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Al cumplirse un año del cierre de las oficinas del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), desde Tierraviva expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que esta situación continúa generando sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Cientos de trámites impulsados por las comunidades se han visto enlentecidos, afectando el acceso a derechos y la atención a líderes y lideresas que siguen recurriendo a la institución en busca de respuestas a demandas vinculadas con la tierra, la salud y la educación.

Si bien el INDI funciona actualmente en un espacio provisorio, este no reúne las condiciones adecuadas para atender a las comunidades. Además, el Gobierno nacional no ha cumplido los compromisos asumidos con las organizaciones indígenas para la reapertura de un local propio, pese a las movilizaciones realizadas hace un año por representantes de distintos Pueblos Indígenas del país.

Esta situación refleja la nula voluntad política para generar una política pública orientada al bienestar de las comunidades y pone de manifiesto una discriminación estructural que se traduce en la falta de presupuesto y en un progresivo desmantelamiento de las instituciones y programas destinados a garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, totalmente incompatible con los Derechos Humanos.

La comunidad Makxawáya, del Pueblo Enxet, celebra este año 120 años de historia. Su origen se remonta a la instalación de la denominada Misión Central, establecida por misioneros anglicanos provenientes de Inglaterra, quienes, tras llegar años antes al Paraguay, decidieron asentarse en este lugar para desarrollar su trabajo junto a los Pueblos Indígenas del Chaco.

Con el paso del tiempo, Makxawáya trascendió su condición de misión para convertirse en uno de los principales centros sociales, culturales y espirituales del Pueblo Enxet. Durante décadas, especialmente en Semana Santa y Navidad, cientos de indígenas provenientes de distintas comunidades recorrían grandes distancias para reunirse allí, fortaleciendo vínculos familiares, comunitarios y culturales.

“Makxawáya era el Caacupé del Pueblo Enxet, su centro espiritual”, recuerda Tito La Haye, fundador de Tierraviva, quien vivió durante años en la comunidad y compartió estrechamente la vida cotidiana con sus habitantes.

Tanto La Haye como antiguos líderes indígenas coinciden en que Makxawáya fue también un punto neurálgico para el desarrollo del Pueblo Enxet, como también de grupos del Pueblo Angaite y Sanapana. Desde allí surgieron numerosas comunidades que hoy se encuentran distribuidas en gran parte del Bajo Chaco, convirtiéndose en uno de los principales espacios de organización y crecimiento del pueblo.

Al concluir su labor en la zona, la Iglesia Anglicana transfirió las tierras a la comunidad, que actualmente posee un título de propiedad comunitaria sobre 3.739 hectáreas. Sin embargo, más del 90 % de esa superficie corresponde a zonas inundables, lo que limita severamente las posibilidades de producción, expansión y desarrollo de las familias.

Según los últimos reportes de campo, en Makxawáya viven aproximadamente 1.800 personas, distribuidas en 324 familias.

Un lugar de encuentro entre generaciones

Décadas después de aquellos grandes encuentros comunitarios, Makxawáya volvió a convertirse en un espacio de referencia para el Pueblo Enxet.

Durante muchos años, la comunidad fue sede de los encuentros de líderes organizados por Tierraviva, que retomaron, de alguna manera, el espíritu de aquellas antiguas reuniones que convocaban a representantes de numerosas comunidades del Bajo Chaco.

Santiago Bobadilla, ex trabajador de campo de Tierraviva durante más de tres décadas, recuerda aquellas jornadas:

“A finales de los años noventa era común ver a los indígenas reunidos en grupos de cuatro o cinco personas bajo la sombra de un algarrobo, compartiendo un tereré mientras escuchaban, en un reproductor de cassette, el resumen de los casos jurídicos relatados por los compañeros abogados”.

Para Bobadilla, aquellas reuniones trascendían el carácter organizativo. “Era un acontecimiento que convocaba a líderes de todas partes del Bajo Chaco. Muchos llegaban en burro, a caballo o después de caminar varios días, haciendo escalas en distintas comunidades. Si llovía, el viaje simplemente se prolongaba unos días más; siempre había un lugar donde quedarse y alguien dispuesto a compartir alimentos”.

Tierras insuficientes para una comunidad que sigue creciendo

El crecimiento de la población y las limitaciones que presenta la actual propiedad comunitaria hacen que el acceso a nuevas tierras sea hoy una necesidad urgente.

Martín Rojas explica que desde hace varios años la comunidad reivindica la ampliación de su territorio mediante la adquisición de aproximadamente 14.000 hectáreas adicionales. La ampliación permitiría que las familias cuenten con espacio suficiente para desarrollar actividades de subsistencia, fortalecer su organización comunitaria, preservar sus prácticas culturales y mejorar sus condiciones de vida.

La Constitución Nacional reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a disponer de tierras en cantidad y calidad suficientes para garantizar su desarrollo, identidad y formas propias de vida. En el caso de Makxawáya, ese derecho continúa siendo una deuda pendiente. “Más aún atendiendo que hasta hoy día el Estado paraguayo no ha adquirido ni una hectárea de tierra para la comunidad Makxawáya” reafirma Martín.

El reclamo territorial de la comunidad forma parte de la campaña “Derecho Humano a la Tierra y el Territorio Indígena: presupuesto para la compra de tierras”, impulsada por la Coordinadora de Líderes y Lideresas Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh) y Tierraviva, con el objetivo de promover la asignación de recursos públicos que permitan dar respuesta a las históricas demandas territoriales de las comunidades indígenas del Bajo Chaco.

Quienes deseen conocer más sobre la historia de Makxawáya y la lucha de su comunidad pueden ver el siguiente audiovisual:

 

Makxawáya: su historia y su lucha

 

Como parte de su misión institucional y en el marco de la campaña “Derecho Humano a la Tierra y el Territorio Indígena: presupuesto para la compra de tierras”, impulsada conjuntamente con la Coordinadora de Líderes y Lideresas Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), Tierraviva continúa acompañando a la comunidad Tooshe Qáltaq, del pueblo Qom, con el objetivo de impulsar soluciones concretas a su histórica demanda territorial.

En este proceso, se han promovido y acompañado de manera permanente diversos espacios de diálogo entre la comunidad y las instituciones del Estado, con la expectativa de que estos esfuerzos se traduzcan en decisiones concretas, tanto presupuestarias como resolutivas. Entre ellos, se realizaron reuniones en la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, con la participación de representantes de este cuerpo legislativo y del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), donde se analizaron posibles mecanismos para atender la demanda territorial de la comunidad. No obstante, Tierraviva reitera que este proceso debe desembocar en la presentación y aprobación de un proyecto de ley con una partida presupuestaria específica para la adquisición de las tierras reclamadas.

Asimismo, se acompañaron espacios de diálogo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), considerando que la comunidad Tooshe Qáltaq se encuentra directamente afectada por el trazado de la Ruta Nacional N.º 12, actualmente en proceso de pavimentación con financiamiento del BID. Mientras la obra avanza, los reclamos de las familias continúan sin ser atendidos, evidenciando la falta de respuesta estatal a una comunidad que lleva más de treinta años exigiendo el reconocimiento y la garantía de su derecho a la tierra y al territorio. La Ruta 12 no puede seguir avanzando sin una solución para Tooshe Qáltaq, que permanece a la vera del tramo esperando una respuesta efectiva del Estado.

En este marco, también se desarrolló un encuentro entre miembros de la comunidad, representantes de la CLIBCh y de Tierraviva con representantes del BID, durante el cual se expuso el reclamo histórico de la comunidad y las graves afectaciones a sus derechos humanos derivadas de la falta de acceso a tierras donde pueda desarrollar plenamente su vida comunitaria, social y cultural. Resulta indispensable que tanto el BID como el Estado paraguayo incorporen, en los proyectos de infraestructura, medidas de reparación y garantía territorial para las comunidades indígenas afectadas, con presupuesto específico y suficiente para su cumplimiento.

El caso de Tooshe Qáltaq forma parte de la campaña “Derecho Humano a la Tierra y el Territorio Indígena: presupuesto para la compra de tierras”, impulsada por la Coordinadora de Líderes y Lideresas Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh) y Tierraviva.

Te invitamos a conocer y compartir las historias de lucha de estas comunidades en el siguiente enlace:

https://bit.ly/CampañaTierrayTerritorio

El acceso a la tierra constituye un derecho fundamental para los Pueblos Indígenas y una condición indispensable para el fortalecimiento de sus formas de vida, el ejercicio pleno de sus derechos y el desarrollo de las comunidades.

En ese marco, y acorde a su misión institucional Tierraviva acompaña a las comunidades Makxawáya, Rodolfito, Tooshe Qáltaq y Yamékyaha-Espinillo y El Estribo, en las gestiones que impulsan para avanzar en reclamos históricos vinculados al acceso y ampliación de tierras en el departamento de Presidente Hayes.

Como parte de esta agenda de trabajo, líderes indígenas mantuvieron esta semana reuniones con representantes de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y otras instituciones con competencias relacionadas con estos casos.

Los encuentros permitieron dar seguimiento a procesos que llevan años de tramitación y abordar mecanismos que permitan avanzar hacia la efectiva garantía de los derechos reclamados por las comunidades.

Estos casos forman parte de la campaña Derecho Humano a la Tierra y el Territorio Indígena, por presupuesto para compra de tierras, impulsada por la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh) y Tierraviva

Te invitamos a conocer y compartir las historias de lucha de estas comunidades en el siguiente enlace https://bit.ly/CampañaTierrayTerritorio

 

Mediante una nota Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco instó al diputado José Rodríguez a retirar el proyecto de ley que pretende modificar los artículos 4 y 6 de la Ley N.º 5723/2016, que declara área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco. La organización advierte que la propuesta implicaría una reducción de la protección jurídica actualmente vigente para habilitar iniciativas privadas de explotación dentro de una de las zonas ecológicas más importantes del Chaco paraguayo.

La organización alertó que el área protegida forma parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas Ayoreo y Guaraní Ñandéva. En particular, recordó que en la zona habitan grupos del Pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario, cuya supervivencia física y cultural depende de la preservación integral de sus territorios. En ese sentido, cuestionó que el proyecto legislativo avance sin que se haya realizado un proceso de consulta previa, libre e informada conforme al Convenio 169 de la OIT, y sostuvo que cualquier amenaza sobre estos territorios representa un riesgo de desplazamiento, contacto forzado y afectaciones irreversibles para dichos pueblos.

Además, se recordó que el Parque Nacional Médanos del Chaco constituye una “Zona Núcleo” dentro de la Reserva de Biósfera El Chaco, reconocida por la propia UNESCO, y cumple funciones fundamentales para la conservación de la biodiversidad. El área alberga especies amenazadas como el yaguareté, protege el hábitat único del guanaco chaqueño y actúa además como barrera natural para la protección del Acuífero Yrendá, vital para el equilibrio ecológico de la región chaqueña.

Finalmente, Tierraviva señaló que las promesas de “desarrollo” impulsadas históricamente por sectores empresariales no se han traducido en mejoras para las comunidades indígenas y campesinas del Chaco, sino en mayores niveles de exclusión, pérdida territorial y degradación ambiental. Por ello, instó al Congreso Nacional a rechazar la propuesta y priorizar la protección de los derechos indígenas, la conservación ambiental y el resguardo de uno de los territorios más sensibles y estratégicos del país.

Durante los meses de abril y mayo se desarrollaron en la comunidad Espinillo dos diálogos de saberes sobre partería, con la participación de ocho parteras de las cuatro aldeas de la comunidad y la facilitación de la obstetra Victoria Peralta. La actividad formó parte de un proceso de intercambio y fortalecimiento de conocimientos vinculados a la salud materna y neonatal desde una perspectiva comunitaria e intercultural.

Los encuentros tuvieron como objetivos reconocer y valorar el servicio de las parteras tradicionales en la comunidad, así como promover la transmisión de conocimientos hacia una nueva generación de parteras comunitarias. Los diálogos estuvieron marcados por una activa participación y un enriquecedor intercambio entre las mujeres, consolidándose como espacio de aprendizaje colectivo y fortalecimiento comunitario.

“Aprendí muchas cosas. Yo soy partera aquí en la comunidad y este encuentro nos permitió compartir nuestras experiencias y los distintos casos en los que acompañamos partos. Fue un espacio muy importante de diálogo e intercambio de saberes: pudimos compartir lo que sabemos desde nuestra práctica y también recibir información para fortalecer nuestro trabajo. Además, recibimos materiales de apoyo que serán de mucha utilidad al momento de acompañar los partos, nuestro trabajo”, expresó Sonia Recalde de la Aldea Espinillo Centro.

Como parte del fortalecimiento y reconocimiento del trabajo de las parteras, las participantes realizaron ejercicios prácticos de las labores de acompañamiento a los partos que se dan dentro de la comunidad, mejorando las capacidades de las mismas. Estos diálogos son posibles gracias al apoyo de @ManosUnidas.

Ancianos y ancianas de comunidades indígenas del Chaco paraguayo enfrentan serias dificultades para acceder al programa de pensión para adultos mayores, en un contexto donde las políticas públicas siguen sin adecuarse a sus realidades territoriales y culturales. La organización Tierraviva, junto a la Coordinadora de Líderes del Bajo Chaco (CLIBCh), ha venido monitoreando esta situación, se documentaron al menos diez casos de personas que intentaron cobrar sus beneficios sin éxito, evidenciando fallas estructurales en la implementación del programa; actualmente se busca una mesa de trabajo con las instituciones para superar estas barreras.

Uno de los principales obstáculos es la distancia entre las comunidades y los puntos de cobro. En vastas zonas del Chaco, los cajeros automáticos se encuentran a kilómetros de distancia, lo que obliga a las personas adultas mayores a realizar largos y costosos desplazamientos, muchas veces sin garantías de poder concretar el cobro. Esta situación se agrava por la falta de transporte y las condiciones geográficas adversas, que terminan excluyendo en la práctica a quienes deberían ser prioritarios en la política social.

A ello se suma la aplicación de criterios administrativos que desconocen estas condiciones. Según los casos relevados, varios beneficiarios fueron bloqueados del sistema por “falta de movimiento bancario”, sin considerar que dicha inactividad responde precisamente a las dificultades de acceso. Esta medida, aplicada de forma automática, deja a las personas sin ingresos y sin canales claros de reclamo o restitución.

Incluso en los casos en que los beneficiarios logran reingresar al programa, se denuncia que no se les reconocen los pagos retroactivos correspondientes al período en que estuvieron bloqueados. Esto implica una pérdida económica significativa para personas en situación de alta vulnerabilidad, además de generar incertidumbre sobre el destino de esos fondos no percibidos.

Desde Tierraviva se advierte que estas situaciones reflejan la ausencia de un enfoque intercultural en el diseño e implementación de las políticas públicas. La organización ha realizado un seguimiento sostenido de estos casos en articulación con las comunidades afectadas, acompañando los reclamos y visibilizando las barreras que enfrentan.

Las comunidades indígenas exigen respuestas urgentes por parte del Estado paraguayo, así como la adecuación de los mecanismos de acceso a derechos sociales básicos. Garantizar el acceso efectivo a la pensión para adultos mayores no solo implica asegurar un ingreso económico, sino también reconocer la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas en condiciones de igualdad.

A pedido de las comunidades Yakye Axa y Xákmok Kásek, se realizó este miércoles una reunión con la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), donde se plantearon reclamos relacionados con puntos críticos de las sentencias que luego de 21 y 16 años respectivamente, siguen pendientes.

En ese sentido, los líderes de Yakye Axa y Xákmok Kásek, acompañados por sus representantes convencionales, expusieron la realidad de las comunidades.

En lo relacionado con Yakye Axa, garantizar el acceso a las tierras comunitarias mediante un “camino de todo tiempo” sigue siendo la principal deuda. Los líderes expusieron testimonios, videos y fotografías sobre la situación que deben atravesar para trasladarse desde la comunidad por el camino construido en el marco de la sentencia de la Corte IDH. El tramo se encuentra extremadamente deteriorado y, en la actualidad, largos pasajes del mismo están bajo agua. Los referentes comunitarios reclamaron que el Estado no ha cumplido con su obligación de construir un camino público que sea realmente de todo tiempo, lo que expone a la comunidad al aislamiento y a dificultades para el acceso a derechos fundamentales. Asimismo, se insistió en la necesidad de culminar con el proceso de mensura judial, que incluye la inscripción de su resultado, para el aseguramiento de las tierras pertenecientes a la comunidad.

Por su parte, la comunidad Xákmok Kásek presentó sus reclamos en diferentes aspectos, entre ellos la realización del acto de pedido de disculpas públicas por parte del Estado, que aún sigue pendiente.

De la audiencia participaron funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena, el Ministerio de Obras Públicas y la Vicepresidencia.

Como representantes convencionales de las comunidades estuvieron presentes Tierraviva, en representación de ambas comunidades, y CEJIL, representando a Yakye Axa.

La abogada Adriana Agüero, de la organización Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, participó como panelista en un espacio de formación e intercambio sobre reparaciones y restitución de tierras indígenas, realizado el pasado 30 de abril. El encuentro fue parte de un Curso Internacional sobre Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH y políticas públicas para su implementación organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur.

La actividad, titulada “Experiencias y desafíos en la implementación de medidas de restitución de tierras indígenas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, reunió a especialistas y actores institucionales de la región para reflexionar sobre los avances y obstáculos en el cumplimiento de sentencias internacionales en materia de derechos territoriales.

Durante su intervención, Agüero expuso la experiencia paraguaya desde la perspectiva del acompañamiento a comunidades indígenas del Chaco, poniendo énfasis en las dificultades estructurales que persisten en la implementación efectiva de las decisiones de la Corte IDH. En particular, abordó los retrasos en los procesos de restitución, la falta de voluntad política sostenida y las barreras administrativas que enfrentan las comunidades para recuperar sus territorios ancestrales.

Asimismo, subrayó la importancia de entender la restitución de tierras no solo como una obligación jurídica del Estado, sino como un componente esencial para la garantía de derechos colectivos, la supervivencia cultural y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

El panel también contó con la participación de Miembros de la sección de Supervisión de cumplimiento de Sentencia de la Corte IDH y la participación de Florencia Luñis Zavaleta, Directora de Tierras con Conflictos Comunitarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia de Salta, Argentina, generando un espacio de diálogo comparado que permitió visibilizar problemáticas comunes en la región, así como estrategias de incidencia y monitoreo del cumplimiento de sentencias.

La participación de Tierraviva en este tipo de espacios reafirma su compromiso con la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como con la construcción de agendas regionales que fortalezcan la exigibilidad de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos.