a la población indígena se implementen efectivamente en el territorio. Indicó que la mayoría de los miembros de la comunidad se dedica actualmente al cultivo en la chacra, por lo que requieren apoyo permanente del Estado. Asimismo, mencionó como una necesidad pendiente la reparación del puente que conecta a la comunidad con el exterior.

Por su parte, Silvino Mendoza, Presidente de la Asociación Paî Retã Joaju, destacó que para los Pueblos Indígenas el aseguramiento de sus tierras constituye un paso esencial para el acceso a todos los derechos. “Muchas veces las personas no indígenas no entienden el valor que nosotros le damos a la tierra. Para nosotros, la tierra es todo: es lo que nos permite vivir y nos brinda lo que necesitamos”, afirmó.

Al igual que Guyra Ñe’ẽ Katuamba, otras 4 comunidades indígenas recibieron hoy los títulos de propiedad de sus tierras, muchas de ellas tras largos años de reclamos y gestiones.

El aseguramiento del territorio indígena es un elemento clave para garantizar el acceso a derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas. Tierraviva, en el marco de su misión y de sus objetivos estratégicos, continuará acompañando a las comunidades indígenas en la defensa, recuperación y titulación de sus territorios.

Líderes de las comunidades Yakye Axa, Payseyamexyempa’a y Kelyenmagategma, del Pueblo Enxet, se reunieron este jueves con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para exigir soluciones inmediatas al grave deterioro del camino principal que conecta a estas comunidades.

La vía fue construida como parte de las medidas de reparación establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comunidad Yakye Axa. Sin embargo, hoy se encuentra en condiciones críticas, afectando la movilidad, el acceso a servicios esenciales y el ejercicio de derechos fundamentales.

Celso Benítez, líder de la comunidad Kelyenmagategma, expresó la preocupación colectiva por la falta de avances reales en la reparación del tramo. Señaló que los trabajos se realizan con maquinarias antiguas y con constantes interrupciones por falta de combustible. “Esperamos que el Estado paraguayo tome conciencia de que contar con un camino público y de todo tiempo es un derecho de las comunidades indígenas”, afirmó.

Por su parte Aníbal Flores, líderes de Yakye Axa, expresó su preocupación por la seguridad de los indígenas que transitan por dicho camino, ya que el mal estado del mismo expone a los mismos a accidentes, además recordó que el Estado “hace tiempo debió cumplir con esta obligación ante la Corte IDH”. También los líderes de la comunidad Payseyamexyempa’a insistieron en la necesidad de contar con un camino público de todo tiempo a fin de evitar que la comunidad siga quedando aislada cada vez que se producen precipitaciones.

En respuesta, el ingeniero Guido Benítez Villate, de la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, aseguró que existe un plan de obras en ejecución y que la reparación del tramo principal concluiría a finales de enero. También anunció que buscarán mejorar los caminos internos de las comunidades.

Las comunidades exhortan al Estado a cumplir de manera efectiva con las reparaciones ordenadas y a garantizar la infraestructura básica necesaria para una vida digna, tal como lo establece la propia sentencia internacional.

Durante una reunión mantenida hoy en Pozo Colorado entre integrantes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh) y el Presidente del INDI, Hugo Samaniego, las partes acordaron conformar una comisión de trabajo a fin de avanzar en la reapertura de la Sede Central del INDI.

El titular del ente indígena manifestó que la intención es abrir la sede del INDI ubicada sobre la calle Don Bosco en la capital, sin embargo, reconoció que existe un rechazo de vecinos por lo que solicitó el apoyo de los indígenas para dialogar con los mismos. Así también señaló que espera mayor respaldo de autoridades políticas como los parlamentarios a fin de lograr una salida satisfactoria para las partes.

Los líderes indígenas insistieron en la necesidad de reabrir la sede del INDI para poder tener respuestas adecuadas a sus reclamos, denunciaron que el “desmembramiento” del ente los dejó totalmente abandonados y sin saber dónde recurrir. Además, denunciaron que los Pueblos Indígenas son víctimas de discriminación e instaron a trabajar en la concienciación de la sociedad y de más autoridades para evitar que continúen las manifestaciones de racismo contra los indígenas.

En ese marco, se acordó la conformación de una comisión que se reunirá el próximo viernes 7 y buscará concretar en el menor tiempo posible la apertura del local.

*Otros puntos abordados*

Los líderes indígenas plantearon además sus reclamos respecto a necesidad de un aumento del presupuesto para compra de tierras indígenas. El presupuesto del INDI para el 2026 apenas alcanzaría para la compra de 106 hectáreas; ante esto la CLIBCh plantea un aumento de 250 millones de dólares en los próximos años a fin de adquirir tierras para cinco comunidades chaqueñas.

Otro punto reclamado fue la falta de agua en el Chaco, ante esto desde el INDI señalaron que se seguirá trabajando con las demás instituciones involucradas en el tema.

La reunión contó con la presencia de unos 50 líderes y del presidente del INDI junto su equipo de trabajo, además de miembros de Tierraviva quienes acompañaron a la CLIBCh.

Mientras en el centro de Asunción la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona escuchando los reclamos de comunidades indígenas contra el Estado paraguayo, en diferentes puntos del país cientos de indígenas se movilizan alzando la voz contra el desmantelamiento del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y la falta de respeto a sus derechos más básicos. La coincidencia no es casual: en las rutas del Chaco y de la región Oriental, pueblos indígenas reclaman lo mismo que en el estrado internacional: que el Estado cumpla con sus obligaciones y deje de dar la espalda a quienes históricamente ha despojado de sus territorios.

Las manifestaciones, que incluyen bloqueos y marchas, se sostienen en torno a cuatro reclamos centrales: la reapertura inmediata de la sede del INDI en Asunción con todos sus servicios, el cese de los desalojos forzosos que expulsan a comunidades enteras de sus tierras, la asignación de un presupuesto real para la compra de tierras y la creación de una mesa de diálogo permanente con el gobierno. Son demandas elementales que expresan la urgencia de un pueblo que vive bajo amenaza constante, mientras las instituciones estatales se muestran ausentes o, peor aún, cómplices de su marginación.

En la propia Corte, la agenda incluyó hoy audiencias sobre los casos Yakye Axa, del Pueblo Enxet, y Xákmok Kásek, del Pueblo Sanapaná. Ambos procesos, resueltos hace más de una década, condenaron al Estado paraguayo por violaciones graves a los derechos humanos al mantener a las comunidades sin acceso a sus territorios ancestrales. Sin embargo, a pesar de la claridad de las sentencias, el Estado volvió a demostrar que no ha avanzado en la adopción de medidas sustantivas para cumplirlas. La falta de restitución plena de tierras y de condiciones de vida digna expone un patrón de incumplimiento sistemático que erosiona la credibilidad del Paraguay ante la comunidad internacional.

Durante las audiencias con la Corte IDH se hizo palpable que, tras un año de compromisos asumidos durante la visita in situ a las comunidades, el Estado no ha implementado medidas significativas para garantizar la restitución territorial ni la atención integral a los derechos de estas comunidades. El camino a Yakye Axa, construido tras años de espera y postergación, ya se encuentra en mal estado. La mensura judicial y la titulación de las tierras siguen postergadas, mientras persiste la amenaza de invasión por parte de latifundistas vecinos. Además, la construcción de aulas, el mantenimiento adecuado y la aprobación de un reglamento de uso del camino siguen pendientes. En el caso de Xákmok Kásek, las familias aún aguardan la restitución total de sus tierras, la construcción de aulas sigue paralizada desde hace más de tres años, y el acceso al agua potable y a servicios de salud continúa siendo limitado.

Hoy, como hace años, las comunidades indígenas se ven forzadas a movilizarse en las calles y rutas del país para exigir lo que ya fue reconocido en instancias internacionales: el derecho a vivir en sus territorios, con dignidad y con la protección de un Estado que no debería esperar presiones externas para cumplir con sus propias obligaciones. La coincidencia entre las movilizaciones y la sesión de la Corte es un recordatorio contundente de que los pueblos indígenas no se resignan, y de que la deuda del Estado paraguayo con ellos sigue siendo inmensa y urgente.