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El próximo 3 de Diciembre en el juzgado penal de garantías nº9 de Asunción, a cargo de María Griselda Caballero, se llevará a cabo la audiencia preliminar dela causa en la cualestán acusados por lesión de confianza y apropiación el ex titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Ruben Quesnel, junto a otros ex funcionarios de la institución, Marlene Mendoza y Ever Otazo, y a Oscar Viera de la fundación Reforest Par.

La audiencia preliminar ya fue suspendida cuatro veces por los acusados que bajo diferentes argumentos han insistido en posponer el acto que permitiría la elevación a juicio oral y público a fin dedeterminar, la responsabilidad de los mismos por la sustracción de Gs. 3.127.191.527 pertenecientes a dos comunidades indígenas, Sawhoyamaxa y Yakye Axa. En este sentido, tanto el fiscal que investiga la causa, René Fernández, como los abogados de Tierraviva, que ejercen la querella adhesiva, sostienen que la investigación en contra de los acusados no deja lugar a dudas para la elevación de la causa a juicio oral y público.

Los acusados fueron puestos en prisión con bastante celeridad. Quesnel, además, ya contaba con otra denuncia por la venta ilegal de tierras de indígenas ayoreo de la comunidad Cuyabia causa por la que deberá compadecer en un juicio oral y público el año que viene. Actualmente, todos los acusados cuentan con medidas sustitutivas a la prisión pero, de llevarse a cabo finalmente el juicio, la justicia podría condenarlos a cumplir una pena no menor a 10 años según estipula la Ley para estos delitos.

La gravedad de los hechos por los que están acusados, no sólo reside en la corrupción de una institución pública sino además en la frustración de los derechos humanosde las comunidades indígenas donde el Estado ha violado su rol tutelar y su obligación de dar cumplimiento a las sentencias vinculantes de la Corte IDH empeorando aún más la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban niños, niñas, adultos, ancianas y ancianos de las comunidades enxet de Sawhoyamaxa y Yakye Axa.

Antecedentes del Caso

El año pasado fueron denunciados y luego acusados cuando se comprueba que habían sido vaciadas dos cuentas en el Banco Nacional de Fomento (BNF) creadas para asegurar una parte de los fondos para el proyecto de desarrollo comunitario de estas dos comunidades indígenas Enxet Sur con sentencia de la Corte IDH. El  dinero de las cuentas que se encontraban a cargo del INDI, e independientes del presupuesto anual de la institución, fueron vaciadas por los acusados bajo las cámaras de seguridad del BNF. Más tarde argumentarían que Reforest Par, ONG a cargo de Viera, habría ejecutado ese dinero en proyectos de desarrollo en ambas comunidades indígenas cuando aún se encontraban viviendo al costado de la ruta. Esos fondos se habían resguardado por fuera del presupuesto anual del INDI para que las dos comunidades del pueblo Enxet Sur, Sawhoyamaxa y Yakye Axa, pudieran ejecutarlo en un proyecto de vida que contempla la educación, lo habitacional, la producción de alimentos y la salud  acorde a sus pautas culturales y pensados por estas mismas. Es importante remarcar que ambas comunidades tienen sentencia de la Corte IDH porque el Estado violó sus derechos y que durante más de dos décadas, hasta que les fueron restituidas las tierras, estuvieron al costado de la ruta en precarias condiciones de vida; ahora, vuelven a ser víctimas por hechos de corrupción pública que vulneran nuevamente sus derechos.

Sawhoyamaxa, este año logró la expropiación de las tierras que reclamaba luego de reocupar una parte de las mismas. Las tierras anteriormente ocupadas por una empresa ganadera no están acondicionadas para el proyecto de vida y futuro que la comunidad plantea y muchos de sus miembros aún viven en precarias viviendas, teniendo que valerse de ayuda privada y externa para poder generar alimentos de autoconsumo familiar.

Yakye Axa, que tuvo una suerte diferente, no logró la expropiación en el congreso por lo que le fueron restituidas otras tierras diferentes a las reclamadas en principio. Sin embargo, aún con tierras hace varios años, siguen viviendo al costado de la ruta en las mismas precarias condiciones en las que estaban hace décadas porque el Estado en más de dos años, no ha podido abrir y construir 60 kilómetros de camino para que la comunidad pueda mudarse en esas tierras. A Yakye Axa le fueron negadas sus tierras reclamadas, donde tienen una historia e identidad que les hace pertenecer a una comunidad de origen, a una lucha en común, luego les fueron ofrecidas otras tierras que aceptaron pero por la falta de gestión fueron vendidas antes de que el Estado se decidiera a pagar. Finalmente, cuando aceptaron las actuales tierras inaccesibles, la comunidad puso una sola condición para aceptar algo diferente y ya negado por el Estado, el congreso particularmente, un camino que hasta la fecha no existe.

Se espera que esta vez la audiencia se lleve a cabo para que se pueda juzgar a los acusados por estos hechos de corrupción que afectan a toda la sociedad y que han vulnerado nuevamente los derechos de estas dos comunidades indígenas del Pueblo Enxet Sur.

En abierta violación a lo que establecen las leyes

 

Por no presentarse a una audiencia convocada por un tribunal de sentencias de la capital, para la substanciación del juicio oral y público, tres indígenas del pueblo Enlhet del Chaco, uno de ellos con discapacidad física, fueron remitidos a la cárcel de Emboscada. Las juezas Blanca Gorostiaga, Mesalina Fernández y Alba María González, dispusieron la prisión preventiva de los indígenas de la de la comunidad Paz del Chaco, de Presidente Hayes, procesados por la muerte de un menonita, hecho ocurrido hace cuatro años en el Chaco.

Se trata de Antolín Ayala, de 78 años, quien padece de una discapacidad física, debido a la amputación de una pierna, el mismo no cuenta con silla de ruedas ni muletas. El otro procesado es Erich Giménez, de 74 años de edad y su hijo Rofino Giménez, de 45 años. Los tres procesados, que solamente hablan su idioma ancestral, estaban en su comunidad, distante a más de 400 km de Asunción, pero debido a la ausencia en una de las audiencias el tribunal dictó la prisión preventiva de los tres que en la actualidad están recluidos, en situación inhumana en la penitenciaría nacional de Emboscada, donde comparten una celda con otros tres internos no indígenas.

Los indígenas están procesados desde hace más de cuatro años por la muerte de un ciudadano menonita. Este es el segundo juicio oral que se convoca por el mismo caso, debido que en el 2013 fueron juzgados por otro Tribunal de Sentencia, que anuló todo el proceso a raíz de las graves irregularidades cometidas durante la investigación fiscal, principalmente por la inobservancia de las normas procesales que garantizan un trato conforme a las pautas culturales a indígenas sometidos al proceso, y ordenó la libertad de los procesados. Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia del tribunal anterior y ordenó que se repita el juicio oral y público, que será substanciada por el Tribunal que conforman las tres juezas mencionadas al principio.

 

“Aunque sea gateando, siempre vine a las audiencias”

La disposición de las juezas de sentencia fue duramente cuestionada por los indígenas, quienes negaron que no se hayan presentado en las audiencias en las que fueron convocados.

“Tengo una pierna amputada y no puedo caminar, pero siempre, junto con mis compañeros, nos presentamos ante el juzgado las veces que nos llamaron. En mi caso  siempre vengo, aunque sea gateando, porque no tengo silla de rueda ni muletas. Pero siempre ante los jueces, ya son cinco veces que vine para el juicio y nunca pensé escaparme. Además, cómo voy a escaparme si ni siquiera puedo caminar, a dónde podría irme. No sé porque me traen a la cárcel, ya estuve antes en Tacumbú, después me dijeron que el juicio se terminó, pero ahora de vuelta nos traen en un lugar que yo no conozco” mencionó  Antolín Ayala, quien solamente habla el idioma de su pueblo.

Agregó que vino cuatro veces hasta Asunción y las veces que vino pasó gateando frente a los jueces y que siempre se presentó a todas las audiencias y en el juicio oral, que posteriormente fue anulado. “Mire los callos que tengo en la rodilla, no tengo miedo de este juicio porque yo no tengo nada que ver en el hecho por el cual se me acusa. ¿Cómo podría yo matar a alguien en estas condiciones? Lo que más me preocupa en este momento es mi familia y mi comunidad, nadie sabe dónde estamos, en la comunidad estarán muy preocupados. Yo solo quiero volver a casa para estar tranquilo con la gente de mi comunidad, en este lugar no me siento bien” explicó finalmente.

Por su parte, Erich Giménez, mencionó su  preocupación por la situación en que se encuentran. “Soy inocente de lo que se me acusa, esta acusación me pesa mucho, a mi familia y a mi comunidad también porque estamos en estas condiciones. Mi familia no tiene ni ideas de dónde estoy ahora, yo tampoco sé dónde estoy ni por qué estoy acá. Hace cuatro días nos trajeron de la comunidad y tengo puesta la misma ropa”.

 

Lo que establece la Ley para estos casos

La decisión del tribunal de sentencia, al enviar de manera preventiva a los procesados a la cárcel, es arbitraria, por varias razones. La primera, es la inobservancia de la prohibición expresa de dictar prisión preventiva para personas mayores de setenta años, conforme al art. 238 del Código Procesal Penal (CPP): “No se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de setenta años”. En el presente caso, dos de los encarcelados son ancianos, y en el caso de Antolín Ayala, a su avanzada edad (78) se suma su discapacidad física, lo que le imposibilita valerse de sí mismo.

Por otro lado, el tribunal hace caso omiso a normas de carácter nacional e internacional de protección a las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Por citar algunos, tenemos el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley 234/91, de “Pueblos Indígenas y Tribales”, el cual dispone que cuando el procesado sea un indígena, “deberá darse preferencia a tipos de sanciones distintas del encarcelamiento” (art. 10.2). En otra parte, el mismo cuerpo legal dispone que, “al aplicarse la legislación nacional a los pueblos indígenas deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”.

Las Cien Reglas de Brasilia, otro instrumento internacional de referencia para jueces y tribunales, disponen, siguiendo la línea de lo mencionado en los párrafos anteriores, que “en la celebración de los actos jurisdiccionales se respetarán la dignidad, las costumbres y las tradiciones de las personas integrantes de comunidades indígenas” (Regla N° 79).

El Código Procesal Penal dispone un procedimiento especial para los hechos punibles relacionados a los pueblos indígenas, obligando a los Juzgados y Tribunales contar con una pericia socio-antropológica para determinadas resoluciones judiciales que puedan poner en riesgo el modo peculiar de vida de personas pertenecientes a pueblos indígenas, sobre todo si se afecta el derecho a la libertad. Nada de esto se tuvo en cuenta a la hora de resolver el encarcelamiento de los tres indígenas.

La comunidad Cuyabia de los Ayoreo denunció la violación de una medida que prohíbe talar sus bosques. El ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Rubén Quesnel, enfrenta un proceso judicial por la venta de la propiedad de los nativos.

Según la denuncia que se realizó hace más de una semana, el ganadero que opera en la zona va avanzando en tierras de la comunidad con la tala de sus bosques, violando la medida cautelar de no innovar hasta que se determine judicialmente la delimitación de la propiedad, dijo el abogado de los nativos, Maximiliano Mendieta. Estas tierras están ubicadas en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

A finales de esta semana e inicios de la próxima, se aguarda que el fiscal Andrés Arriola se constituya hasta el lugar para constatar la tala de bosques que incluso viola la Constitución Nacional que garantiza que los territorios de las comunidades indígenas no podrán ser transferidos ni arrendados.  Arriola, además, verificará si el ganadero que va extendiendo su rubro en la comunidad está violando leyes ambientales.

“Seguimos sin que el INDI nos dé el título y acá los ganaderos siguen entrando. Vamos a esperar hasta este martes al fiscal. Después ya vamos a tener que tomar otras medidas. Por favor que mis amigos les hagan llegar este mensaje a las autoridades y a la prensa”, advirtió la nativa Unine Cotamorajnai.

Una imagen satelital del 12 de octubre muestra el desmonte de la propiedad, mientras que el pasado 31 de octubre los pobladores encontraron un camino interno que fue ensanchado y que alcanza a penetrar más de 3.000 metros al sureste de la comunidad.

Se trata de la misma comunidad, cuya propiedad de 25.000 hectáreas fue vendida por el ex presidente del INDI, Rubén Quesnel, quien enfrenta un proceso por el caso.

El ex titular de la institución vendió las tierras a Julia Beatriz Vargas Meza, violando el artículo 64 de la Constitución Nacional que prohíbe la transferencia de tierras nativas.

La agente fiscal Alba Delvalle imputó a Rubén Quesnel por lesión de confianza. En tanto, a Julia Vargas y a Carmen Orlandini, abogada del Indi, por lesión de confianza en calidad de cómplice.

Julia Vargas devolvió las tierras al Estado, en donación, pero de igual manera siguió ligada al proceso.

Al respecto, Mendieta lamentó que en dos ocasiones se haya suspendido el juicio oral y público de Quesnel con argumentos “sin fundamentos”. Anunció que el tercer intento para llevarlo a juicio sería este año.

Estancia Santa María (Paraguay), 25 oct (EFE).-

La comunidad está dividida, pues una parte de las 22 familias vive dentro de la hacienda, llamada Santa María, y otros salieron por diversos motivos y los dueños ya no les dejan volver.

Marciana Antonia Galeano, de 34 años, salió un día a acompañar a sus hijos a la escuela que se encuentra a más de 15 kilómetros de la comunidad y nunca más pudo regresar.

Desde hace quince años vive junto a otros miembros de la comunidad al borde de la carretera que pasa frente a la estancia ganadera, rogando periódicamente a los propietarios que le permitan pasar a ver a su madre y otros parientes que siguen en el interior.

“Ni visitar a mi familia al menos un día a la semana. Prohibido ver a mis tías o a mi mamá, y ellos tampoco pueden salir. El propietario no quiere que salgan”, dijo a Efe Galeano.

“Están en un chiquero, viven en las mismas condiciones que los chanchos (cerdos) y no nos dejan llevarles alimentos”, se lamentó.

El pasado 22 de octubre Santiago González, fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, ingresó a la estancia gracias a una orden judicial, “atendiendo a que podría haber el tipo penal de genocidio”, según explicó a Efe.

El gerente de la hacienda, Carlos Reinfeld, esposo de la propietaria, facilitó la entrada de la comitiva fiscal y policial, pero impidió el acceso de la prensa hasta el lugar donde se encuentra la comunidad, varios kilómetros campo adentro.

“El procedimiento se inició a raíz de una denuncia ya del año pasado por una situación de que podrían estar vulnerándose los derechos humanos de los indígenas que están en el asentamiento”, declaró González.

Reinfeld niega que los aborígenes de la etnia énxet que viven en la hacienda constituyan un comunidad indígena.

La estancia es parte de un establecimiento ganadero de más de 100.000 hectáreas que pertenece a Antonella Sacarello, ubicado a unos 160 kilómetros al norte de Asunción.

Abarca parte del territorio ancestral del pueblo énxet, una de las milenarias etnias oriundas del árido Chaco, que ocupa la mitad occidental de Paraguay.

Sus dueños han impedido en varias ocasiones la entrada de las autoridades del Gobierno para asistir y censar al grupo nativo, según una entidad que asesora a la Fiscalía sobre asuntos indígenas.

“Él pretende que mi gente ni figure en los papeles”, se quejó Galeano, en referencia a Reinfeld.

Para los indígenas el colmo de lo que consideran una persecución a su pueblo es que los terratenientes les han impedido llevar asistencia sanitaria a familiares enfermos que están dentro de la estancia.

Al menos cuatro de ellos han fallecido en los últimos años sin poder ser atendidos por una ambulancia, según manifestaron en su denuncia ante las autoridades.

Los ganaderos no les dejaron enterrarlos en su territorio tradicional, por lo que las tumbas están al costado de la carretera. “Ellos quieren enterrar a sus muertos allí para quedarse con la tierra”, dijo Reinfeld.

El estanciero mantiene a por lo menos una decena de indígenas como empleados permanentes. Ese grupo cuenta con cédula de identidad y cobra 1,5 millones de guaraníes (333 dólares) al mes, según dijo Reinfeld, que incluyó en esa cantidad el valor del alojamiento y los alimentos que él les provee.

El salario mínimo en Paraguay asciende a 1,82 millones de guaraníes mensuales (405 dólares).

Al resto, que siguen sin identificación, los contrata como peones por muy poco dinero, según los indígenas. “Él paga como si fuéramos esclavos. 130.000 guaraníes al mes (unos 30 dólares) por ser peón de estancia”, dijo Galeano.

Los conflictos por la tierra son muy comunes en Paraguay, donde grandes propietarios cuentan con títulos, a veces legales y otras veces ilegales, de terrenos donde residen campesinos e indígenas.

La mitad de los 140.000 aborígenes que viven en Paraguay carece de acceso a tierras para subsistir y mantener su cultura y lengua, según la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica.

“El paraguayo tiene que entender que nosotros también somos humanos, ya son 4 cuerpos. Se nos tiene que dar la tierra. Este patrón debe pagar por los fallecidos, no pueden hacer esto; si él no quiere ver a los indígenas que se vaya de aquí”, dijo Galeano.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad promovida por las empresas pertenecientes a  Heribert Roedel contra la Ley Nº 5194/14, que expropió 14.404 hectáreas de tierras a favor de la comunidad Sawhoyamaxa.

Con este histórico fallo, que lleva la firma de los ministros Victor Núñez, Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes, miembros de la Sala Constitucional, se dará cumplimiento a la sentencia, dictada en el 2006, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que se  condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos de los indígenas de la comunidad Sawhoyamaxa.

La mencionada Ley, sancionada y promulgada en junio de este año  conforme a lo previsto en la Constitución de la República, expropió 14.404 hectáreas a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y para posteriormente restituir sus tierras ancestrales a la comunidad Sawhoyamaxa, cuyos miembros, hombres y mujeres, vivieron varios años a la vera del camino.

Esta acción de inconstitucionalidad, planteada por Roedel,  pretendía frenar el paso dado por el Estado paraguayo para cumplir, luego de varios años de mora, la sentencia de la Corte IDH y, por ende, el goce al derecho a la propiedad comunitaria de la comunidad Sawhoyamaxa del pueblo Enxet Sur.

Los fundamentos de la resolución, emitida por la Sala Constitucional, recogen estándares establecidos en la sentencia de la Corte IDH y, a su vez, deja como jurisprudencia antecedentes importantes para resolver casos cuando hay colisión entre la propiedad comunitaria y propiedad privada.

Entre otros argumentos, se menciona que “…la propiedad privada se ha formado sobre las propiedades comunitarias de los pueblos antiguos y es por ello que el reconocimiento constitucional de los ´pueblos indígenas como preexistentes al Estado Paraguayo´ es de naturaleza declarativa y no constitutiva, por cuanto las mismas (comunidades indígenas), existen mucho antes que la vigencia legal de las tierras en términos de ´propiedad´. Sin embargo, la declaración constitucional permite que hoy las tierras vuelvan al estado anterior de sus poseedores originarios, bajo las reglas de la ´propiedad comunitaria´”.

“Mi comunidad Sawhoyamaxa ha vencido en esta lucha, por eso recibimos la noticia del rechazo de la inconstitucionalidad con mucha alegría. Después de 23 años de lucha por nuestra tierra la justicia nos dio la razón. Hemos ganado en todos los ámbitos, tanto nacional como internacional, y ahora mi comunidad está tranquila, con mucha esperanza porque se hizo justicia” expresó Basilio García, uno de los líderes de la comunidad.

Añadió que esperan que el Estado les entregue el título de propiedad de su tierra en el menor tiempo posible para ejecutar los proyectos de desarrollo conforme a lo establecido en la sentencia de la Corte IDH.

“Hemos comenzado a trabajar en los proyectos para desarrollarnos como comunidad indígena; la sentencia establece un monto de casi un millón de dólares que se debe invertir en el mejoramiento comunitario. Queremos vivir mejor después de tantos años de sufrimiento y vamos a dignificar a cada uno de los miembros de mi comunidad” indicó el líder comunitario.

Por su parte, Eriberto Ayala, representante comunitario, mencionó  además que en los próximos días se realizará una reunión comunitaria para entregar a los miembros de Sawhoyamaxa una copia del documento de la Sala Constitucional y fijar una fecha de celebración por el logro obtenido.

“Nuestra gente quiere ver el documento que demuestra el resultado de nuestra lucha comunitaria, es además para demostrar que la justicia paraguaya está comenzando a compensar una deuda histórica con los pueblos indígenas, cuyos derechos siempre han sido violados y en especial en el caso de mi comunidad Sawhoyamaxa” dijo finalmente Ayala.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó, finalmente, el pedido de inconstitucionalidad, planteado por Heribert Roedel, de la Ley 5.194 que expropia 14.404 a favor del INDI para su posterior adjudicación a la comunidad indígena de Sawhoyamaxa, del pueblo Enxet Sur.

Ireneo Téllez, abogado de la ONG Tierraviva y representante convencional de la comunidad, indicó que la resolución de la Corte Suprema de Justicia es la aplicación interna, en el ámbito judicial, de lo que decidió la Corte IDH en el 2006 a favor de Sawhoyamaxa.

“Con este fallo de la Sala Constitucional se pune un punto final a las artimañas judiciales a las que vienen apelando los representantes de las empresas que ostentan la titularidad de las tierras de la comunidad y que tenía como objetivo frenar el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Además, con esta resolución la Corte Suprema de Justicia refirma la preeminencia de la propiedad comunitaria por sobre la propiedad privada, dejando un antecedente importante en ese sentido” dijo el abogado de la ONG Tierraviva.

(Agencia EFE)

 

Asunción, 2 oct.- La Corte Suprema de Justicia paraguaya rechazó hoy por unanimidad un pedido de inconstitucionalidad presentado por la empresa que durante dos décadas ocupó la tierra ancestral de la comunidad indígena Sawhoyamaxa y reafirmó así la legalidad de la expropiación llevada a cabo en favor de los nativos.

La Sala Constitucional de la Corte aseguró en su escrito que la propiedad privada de la empresa ganadera se formó “sobre las propiedades comunitarias de los pueblos antiguos”, en referencia al pueblo indígena enxet que habita la zona desde antes de la colonización española, informó a Efe la ONG Tierraviva.

“A la empresa ya no le quedan recursos legales para frustrar los derechos de la comunidad”, dijo el abogado Ireneo Téllez, de la organización dedicada a la defensa de los derechos de los indígenas de la región del Chaco, mitad occidental de Paraguay.

Los Sawhoyamaxa aseguraban que la empresa ganadera Grupo Liebig, del alemán Heribert Roedel, atrasaba “con maniobras jurídicas” el cumplimiento por parte del Estado paraguayo de la sentencia internacional que le obliga a devolverles 14.404 hectáreas de tierra.

Después de que el Congreso y el Gobierno aprobaran la expropiación que exige la sentencia internacional, los abogados de Roedel presentaron una acción de inconstitucionalidad aduciendo que la ley violaba “principios constitucionales de la propiedad privada”.

Sin embargo, la Corte respondió este jueves que la ley no viola ningún principio constitucional y que la figura de expropiación está prevista en la Constitución.

La decisión de la Corte da vía libre al Gobierno del presidente Horacio Cartes para acatar una de las tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que Paraguay arrastra sin cumplir en materia de derecho territorial indígena.

La Sala Constitucional remarcó que las comunidades indígenas de la zona “existen mucho antes que la vigencia legal de las tierras en términos de ‘propiedad'” por lo que las mismas deben volver “al estado anterior de sus poseedores originales bajo las reglas de la propiedad comunitaria”.

“Era de esperar, no había mucho que discutir. Era cuestión de que Paraguay por su parte reconozca y compense una deuda histórica con los pueblos originarios”, dijo a Efe uno de los líderes de la comunidad Sawhoyamaxa, Eriberto Ayala.

“Esto significa tranquilidad para nosotros a pesar de los amedrentamientos de la empresa, y no solo eso, también es una repuesta a las tantas fallas jurídicas que se hizo con Sawhoyamaxa”, añadió Ayala.

El Estado paraguayo fue condenado en 2006 por la CorteIDH por violar los derechos a la vida, la integridad personal, a la identidad y a la integridad territorial, entre otros, de los indígenas Sawhoyamaxa.

Esta comunidad, proveniente del Chaco Boreal, en la región occidental del país y formada por unas 500 personas, fue expulsada de forma violenta de su territorio ancestral hace unos 23 años por Roedel, según la sentencia de la CorteIDH.

Durante dos décadas se vieron obligados a emigrar de su territorio e instalarse en el margen de una carretera, donde nunca tuvieron asistencia del Estado.

Abogados de Tierraviva acompañarán denuncia ante el Ministerio Público

Representantes indígenas de cuatro comunidades ubicadas en el Departamento de Presidente Hayes, Chaco, solicitarán al Ministerio Público la investigación de los hechos que involucra a supuestas organizaciones sin fines de lucro que recibieron fondos del Estado para realizar proyectos de mejoramiento comunitario que nunca fueron ejecutados.

La denuncia será presentada ante la Unidad de Delitos Económicos del  Ministerio Público, ubicado en las calles Haedo y Chile, el martes 9 de setiembre a las 9:30 horas, por miembros de las comunidades indígenas Primavera, de La Herencia; Chaco´i y 4 de Agosto, de  Pozo Amarillo y 3 Tamarindo de El Estribo, que aparecen como beneficiarias de un proyecto que no fue realizado.

Abogados de la ONG Tierraviva acompañaran la denuncia de los indígenas chaqueños, cuyos nombre fueron utilizados para consumar estos presuntos hechos. De confirmarse la veracidad de la denuncia significaría un perjuicio a las arcas del Estado paraguayo que financió los proyectos que supuestamente beneficiarían a las comunidades indígenas del Chaco.

Este caso salió a la luz a partir de publicaciones periodísticas en las que se mencionan la realización de proyectos de construcción y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua en las citadas comunidades indígenas del Chaco, realizadas por supuestas organizaciones no gubernamentales que recibieron más de 300 millones de guaraníes de los fondos del Estado.

Los indígenas mencionan en su denuncia, que en sus comunidades no se han realizado  ninguna obra de infraestructura y que ni siquiera conocen a los miembros de la organización que supuestamente ejecutó los proyectos. Además, desmienten que hayan participado de reuniones con la organización no gubernamental financiada por el Estado y cuyo nombre aparece en los reportes de prensa.

Los representantes comunitarios solicitarán al Ministerio Público la investigación de este caso por tratarse de un hecho grave en el que se utiliza el nombre de sus comunidades para saquear las arcas del Estado paraguayo.

Miembros de las comunidades indígena Enxet Sur de Sawhoyamaxa y Yakye Axa, cuyos casos cuentan con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convocan a una conferencia de prensa que se realizará mañana miércoles 3 de setiembre, a las 08:30 horas,  en la explanada del Palacio de Justicia, ubicada en las calles Alonso y Testanova.

Los indígenas de estas comunidades Enxet Sur, víctimas de la violación de sus derechos y por cuyas denuncias el Estado paraguayo fue condenado, se encuentran en nuestra capital para presenciar el 51 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que desde la tarde del lunes se encuentra sesionando en la sede central del Poder Judicial.

“Convocamos a los diferente medios, nacionales e internacionales, para expresar primeramente nuestra satisfacción porque la Corte IDH sesione en el Paraguay. Además, queremos dar a conocer que el Estado paraguayo, condenado en tres ocasiones por la violación de los derechos indígenas, sigue sin cumplir las condenas emanadas por la Corte Interamericana” señaló Carlos Marecos, líder de  Sawhoyamaxa.

Por su parte, Albino Gómez, líder de la comunidad Yakye Axa, expresó que si la Corte IDH está sesionando en el país es porque el Estado paraguayo reconoce su jurisdicción, pero que es una incoherencia que en el Paraguay no se cumplan con las sentencias dictadas por dicha Corte internacional.

La comunidad Yakye Axa, cuya sentencia es del 2005, sigue viviendo en el kilómetro 350, al costado de la ruta Coronel Rafael Franco, en el Departamento de Presidente Hayes, Chaco, a pesar de contar con un inmueble de unas 12 mil hectáreas, adquirido por el Estado pero que no cuentan con un acceso adecuado para el traslado de la gente.

En el caso Sawhoyamaxa la sentencia data del 2006 y hasta la fecha, a pesar de la aprobación y promulgación de una Ley de expropiación de las tierras reivindicadas por la comunidad, hasta el momento no se cumple tampoco la sentencia de la Corte.

“Los indígenas de Sawhoyamaxa exigimos a los ministros y ministras de la Corte Suprema de Paraguay el rechazo de la inconstitucionalidad planteada contra la Ley de expropiación de las tierras a favor de mi comunidad, aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo en junio pasado” explicó Eriberto Ayala, miembro de la comunidad

El representante indígena añadió que “si la Corte paraguaya tiene ánimos de cumplir con las sentencias de la Corte IDH debe rechazar la inconstitucionalidad. Si no es así, el Estado seguirá siendo un violador de los derechos indígenas y un prófugo de la justicia”.