Por quinta vez se convocó para una nueva la audiencia preliminar del caso que involucra Rubén Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), procesado por el robo de más de 3.000 millones de guaraníes, monto que debía ser utilizados en proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa.
Este acto judicial se realizará mañana a partir de las 9:00 hs. en el Juzgado Penal de Garantías Nº 9, a cargo de la jueza María Griselda Caballero. Durante la misma se determinará si la causa se eleva a juicio oral y público como pretenden el Ministerio Público y la querella adhesiva, conforme a sus respectivas acusaciones.
Además de Quesnel en este caso están procesados Oscar Viera, presidente de la ONG Reforeas Par, Marlene Mendoza, ex administradora del INDI, y Ever Otazó, ex funcionario de la misma institución, acusados por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación, tras detectarse la desaparición de unos 3.127.191.527 de guaraníes. Este dinero debía ser utilizado para dar cumplimiento a dos sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, de los años 2005 y 2006, respectivamente.
La Corte IDH había condenado al Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos de las comunidades y sus miembros, entre ellos a la vida y la propiedad colectiva sobre las tierras ancestrales.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, entre los meses de enero y febrero de 2011, los imputados sustrajeron de manera irregular y se apropiaron de la mencionada suma de dinero que estaba depositado en dos cuentas en el Banco Nacional de Fomento. El hecho fue denunciado en setiembre de 2013 por el actual presidente del Indi, Jorge Servín.
Chicanas
Desde el año pasado el Ministerio Público, los miembros de las comunidades afectadas y los abogados de la ONG Tierraviva, que ejercen la querella adhesiva, fueron convocados en cuatro ocasiones para una audiencia preliminar que posteriormente fueron suspendidas.
Los abogados de los procesados evitaron la realización de las audiencias con argumentos sobre la falta de acceso a los expedientes hasta la presentación de certificados médicos sobre supuestas enfermedades de los acusados. Asimismo, el juez Oscar Delgado, quien inicialmente atendió este caso fue recusado por la defensa de una de las acusadas, acción que derivó en la separación del caso del juez Delgado y la posterior designación de la jueza Griselda Caballero.