El Agente Fiscal de Delitos Económicos, René Fernández y los abogados de la querella adhesiva, Ireneo Tellez y Maximiliano Mendieta, presentaron acusación contra el ex presidente del INDI, Rubén Quesnel, por los hechos punibles de Lesión de Confianza y Apropiación, y requirieron que la causa sea elevada a juicio oral y público. Además se presentó acusación contra Marlene Mendoza, Ever Otazo y Rubén Viera, procesados en la causa.
Según la acusación, entre los meses de enero y febrero de 2013, los imputados sustrajeron de manera irregular y se apropiaron de la suma de 3.127.191.527.- Gs (Guaraníes tres mil ciento veintisiete millones ciento noventa y un mil quinientos veintisiete), que estaba depositado en dos cuentas en el Banco Nacional de Fomento. El hecho fue denunciado en setiembre de 2013 por el actual presidente del Indi, Jorge Servín, por no encontrar ningún comprobante del uso de dicho monto.
El monto de dinero debía ser utilizado para dar cumplimiento a dos sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, de los años 2005 y 2006, respectivamente. La Corte IDH había condenado al Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos de las comunidades y sus miembros, entre ellos a la vida y la propiedad colectiva sobre las tierras ancestrales.
Ireneo Tellez, abogado de la querella, manifestó: “la desaparición de esta importante suma de dinero es de por sí muy grave, pero se agrava aun más por el hecho de que se trata de la violación de un derecho patrimonial que se había originado como consecuencia de condenas de violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Las cuentas fueron creadas para dar cumplimiento a dos condenas de la Corte IDH contra el Estado. Además, el principal acusado era el presidente del Indi, y como tal debía tener un rol tutelar hacia los pueblos indígenas”.
Agregó, además, que: “El Estado se ve obligado a informar a la Corte IDH que no podrá satisfacer uno de los puntos resolutivos de las condenas debido a la corrupción. Vale recordar que el señor Quesnel, en otra causa, ya tiene fijado un juicio oral y público por vender 25.000 hectáreas de las tierras de los Ayoreo, cuando también era presidente del Indi”.
Sentencias de la Corte IDH contra el Paraguay
Las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, luego de ser despojadas de sus tierras ancestrales, viven al costado de la ruta que une las localidades de Pozo Colorado y Concepción, dpto. de Pdte. Hayes, desde hace más de 20 años.
Luego de más de una década de trámites administrativos y judiciales para la recuperación de sus tierras y ante la negativa del Estado de restituirles las tierras, entre los años 2000 y 2001 ambas comunidades acudieron ante el sistema interamericano de derechos humanos.
La Corte IDH condenó al Estado paraguayo por violar los derechos humanos de las comunidades, obligándolo, entre otros puntos, a restituir las tierras reivindicadas a las comunidades, que se encuentran en manos de ganaderos. Sin embargo, a nueve años de la sentencia de la Corte en el caso de la comunidad Yakye Axa, y a ocho años en el caso de Sawhoyamaxa, las sentencias aun no fueron cumplidas integralmente. El plazo máximo que había otorgado la Corte IDH al Estado paraguayo fue de tres años.
En enero de 2012 el Estado adquirió tierras para la comunidad Yakye Axa, donde viven unas 99 familias, pero por falta de una vía de acceso adecuado los indígenas no pueden trasladarse hasta las tierras que fueron adquiridas. El Ministerio de Obras Públicas inició trabajos de apertura del camino en agosto de 2012, en un trayecto no superior a 60 km, pero dado el escaso interés puesto por esta y otras instituciones de seguimiento, el trabajo no tuvo ningún avance.
Por su parte, los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa, poblada por unas 150 familias, reocuparon sus tierras ancestrales en la noche del 20 de marzo de 2013, luego de esperar siete años para el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Actualmente, se encuentra en estudio un proyecto de ley de expropiación a favor de la comunidad en la Cámara de Senadores.