En el marco del Día del Indígena, este 19 de abril, desde Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco consideramos imprescindible realizar una reflexión crítica sobre la situación actual de los Pueblos Indígenas en Paraguay. Lejos de constituirse en una fecha meramente conmemorativa, esta jornada interpela al Estado y a la sociedad en su conjunto sobre las profundas contradicciones que atraviesan las políticas públicas dirigidas a estos pueblos.
Por un lado, el Estado paraguayo sostiene en el plano discursivo su compromiso con los derechos indígenas, reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en instrumentos internacionales. Sin embargo, en la práctica, impulsa medidas que vulneran directamente la autonomía y la libre organización de las comunidades. Un ejemplo claro es la denominada Ley de Control a las Organizaciones sin fines de lucro, cuya implementación pretende obligar a comunidades indígenas con personería jurídica a inscribirse en el SIARA (Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos), desconociendo sus formas propias de organización y estableciendo mecanismos de control incompatibles con los estándares de derechos humanos y con el marco legal nacional que rige a los Pueblos Indígenas en Paraguay. Esta medida resulta no solo regresiva, sino también inconstitucional, ya que restringe derechos fundamentales.
A esta situación se suma el progresivo debilitamiento institucional del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que desde hace prácticamente un año carece de una sede central operativa. Esta precarización no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio de desfinanciamiento que limita gravemente cualquier posibilidad de asistencia efectiva o de implementación de políticas públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas. La ausencia de recursos y de capacidad operativa del ente rector en materia indígena evidencia la falta de voluntad política para abordar de manera seria las demandas históricas.
Entre estas demandas, el acceso seguro a la tierra y al territorio continúa siendo una deuda estructural. A ello se suman las persistentes dificultades en el acceso a servicios básicos, especialmente al agua potable, condiciones que afectan de manera directa la vida y la dignidad de las comunidades. Mientras tanto, el avance del agronegocio sobre territorios indígenas se intensifica, promoviendo procesos de desplazamiento y expulsión de familias, muchas veces en contextos de alta conflictividad social.
En este escenario, la respuesta estatal frente a las legítimas reivindicaciones indígenas ha sido, de manera reiterada, la criminalización. Comunidades que defienden sus territorios o ejercen su derecho a la protesta son perseguidas y estigmatizadas, tanto por agentes estatales como por voceros vinculados a intereses agroempresariales. Esta lógica represiva no solo vulnera derechos individuales y colectivos, sino que profundiza la desigualdad y la exclusión.
A lo que se añade el hecho de que cuando son los Pueblos Indígenas los que denuncian a ganaderos y empresarios por la invasión de sus tierras comunitarias y la tala de sus bosques originales, son tratados de manera desigual por el Ministerio Público y el sistema de justicia; quedando numerosas denuncias por años sin respuesta para las comunidades, en contraste con la celeridad con que los indígenas son criminalizados.
A este panorama se suma el reiterado incumplimiento por parte del Estado paraguayo de las sentencias internacionales que lo condenan por violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas. Casos emblemáticos como Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecieron obligaciones claras en materia de restitución territorial, reparación integral y garantías de no repetición. Sin embargo, a pesar de la fuerza vinculante de estas decisiones, hasta la fecha no se ha concretado plenamente la devolución de las tierras, ni se han adoptado de manera efectiva todas las medidas ordenadas para prevenir nuevas vulneraciones. La persistencia de estas deudas evidencia no solo el incumplimiento de obligaciones internacionales, sino también la continuidad de un patrón estructural de desprotección. En este sentido, el bajo —o prácticamente inexistente— presupuesto destinado a la recuperación de territorios indígenas constituye una expresión concreta de esta falta de compromiso estatal.
Por otra parte, el denominado Plan Nacional de Pueblos Indígenas se presenta como una herramienta de articulación interinstitucional. Sin embargo, carece de financiamiento real y de mecanismos claros de implementación. Lejos de fortalecer la política pública indígena, su formulación actual diluye responsabilidades entre distintas instituciones que, en su mayoría, tampoco cuentan con los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades existentes.
Así, el Estado paraguayo transita una peligrosa dualidad: mientras enuncia compromisos, en los hechos despliega políticas que buscan controlar, debilitar y restringir los derechos de los Pueblos Indígenas. Esta contradicción no es menor, ya que impacta directamente en las condiciones de vida de miles de personas y en la vigencia misma de un Estado de derecho inclusivo.
Sin embargo, frente a este contexto de discriminación estructural y de evidente falta de voluntad política, los Pueblos Indígenas continúan sosteniendo sus luchas con dignidad. Las comunidades resisten, se organizan y defienden sus territorios, su cultura y sus derechos, constituyéndose en sujetos políticos fundamentales en la construcción de una sociedad más justa.
Desde Tierraviva, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y visibilizar estas luchas. En este 19 de abril, no solo recordamos, sino que denunciamos y exigimos: el pleno respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas, el cese de las políticas de control y criminalización, y la implementación efectiva de políticas públicas con recursos suficientes que garanticen condiciones de vida dignas.
