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Por tercera vez en los últimos meses una delegación de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek, del Pueblo Sanapana, ubicada a unos 350 kilómetros de la capital, llegó hasta el Ministerio de Educación a fin de exigir el cumplimiento de los compromisos del Estado paraguayo respecto al derecho de acceder a la educación. En esta ocasión fueron recibidos por la Viceministra de Educación Básica, Marien Peggy Martínez y su equipo de trabajo, quienes presentaron avances y compromisos para el cumplimiento de los reclamos de la comunidad.

La Comunidad Xákmok Kásek es beneficiaria de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que data del año 2010, sin embargo, el Estado no ha cumplido cabalmente con el fallo. Hace más de 10 años que la comunidad se encuentra instalada en parte de las tierras que le fueran restituidas, pero aún no cuentan con una infraestructura educativa adecuada. Tras los reclamos insistentes de la comunidad, las autoridades del MEC informaron hoy que desde la semana próxima una nueva empresa encargada de la construcción de dos aulas se hará presente en el territorio a fin de evaluar la situación y presentar un plan de trabajo para la entrega de la infraestructura, cuyo plazo inicial de culminación está previsto para noviembre del presente año.

Actualmente unos 50 niños y niñas dan clases en un “aula móvil” en condiciones sumamente precarias, además no cuentan con baños por lo que la comunidad debió construir baños precarios a fin de que los niños puedan asistir a clases. Esta problemática se arrastra desde el año 2017 y lleva ya 5 procesos licitatorios, el último inició con las obras pero las mismas se paralizaron y fueron abandonadas hace más de dos años.

Así también, los líderes de la comunidad cuestionaron el manejo de la supervisión educativa de la zona, ya que durante mucho tiempo presentaron sus pedidos, pero nunca obtuvieron respuestas, debido principalmente al manejo político partidario que hace la funcionaria a cargo. Entre los reclamos presentados se encuentra que el almuerzo escolar no puede llegar a todos los niños a causa de la falta de actualización del Registro Único del Estudiante (RUE), ante esto las autoridades del MEC se comprometieron a dar continuidad a la capacitación brindada a docentes y al director de la escuela a fin de poder realizar los informes y actualizaciones solicitadas por el Ministerio, garantizando el acceso al kit escolar y al almuerzo para los estudiantes de Xákmok Kásek.

En Asamblea la comunidad resolvió solicitar el cambio de nombre de la escuela, y el avance hacia la apertura del 7mo hasta el 9no grado en la escuela, buscando garantizar la educación de los niños y niñas. Mediante las acciones de la comunidad y sus líderes, se logró que la escuela de Xákmok Kásek pase a llamarse Mopai’a Sensahap, que traducida al castellano significa mariposa blanca, ya que según la creencia del Pueblo Sanapana, fueron las mariposas blancas las que guiaron a sus ancestros para poblar el territorio que habitan. Además, las autoridades del MEC se comprometieron a dar continuidad al proceso de planificación con participación comunitaria para la apertura del 7mo grado para el 2026 y posteriormente avanzar hasta el 9no grado.

La comunidad Xákmok Kásek del Pueblo Sanapaná, está ubicada en el distrito de Irala Fernández, departamento de Presidente Hayes, a 14 kilómetros de la Ruta Transchaco. Según la sentencia de la Corte IDH debían ser restituidas 10.700 hectáreas de tierras a la comunidad. El Estado restituyó 7.701 hectáreas hasta la actualidad y todavía quedan por restituir 2.999 hectáreas.

Tierraviva, como representantes convencionales de la comunidad, acompaña las gestiones y acciones de Xákmok Kásek a fin de lograr el cumplimiento pleno de la sentencia de la Corte IDH y el respeto a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

 

El Presidente Santiago Peña brindó ayer su segundo informe de gestión ante el Congreso Nacional, a pesar de haber hablado durante más de una hora tomándose el tiempo de atacar a sus adversarios políticos, jamás hizo mención alguna a la situación de los Pueblos Indígenas en Paraguay. Ante esto, recogemos voces, testimonios y datos que demuestran, el presidente Peña no se olvidó de los Pueblos Indígenas, sino que el olvido es una política de Estado hacia los y las indígenas.

“Una vez más, los Pueblos Indígenas son olvidados por la administración de Peña, como un reflejo de la falta de políticas públicas específicas para ellos, el presidente Peña invisibilizó a los 19 Pueblos Indígenas y sus realidades. Esto no es nuevo, viene sucediendo desde su asunción en agosto del 2023” indica la Abogada Adriana Agüero, integrante de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, institución acompaña a diferentes comunidades del Chaco en sus reclamos de restitución territorial y acceso a derechos fundamentales.
Una muestra de esta falta de programas gubernamentales es el escaso presupuesto destinado al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ente rector de las políticas indígenas del país, de haber alcanzado un presupuesto de más de 97 mil millones de guaraníes en 2023 se ha reducido a 79 mil millones para el presente año. Esta disminución es aún más reveladora en lo que compete a la compra de tierras para comunidades indígenas, este rubro se redujo de 26 mil millones de guaraníes en 2023 a apenas 4 mil millones para el periodo 2025.

La reducción presupuestaria se ha traducido en que el INDI prácticamente no ha adquirido tierras para las comunidades indígenas en los últimos años, la falta de acceso a la tierra es una problemática fundamental para los Pueblos Indígenas. “Durante sus casi dos años de gobiernos se han concretados violaciones a los derechos colectivos indígenas, procesos enmascarados para justificar desalojos arbitrarios a comunidades de sus territorios tradicionales, falta de recursos para el aseguramiento de tierras, para asegurar el acceso a una educación intercultural, falta de infraestructuras adecuadas, acceso a salud intercultural y ni hablar de la falta de caminos, viviendas dignas, programas sociales acordes y respetuosos a las costumbres de los pueblos indígenas” indica Adriana Agüero.

La falta de protección a los territorios indígenas es otra de las grandes deudas pendientes, durante los últimos años se han registrado hechos de violencia institucional y desalojos contra comunidades indígenas, así también el avance del agronegocio y la deforestación impactan fuertemente en los territorios ante la mirada permisiva y cómplice del gobierno. A esta falta de protección se agrega una falta de políticas de atención ante los efectos de la crisis climática, en el Chaco, miles de indígenas han pasado sed y hambre durante una extensa sequía en 2024, y en 2025 deben soportar el aislamiento y la falta de acceso a derechos como salud y educación a causa de las inundaciones.

María Luisa Duarte, lideresa indígena de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, señaló que lamenta, el presidente no haya recordado a los Pueblos Indígenas durante su alocución “es como si fuera que nosotros no somos parte de esta nación, quiero recordarle que somos más de 140 mil indígenas, con nuestras identidades, y que esto está reconocido por la Constitución” indicó. Con esto se demuestra que al Presidente no le importan los indígenas, situación que se sintió desde el inicio de su gobierno, agregó Duarte, indicando que hubiese sido bueno conocer cuáles son las políticas que está desarrollando el gobierno en favor de los Pueblos Indígenas.

En este sentido es importante señalar que los programas emblemáticos, como hambre cero, tampoco han llegado satisfactoriamente a las comunidades, en muchas de las escuelas indígenas los platos no llegan para todos o la cantidad de alimentos es mínima. La construcción de viviendas, caminos de todo tiempo, acceso a agua potable y otras necesidades básicas, siguen siendo un anhelo lejano para las comunidades.

Teresita Sánchez, indígena chaqueña de la comunidad Uj’e’ Lhavos, indicó que el mensaje del presidente demuestra que ignora a los Pueblos Indígenas del Paraguay, “el presenció las danzas de mi pueblo Nivaclé, es contradictorio que ahora no nos mencione. Nosotros necesitamos gobernantes que nos tomen en cuenta y nos den la participación activa” indicó la lideresa indígena. Ante los reclamos indígenas el gobierno ha hecho oídos sordos, los espacios de participación se reducen a mesas de trabajos que no resuelven las necesidades de las comunidades, por ello, se puede concluir que, cuando se trata de los Pueblos Indígenas, el olvido es una política de Estado.

Según los resultados del Censo Nacional de Pueblos Indígenas de 2022, en Paraguay existen aproximadamente 140.206 personas indígenas, lo que representa el 2,29 % de la población total del país. Estas personas se identifican como parte de uno de los 19 Pueblos Indígenas reconocidos, distribuidos en cinco familias lingüísticas: Guaraní (que incluye a los Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva y Guaraní Occidental), Maskoy (con pueblos como Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité y Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Ybytoso, Tomarâho) y Guaicurú (Qom).

El Capítulo V de la Constitución Nacional de 1992 reconoce a los Pueblos Indígenas como grupos culturales preexistentes a la formación del Estado paraguayo, garantizándoles derechos fundamentales como la identidad étnica, la propiedad comunitaria de sus tierras, la participación política y una educación que respete sus particularidades culturales.

Además, Paraguay cuenta con un sólido marco jurídico que respalda los derechos indígenas, habiendo ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el interamericano.

El Estado paraguayo no garantiza condiciones básicas de vida, en especial en contextos de vulnerabilidad, como el de las tierras y los territorios del hábitat tradicional indígena. La crisis del agua, aún sin respuestas, recrudece la exclusión de la población indígena, afectando de manera particular a mujeres, niños, niñas y jóvenes.

En base a los resultados sobre las acciones implementadas durante 2024, el programa de alimentación escolar “Hambre Cero” no cumple a cabalidad, y menos en el Chaco, región del país donde se encuentra la mayor cantidad de habitantes indígenas.

Por otra parte, la situación de las juventudes indígenas se encuentra frente a grandes desafíos en Paraguay. Todavía existe mucha discriminación referida al origen étnico de las personas. Además, la sociedad en su conjunto aún debe erradicar las costumbres contrarias a los derechos y a la dignidad de la persona, como el marcado adultocentrismo.

[Sin embargo], la discriminación por edad es un problema insidioso y, a menudo, no abordado en materia de políticas de salud, derechos humanos y desarrollo, y afecta tanto a las poblaciones mayores como a las más jóvenes en todo el mundo. Además, la discriminación por edad se cruza frecuentemente con otras formas de sesgo (como el racismo y el sexismo) e impacta a las personas de maneras que les impiden alcanzar su máximo potencial y contribuir de manera integral a su comunidad.[1]

Juventud indígena: desafíos y problemáticas[2],[3],[4]

En primer lugar, es difícil hoy en el Paraguay desgranar exclusivamente las intenciones públicas dirigidas a esta franja, ya que los fundamentos y razones de los planes y programas de Gobierno efectivamente están expresadas en términos totales y generalmente abarcativos. Esto redunda en una invisibilización de las necesidades propias de la adolescencia y de la juventud indígena.

Según el Censo Nacional Indígena de 2022, el 38 % de los indígenas tiene menos de 14 años de edad, mientras que el 28,6 % tiene entre 15 a 30 años, lo que representa el 67,1 % del total de la población indígena. En esta contextualización, cabe preguntarse qué posibilidades de desarrollo personal integral existen efectivamente en el país para adolescentes y jóvenes indígenas y con qué obstáculos se enfrentan.

Al respecto, ningún otro factor puede considerarse más gravitante que la pobreza, cuyas cifras nos permiten trazar una radiografía de la situación juvenil indígena:

Pobreza

El porcentaje de la población indígena en situación de pobreza hacia el 2017 era del 66,2 %, casi tres veces más al promedio nacional. En el área rural, donde viven mayoritariamente los indígenas, la incidencia de la pobreza es aún mayor, alcanzando el 68 % de personas indígenas.[5]

La pobreza indígena tiene rostro de niño, adolescente y mujer. El 67,7 % de las mujeres se encuentran en situación de pobreza, frente al 64,6 % de los hombres. Por rango de edades, los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años son los más afectados, ya que 73,7 % de esta población se encuentra en situación de pobreza. Este porcentaje incluso es superior (75,7 %) para los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales.[6][7]

Acceso al agua y educación escolar

En un encuentro de mujeres indígenas en Pdte. Hayes, las participantes señalaron que los responsables del programa de alimentación escolar ni siquiera habían consultado[8] a las comunidades locales sobre sus necesidades nutricionales,[9] distribuyendo alimentos que no son tradicionalmente consumidos por su pueblo y con claro déficit nutricional.

Además, según varias denuncias públicas de las comunidades, las inconsistencias entre las cantidades de estudiantes a ser cubiertas, a causa de que no todos figuran en el Registro Único del Estudiante,[10] hicieron llegar muy limitadamente los insumos, excluyendo a muchos alumnos indígenas.

La exclusión y discriminación estructural también se materializaron el 25 de julio de 2024, cuando los docentes de una escuela de Pozo Colorado decidieron cerrar la escuela por falta de agua en la comunidad. Unos 100 niños y niñas indígenas quedaron sin clases,[11] y, consecuentemente, sin poder acceder a la alimentación prevista.

Consumo de drogas y alcohol

Los y las jóvenes indígenas manifiestan una preocupación creciente sobre el ingreso de estas sustancias a sus comunidades, lo que infunde un mayor estado de riesgo para los y las jóvenes, adolescentes y niños indígenas. Con el consumo, aumentan los casos de violencia intrafamiliar, las agresiones, la exposición a peligros, las muertes en las rutas, los suicidios, entre otros problemas.

Es frecuente que los líderes, junto a las familias, soliciten medidas de concientización, sensibilización y abordaje; pero la presencia del Estado en territorio con políticas de prevención es casi nula.

Desarraigo

En muchos casos, para proseguir con sus estudios primarios o la educación media, muchos jóvenes indígenas deben salir de sus comunidades. Sus padres u otros familiares solventan sus estudios y alojamiento en casas de internados que ofrecen las instituciones privadas, cuyas cuotas son privativas, no accesibles a la gran mayoría de las familias indígenas.

Casos de violencia y suicidio

Por otra parte, en las comunidades existen altas tasas de casos de violencia intrafamiliar y de suicidio de adolescentes y jóvenes. Tal es así, que la Dirección General de Estadísticas en Salud informó[12] que en 2021 se reportaron 24 casos de suicidios de indígenas en la franja etaria de hasta 29 años, mientras que de 30 años en adelante se registraron solo cuatro.

Con relación al año 2022, se da situación similar: de los 30 casos reportados como suicidios de indígenas, cuatro fueron de personas de 30 años de edad en adelante y los 26 restantes de jóvenes indígenas de hasta 29 años.

Embarazo adolescente

En cuanto a embarazos en adolescentes y niñas, la Dirección General de Información Estratégica en Salud informó que en el 2018 hubo 71 casos de niños nacidos vivos de niñas-madres indígenas de 10 a 14 años.[13]

Cuando hablamos de niñas-madres, nos estamos refiriendo a casos de abusos sexuales cometidos por al menos 71 autores —muy probablemente en su mayoría adultos—. Esta cuestión no puede dejar de ser objeto de especial atención por parte del sistema nacional de protección de la niñez.

Además, el censo del 2022 reveló que el 3,3 % son madres de 12 a 14 años, lo que las deja afuera de los espacios educativos y limita su participación en la mejora de las condiciones socioeconómicas.[14]

• Educación y acceso a la universidad o tecnicaturas

El IV Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas de 2022 en Paraguay reveló que el promedio de años de estudio de la población indígena de 15 años y más era de 4,6 años. Dicho registro mostró que la población indígena urbana tiene mayor educación que la rural, y que la tasa de analfabetismo es del 27,1 % frente a una media nacional del 6 %.

En espacios participativos, los jóvenes manifestaron sentir orfandad por parte del Estado, ya que el sistema de subsidios para la educación terciaria, ofrecido por programas del Instituto Paraguayo del Indígena, tienen un alcance muy insuficiente. Estos programas apenas abarcan a estudiantes universitarios, dejando fuera a quienes desean formarse en tecnicaturas u oficios que no son del sistema de educación formal terciaria.

El poco acceso a espacios de formación redunda en baja ocupación de la fuerza laboral. Según datos del Censo Nacional Indígena de 2022, la población indígena de 10 años y más considerada dentro de la fuerza de trabajo es de un apenas 38,5 %; mientras que la población indígena de 10 años y más considerada fuera de la fuerza de trabajo es del 51,7 %.

Esto significa que una gran parte de la población indígena en edad de trabajar no tiene acceso al trabajo y tampoco a sostenerse con ingresos propios. La ocupación de la fuerza laboral de niños y niñas es una violación de sus derechos fundamentales y un obstáculo para el desarrollo sostenible de las comunidades, sin embargo, los datos estadísticos reflejan que es una realidad de las familias indígenas en Paraguay.

Conclusiones

Dejando de lado por un momento los datos estadísticos y entendiendo entonces que las condiciones básicas de subsistencia no están aseguradas: ¿en qué momento tendríamos que hablar de los planes de vida de los y las jóvenes indígenas como un proyecto de compromiso colectivo en nuestro país?

Centrándonos en el ser joven indígena, vemos que las alternativas de desarrollo afectivo, material y profesional que tiene el individuo como sujeto de derechos miembro de una comunidad indígena, perteneciente a un pueblo con sus características culturales y rasgos tradicionales propios e inmerso en la realidad del país, son muy pocas.

Sin embargo, aún con un contexto muy adverso, la juventud indígena no vive exenta de los rasgos de vigor, entusiasmo, capacidad crítica y cuestionadora de su realidad. Puede ser protagonista de los cambios sociales tan anhelados si se generan las condiciones adecuadas.

Por tanto, más allá de la mera enunciación de intenciones que conforman los fundamentos de planes y programas de políticas, como el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, la gestión pública hoy tiene la obligación fundamental de ofrecer a las juventudes indígenas políticas eficaces, incluyendo el enfoque de derechos humanos como la interseccionalidad, la interculturalidad, la autonomía progresiva y la participación.

Solo así los planes de vida de los y las jóvenes indígenas serán realizables en Paraguay.

Recomendaciones

Implementar acciones tendientes a la eliminación de la pobreza de las familias que conforman las comunidades de los 19 Pueblos Indígenas en Paraguay, con políticas adecuadas y con enfoque intercultural.

Asegurar el derecho a la alimentación, el derecho de acceso al agua y la salud.

Mejorar las políticas en torno al primer empleo juvenil, a la capacitación profesional y técnica, y el acceso a estudios de nivel terciario.

Elaborar de forma participativa los planes de vida, junto con los jóvenes y adolescentes indígenas, con respeto hacia su autonomía progresiva y el principio de autodeterminación de los pueblos.

 

 

Natalia Rodríguez Olmedo es abogada de derechos humanos e integrante del equipo jurídico de Tierraviva, organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas de Paraguay, con énfasis en la restitución territorial.

Lidia Ruiz Cuevas es trabajadora social y Coordinadora Ejecutiva de Tierraviva desde el año 2020.

 

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Notas y referencias

[1] UNAS. (12 de agosto de 2022). Día de la Juventud. https://fec.unsa.edu.pe/blog/2022/08/12/dia-internacional-de-la-juventud-12-deagosto/#:~:text=Puede%20considerarse%20como%20el%20periodo,org%C3%A1nica%20e%20intelectual%2C%20capacidad%20adaptativa

 

[2]CDIA Observa. (13 de marzo de 2024). Las desigualdades en la niñez y adolescencia de Paraguay: un monitoreo para no dejar a nadie atrás.

 

https://www.cdiaobserva.org.py/2024/03/13/informe-las-desigualdades-en-la-ninez-y-adolescencia-de-paraguay-un-monitoreo-para-no-dejar-a-nadie-atras/

 

[3] Brizuela, Bárbara y Quiñónez, Nathalia.(2023). Situación de la Niñez Indígena en Paraguay. Ministerio Público. . https://ojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/article/view/336/479

 

[4] “Jóvenes indígenas reclaman políticas públicas con visión intercultural y mayor participación”. Tierraviva, 26 de noviembre de 2018. https://www.tierraviva.org.py/jovenes-indigenas-reclaman-politicas-publicas-con-vision-intercultural-y-mayor-participacion/

 

[5] Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo. (2017). Encuesta Permanente de Hogares. https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Resultados%20EPH/PRINCIPALES%20RESULTADOS%20EPH%202017.pdf

 

[6] Ibidem.

 

[7] Frente a estos porcentajes, cabría analizar cuáles fueron los resultados del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza (PNRP) “Jajapo Paraguay”, implementado por el Gobierno de Mario Abdo Benítez, cuyo horizonte temporal apuntaba al 2030. El documento del PNRP menciona en su diseño una metodología participativa, incluyendo representantes indígenas y campesinos. 13 de septiembre de 2023.

 

https://faolex.fao.org/docs/pdf/par205031.pdf

 

[8] En la comunidad no se implementó ningún Protocolo de Consulta. Tampoco hay noticia de que se haya hecho en otras comunidades del pueblo Enxet o de otros pueblos.

 

[9] Contaban las mujeres indígenas de Espinillo que los niños y niñas rechazan pepinos, remolacha y otros insumos, ya que consumen tunas, fruto del caraguatá y otros vegetales o variedades autóctonas. Esto evidencia la falta de interculturalidad con que el Estado aborda la implementación de programas.

 

Fuente: Informe de trabajo de campo de Tierraviva.

 

[10] “Hambre Cero: ministro reconoce que reparten almuerzo sin tener certeza de la cantidad de alumnos”. ABC, 8 de agosto de 2024. https://www.abc.com.py/politica/2024/08/08/hambre-cero-ministro-reconoce-que-reparten-almuerzo-escolar-sin-tener-certeza-sobre-cantidad-de-alumnos

 

[11] “Niños no van a la escuela por falta de agua”. Telefuturo, 25 de julio de 2024. https://www.telefuturo.com.py/ninos-no-van-a-la-escuela-por-falta-de-agua

 

[12] MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV) Datos al 14 de septiembre de 2023.

 

[13] MSPBS/DIGIES/DES.

[14] UNFPA. (9 de octubre de 2024). Cómo el UNFPA ayuda a proteger a la juventud indígena paraguaya contra el embarazo adolescente.https://www.unfpa.org/es/news/c%C3%B3mo-el-unfpa-ayuda-proteger-la-juventud-ind%C3%ADgena-paraguaya-contra-el-embarazo-adolescente

Como parte de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC por sus siglas en inglés) Tierraviva está presente desde el 12 de junio pasado en actividades desarrolladas en zonas del interior y en la capital de Colombia. Natalia Rodríguez, abogada integrante del equipo de trabajo, participa de los eventos que buscan destacar experiencias de defensa territorial de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia.

Entre el 12 y el 16 de junio la delegación de ILC llegó hasta la región de Montes de María, donde se observaron experiencias y procesos de recuperación territorial de comunidades que habían sido despojadas y desplazadas de sus tierras en el marco del conflicto armado que vivió Colombia durante largos años. “Ha sido única y enriquecedora la oportunidad de conocer las experiencias de lucha por el derecho humano a la tierra de las comunidades San José del Playón, la asociación de mujeres indígenas y campesinas de AFASAN, la comunidad de agricultores del municipio de Zambrano y la de la Coordinadora Nacional de las Zonas de Reserva Campesina en Montes de María” indicó Rodríguez.

Culminadas las visitas de campo, inició en la capital, Bogotá, el 10° Foro Global de la Tierra que en su apertura tuvo como tema central la necesidad de mirar la tierra como el eje constructor de paz en los pueblos campesinos y étnicos del mundo.

El centro de la discusión sigue sobre los avances de la Reforma Agraria Integral, la resolución de conflictos, el Catastro Multipropósito, la transformación de los sistemas agroalimentarios y la transición energética.

Cientos de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de la sociedad civil que luchan por el derecho a la tierra forman parte del Foro.

“Recalcamos, finalmente, la mirada de las mujeres, restauradoras y nutridoras de la vida, que en una parcela de manejo comunitario nos enseñaron un hermoso ejemplo de dignidad y del goce; el goce del buen vivir que aún es posible y que los pueblos indígenas y campesinos de América Latina aún sostienen desde sus prácticas tradicionales. Frente al extractivismo legal o ilegal de la minería, al desvío de cauces del río Magdalena o al monocultivo del palmar o la melina, hay una comunidad que lucha, que resiste y que no está dispuesta a ceder sus derechos sobre la tierra y la vida” añadió la representante de Tierraviva.

La Comunidad Indígena Xákmok Kásek del Pueblo Sanapana, busca un diálogo efectivo con el Estado respecto al cumplimiento de los puntos resolutivos de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2010.

En ese marco, referentes de la comunidad llegaron, una vez más, hasta el Ministerio de Educación, donde tenían agendada una reunión con el ministro Luis Ramírez, a fin de abordar la situación de la educación en la comunidad, específicamente la paralización de las obras de construcción de la escuela desde hace ya 3 años.

Sin embargo, a pesar de haber tenido agendada la reunión y del viaje de más de 400 kilómetros realizado por los indígenas, el titular de la cartera educativa no se presentó.

Los representantes comunitarios, finalmente, mantuvieron una reunión con la directora de Educación Indígena y otros funcionarios, quienes se comprometieron, una vez más, a avanzar con los puntos pendientes.

Tierraviva, como representantes convencionales de la comunidad, acompaña las gestiones y acciones de Xákmok Kásek a fin de lograr el cumplimiento pleno de la sentencia de la Corte IDH y el respeto a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas

Vea video:

Miembros de la comunidad indígena Xákmok Kásek, del Pueblo Sanapana, ubicada en Irala Fernández, Presidente Hayes, dando seguimiento a una mesa de trabajo instalada en torno a la salud comunitaria, nuevamente estuvieron por el Ministerio de Salud para abogar y buscar resultados concretos en torno al funcionamiento normal de la Unidad de Salud Familiar (USF) que forma parte de los compromisos asumidos por el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los puntos reclamados se encuentra la provisión de una ambulancia para la comunidad y la contratación de personal de blanco. Después de la reunión informaron que finalmente lograron la designación de un personal de blanco al igual que el destino de una ambulancia.

Esto según indicó Manuel Aguilera, licenciado que presta servicios en dicha Unidad de Salud puntualizando que con estas decisiones se podrá ampliar el horario de atención al público, beneficiándose no solo a Xákmok Kásek sino a las demás comunidades indígenas vecinas del lugar

El Doctor Saul Recalde, vice ministro de Atención Integral a la Salud del MSPBS, por su parte mencionó que las determinaciones corresponden conforme a lo previsto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Comunidad Xákmok Kásek es beneficiaria de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que data del año 2010, sin embargo, el Estado no ha cumplido cabalmente con el fallo.

Vea vídeo:

La abogada Adriana Agüero, integrante del equipo de trabajo de Tierraviva, formó parte de la segunda edición del Curso Internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su Implementación”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR, en colaboración con el Ministerio de Justicia de Paraguay y otras instituciones. El espacio fue propicio para dialogar con organizaciones de la sociedad civil y miembros de gobiernos de la región sobre la relevancia de las sentencias de la Corte IDH para avanzar en políticas públicas de Derechos Humanos.

 

Tierraviva, como organización que trabaja en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en casos vinculados a la restitución de tierras fue una de las representantes de la sociedad civil de Paraguay. Cabe recordar que Tierraviva es representante convencional de comunidades indígenas que cuentan con sentencias de la Corte IDH, cuyo cumplimiento aún se encuentran en proceso.

 

En este sentido, durante el espacio Tierraviva impulsó el debate respecto a la necesidad de construir una política pública que garantice la restitución de tierras indígenas, tal como se establece en los puntos resolutivos de las sentencias que impulsan la construcción de un mecanismo legislativo que permita la identificación y restitución de tierras indígenas. Este punto aún no ha Sido cumplido por el Estado paraguayo, por lo que la construcción de una política pública para el efecto resulta urgente.

Así también, el encuentro fue propicio para dialogar con referentes de la Corte IDH y representantes del Estado sobre la necesidad de establecer espacios de diálogo entre el gobierno, las víctimas de violaciones de DDHH y la sociedad civil respecto al cumplimiento de las sentencias. Además, Tierraviva acompañó la posición de representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay respecto a la preocupación por el cierre del espacio cívico que representa la llamada Ley anti ONGs aprobada recientemente por el Congreso Nacional, Walter Isasi, de la CODEHUPY, señaló que el cierre del espacio cívico implica la limitación material de la ciudadanía organizada en sociedad civil en su participación en la construcción de políticas públicas y denuncias de violaciones de DDHH.

 

El curso contó con la presencia de expertos de la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y agencias de las Naciones Unidas, quienes abordaron estrategias para superar obstáculos en la ejecución de sentencias.

 

Esta iniciativa refuerza el compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en un contexto donde organizaciones como Tierraviva siguen desempeñando un rol esencial en la exigibilidad de justicia para las comunidades más vulnerables.

Las declaraciones de autoridades del gobierno y de otros actores, suscitadas a partir de las protestas realizadas por personas indígenas cerrando la calle frente al destacamento militar donde funciona el INDI, en los últimos tiempos, muestran un abordaje criminalizador y sesgado de la realidad indígena que deriva en seguir postergando las respuestas adecuadas para atender las necesidades de las comunidades.

Tanto el Presidente del INDI, el General retirado Juan Ramón Venegas, como el Ministro del Interior, Enrique Riera, han asumido la situación como un problema vinculado a la “violación de derechos de terceros al libre tránsito”, llegando, el titular de la cartera de seguridad, a plantear la orden de detener a los líderes de las comunidades que se manifiestan frente al Ente estatal. Esta posición obvia la complejidad de la situación indígena en el país, producto de largos años de abandono, postergación y carencia de una política de Estado que atienda adecuadamente a la población indígena.

Así, las autoridades responsables de atender las necesidades de las comunidades indígenas y de aplicar políticas públicas que garanticen sus derechos, se desentienden de las causas que llevan a las manifestaciones. El exiguo presupuesto del INDI, la masiva expulsión de comunidades indígenas de sus tierras, o comunidades con tierras insuficientes y las graves consecuencias que esto acarrea, son sólo algunas de las realidades que las autoridades deberían atender, antes de optar por apresar a quienes reclaman derechos básicos.

Las carencias de todo tipo en materia de derechos fundamentales como acceso a tierra, salud, educación, infraestructura vial, alimentos y agua potable, realidades que atraviesan las comunidades indígenas, deben ser atendidas con políticas públicas participativas, con un enfoque intercultural y con financiamiento suficiente. Lejos de hacerlo, el gobierno intenta desentenderse de los problemas y posicionar a los indígenas como adversarios que deben ser castigados.

A estas posiciones se han sumado algunos referentes del ámbito jurídico que, además de puntualizar la supuesta “ilegalidad” de la manifestación, han señalado que los Pueblos Indígenas cuentan con suficientes tierras pero que las mismas son improductivas y por ende “no le sirven a nadie”, abriendo las puertas a la legalización del despojo territorial que, de por sí, ya soportan las comunidades indígenas.

Esto, además de desconocer la importancia vital y la relación profunda existente entre un Pueblo o comunidad y su territorio tradicional, también omite señalar que las tierras en manos de indígenas, han sido ilegalmente apropiadas por el agronegocio.

También, es desconocer el importantísimo papel que cumplen las tierras indígenas dentro del sistema legal de protección de la biodiversidad, constituyen un resguardo crucial para especies animales y vegetales; siendo las comunidades guardianas de bosques y extensiones aún en estado original. Recordemos que los servicios ambientales son una forma legal de asegurar una función fundamental de la tierra para la sostenibilidad y desarrollo del país.

 

Por tanto, no es que las tierras indígenas “no sirvan para nada”, están dentro de un marco de protección especial conforme a sus usos y costumbres tradicionales. Esa “inserción” tiene sus mecanismos asegurados; el problema real es la orfandad ante el incumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ambientales por parte del Estado.

No atender estas realidades al momento de abordar la situación de la población indígena es simplemente contribuir a ocultar la inoperancia criminal por parte de un Estado profundamente discriminador.

Si las autoridades responsables de concretar los derechos de los Pueblos Indígenas solo plantean “milagro, rezo o encarcelamiento” ignoran los compromisos internacionales adquiridos por Paraguay, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta negligencia agrava la pobreza y la marginalización, expone al Estado a demandas ante instancias internacionales (CIDH, ONU) por incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Exhortamos al Estado Paraguayo a asignar recursos en el Presupuesto General 2025, y en los siguientes años, para las demandas indígenas; crear mesas de diálogos con líderes y organizaciones indígenas e implementar políticas interculturales con enfoque de derechos, sin caridad.