Durante la Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores en la que obtuvo media sanción el Proyecto de Ley de Control a Organizaciones Sin Fines de Lucro, el titular de la Cámara, Senador Basilio Núñez, acusó a nuestra organización Tierraviva de “robar en nombre de los indígenas”.
Ante esto, cabe recordar que si de transparencia se trata nuestra institución está bajo permanente supervisión de los organismos del Estado, citando solo algunos: -la Dirección Nacional de Ingreso Tributarios a la que se presenta en forma mensual: ingresos-egresos, IVA, IRE General y en forma anual: los Estados Financieros (EEFF); además, estamos inscriptos en la Abogacía del Tesoro, regulados por la Seprelad; con informes trimestrales y anuales según las resoluciones vigentes. También contamos con informes de auditorías externas por cada proyecto ejecutado, basados en la NIA 800. Asimismo, se llevan a cabo periódica y regularmente informes de actividades – correlativos a los informes financieros – a las agencias
que nos apoyan y a los propios indígenas a través de sus organizaciones, respondiendo así a estándares de escrutinio, control y respuesta efectiva a las problemáticas que trabajamos y los derechos que promovemos, con solvencia, responsabilidad, solidaridad y compromiso.
Es por ello que contamos con el respaldo de agencias de cooperación reconocidas de diversas partes del mundo, y por, sobre todo, la confianza y mandato de las organizaciones y comunidades indígenas con quienes trabajamos y junto a quienes hemos logrado recuperar más de 160 mil hectáreas de territorios ancestrales y el reconocimiento de otros derechos.
No obstante, la reiteración calumniosa y falaz por voceros del sector oficialista y otros parlamentarios afines de este discurso, deja en claro que la intención de la legislación propuesta no es la transparencia, el buen uso de fondos, ni mucho menos la defensa de los intereses de los sectores vulnerables y discriminados estructuralmente, sino el ataque y la criminalización a quienes ejercemos la defensa y exigencia de respeto a los Derechos Humanos, a través de instrumentos legítimos y legales contemplados en nuestro marco jurídico.
Este tipo de prácticas, propias de proyectos autoritarios, lejos de amilanarnos refuerza nuestro compromiso de más de 30 años en defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. El contexto y los intereses económicos en el Chaco, que agravan la explotación del medio ambiente y que soslayan y usurpan derechos de la población indígena, convierte a
organizaciones como la nuestra en un actor molesto a los sectores de poder y privilegio. No es el tema indígena, y la falta de cumplimiento de sus derechos lo que les preocupa, lo que les ocupa es seguir expoliando y privatizando bienes públicos, como las tierras del Municipio de Villa Hayes o los fondos de la Gobernación – como sabe muy bien el Senador Nuñez y su familia – y desprestigiar a organizaciones como Tierraviva y otras similares, que – defendiendo el bien común – cuestionan y obstaculizan su perverso proyecto de monopolio del poder, enriquecimiento ilícito y despojo de las mínimas condiciones necesarias para alcanzar una sociedad más justa y democrática.
El intento de desalentar y criminalizar las acciones de la sociedad civil por parte de los sectores de poder ha quedado en evidencia, una vez más, con este proyecto de ley y con su campaña de mentiras y discursos de odio. Ante esto llamamos a la comunidad nacional e internacional a mantenerse alerta ante el avance del proyecto dictatorial en ciernes en nuestro país, y hacer uso de todos los medios legales y de movilización ciudadana para defender nuestra democracia y derechos conquistados y aún por conquistar.