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Las declaraciones de autoridades del gobierno y de otros actores, suscitadas a partir de las protestas realizadas por personas indígenas cerrando la calle frente al destacamento militar donde funciona el INDI, en los últimos tiempos, muestran un abordaje criminalizador y sesgado de la realidad indígena que deriva en seguir postergando las respuestas adecuadas para atender las necesidades de las comunidades.

Tanto el Presidente del INDI, el General retirado Juan Ramón Venegas, como el Ministro del Interior, Enrique Riera, han asumido la situación como un problema vinculado a la “violación de derechos de terceros al libre tránsito”, llegando, el titular de la cartera de seguridad, a plantear la orden de detener a los líderes de las comunidades que se manifiestan frente al Ente estatal. Esta posición obvia la complejidad de la situación indígena en el país, producto de largos años de abandono, postergación y carencia de una política de Estado que atienda adecuadamente a la población indígena.

Así, las autoridades responsables de atender las necesidades de las comunidades indígenas y de aplicar políticas públicas que garanticen sus derechos, se desentienden de las causas que llevan a las manifestaciones. El exiguo presupuesto del INDI, la masiva expulsión de comunidades indígenas de sus tierras, o comunidades con tierras insuficientes y las graves consecuencias que esto acarrea, son sólo algunas de las realidades que las autoridades deberían atender, antes de optar por apresar a quienes reclaman derechos básicos.

Las carencias de todo tipo en materia de derechos fundamentales como acceso a tierra, salud, educación, infraestructura vial, alimentos y agua potable, realidades que atraviesan las comunidades indígenas, deben ser atendidas con políticas públicas participativas, con un enfoque intercultural y con financiamiento suficiente. Lejos de hacerlo, el gobierno intenta desentenderse de los problemas y posicionar a los indígenas como adversarios que deben ser castigados.

A estas posiciones se han sumado algunos referentes del ámbito jurídico que, además de puntualizar la supuesta “ilegalidad” de la manifestación, han señalado que los Pueblos Indígenas cuentan con suficientes tierras pero que las mismas son improductivas y por ende “no le sirven a nadie”, abriendo las puertas a la legalización del despojo territorial que, de por sí, ya soportan las comunidades indígenas.

Esto, además de desconocer la importancia vital y la relación profunda existente entre un Pueblo o comunidad y su territorio tradicional, también omite señalar que las tierras en manos de indígenas, han sido ilegalmente apropiadas por el agronegocio.

También, es desconocer el importantísimo papel que cumplen las tierras indígenas dentro del sistema legal de protección de la biodiversidad, constituyen un resguardo crucial para especies animales y vegetales; siendo las comunidades guardianas de bosques y extensiones aún en estado original. Recordemos que los servicios ambientales son una forma legal de asegurar una función fundamental de la tierra para la sostenibilidad y desarrollo del país.

 

Por tanto, no es que las tierras indígenas “no sirvan para nada”, están dentro de un marco de protección especial conforme a sus usos y costumbres tradicionales. Esa “inserción” tiene sus mecanismos asegurados; el problema real es la orfandad ante el incumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ambientales por parte del Estado.

No atender estas realidades al momento de abordar la situación de la población indígena es simplemente contribuir a ocultar la inoperancia criminal por parte de un Estado profundamente discriminador.

Si las autoridades responsables de concretar los derechos de los Pueblos Indígenas solo plantean “milagro, rezo o encarcelamiento” ignoran los compromisos internacionales adquiridos por Paraguay, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta negligencia agrava la pobreza y la marginalización, expone al Estado a demandas ante instancias internacionales (CIDH, ONU) por incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Exhortamos al Estado Paraguayo a asignar recursos en el Presupuesto General 2025, y en los siguientes años, para las demandas indígenas; crear mesas de diálogos con líderes y organizaciones indígenas e implementar políticas interculturales con enfoque de derechos, sin caridad.

Como cada año el 19 de abril conmemoramos el Día del Indígena Americano, en recordación del primer congreso indigenista reunido en México en 1940. La fecha es propicia para resaltar las luchas, aportes y exigencias de los Pueblos Indígenas en Paraguay.

Los Pueblos Indígenas son parte constitutiva y fundamental del Paraguay y su cultura, el reconocimiento de su existencia y de sus Derechos en la propia Constitución Nacional son una conquista de estos mismos Pueblos mediante luchas históricas. La defensa del territorio indígena y el cuidado que ejercen del ambiente y la naturaleza son también conquistas de las comunidades y una contribución al país y al planeta por parte de los indígenas.

Sin embargo, a pesar de estos aportes y del reconocimiento de derechos en el papel, la realidad de los Pueblos Indígenas está lejos de ser satisfactoria.

En esta fecha, es importante reclamar que siguen existiendo comunidades indígenas sin tierras o expuestas al hacinamiento en minúsculas extensiones de tierras. Las invasiones de tierras indígenas por parte de terceros, *la deforestación*, las fumigaciones con agrotóxicos y la extensión del modelo de agronegocios sobre territorios indígenas se suman a los desalojos forzosos y la violencia estatal contra las comunidades, males que siguen golpeando a los Pueblos Indígenas y que violan los propios preceptos constitucionales, así como normas internacionales que el Paraguay ha reconocido.

Las comunidades son víctimas de la Crisis Climática y la falta de planificación estatal. Los fenómenos climáticos extremos, como las intensas sequías y las repentinas inundaciones, se suceden cada vez más frecuentemente, sin que el Estado tenga una planificación adecuada para mitigar los daños y salvaguardar la vida y los bienes de las comunidades. Este año, sólo en el Departamento de Presidente Hayes, al menos 65 comunidades se han visto afectadas por la falta de acceso al agua, y otras, actualmente, son víctimas de las inundaciones.

A esta realidad se suma la falta de garantías para el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, alimentación, viviendas dignas, caminos de todo tiempo y tantos otros derechos, carencias que hacen imposible el desarrollo autónomo de las comunidades.

Este 19 de abril, Tierraviva hace un llamado al Estado paraguayo a asumir con políticas públicas adecuadas, bien financiadas y construidas participativamente, las obligaciones que tiene para con los Pueblos Indígenas. Esto contribuirá a romper con la discriminación estructural de la que son víctimas los indígenas, que no sólo se expresa en el abandono que sufren las comunidades, sino en los cada vez más frecuentes discursos de odio y discriminación que se extienden en la propia sociedad.

Finalmente, saludamos y abrazamos a las comunidades y Pueblos Indígenas que con valentía, coraje y dignidad defienden, hace más de 500 años, sus derechos ante la violencia y la discriminación.

El tribunal de Villa Hayes compuesto por los jueces José Jaquet, Gregorio Paciello y Corina Sanabria, fue el encargado de juzgar al señor Juan Ramón Fernández, a quién encontraron responsable de varios audios en los cuales amenazaba de muerte a miembros de la Comunidad indígena Paratodo, del Pueblo Enlhet, que se encuentra asentada en el departamento de Presidente Hayes.

Esta sentencia representa un precedente importante para combatir y prevenir la violencia en sus diferentes formas contra los Pueblos Indígenas.

Natalia Rodríguez, abogada de Tierraviva, acompañó a los líderes de la comunidad, Celestino Ortega y Albino Talavera, a lo largo del proceso ante el Ministerio público y durante el juicio oral que culminó el pasado viernes.

Fernández, había enviado notas de voz a diferentes grupos de WhatsApp de la zona, donde instaba a asesinar a los miembros de la comunidad indígena, lo que generó temor y zozobra entre los indígenas.

La acusación estuvo a cargo del Ministerio Público a cargo del Fiscal Enrique Diaz, que había presentado cargos contra el responsable de la amenaza, logrando la condena de un año de prisión en suspenso, y a cumplir otras medidas reparatorias a favor de la comunidad.

Natalia Rodríguez, recalcó la importancia del trabajo conjunto realizado desde Tierraviva, la comunidad y sus líderes para obtener justicia y garantizar la protección de sus derechos. Destacó que esta condena es emblemática para los Pueblos Indígenas.

Vea vídeo:

Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, la jornada es propicia para evaluar la situación de este derecho y exigir su cumplimiento. Para los Pueblos Indígenas el acceso a la Salud sigue lejos de ser una realidad.

Durante el acto realizado hoy por la Plataforma por el Derecho a la Salud, Joaquín Fernández, líder de una de las Aldeas de la Comunidad Enxet, El Estribo, denunció que las comunidades indígenas del Chaco atraviesan múltiples padecimientos para acceder a servicios de salud básicos.

Si bien en varias comunidades se han habilitado Unidades de Salud Familiar, las mismas no cuentan con una cantidad suficiente de profesionales de salud, carecen de equipamiento adecuado y de medicamentos para atender las necesidades de la población.

Según un monitoreo respecto a la aplicación del sistema de protección social en las comunidades indígenas, la salud es uno de los principales reclamos expresados por las comunidades. En el Chaco las Comunidades Indígenas deben recorrer largos kilómetros para llegar a un puesto de salud, además, prácticamente en toda la región no existen estudios especializados para atender problemas complejos de salud, por lo que los pacientes indígenas en muchos casos deben llegar incluso hasta la capital para ser atendidos.

Justamente, la falta de medios para el traslado de pacientes es una de las realidades que más afecta a las comunidades del Chaco. Estás carencias han llegado a costarle la vida a miembros de las comunidades ya que no pudieron ser asistidos a tiempo.

La escasa inversión se profundiza todavía más en lo referente a los Pueblos Indígenas, si bien existe la Dirección Nacional de Salud Indígena, la misma no cuenta con recursos suficientes para atender las necesidades de la población indígena. Por ello, la Plataforma por el Derecho a la Salud plantea que el Estado alcance a invertir el 6% del PIB en la salud pública.

Como parte de su labor de acompañamiento a las comunidades indígenas del Chaco, Tierraviva apoya a las mismas en tareas de incidencia ante las autoridades estatales del área de la salud, reclamando planes adecuados y acordes a las realidades de las comunidades, así como la inversión suficiente en infraestructura, equipamientos, profesionales y medicamentos para asistir a la población indígena.

Como parte de las políticas de transparencia que guían nuestras acciones, hoy, como durante los 31 años de existencia institucional realizamos nuestra rendición anual de las actividades y cuentas a los Líderes Indígenas del Bajo Chaco, de las comunidades con las que trabajamos.

Más de 70 líderes indígenas provenientes del Bajo Chaco, territorio dónde Tierraviva desempeña su labor, recibieron informe sobre las acciones llevadas adelante por la institución, como también los desafíos de cara al 2025. Las misma consistió en entregar informaciones sobre los casos en defensa jurídica tanto de las tierras, territorio, acciones de promoción de la economía comunitaria, asistencia humanitaria, las disponibilidades y los desafíos financieros, las acciones de acompañamiento en incidencia ante el Estado y comunicacional.

Esta actividad se realizó en el marco de la Asamblea de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (ClibCh), que tiene lugar hoy 02 y mañana 03 de abril en la Casa de Retiro Santos Mártires de la Ciudad de Limpio.

Tierraviva, en su rol de representante convencional de diferentes comunidades indígenas en los estrados judiciales, ha acompañado diferentes denuncias penales realizadas por las propias comunidades respecto, principalmente, a delitos contra el ambiente y el territorio indígena. Sin embargo, estos casos no han sido atendidos con la debida diligencia por el Ministerio Público tanto en las sedes fiscales de Pozo Colorado, como de Villa Hayes.

La abogada Natalia Rodríguez manifestó que las comunidades exigen una celeridad en las investigaciones de crímenes como invasión de tierras, tala ilegal de árboles, y otros que afectan bienes jurídicos indígenas.

“El artículo 3 de la carta orgánica del Ministerio Público obliga a los fiscales a realizar rápidamente las actuaciones y diligencias de la investigación y a individualizar a los culpables a fin de que puedan ser sometidos a procesos penales” indicó la abogada al tiempo de señalar que la impresión que queda es que al Ministerio Público todavía le falta mucho para dar respuestas rápidas, “principalmente cuando hay lesiones a los derechos ambientales y territoriales de la población indígena”.

Tierraviva tiene como uno de sus ejes estratégicos de trabajo el acceso a la justicia y la no discriminación para los Pueblos Indígenas, en ese marco lleva adelante litigios estratégicos que buscan sentar jurisprudencia respecto a los Derechos Humanos de la población indígena.

El 22 de marzo se recuerda a nivel global el Día Mundial del Agua, la jornada fue instalada por la Organización de Naciones Unidas para destacar la importancia de este recurso y abogar por la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. Para las comunidades indígenas de Paraguay el acceso a agua potable sigue siendo un derecho postergado, cuya carencia se profundiza a causa de la inacción gubernamental y la crisis climática que impacta localmente.
Según datos del Censo Indígena del 2022 sólo el 25,3% de las viviendas indígenas tienen acceso a agua corriente, esto lleva a que muchas comunidades accedan solo a sistemas de agua no tratadas o dependan casi exclusivamente de reservorios naturales o la asistencia estatal. Ante esto líderes y lideresas indígenas realizan permanentes gestiones y reclamos para lograr que el Estado asista adecuadamente a las comunidades, además de insistir en la importancia de desarrollar alternativas sustentables para garantizar el acceso a agua potable de forma permanente para cientos de comunidades indígenas que no acceden a este derecho.

En el Chaco la situación se agrava debido a la fragilidad del ecosistema y los duros efectos de la crisis climática, esta crisis profundiza los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías y las olas de calor que han sido implacables en los últimos años alcanzando prácticamente la totalidad del territorio chaqueño. Sólo en el Bajo Chaco, Departamento de Presidente Hayes, existen unas 65 comunidades indígenas que se han visto en mayor o menor medida afectadas por la sequía durante el último año.

Los líderes indígenas señalan que la falta de agua potable genera grandes perjuicios a la comunidad, afectando la salud, principalmente de niños y ancianos, causando enfermedades estomacales y otras dolencias. En muchos casos son las mujeres indígenas quienes deben recorrer largos kilómetros para alcanzar algunas últimas fuentes de agua no tratada que deben utilizar de todas formas “es dura la realidad que vivimos” es el testimonio más frecuente desde las comunidades indígenas del Chaco cuando se consulta respecto al acceso a agua potable.

Durante estos años Tierraviva ha acompañado a diferentes comunidades y a la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh) en sus reclamos ante el Estado para garantizar una provisión continua de agua potable a las comunidades. En más de una ocasión se debió recurrir a instancias judiciales, con recursos de amparo, para logar que el Estado provea agua adecuada para el consumo humano.

Si bien el Estado ha invertido millones de dólares en un acueducto y una planta desalinizadora, entre otras obras, estás resultaron infructuosas ya sea por corrupción o incapacidad de los responsables de las mismas.
Ante esta grave situación es fundamental que el Estado diseñe planes adecuados de asistencia con provisión sistemática de agua potable a las comunidades, además de contemplar planes de asistencia en situaciones de emergencia, el Estado debe invertir en infraestructura adecuada para la instalación de sistemas de provisión de agua en las comunidades a fin de garantizar el acceso al derecho al agua.