Justicia para la Comunidad Indígena Naranhaty

La organización Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco lamenta los hechos de violencia que derivaron en el fallecimiento de cuatro personas en la Comunidad Indígena Emha Solyatektama-Naranhaty, del Pueblo Enxet, está asentada al margen derecho del río Paraguay, en la región occidental o Chaco, distrito de Villa Hayes y frente al puerto Yvapovô, distrito de San Pedro de Ykuamandyju, en el Departamento de Presidente Hayes. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familiares y con los miembros de la Comunidad.

Los datos recabados por parte de nuestro equipo de trabajo en contacto con la Comunidad indican que un grupo de civiles armados perpetró un ataque de características genocidas intentando acabar con la Comunidad y particularmente contra líderes y referentes de la misma. 

En reiteradas ocasiones la Comunidad había realizado denuncias ante la Policía y la Fiscalía respecto al ingreso irregular de personas extrañas a sus tierras, en ningún caso se tomaron medidas para evitar que se produzca este ataque. Estas denuncias siguieron días antes y la mañana del lunes 8 de enero, donde en horas de la tarde murieron 4 personas y resultaron heridos un niño de tres años y un adolescente.

Como organización conocemos el extenso proceso de lucha que ha llevado adelante la Comunidad Naranjaty para recuperar parte de su territorio ancestral, que derivó en que en el año 2004, luego de 25 años, lograran el reconocimiento y restitución por parte del Estado paraguayo

Sin embargo, nunca ha existido una protección real a dichas tierras, ni un adecuado acompañamiento a la Comunidad para que la misma pueda desarrollarse. Esta falta de apoyo y el abandono estructural a los Pueblos Indígenas son los motivos de fondo que han derivado en los hechos de violencia.

El atropello armado contra la comunidad debe ser investigado, aclarado y los responsables sancionados de forma pronta. 

Ante la amenaza latente de un nuevo ataque contra la comunidad, exigimos al Estado que tome medidas que eviten la repetición de situaciones similares y garantice la restitución efectiva y real del territorio a la Comunidad Indígena.

Finalmente, reiteramos el llamado al Estado a cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas como manda la Constitución, las leyes nacionales y los acuerdos internacionales ratificados por el Paraguay

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