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Un grupo de empleados de las firmas Roswell Company S.A. y Kansol S.A., propiedad del ganadero Heribert Roedel atacaron con armas de fuego a indígenas de la comunidad Sawhoyamaxa.

El hecho ocurrió cerca del medio día de hoy  luego que el líder de Sawhoyamaxa Carlos Marecos, quien estaba acompañado por los miembros de su comunidad, solicitara a los empleados de la citada firma que abandonen el predio del retiro denominado “Michi”, que forman parte de las 14.404 hectáreas expropiadas por el Estado paraguayo.

Según relatos de los afectados, unos seis hombres fuertemente armados y que serían empleados de la estancia Loma Porâ, propiedad de Roedel, llegaron hasta la comunidad indígena acompañados por dos efectivos policiales de la zona.

Apenas ingresaron al sitio el administrador del establecimiento ganadero, identificado como Luis Britez, extrajo una pistola calibre 9mm, apuntó e intentó disparar contra el líder de la comunidad. Esto ocurrió frente a los efectivos policiales, encabezados por un comisario de apellido Ojeda.

“Todo lo ocurrido fue filmado, los ganaderos vinieron acompañados por agentes policiales quienes vieron lo sucedido y no hicieron nada.  En este momento el administrador de la estancia y sus hombres siguen en la comunidad por eso estamos solicitando la inmediata presencia del fiscalía de Pozo Colorado de manera a que intervenga y se evite una desgracia” explicó Ireneo Tellez, abogado de la comunidad quien acompañaba a los indígenas en el momento en que fueron atacados.

El pasado 2 de mayo, el líder indígena Rosalino Moreira y su esposa intentaron, en vano, salir a buscar ayuda médica con su hijo de 7 meses enfermo y en brazos, desde de una región en el bajo chaco sin caminos, sin telefonía celular, ni otros medios de comunicación. Como ya sucediera a otros miembros de su comunidad, esta familia indígena, también tuvo que resignar la muerte de su pequeño hijo, luego de la infructuosa travesía de más de 15 km por un sendero anegado en agua. El hecho ocurrió al momento de llegar a la Estancia Aurora, una de las tantas que se interponen entre los asentamientos indígenas conocidos como Colonia 96, Colonia 96 – 1 y Buena Vista, y la ruta que une las localidades de Pozo Colorado y Concepción en el Departamento de Presidente Hayes.

Estas comunidades, luego de las últimas lluvias y la consecuente crecida de los riachos y demás cursos de agua, están nuevamente aisladas, siendo únicamente posible la entrada y salida practicables por vía aérea. La situación de aislamiento de estas comunidades, que se repite cíclicamente con cada inundación, pese a ser conocida por la Gobernación de Pdte. Hayes, la SEN y el INDI, no ha merecido, empero, un tratamiento acorde a la gravedad del caso, que infortunadamente ha provocado la muerte de otro niño, de una larga lista de otras víctimas que han terminado sus vidas por la omisión criminal que persiste en el Estado a lo largo de los últimos años, al impedir a estas comunidades cuenten con caminos de todo tiempo que les permita recibir asistencia, o salir a buscarla cuando así la requieren.

Las comunidades indígenas, no solo las de Presidente Hayes, sino las de todo el país, están por completo excluidas de los planes de inversión pública en materia de infraestructura vial. El MOPC no cuenta con ningún programa específico, destinado a interconectar a las comunidades indígenas con las principales rutas, dejándolas, por tanto, a expensas de propietarios privados que restringen la libre circulación con total impunidad, impidiéndoles, por lo general, el paso por los caminos que ellos construyen en sus estancias.

La situación de aislamiento por falta de caminos, o por falta de garantías para circular por carreteras privadas, agravada por la inundaciones en el chaco, ha tenido a lo largo de estos años un costo terrible en vidas humanas que parece no conmover a nadie. Desde Tierraviva hemos denunciado en numerosas ocasiones estos hechos, incluso, promoviendo acciones de amparo para lograr garantías de asistencia mínima a la gente afectada.

De nada sirve tener ambulancias, hospitales y médicos si no hay cómo llegar hasta las víctimas de una situación tan injusta como la que estamos señalando.

¿Cuántas personas más tendrán que morir por la abdicación del Estado ante los grandes propietarios que impiden el paso de personas por sus inmensos latifundios? ¿Cuántas personas más serán privadas de atención médica y otros derechos y servicios básicos por la falta de diligencia y el desinterés del Estado en dotar de caminos públicos y de todo tiempo a las Comunidades Indígenas?

Ante esta situación, conscientes de la notoria falta de liderazgo del INDI en el ámbito gubernamental, a lo que se suma la nula sensibilidad social de un gobierno que ignora sus obligaciones en materia de derechos humanos y reduce la gestión pública al gerenciamiento de oportunidades de negocios para el mundo empresarial, solo nos resta apelar a la denuncia pública, de tal modo a sumar voces que sean capaces de exigir acciones concretas de protección y cuidado de las comunidades indígenas que hoy, más que en ningún otro periodo de gobierno, parecen estar completamente librados a su suerte.

Asunción, junio 5 de 2015

Presentación del libro:

Fecha: Jueves 16 de abril de 2015  

Hora:   19:00

 Lugar: Aula Magna de la Universidad Católica

             (Independencia Nacional y Comuneros – Asunción,Py)

Este libro, del antropólogo Rodrigo Villagra Carron, contiene una colección de artículos sobre el aspecto cultural, histórico o etnográfico concreto del pueblo angaité del Chaco.

Con la ayuda de Agapito Navarro, chamán, líder de la aldea Karova Guazú y  coautor del libro, Villagra Carrón busca reflejar en este material la etnogénesis, a través de los rituales y la narrativa, de la vida de los indígenas angaité que pueblan una vasta zona del Chaco central paraguayo.

La publicación de este material académico, fruto de una reflexión constante dentro del  trabajo desarrollado por más de 20 años por la organización no gubernamental Tierraviva, se concretó gracias al apoyo de la organización internacional IEPALA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Rodrigo Villagra Carron es abogado, egresado de la UNA y doctor en antropología social por la Universidad de Saint Andrews, Escocia. Es fundador y actual presidente de la ONG Tierraviva, la cual brinda apoyo jurídico a los pueblos indígenas del Chaco.

Agapito Navarro es líder y chamán angaité de la aldea Karova Guazú, comunidad La Patria del Departamento de Presidente Hayes, Chaco.

La Presentación estará a cargo de:                                 

* Julia Cabello – Tierraviva

* José Zanardini – Ceaduc

* Agapito Navarro – Líder angaité

* Rodrigo Villagra – Autor del libro  

Más informes: CEADUC (021) 441-044  int. 252  – Tierraviva (021) 202-039

Hoy se inició el juicio oral y público en el  caso que involucra a Rubén Darío Quesnel por la venta  ilegal de unas 25 mil hectáreas pertenecientes a la comunidad Cuyabia, del pueblo ayoreo, hecho ocurrido en el año 2012. En este caso están procesados además de Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI),  Julia Beatriz Vargas Meza, quien adquirió la propiedad indígena, y la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro, responsables de los trámites de transferencia de las tierras del pueblo Ayoreo.

El tribunal que juzga este caso está integrado por Blanca Gorostiaga, presidenta, y por los magistrados titulares, Gloria Hermosa y Carlos Hermosilla. El juicio oral, que se inició a tempranas horas de la mañana de ayer, se desarrolla en la sala de juicios orales n° 2 del Palacio de Justicia,

Al iniciarse el juicio el fiscal José Dos Santos, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, así como el abogado Maximiliano Mendieta, en representación a la comunidad indígena Cuyabia, querellante adhesiva en este caso, solicitaron el juzgamiento de los procesados y una condena conforme a lo que establece la Ley.

A penas se inició el juicio, los abogados de los procesados presentaron varios incidentes de nulidad, entre los que se destacó el pedido de sobreseimiento definitivo de la procesada Julia Beatriz Vargas Meza, quien luego de adquirir el inmueble, y ante las denuncias realizadas por la comunidad Cuyabia y de los indígenas del pueblo ayoreos, resolvió devolver el mismo al INDI.

Por su parte el defensor de Rubén Quesnel, solicitó la anulación de la personería jurídica de la comunidad Cuyabia, y que por lo tanto no sea reconocida por el tribunal como querellante adhesiva. Según el abogado Hugo López, la mencionada comunidad no fue víctima de ningún hecho punible, atendiendo a que el inmueble en cuestión fue adquirida para otra comunidad indígena del pueblo Guaraní Ñandeva y no para Cuyabia.

Finalmente, el defensor de la escribana Esteche Bareiro, solicitó igualmente el sobreseimiento de su clienta, aduciendo que al ser devuelta la propiedad no se produjo ningún daño patrimonial al INDI, por lo que el proceder de su defendida no se suscribe dentro de los hechos de lesión de confianza, tal como pretende la fiscalía en su acusación.

Tras analizar los incidentes el tribunal resolvió rechazar los pedidos de los abogados de Quesnel y de Esteche Bareiro, quienes serán juzgados por los delitos de lesión de confianza y aceptar el sobreseimiento definitivo de Julia Beatriz Vargas Meza.

El juicio oral proseguirá mañana a las 7:30 horas, ocasión en que comenzarán a presentarse todas las pruebas del caso.

Antecedentes del caso

En noviembre de 2012 Rubén Darío Quesnel, entonces presidente del INDI, autorizó la venta de las 25.000 hectáreas de tierras donde está asentada, desde el año 2010, la comunidad Cuyabia y que es parte del territorio ancestral del pueblo ayoreo, ubicado en la región Occidental, Departamento de Boquerón, Municipio de Mariscal José Félix Estigarribia, Colonia Tte. Picco. Este territorio fue reconocido en el año 2008 por el grupo local Ayoreo Totobiegosode y cedido por los indígenas Guaraní Ñandéva de la comunidad San Lázaro.

Quesnel,  actuando fuera de la ley, vendió la propiedad a Julia Beatriz Vargas Meza por la suma de G. 1.235.000.000, que es el mismo monto pagado, en el año 1996,  por el INDI por esta tierras adquirida inicialmente para la comunidad indígena San Lázaro, del Pueblo Guaraní Ñandeva.

Líderes indígenas se reunieron con el  vicepresidente Afara

El Estado paraguayo adquirirá las tierras que reivindica  Xákmok Kásek y cumplirá la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTE IDH), así lo aseguró el vicepresidente de la República, Juan Afara, durante una entrevista con los líderes de la mencionada comunidad del pueblo Sanapaná.

“Afara aseguró que nuestro caso será solucionado, aunque dijo que la conclusión de este proceso tiene su tiempo debido a los trámites administrativos que aún faltan resolverse” mencionó Serafín López, uno de los líderes de Xákmok Kásek, que participó de este encuentro desarrollado en la vicepresidencia de la República en la mañana de hoy.

Del encuentro, que se extendió por más de una hora, participaron también los líderes comunitarios Amancio Ruiz, Clemente Dermott y Gerardo Larrosa; Celso Benítez y Benito Fleitas, representantes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), así como el abogado Oscar Ayala Amarilla, representante convencional de la comunidad Xákmok Kásek y miembro de la ONG Tierraviva. En representación del Estado, además del vicepresidente Afara, estuvieron presentes Jorge Servín, presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), y la ministra de Justicia Sheila Abed.

Afara aseguró a los representantes indígenas que faltan algunos trámites administrativos para concretar la compra de las tierras reivindicadas y que el objetivo del gobierno, en estos casos, es demostrar una claridad en las gestiones burocráticas realizadas. Asimismo, el vicepresidente aseguró que el presidente Horacio Cartes  ordenó que no solo se entregue  tierras a los indígenas, sino que además se tenga un plan de desarrollo para mejorar las condiciones de vida en las comunidades.

En este aspecto los líderes de Xákmok Kásek mencionaron que desde hace varios meses la comunidad está trabajando en la elaboración de un plan de vida, contemplando temas como salud, educación y desarrollo comunitario. “Nosotros ya tenemos elaborado un plan como indígenas y como comunidad ya estamos moviéndonos para plantearle al Estado el cómo queremos vivir y desarrollarnos” indicó López.

Persisten las dudas

Los representantes de la comunidad Xákmok Kásek reconocieron que el vicepresidente de la República está buscando una solución para este caso, pero  aseguraron que siguen teniendo algunas dudas con respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por los representantes del Estado.

“Seguimos con cierta desconfianza porque no es la primera vez que escuchamos buenas palabras, existe compromiso de ellos pero es solo eso, no vemos soluciones. No logramos entender por qué ahora recién se están moviendo para solucionar el tema de tierras para nuestra comunidad; las autoridades paraguayas se movilizaron después que la misma comunidad comenzó a reclamar su derecho. Si realmente tenían la voluntad política para cumplir con Xákmok Kásek tenían que haber respetado el plazo establecido por la Corte IDH y no esperar tanto tiempo. Ellos reaccionan después de una acción en que reocupamos nuestra  tierra” aseguró Serafín López.

Líderes de la comunidad indígena sanapaná de Xákmok Kásek y sus abogados convencionales se reunirán mañana (miércoles 11 de marzo) con el vicepresidente de la República, Juan Afara, para tratar el tema de la compra de las tierras reivindicadas por la comunidad.

La reunión se realizará en el local de la vicepresidencia, O´Leary y Presidente Franco, a partir de las 9 de mañana, ocasión en que los líderes Clemente Dermott, Serafín López, Amancio Ruiz y Gerardo Larrosa solicitarán, una vez más, al vicepresidente Afara la adquisición de una parte de las 10.700 hectáreas de tierra que la comunidad reivindica y que el Estado, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está obligado a devolver a Xákmok Kásek.

La semana pasada los líderes sanapaná y miembros de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), realizaron una manifestación en el centro de la capital para reclamar  la devolución de las tierras ancestrales solicitadas por Xákmok Kásek.  Más de 150 líderes comunitarios, de unas 70 comunidades indígenas chaqueñas participaron de la movilización.

Asimismo, los representantes comunitarios señalaron que de no tener una respuesta concreta del vicepresidente Afara sobre la adquisición de las tierras reivindicadas llevarán a cabo otras movilizaciones en el Chaco. “Vamos a movilizarnos hasta que el Estado nos escuche y nos devuelva nuestra tierra” explicó Gerardo Larrosa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó en el año 2010 condenó al Estado Paraguayo por la violación de los derechos de los miembros de la comunidad Xákmok Kásek. Según la sentencia, el Paraguay  debe devolver a los indígenas 10.700 hectáreas, parte de su tierra ancestral, ubicadas en el distrito de Puerto Pinazco, Departamento de Presidente Hayes, Chaco. En la actualidad una parte de las tierras indígenas están tituladas a nombre de una empresa ganadera Eaton y Compañía S.A., que ofreció vender al Estado 7.700 hás., que forman parte de la Estancia Salazar. Las restantes 3.000 hás. están tituladas a nombre de la Cooperativa Menonita Chortitzer Komitee, a la que fue vendida en el año 2002.

Nueva audiencia preliminar en el caso Quesnel

“Queremos el dinero robado del INDI sea devuelto y que sea utilizado, de inmediato, para financiar los proyectos de desarrollo a implementarse en Sawhoyamaxa y en Yakye Axa. Ya no tenemos confianza en esta justicia paraguaya, pues esta es la sexta vez que estamos viniendo para una audiencia preliminar y no pasa nada. En las cinco anteriores ocasiones vinimos para nada, todas las veces los abogados de los procesados lograron frenar las audiencias, por eso ahora exigimos que esa plata robada sea devuelta y sea utilizada en provecho de nuestras comunidades” explicó Carlos Marecos, líder de la comunidad Sawhoyamaxa.

Marecos, así como Albino Gómez, líder de la comunidad indígena de Yakye Axa, estarán presentes en esta audiencia preliminar, el sexto intento desde que se inició el proceso, del caso que involucra a Rubén Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), procesado por el robo de más de 3.000 millones de guaraníes, monto que debía ser utilizados en proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa. En este caso también están procesados  Marlene Mendoza, ex administradora  y Ever Otazó, ex funcionario de la citada institución indigenista y Oscar Viera, presidente de la ONG Reforeas Par. ,

Este acto judicial se realizará mañana (miércoles 11 de marzo) a partir de las 10:00 hs. en el Juzgado Penal de Garantías Nº 9, a cargo de la jueza María Griselda Caballero. Durante la misma se determinará si la causa se eleva a juicio oral y público como pretenden el Ministerio Público y la querella adhesiva, conforme a sus respectivas acusaciones.

La acusación presentada por la Fiscalía, entre los meses de enero y febrero de 2011, los imputados sustrajeron de manera irregular y se apropiaron de unos 3.127.191.527 de guaraníes que estabas depositados en dos cuentas en el Banco Nacional de Fomento. Este dinero debía ser utilizado para dar cumplimiento a dos sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, de los años 2005 y 2006, respectivamente.

 El chaco se hizo sentir esta mañana cuando líderes indígenas se manifestaron en las inmediaciones de la vicepresidencia solicitando la compra de las tierras de la comunidad Xákmok Kásek del pueblo Sanapaná.

“Venimos a manifestarnos pacíficamente, no tenemos garrote, no tenemos cuchillo, nuestro poder es nuestra cultura” decía Benigno Rojas esta mañana ante la tensa situación que imponía la presencia de la policía, el ejército y los cascos azules. Ciertamente, los pueblos indígenas ejercen la resistencia desde posiciones pacíficas  por lo que percibieron ese despliegue como innecesario pero también como una falta de respeto, sobre todo, porque están pidiendo algo que por derecho es suyo, sus tierras ancestrales. En este sentido, varios hablaron sobre la falta de presupuesto constante del Estado para inversión en salud, educación y compra de tierras.

Discriminados, así dijeron que se sienten al ser atendidos y escuchados siempre últimos, no destinarse presupuesto suficiente para los pueblos indígenas y queriendo explotar sus territorios para luego expulsarlos, como en el caso de Cerro León y la modificación de la 904.

A penas llegaron cerca del edificio de la vicepresidencia, fueron interceptados por un enviado quien les anunció que el vicepresidente no les iba a atender pero que otra persona de su confianza lo haría. Entraron al edificio y esperaron. Pasado un tiempo, Gerardo Larroza, representante de la comunidad, se levantó y explicó amablemente a la secretaria que desde que nació está esperando a que el Estado les devuelva sus tierras, que aguardaría en la calle junto a sus compañeros sanapaná, enxet sur, angaité, qom y nivacle.

Recién al mediodía, dos abogados de la vicepresidencia se acercaron a los manifestantes para repetir lo que la comunidad hace tiempo viene escuchando, más cuestiones burocráticas y pocas acciones concretas. Por eso, Gerardo Larroza, les señaló a los abogados de la vicepresidencia que el Estado tiene en sus manos una oportunidad única, el propietario del título de las tierras reclamadas quiere venderlas. Sólo falta comprarlas y el único impedimento es el propio Estado. Gerardo Larroza reiteró la posición de los líderes y de la comunidad: si no resuelven definitivamente el tema, las comunidades ocuparían las rutas y se tomarían otras medidas más de fuerza.

La comunidad Xákmok Kásek y los líderes chaqueños de diferentes pueblos indígenas del bajo chaco fijaron como plazo para que se les restituya sus tierras, fines de marzo. En caso de no haber una solución definitiva, la compra de las tierras, dijeron que comenzaran a realizar una serie de cortes de ruta de manera indefinida en diferentes puntos del Chaco.