Entrega de computadoras y accesorios a indígenas del Chaco para fortalecer la defensa de sus derechos

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Red de Promotoras y Promotores Jurídicos Indígenas del Chaco”, ha iniciado un nuevo módulo de capacitación centrado en el uso de herramientas informáticas para la defensa de Derechos. El proyecto, financiado por la Fundación Tinker e implementado por Tierraviva junto al Centro de Investigación y Capacitación Tomás Galeano, busca empoderar a promotores jurídicos indígenas a través de herramientas tecnológicas.

Al iniciar las jornadas de capacitación, que se extenderá hasta el próximo martes, se procedió a la entrega de computadoras y accesorios tecnológicos a jóvenes, líderes y lideresas indígenas de comunidades del Bajo Chaco. Las computadoras, acompañadas de accesorios (mouse, mouse pad, mochilas y otros), serán utilizadas para mejorar la gestión documental, la comunicación y el acceso a información legal relevante, herramientas fundamentales para la defensa de los derechos territoriales, ambientales y culturales de los pueblos indígenas.

Según señaló una de las beneficiarias el acceso a las herramientas informáticas es muy importante para la labor que desarrollan los promotores jurídicos en sus comunidades. “Con esto podremos mejorar nuestro trabajo de apoyo a la comunidad, facilitando el acceso a información y la gestión de las necesidades de nuestra gente” indicó Herminia Ferreira, promotora jurídica.

El proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la red de promotores jurídicos indígenas, quienes desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos de sus comunidades. Estas personas, formadas en temas legales y de derechos humanos, actúan como enlaces entre sus comunidades y las instituciones públicas, facilitando el acceso a la justicia y promoviendo la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan.

“Estas herramientas tecnológicas son un apoyo fundamental para nuestro trabajo. Nos permitirán documentar casos, hacer actas, comunicarnos mejor y acceder a información actualizada sobre leyes y derechos”, indicó otra de las promotoras jurídicas beneficiarias.

El Bajo Chaco es una región donde las comunidades indígenas enfrentan múltiples desafíos, como la falta de acceso a servicios básicos, la defensa de sus territorios ancestrales y la preservación de sus culturas. En este contexto, la labor de los promotores jurídicos se vuelve esencial para garantizar que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas y que sus derechos sean respetados.

La entrega de estos equipos no solo representa un avance en términos tecnológicos, sino también un paso hacia la autonomía y el empoderamiento de las comunidades indígenas. “Este aporte es una muestra de que, con las herramientas adecuadas y el apoyo necesario, los Pueblos Indígenas pueden fortalecer su capacidad para defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida”, destacó la representante de Tierraviva.

Para el coordinador de la Red de Promotores Omar Pedro, “esta herramienta facilitará el trabajo en la elaboración de documentos como actas, informes, denuncias, las reuniones virtuales de la red, la revisión de documentos e informaciones a través de internet de las instituciones públicas”.

El acto concluyó con un mensaje del presidente del Directorio de Tierraviva Dr. Rodrigo Villagra quien a la vez de animar la formación y los aprendizajes, destacó que “existen muchos abogados y abogadas, pero poca gente que defienden derechos, por lo que es importante acceder a conocimientos e instrumentos sin importar la formación profesional, la cual permitirá una defensa real de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Los Pueblos Indígenas durante la dictadura.

Al recordar los 36 años de la caída de la tiranía militar de Alfredo Stroessner es importante rescatar la verdad histórica respecto al régimen y la violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

La Comisión de Verdad y Justicia, órgano oficial del Estado Paraguayo creado para analizar las violaciones de DDHH durante el periodo dictatorial señala en su informe final que “los pueblos indígenas que habitan el país han sido víctimas del despojo continuado de sus territorios, antes, durante y después de la dictadura del general Stroessner, siendo el Estado el responsable porque le compete respetar y garantizar los derechos.

La CVJ señala además que el despojo de los territorios indígenas fue parte de una política del Estado fundada en el desconocimiento de los indígenas, como personas y como pueblos, negándoseles no sólo el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios sino además derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la identidad, a la libertad e integridad personales.

Respecto a la situación en el Chaco y la continuidad de la violación de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas la CVJ concluía que “El desplazamiento forzoso de personas y comunidades indígenas a consecuencia del despojo territorial del que fueran víctimas, sumado a la desprotección del Estado en su dignidad y derechos, ha sido y sigue siendo fuente de prácticas de segregación, como sucede en algunas colonias del Chaco, o de prácticas análogas a la esclavitud en establecimientos ganaderos”.

Un caso concreto que describe está situación es el de la Comunidad Yakye Axa, que sufrió el despojo de sus tierras que fueron entregadas irregularmente por el gobierno dictatorial a la familia Domínguez Dibb, muy cercana al régimen; para recuperar su derecho a la tierra la familia debió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aún así el Estado paraguayo sólo accedió a entregarles tierras alternativas ya que nunca recuperó el territorio originalmente reclamado por la comunidad.

A estas situaciones deben sumarse los graves casos de persecución a Pueblos Indígenas impulsados y avalados por la dictadura, considerados por muchos analistas como genocidio, como los sufridos por los Pueblos Ache y Ayoreo durante la llamada “colonización” promovida por el régimen de Stroessner.

Ya en democracia la Constitución Nacional ha reconocido los derechos y la importancia de los Pueblos Indígenas, sin embargo, hasta la actualidad el Estado paraguayo no ha reparado las violaciones cometidas por la dictadura y, por el contrario, ha continuado con las prácticas violatorias de Derechos Humanos. Aún así, en estos 36 años de construcción democrática, los Pueblos Indígenas han avanzado en su lucha por los derechos a partir de la organización y la movilización para la exigencia.

El año inicia con graves efectos de la crisis climática en las comunidades 

Decenas de comunidades indígenas ubicadas en el Chaco han reportado nuevamente la falta de acceso a agua potable en los primeros días del 2025. La situación para las comunidades empeora, ya que la sequía también afecta los cultivos de autoconsumo y a los animales menores que crían.

Entre los impactos de la sequía en las comunidades indígenas se visibiliza el acceso limitado a agua potable, con la reducción de fuentes de agua disponibles, obligando a las comunidades a consumir aguas en condiciones deplorables, no tratadas, lo que incrementa el riesgo para la salud. El consumo de agua contaminada ha derivado en problemas de salud, especialmente entre niños y adultos mayores, quienes presentan cuadros de diarrea y vómitos debido a la ingesta de agua en mal estado.

Otro impacto importante tiene que ver con la afectación a medios tradicionales de subsistencia como la caza, la recolección, la pesca, las actividades agrícolas y de cría de ganados vacunos, caprino, ovino y equino, debilitando su seguridad alimentaria y económica.

A pesar de que los extremos climáticos en el Chaco datan de mucho tiempo, el Estado no ha sido capaz de elaborar un plan de mitigación y adaptación para las comunidades indígenas. Resulta urgente la implementación de soluciones sostenibles, sobre todo con provisión de infraestructura hídrica que garanticen un suministro constante y seguro de agua potable, adaptadas a las particularidades del Chaco y las comunidades indígenas que lo habitan.

De igual manera, urge un plan de atención integral a la salud, con servicios adecuados y campañas de prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, para mitigar los efectos negativos en la población.

Mientras los organismos de gobierno solicitan a la población un uso racional del agua y pide a los entes encargados de la distribución del vital líquido que elaboren planes de contingencia, la realidad para las comunidades indígenas en acuciante, ya que el Estado no cuenta con planes de asistencia adecuados para hacer frente a estas situaciones.

Desde Tierraviva se insta al Gobierno a escuchar los reclamos indígenas de garantizar la asistencia a las comunidades en forma planificada y coordinada. El Estado paraguayo está obligado por disposiciones constitucionales y por diferentes fallos judiciales nacionales e internacionales a brindar una atención adecuada a los Pueblos Indígenas, sin embargo, estas obligaciones son constantemente desatendidas por las autoridades.

Sociobioeconomía: Fortaleciendo las economías comunitarias

La sociobioeconomía es una combinación de actividades que buscan conservar la diversidad cultural y los paisajes productivos, mientras que promueven el valor económico y social de la biodiversidad.

La sociobioeconomía es un medio para conservar el territorio, promover el bienestar y la valorización de las culturas de las comunidades, garantizando beneficios justos y sostenibles.

En este marco desde mayo del presente año se realizaron jornadas de capacitación práctica en carpintería artesanal a miembros de las comunidades Payseyamexyempa’a y Makxawáya, ambas del Pueblo Enxet, ubicadas en Presidente Hayes. Para estos procesos las comunidades acordaron la incorporación de 20 familias en la primera comunidad y 15 familias en la segunda, quienes recibieron herramientas para las capacitaciones.

Durante los módulos de formación se elaboraron cajas para apicultura, sillas, mesas, camas, fiambreras, entre otros muebles.

Las familias de la comunidad Makxawáya dieron un paso en la organización de una Comisión que se encarga del emprendimiento atendiendo los desafíos de producción y comercialización de los muebles, como también el aporte en la capacitación a las familias de Payseyamexyempa’a, quienes, por las condiciones de no contar con servicios de electricidad, trabajan con herramientas manuales artesanales.

Estas iniciativas fueron solicitadas por las propias comunidades, y su realización fue posible gracias al aporte de Manos Unidas y Brot für die Welt, en el marco de iniciativas para el fortalecimiento de la economía comunitaria desde el enfoque de la sociobioeconomía impulsado por Tierraviva.

Fortaleciendo la economía comunitaria desde el trabajo de las mujeres

En el marco del fortalecimiento de la economía de las mujeres indígenas de la comunidad Makxawáya de sus 3 Aldeas, se han instalado panaderías en Centro y Monte Alto, con la capacitación práctica de un maestro panadero, con quien han elaborado galletas, rosquillas, pan para pancho, coquitos, palitos, pan dulce navideño entre otros.

Esta iniciativa fue solicitada por la mujeres de dicha comunidad y ha encontrado apoyo en Brot fur die Welt para su realización; donde las técnicas de campo de Tierraviva iniciaron el proceso con la construcción del plan de negocios con 20 mujeres de Makxawáya Centro y Mainumby y 20 mujeres de Monte Alto.

Además las mujeres aprovecharon los espacios de capacitación para un diálogo sobre la realidad que enfrentan las mismas en lo social, territorial, económico y cultural.

Con esta iniciativa Tierraviva busca fortalecer la economía comunitaria desde el trabajo de las mujeres.

Hambre Cero: Líderes y directores de escuelas indígenas no deben firmar documentos si alimentos no fueron entregados 

Según denuncias presentadas por referentes de la Comunidad Xákmok Kásek, funcionarios de la empresa encargada de la provisión de alimentos en el marco del programa Hambre Cero pretenden que los responsables de la escuela y los líderes firmen un documento de recepción de alimentos que nunca fueron entregados.

“Llegan los encargados de la distribución de los productos del programa hambre cero y traen carpetas con documentación para que se firme que se recibieron todos los productos desde agosto, cosa que no fué así” señalan los denunciantes. Además indican que los funcionarios advierten que si no se firman todos los documentos el próximo año no van a recibir el programa.

La empresa encargada de la provisión de alimentos en Xákmok Kásek ya había sido denunciada por la mala calidad de los productos, lo que derivó en una multa a la misma.

Ante esta denuncia se sugiere a los líderes y directores de escuelas indígenas que no firmen documentos bajo coacción.

El equipo de trabajo de Tierraviva se encuentra monitoreando la situación y junto a los líderes de Xákmok Kásek se presentará denuncia ante el Ministerio de Desarrollo Social, el INDI y la Municipalidad de Irala Fernández.

La exclusión estructural que mata a mujeres indígenas en el parto.

Decenas de mujeres indígenas murieron durante y después del parto el año pasado, con un alto índice de casos con subregistro; este año nuevamente las comunidades han denunciado muertes por falta de asistencia rápida, en otros casos muertes maternas, que ocurrieron incluso en hospitales, según las informaciones brindadas por los líderes y otros miembros de las comunidades.

Por ello, en este 25 de noviembre en que se conmemora a nivel mundial el Día para poner fin a la Violencia contra las Mujeres, recordamos que el Estado paraguayo en su obligación de garantizar una vida libre de todo tipo de violencia, sigue en deuda con las mujeres; y, en especial con las mujeres indígenas, quienes se encuentran aún más expuestas a la discriminación estructural.

En este sentido urge la adopción de medidas de prevención de muertes maternas y acompañamiento a las familias y comunidades que han sufrido estas pérdidas, que en algunos casos son mujeres adolescentes.

Por otro lado, es fundamental garantizar la participación de las mujeres indígenas en la construcción de políticas públicas para el acceso a derechos, y hagan frente a la violencia en todas sus dimensiones.

Diálogo con mujeres indígenas del Chaco

Un espacio de reflexión e intercambio entre mujeres de las comunidades Makxawáya, Yanekyaha-Espinillo, La Patria y Payseyamexyempa’a es acompañado por el equipo de trabajo de Tierraviva.  La situación general de las mujeres indígenas, sus principales preocupaciones relacionadas con sus comunidades, sus familias y sus vidas, y la puesta en diálogo sobre lo que quieren hacer como colectivo de mujeres son los puntos abordados en los diálogos que reúnen a decenas de mujeres indígenas de las comunidades mencionadas.

 

Los encuentros iniciaron en mayo pasado y se extenderán hasta el mes de diciembre, completando dos encuentros en cada comunidad, lo que permite fortalecer la participación de las mujeres indígenas. Los diálogos son facilitados por mujeres referentes indígenas y técnicas del equipo de trabajo de Tierraviva.

Elizabeth Ramírez, del Pueblo Qom y facilitadora de los espacios de diálogo, señala que estos encuentros son muy importantes para que las mujeres indígenas puedan expresar las situaciones que atraviesan en su vida cotidiana en las comunidades, y también conocer sus derechos. “Con estos espacios podemos escuchar el clamor de las mujeres, por ejemplo, con la sequía son las que más sufren en torno a eso, así también en lo que tiene que ver con acceso a servicios de salud, a partir de estos espacios donde se sienten seguras y podemos hablar sobre sus derechos ellas reclaman por sus derechos” señala Elizabeth.

“Las mujeres indígenas sufren mucha discriminacion, muchas veces cuando salen de sus comunidades, o asisten a algún servicio público no se las trata adecuadamente y a partir de estos encuentros las propias mujeres pueden identificar estas formas de discriminación y reclamar sus derechos” agrega la referente indígena, mencionando que las propias mujeres de las comunidades visitadas han pedido que continuen estos espacios de encuentro y diálogo entre mujeres.

La Licenciada en Enfermería, Estela Marecos, referente indígena del Pueblo Enxet y facilitadora de los espacios de diálogo, coincide en señalar que la experiencia de los encuentros de mujeres indígenas ha sido sumamente enriquecedora ya que ha permitido escuchar e identificar las dificultades que atraviesan y desde un diálogo y con enfoque de derechos buscar salidas a estas situaciones. “Estos encuentros permiten que las mujeres puedan reclamar sus derechos a las instituciones, que las mujeres puedan organizarse y exigir esos derechos que muchas veces le son negados” indica Estela, desde su comunidad El Estribo.

Tierraviva viene acompañando las iniciativas de mujeres indígenas buscando fortalecer las organizaciones comunitarias, brindando capacitaciones desde un enfoque de derechos, así como iniciativas que contribuyan al desarrollo autónomo de las mujeres dentro de la comunidad. 

 

Carta abierta a la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, Contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, a los miembros de la prensa y a la ciudadanía en general:

Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco es una organización sin fines de lucro, con más de 30 años en el acompañamiento a las comunidades indígenas del Chaco en su lucha por la restitución de su territorio, el hábitat tradicional y el respeto a sus Derechos Humanos.

Entre los aportes de nuestra institución podemos mencionar la contribución a la recuperación de más de 160 mil hectáreas de tierras indígenas devueltas a comunidades; el apoyo y resolución de reivindicación de otros derechos, como los derechos laborales, el acceso al agua, a la salud, el derecho a la identidad, contribuyendo a la obtención de documentos de identidad 20 mil indígenas; además de colaborar con el fortalecimiento comunitario mediante la educación en derechos de jóvenes y mujeres indígenas. La contribución de Tierraviva en el acompañamiento de casos ante órganos internacionales, incluso sentó jurisprudencia favorable, que todos los Estados de la región están obligados a contemplar, en materia de derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos orgullosos de nuestros logros y, sobre todo, del vínculo de confianza con el que tantas comunidades indígenas en el país nos honran.

Compartido esto, queremos manifestar nuestra indignación porque nuestra organización ha sido, una vez más, blanco de ataques infundados desde un espacio de poder estatal, en este caso en la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos.

Las personas ponentes ante la citada comisión no han relatado, en el marco de un ataque genérico realizado, cuál es el hecho que específicamente se nos atribuye, la conducta penal o judicialmente relevante que supuestamente realiza la institución; con la individualización de los posibles autores o de las circunstancias fácticas en que se dieron estos supuestos hechos, sino que se limitaron a reproducir prejuicios perniciosos y estigmatizantes buscando instalar una narrativa discriminativa y falaz contra una labor que ayuda a construir una sociedad más justa y equitativa para todos y todas.

Tales declaraciones no hacen sino abundar en una serie de hechos precedentes de persecución a las organizaciones de la sociedad civil y de defensores/as de derechos humanos, como el caso específico del Abogado Oscar Ayala Amarilla, trabajador y miembro de nuestra institución. Estos ataques conjugan la injerencia nociva de intereses sectoriales y de personas que propagan mentiras y conspiraciones antojadizas, demostrando la persistencia y grave concurrencia de posturas autoritarias que deslegitiman la lucha de los Derechos Humanos, presentando a personas con una trayectoria destacada y valiosa, como villanos y déspotas.

Las descalificaciones y mentiras con las que atacan a personas defensoras de DD.HH en realidad reflejan las cualidades de otros espacios políticos, como las del Partido Gobernante, que proyecta sus prácticas violentas, de digitar, manipular y trastocar reivindicaciones sectores sociales en función de intereses personales, de clase y de corporaciones que acaparan el poder político, las riquezas y que se confunden también con grupos delictivos institucionalizados.

Este actuar tiene un objetivo claro, deslegitimar y disciplinar a organizaciones, instituciones y personas de bien. Es además la muestra de un desprecio racista, ignorante y mal intencionado sobre la naturaleza y las acciones de un movimiento de lucha que se construye con la voluntad y resistencia de líderes, lideresas, personas resilientes, niños y niñas indígenas que reivindican activamente sus derechos, contra todas las adversidades, para tener una vida más digna, y de los profesionales, técnicos e instituciones que los acompañan. Las falsas y autoritarias acusaciones segregacionistas son un indicador, no sólo de la discriminación estructural que sufren los Pueblos Indígenas, sino también de las formas actuales en que es reproducida tal discriminación, para asegurar privilegios infundados de poder simbólico, económico y territorial de los sectores históricamente favorecidos por un status quo social insostenible y una representación política degradada que socaba cada vez más las instituciones democráticas de nuestro país.

En el marco de dicha democracia, contrariamente a lo expresado por los ponentes, la deuda que sí tiene el Estado paraguayo para con toda la sociedad es la de esclarecer los hechos de apropiación indebida de los bienes públicos, la narcopolítica, sus autores, sus personeros favorecidos, los contrabandos que ya cuentan con procesos judiciales en países extranjeros; embargos y requisas de bienes pertenecientes a quienes fungían de actores políticos, que hoy siguen pretendiendo direccionar las decisiones públicas dictando libretos imaginarios para generar desinformación y confusión a la opinión pública, con el fin de debilitar a la sociedad civil organizada y alejarla de la atención de las causas y los problemas principales que la aquejan.

Es así que en verdad resulta lamentable que autoridades que debieran estar legislando para lograr el progreso del país, sean propiciadores de atacar a organizaciones y personas de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos, violando preceptos constitucionales como la presunción de inocencia, la salvaguarda del honor y la reputación de las personas. Es aún más paradójico y preocupante, que tal debate y persecución sea hecha apenas terminada una visita de Supervisión de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de casos indígenas que Tierraviva acompaña, en la cual, todas las instituciones del Estado y este en su conjunto, se comprometieron a rectificar sus acciones, respetar los compromisos asumidos y garantizar la no repetición de actos de violación de derechos humanos que siguen aquejando a estos pueblos.

Desde ya, en el marco de dichos actos nos reservamos el derecho de ejercer las acciones civiles para la reparación del daño moral cometido contra nuestra organización y personas integrantes de ella, y de incoar las acciones penales pertinentes en todos los ámbitos judiciales nacionales e internacionales, en los cuales tenemos sobrada experiencia de litigar. Y lo haremos contra los autores según las acciones que fueren procedentes y que hacen a nuestros derechos particulares y colectivos como cualquier otro ciudadano o ciudadana titular de derechos, que trabaja lícitamente en un país donde existe un derecho al trabajo libremente escogido.

En suma, no rehuimos al debate objetivo y a la transparencia, sin embargo, nos negamos a someternos a las intenciones espurias, calumniosas y mal intencionadas, que pretenden deslegitimarnos como instituciones y personas, presentándonos como sospechosos y perpetradores de delitos que no existen y/o no tienen ninguna relación con nuestras actividades y vida institucional, por el sólo hecho que algunos necesitan vivir desviando la atención de los hechos de corrupción sobre los cuales hoy la ciudadanía reclama explicación y reparación para el restablecimiento de la paz social en el Paraguay.

Por ello, va una vez más nuestra alerta a la ciudadanía crítica frente a estos despropósitos; ¡porque la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho nos necesita a todas y a todos bien despiertos!

 

 

Seguimos exigiendo al Estado el cumplimiento pleno de las sentencias y sus puntos resolutivos

Las jornadas vividas durante la visita de verificación de las sentencias por la Corte IDH han sido sumamente importantes, las Comunidades Indígenas visitadas por la Comitiva han dado muestras de empoderamiento y autodeterminación, exigiendo al Estado el cumplimiento pleno de las sentencias y sus puntos resolutivos.

El Juez Rodrigo Mudrovitsch y su comitiva han podido escuchar a los líderes, lideresas y referentes comunitarios y verificar en terreno la situación en que se encuentran las comunidades, de manera a recabar la mayor información posible sobre el estado de avance de los puntos resolutivos. Esto, con posterioridad, como lo indicó el Juez Mudrovich, será informado al pleno de la Corte IDH, a fin de que la misma dicte la correspondiente resolución de supervisión.

En tal sentido, se han constatado que la situación de Yakye Axa y Xákmok Kásek, ha mejorado sustancialmente desde que la Corte IDH pronunció las sentencias y llevó a cabo visitas previas de verificación. Tales avances, son producto de la lucha de las comunidades y su firme posición reivindicativa ante el Estado y sus distintos agentes. Sin embargo, aún faltan acciones profundas y decididas para cumplir a cabalidad puntos importantes y acciones específicas de reparación de los derechos afectados a fin de garantizar su plena reparación y respeto.

Principalmente puntos resolutivos referentes a la restitución territorial plena, como la titulación de las tierras de Yakye Axa, y las gestiones de restitución de las aproximadamente 3.000 hectáreas faltantes del reclamo territorial de Xakmok Kásek, así como el acceso adecuado y permanente a bienes y servicios básicos como educación, salud, agua potable y alimentos.

Celebramos la voluntad de la Corte IDH para realizar las visitas de verificación de cumplimiento, constatamos su disposición atenta para recabar la mayor información posible durante el desarrollo de las mismas, y destacamos su sensibilidad para la escucha de los testimonios y reclamos de las víctimas. Un efecto visible es que, a través de las visitas, se ha forzado y posibilitado una interlocución más directa y atenta por parte de las instituciones del Estado y sus agentes. En tal sentido, reconocemos la aquiescencia del Estado para permitir las visitas y facilitar estas verificaciones.

Finalmente, es importante señalar que, en lo relativo a las obligaciones del Estado establecidas en las sentencias respecto a la adopción de medidas administrativas y legislativas de carácter interno para garantizar la no repetición de las violaciones cometidas, y específicamente, para garantizar un sistema eficaz de reclamación de tierras ancestrales o tradicionales, no se ha avanzado en ningún sentido, y de hecho, desde el Estado sólo se han planteado iniciativas recurrentes y de carácter regresivo, como la desatinada y vejatoria propuesta parlamentaria que proponía constituir a las comunidades en cooperativas.

En tal sentido, el cumplimiento integral de las sentencias en su conjunto, requiere de muestras claras de voluntad política y acciones adecuadas y afirmativas para que las reivindicaciones y reclamos de estas comunidades, contemplados en las sentencias, puedan declararse satisfechos de forma y fondo.