Juan Duarte, indígena de la comunidad Payseyamexempa’a, fue excluido de la nómina de beneficiarios de la pensión de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Según responsables de la institución, la exclusión se habría producido porque no registró movimientos durante más de 60 días. Sin embargo, Duarte asegura que sí retiró parte de su pensión en diciembre pasado.
Este caso no es aislado y refleja una problemática que afecta a integrantes de comunidades indígenas, especialmente en el Chaco paraguayo. En esa región las posibilidades de acceder a cajeros automáticos son muy limitadas, y muchas veces tampoco existe atención cercana del Banco Nacional de Fomento (BNF), entidad a través de la cual se realizan los pagos, ni del propio MDS, responsable del programa de pensión de adultos mayores.
Al escaso monto de la pensión se suma la dificultad para cobrarla. En numerosos casos, los cajeros automáticos se encuentran a más de 100 kilómetros de las comunidades donde viven las personas beneficiarias. A esto se agregan las precarias condiciones de los caminos, que con frecuencia se vuelven intransitables, lo que dificulta aún más el acceso al cobro.
Las barreras no son únicamente geográficas. También persisten trabas burocráticas como la denunciada por Juan Duarte, que terminan afectando directamente a personas adultas mayores indígenas. Como resultado, muchos son excluidos del programa sin explicaciones claras y se ven obligados a iniciar nuevamente largos trámites administrativos.
Tierraviva, viene acompañando a las comunidades indígenas respecto a esta situación, señalando que queda en evidencia la falta de adecuación del programa a la realidad de las comunidades del Chaco, donde las condiciones de acceso a servicios financieros y a instituciones del Estado son muy diferentes a las de las zonas urbanas.
Ante este escenario, las comunidades reclaman que el Estado garantice mecanismos de pago y control que contemplen las particularidades territoriales y culturales de los pueblos indígenas, de modo a evitar exclusiones injustas y asegurar que las personas adultas mayores puedan ejercer plenamente su derecho a una pensión.