Para el Presidente las comunidades indígenas pueden esperar pero para las comunidades esto significa más exclusión y pobreza

El pasado domingo el Diario ABC Color reveló que el gobierno de Santiago Peña pretendió utilizar cerca de dos millones de dólares donados por el Gobierno de Taiwan para la construcción de viviendas destinadas a familias indígenas en el marco del Proyecto Che Tapyi, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Este dinero pretendió ser utilizado para arreglar un avión al servicio de Peña para sus viajes al exterior.

Al igual que hiciera con los fondos del FONACIDE, y como busca hacer con los Fondos Jubilatorios, el gobierno intentó apoderarse de recursos donados a comunidades indígenas, mientras desfinancia abiertamente al Instituto Paraguayo del Indígena recortando su presupuesto, particularmente en el rubro de compra de tierras, dónde para este año sólo se previeron fondos equivalentes a la compra de 120 hectáreas de tierra, una extensión ínfima atendiendo a que alrededor del 30% de las Comunidades Indígenas no acceden a tierras propias.

Si bien dicho uso de fondos finalmente no se concretó, el gobierno reconoció que tuvo la intención de hacerlo; y este simple hecho revela una escandalosa falta de sensibilidad y responsabilidad por parte del gobierno para con los Pueblos Indígenas.

¿Cómo es posible que dichos fondos no hayan sido ejecutados?

Sólo en el Chaco son decenas las comunidades indígenas que reclaman la ejecución de proyectos de construcción de viviendas que quedaron inconclusos. Asimismo, el gravísimo problema del acceso al agua potable sigue redundando en malas condiciones de salud y en muertes evitables a las familias indígenas.

El gobierno de Santiago Peña no mira a las miles de familias indígenas que viven en condiciones extremadamente precarias; solo un tercio de la población indígena accede a una “casa” según el último censo del 2022. El gobierno tiene hoy la obligación de explicar porqué casi dos millones de dólares que deben invertirse en paliar esta grave realidad duermen en las cuentas estatales y después terminan destinados a fines que nada tienen que ver con su propósito original.

“Quiero decirle al presidente que nos lastima mucho con lo que hace, así como nos lastiman los legisladores que dan sueldos a sus familiares, pero para nosotros los indígenas nunca hay nada, nunca nos alcanza” sentencia Anuncio Gómez, indígena de la Comunidad Makxawaiya, del Pueblo Enxet, al enterarse de la situación.

“Esta es la práctica de siempre de los políticos, ellos priorizan sus intereses y sólo lo que sobra, un pequeño resto, dan a los sectores más necesitados” señala también Martín Rojas de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco.

¿Por qué utilizar fondos dedicados justamente a la población indígena, el sector más vulnerable del país, para pagar un servicio que no resulta urgente ni imprescindible como el arreglo de un avión? Si bien se pretendió presentar como una simple movida administrativa, la verdad es que la intención de utilizar los fondos que deben estar dedicados a las comunidades y familias indígenas muestra que la decisión política del gobierno es continuar con la discriminación estructural hacia los Pueblos Indígenas. El mensaje claro es que cualquier cosa es más importante para el gobierno: hay dinero para todo, menos para los pueblos indígenas.

Dar cabida a la voz de los líderes y familias indígenas; escuchar el clamor de los Pueblos es el primer paso para romper con la exclusión sistemática a la que son sometidos por el Estado paraguayo. Garantizar los fondos necesarios para la aplicación de políticas públicas destinadas a atender sus principales necesidades es urgente.

La vida y la dignidad de las personas indígenas son y serán siempre más importantes que cualquier avión o cualquier viaje que realice el presidente.

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