Al cumplirse un año del cierre de las oficinas del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), desde Tierraviva expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que esta situación continúa generando sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Cientos de trámites impulsados por las comunidades se han visto enlentecidos, afectando el acceso a derechos y la atención a líderes y lideresas que siguen recurriendo a la institución en busca de respuestas a demandas vinculadas con la tierra, la salud y la educación.
Si bien el INDI funciona actualmente en un espacio provisorio, este no reúne las condiciones adecuadas para atender a las comunidades. Además, el Gobierno nacional no ha cumplido los compromisos asumidos con las organizaciones indígenas para la reapertura de un local propio, pese a las movilizaciones realizadas hace un año por representantes de distintos Pueblos Indígenas del país.
Esta situación refleja la nula voluntad política para generar una política pública orientada al bienestar de las comunidades y pone de manifiesto una discriminación estructural que se traduce en la falta de presupuesto y en un progresivo desmantelamiento de las instituciones y programas destinados a garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, totalmente incompatible con los Derechos Humanos.