Dos jóvenes indígenas fueron enviados a prisión por haber intentado hurtar alimentos de dos locales comerciales ubicados en la ciudad de Luque, en ambos casos los alimentos fueron recuperados. Sin embargo, las agentes del Ministerio Público, Alicia Fernández Riquelme y Cecilia Inés Núñez Castillo, decidieron imputar a los jóvenes, además solicitaron la prisión de los mismos, solicitud que fue otorgada por la jueza Jennifer Insfrán.
La jueza Insfran tiempo atrás había otorgado una benevolente prisión domiciliaria a Ramón Gonzalez Daher, condenado por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, además de haber sido parte de un clan que manejó durante años el poder judicial. Sin embargo, en este caso actuó con una vara totalmente diferente, y decidió la prisión preventiva de los jóvenes indígenas señalando que existe un alto peligro de fuga ya que ambos no tienen arraigo e indicó que hay una alta expectativa de pena.
Tanto la actuación del Ministerio Público como de la Jueza se dan en contrariedad a lo que señala el artículo 172 del Código Penal paraguayo que establece que en casos donde el valor de lo hurtado sea ínfimo se prescindirá de la persecución penal pública; además es parte de un patrón de actuación del Sistema de Justicia que actúa con particular celeridad y arbitrariedad contra la población más vulnerable mientras es benevolente con sectores vinculados al poder económico y político.
La abogada Natalia Rodríguez, integrante del Área de Casos y Litigios de Tierraviva, analizó los hechos y señaló que se trata de un caso claro y de patente discriminación contra personas indígenas; una muestra más de la deleznable discriminación estructural contra los Pueblos Indígenas.
La abogada explica que al tratarse de hechos bagatelarios y no existir una denuncia por parte de los propietarios, el Ministerio Público podría prescindir de la persecución penal, además de indicar que la Dirección de Derechos Étnicos de la Fiscalía debió haber tomado intervención en el caso a fin de evitar que los dos jóvenes indígenas terminen en prisión.
“Vemos cómo las instituciones responsables de proteger a los Pueblos Indígenas fallan al no garantizar acceso a derechos básicos como la alimentación y a una vida digna” señala Rodríguez. Agrega que la situación en que viven los Pueblos Indígenas y en particular casos como este nos muestran la ausencia total de políticas públicas con presupuestos adecuados para garantizar los Derechos Humanos de las personas indígenas que deberían ser objeto de protección especial por parte del Estado.
Como un ejemplo de esta situación cabe mencionar que la falta de acceso a la tierra propia afecta a cerca del 30% de las comunidades indígenas lo que provoca el desarraigo y la migración en condiciones de extrema vulnerabilidad de las familias indígenas hacia centros urbanos, donde tampoco reciben la atención mínima para una vida digna y en muchos casos ni siquiera acceden a alimentos y servicios básicos.
Según los últimos datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura unas 182 personas indígenas se encuentran en prisión, la mayor parte de ellas se encontraría sin condena y en muchos casos los procesos judiciales no se llevan adelante con una mirada intercultural que permita la efectiva comprensión de la situación por parte de las personas indígenas.
Como uno de sus ejes estratégicos Tierraviva trabaja entorno a la no discriminación y acceso a la justicia para las personas indígenas, en ese marco monitorea, evalúa e interviene en las situaciones que afectan estos derechos, fundamentalmente en los territorios donde desempeña su labor.