Desde Tierraviva repudiamos enérgicamente las declaraciones vertidas el viernes pasado por el abogado Adolfo Ferreiro en el Parlamento Nacional, en el marco de su defensa al expresidente de la República. Sus afirmaciones no solo constituyen un despropósito jurídico y político, sino que evidencian un profundo desconocimiento sobre el objeto, las funciones y los procedimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como un desprecio hacia las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, en los que el Estado paraguayo fue declarado internacionalmente responsable por violar los derechos territoriales, a la vida digna y a la integridad personal de comunidades indígenas del Chaco. Ferreiro, al intentar deslegitimar un sistema que nuestro propio país reconoció soberanamente en 1993, no solo defiende lo indefendible, sino que ataca uno de los principales recursos que han tenido los Pueblos Indígenas frente a décadas de abandono estatal.
Es necesario recordar al abogado Ferreiro que las sentencias de la Corte IDH no son «opiniones» ni «activismo judicial»: son obligaciones jurídicas vinculantes que el Paraguay se comprometió a cumplir. En los tres casos mencionados, la Corte determinó que el Estado violó los derechos a la propiedad comunitaria, a la vida y a la integridad personal, y ordenó medidas de reparación que incluyen la restitución de las tierras ancestrales y la creación de un mecanismo eficaz de reclamación territorial.
A más de dos décadas del primer fallo, el Estado paraguayo sigue incumpliendo su obligación de adoptar medidas legislativas y administrativas para restituir efectivamente estos territorios, tal como lo ha constatado la propia Corte en sus resoluciones de supervisión. Ignorar esta realidad no es solo un acto de cinismo, sino una afrenta directa a las víctimas, muchas de las cuales murieron esperando justicia.
Este desprecio institucional hacia los derechos indígenas se vuelve aún más obsceno cuando se contrasta con la gestión del gobierno de Santiago Peña. Durante estos tres años, funcionarios del Ejecutivo han manifestado reiteradamente a las comunidades indígenas que «no hay recursos» para resolver problemas históricos. El caso de la comunidad Tooshe Qáltaq es paradigmático: más de treinta años de trámites, familias viviendo a la vera de la Ruta 12 sin condiciones mínimas y un Estado que alega falta de presupuesto para adquirir un terreno de 240 hectáreas cuyo precio ya fue acordado con el propietario. Mientras tanto, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) ve reducido su presupuesto para la compra de tierras a cifras irrisorias, y el discurso de austeridad solo se aplica a los sectores más vulnerables.
La hipocresía alcanza niveles intolerables cuando se recuerda que, en paralelo a esta supuesta carencia de fondos, el Estado paraguayo permitió el desfalco monumental vinculado a la crisis de Ueno Bank. Millones de dólares de fondos públicos, incluyendo recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de entidades estatales quedaron comprometidos, en una situación que afecta a miles de jubilados y ahorristas.
La diferencia de trato, marcada por la discriminación, está a la vista: para rescatar a los responsables y contener el escándalo financiero, el Estado encontró recursos y voluntad política; pero para comprar un pedazo de tierra a una comunidad indígena que lleva décadas esperando, simplemente «no hay plata».
Las sentencias de la Corte IDH no son negociables ni pueden ser relativizadas por abogados que buscan impunidad para sus clientes. La deuda histórica con Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Xákmok Kásek y Tooshe Qáltaq es una deuda con la dignidad misma de los Pueblos Indígenas, y ninguna argucia retórica podrá borrar la responsabilidad internacional que el Paraguay ha contraído y sigue sin honrar.
Por ello, exigimos que cese la discriminación y que el Estado paraguayo cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales garantizando los derechos de los Pueblos Indígenas