El Estado paraguayo aún no ha cumplido aspectos esenciales de la sentencia del caso Yakye Axa vs. Paraguay, pese a haber transcurrido 20 años.
Persisten problemas graves vinculados a la titulación de tierras, el mantenimiento del camino de acceso y la provisión de servicios básicos, como salud, agua potable, alimentación y viviendas dignas.
CEJIL y Tierraviva solicitamos a la Corte que requiera medidas urgentes y plazos concretos para garantizar los derechos de la comunidad.
Asunción, Paraguay. 24 de septiembre de 2025 – Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco Paraguayo, junto con líderes de la comunidad Yakye Axa, participamos en una audiencia privada de supervisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del caso “Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay”. En este espacio señalamos que, pese a algunos avances, el Estado paraguayo sigue sin cumplir aspectos esenciales de la sentencia.
Han pasado veinte años desde el fallo de la Corte en el cual se condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de sus tierras, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Desde entonces, el Tribunal ha emitido ocho resoluciones y realizado dos visitas al territorio. En su más reciente resolución, emitida en julio de este año, la Corte reconoció los avances del Estado, pero destacó que aún existen múltiples aspectos por mejorar y compromisos estatales pendientes de cumplir, que afectan gravemente derechos fundamentales de la comunidad, en particular con respecto a la titulación de las tierras, el mantenimiento del camino de acceso y la provisión de servicios básicos como salud, agua, alimentación y vivienda digna.
En la audiencia, CEJIL y Tierraviva señalamos que no se han registrado avances sustantivos desde la última visita a terreno de la Corte, realizada en septiembre de 2024. Advertimos con gran preocupación que, tras quince años desde que los líderes y lideresas comunitarias aceptaron asentarse en las tierras alternativas, su titulación definitiva aún no se ha concretado. También destacamos que los trámites de mensura judicial acumulan casi 1.400 días de demora injustificada y persiste la superposición con terrenos vecinos, lo que expone a la comunidad a nuevos riesgos de despojo. A esto se suma la preocupación por intentos de invasión y la ausencia de medidas estatales para garantizar la seguridad jurídica del territorio.
Otro aspecto central es el camino de acceso que, a pesar de los avances del Estado en su construcción, no presenta las condiciones adecuadas para ser un camino de todo tiempo, lo que afecta la vida cotidiana, la seguridad y la comunicación de la comunidad. Además, no cuenta con un plan de mantenimiento o un reglamento de uso, a pesar de los compromisos asumidos por el propio Estado en 2024. En cuanto a las condiciones de vida, las viviendas entregadas presentan fallas estructurales nunca reparadas. El servicio eléctrico es deficiente y los cortes frecuentes ponen en riesgo los alimentos y electrodomésticos de las familias. El suministro de agua potable no ha sido garantizado de manera regular y no se ha dado mantenimiento a los tajamares ni se han habilitado nuevos, lo cual afecta a la comunidad especialmente en época de sequía. Además, el consultorio ambulatorio construido por el Estado carece de las condiciones básicas para atender a las necesidades de salud de la comunidad, por lo cual resulta indispensable garantizar un establecimiento de salud que cuente con el espacio, el equipamiento y el personal necesarios para brindar una atención médica integral a la comunidad. Por otro lado, no se cuenta con la infraestructura y servicios adecuados para garantizar el acceso efectivo a educación de las niñas, niños y adolescentes
Ante este panorama, CEJIL y Tierraviva solicitamos a la Corte que requiera al Estado paraguayo medidas urgentes para concluir la titulación de las tierras, garantizar el camino “de todo tiempo”, realizar las refacciones necesarias en las viviendas, asegurar un suministro adecuado de agua potable, mejorar la provisión de salud y educación, y mantener la entrega de alimentos en condiciones suficientes y de calidad. Asimismo, se solicitó que se establezcan plazos claros y un cronograma concreto de trabajo para cumplir con cada obligación pendiente.
A dos décadas de la sentencia, la comunidad Yakye Axa continúa enfrentando vulneraciones graves a sus derechos. Por ello, solicitamos a la Corte mantener una supervisión cercana y constante del caso, a fin de asegurar que el Estado cumpla integralmente con sus obligaciones.
Firman:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo