Fondos robados del INDI debían ser utilizados en proyectos de desarrollo para los Enxet de Yakye Axa y Sawhoyamaxa
Mañana se realizará la audiencia preliminar en el caso que involucra Rubén Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), procesado por el robo de más de 3.000 millones de guaraníes, monto que debía ser utilizados en proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa. En este caso también están procesados Marlene Mendoza, ex administradora del INDI y Ever Otazó, ex funcionario de la misma institución.
La audiencia preliminar se realizará mañana a partir de las 8:30 hs. en el Juzgado Penal de Garantías Nº 3, de la ciudad de Asunción, a cargo del juez Oscar Delgado. Durante la misma se determinará si la causa se eleva a juicio oral y público como pretenden el Ministerio Público y la querella adhesiva, conforme a sus respectivas acusaciones.
Los ex funcionarios del INDI están acusados por la comisión de los hechos punibles de Lesión de Confianza y Apropiación, por el Agente Fiscal René Fernández y por los abogados que ejercen la querella adhesiva, por el desvío de más de 3.127.191.527 de guaraníes, que la institución indigenista estatal tenía depositado en el Banco Nacional de Fomento y que debía ser destinado para las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, como parte del cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Según el abogado Ireneo Téllez, de la institución Tierraviva, quien ejerce la querella en representación de las comunidades existen elementos para demostrar, en un juicio oral y público, la culpabilidad de los procesados. “Las evidencias con que disponen tanto la fiscalía como la querella demuestran de manera indudable, por un lado, el perjuicio patrimonial inmenso causado a las dos comunidades y al INDI y, por el otro, la participación de las personas acusadas, por lo que se requiere que la causa sea elevada a juicio oral y público”.
Las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa vienen reclamando la restitución territorial hace más de dos décadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó, en los años 2005 y 2006, al Estado paraguayo a la restitución de las tierras a favor de estas comunidades y, además, impuso como una reparación al daño inmaterial ocasionado a estas comunidades la creación e integración de un fondo que debe ser destinado a la implementación de proyectos de desarrollo en ambas comunidades.
Rubén Quesnel también está procesado en otro caso, ocurrido durante su presidencia en el INDI, por la venta ilegal a un particular de un inmueble de 25 mil hectáreas perteneciente a la comunidad indígena Cuyabia, del pueblo Ayoreo.