Los indígenas mexicanos que le ganaron una batalla al gigante Monsanto

Juan Carlos Pérez Salazar
BBC Mundo, Ciudad de México

 

El trozo de tierra en el que Leydi Pech tiene sus colmenares no es grande. Tiene, si acaso, dos hectáreas y de él proviene el sustento no solo de esta indígena maya, sino de los diez integrantes de su familia.

Forma parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede defenderse de sus depredadores.

No, no es un terreno grande el de Leydi. Sin embargo, ahora mismo está en el centro de una batalla de alcances globales: la de quienes están a favor o en contra de los cultivos transgénicos.

Apicultores como Leydi temen que los cultivos transgénicos puedan contaminar la miel que producen artesanalmente. México es el tercer exportador mundial de este producto y la mayoría de quienes la trabajan son indígenas.

Amparos

La semana pasada, un juez concedió un amparo a indígenas y campesinos de Yucatán por medio del cual se suspendía la siembra de soya transgénica en la región por parte de la empresa Monsanto.

Dos amparos similares habían sido otorgados en marzo y abril a campesinos e indígenas de Campeche, entre los que se encuentra Leydi.

Según medios de comunicación y activistas, las medidas cobijan a unos 30 mil apicultores con sus familias, en su mayoría de pueblos originarios.

En los fallos de Campeche se indica que el gobierno no consultó a las comunidades indígenas mayas sobre una decisión que las tocaría directamente.

En el dictamen de Yucatán, además de este argumento, también se contempla la posibilidad de que las semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en especial la producción de miel.

“Es el derecho a que no se puede implementar ningún tipo de biotecnología hasta que no se garantice plenamente los efectos secundarios” explica a BBC Mundo el abogado Jorge Fernández, quien forma parte del colectivo Ma OGM , que asesora a los apicultores.

En los tres amparos -que han sido calificados de “históricos” por defensores del medio ambiente-, además de suspender los cultivos transgénicos se ordena realizar las debidas consultas con las comunidades indígenas.

Guerra jurídica

Esta nueva batalla entre agricultores y activistas contra la siembra de semillas transgénicas se viene desarrollando con especial intensidad en México desde junio de 2012.

Ese mes, el gobierno autorizó al gigante Monsanto a sembrar soya transgénica a nivel comercial en más de 253.000 hectáreas distribuidas en siete estados.

Según dijo Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a la periodista Elva Mendoza -especialista en medio ambiente de la revista Contralínea- “cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”.

No es lo que opinan activistas ecológicos ni los indígenas y campesinos que tienen sus sembradíos en los alrededores de las áreas donde se cultivaría la soya, quienes de inmediato interpusieron demandas en cuatro de los siete estados donde se concedieron los permisos.

No son los únicos que se oponen. En una serie de reportajes publicados en 2013, Elva Mendoza indica que, antes de que se concedieran los permisos, tres organismos gubernamentales -la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- se habían pronunciado de manera negativa a la solicitud de siembra de Monsanto.

Sus argumentos iban desde “la posible filtración de agroquímicos (glifosato) a los mantos acuíferos”, hasta “la colindancia de los polígonos liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas”.

A pesar de eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que estudió esos conceptos, dio luz verde a la siembra.

De hecho, según el diario El Financiero, en la decisión del juez de Yucatán influyó que no se tomaran en cuenta las opiniones técnicas de los mencionados organismos. El juez además “desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel”.

¿Qué dice Monsanto?

Desde su sede en México se indica que la gigante trasnacional, especializada en investigaciones tecnológicas agrícolas (en su sitio de internet dicen que invierte US$2 millones diarios en investigar), no está concediendo entrevistas sobre el tema.

Sin embargo, luego del dictamen en Yucatán dio a conocer un comunicado en el que fija su posición, el cual fue entregado a BBC Mundo.

En él se indica que “cualquier afectación resultante de la liberación de organismos genéticamente modificados debe ser evaluada por las autoridades competentes en estricto apego a la ley y con base en evidencias y estudios científicos concluyentes”.

Se agrega que durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el fallo “terceros distintos a quienes interpusieron el amparo” divulgaron información “que genera confusión ante la opinión pública”.

Esa información, añaden, también “ignora la afectación que incide sobre los productores de soya de la región, quienes han subsistido su cultivo durante años y tienen derecho a acceder de forma voluntaria a mejores tecnologías agrícolas en beneficio propio de sus familias”.

En el comunicado también se anuncia que Monsanto está analizando el amparo “a efecto de interponer los recursos que por ley le asisten para defender sus derechos”.

Además de en México, Monsanto sostiene -o ha sostenido- batallas jurídicas en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Brasil (donde los cultivos trasngénicos ya superarían a los naturales), Chile o Francia.

La miel de la melipona

México es el tercer exportador de miel a nivel mundial (detrás de Argentina y China) y el sexto productor global. Según reportes, anualmente se producen en este país unas 57.000 toneladas de miel.

Más del 40% de la miel mexicana proviene de la llamada península de Yucatán, que se adentra como una espuela en el Mar Caribe y que incluye al estado del mismo nombre, así como a Campeche y Quintana Roo.

Casi la totalidad de la miel que produce la península -donde unas 30.000 familias dependen de su cultivo- se exporta a la Unión Europea. Uno de los temores que existen entre los apicultores es que la UE rechace su miel si encuentra que supera los limites aceptados de polen transgénico.

Y la miel más preciada de Yucatán es la que proviene de la abeja melipona, que puede venderse hasta por diez veces el precio de la miel común.

La voz de Leydi Pech se endulza cuando habla de ella.

Tenemos derecho a opinar. Conocemos nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, porque la hemos cuidado por miles de años”

Leydi Pech, apicultora maya

“Es una abeja ancestral que los mayas hemos utilizado por mucho tiempo. Para nuestro consumo y para curarnos. Lo que tiene de especial esta abejita es que selecciona la floración que recolecta. También produce menos cantidad de miel”, dice a BBC Mundo con el español golpeado que caracteriza a los maya-hablantes.

Luego, un toque de hiel: “es una abeja que está en peligro de extinción en la península de Yucatán”.

El cultivo de la miel entre los mayas es prehispánico. En un estudio, la doctora Alejandra García Quintanilla, de la Universidad Autónoma de Yucatán, indica que tanto en la cerámica del período maya clásico (200 a 1.000 DC), como en los libros del Chilam Balam, se encuentran testimonios sobre la importancia de este néctar en la vida de las comunidades indígenas.

Es un conocimiento que sigue vivo: Leydi aprendió todo lo que sabe de la apicultura a los doce años, de su abuelo. Él, a su vez, recibió el saber de sus padres.

“Lo que más recuerdo de lo que me enseñó mi abuelo es que no hay que dejar que las abejas se mueran, siempre hay que defenderlas. Porque las abejas no sólo sirven para hacer la miel, sino para polinizar nuestros alimentos, lo que consumimos. Eso las comunidades mayas lo tenemos muy claro: es un servicio que nuestras abejas nos están dando. Y gratis”.

Lo que se viene

Lo más seguro es que, como lo insinúa en su comunicado, Monsanto impugne las decisiones de los jueces de Campeche y Yucatán. Y un tribunal superior bien puede ordenar la reanudación de los cultivos de soya. Quienes apoyan los cultivos trangénicos insisten en que no hay pruebas de que hayan contaminado la miel.

A nivel global, quienes respaldan los cultivos genéticamente modificados aseguran que son indispensables para alimentar a una población mundial en aumento.

De vuelta en México, los amparos plantean enormes retos logísticos. Los jueces ordenaron que se consulte a las comunidades. El de Yucatán incluso dio plazo: seis meses. El abogado Jorge Fernández cree esto en inviable en tan corto período: hay que traducir al maya -y en un lenguaje comprensible- el proyecto. Luego viene la consulta interna no sólo entre los apicultores, sino entre sus comunidades. Además, es algo que nunca antes se ha hecho.

Leydi no tiene dudas en que, como sea, hay que consultarlos: “nosotros tenemos asambleas. Cada comunidad, cada ejido hace su asamblea por usos y costumbres y tomamos nuestras decisiones… Estamos peliando esa parte: que nos pregunten. Porque tenemos derecho a opinar. Conocemos nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, porque la hemos cuidado por miles de años”.

Según recuerda para BBC Mundo la periodista Elva Mendoza, los permisos para cultivar maíz transgénico -contra el que también se han presentado fuertes protestas- se encuentran asimismo suspendidos desde el año pasado por la interdicción de un juez que recibió una demanda colectiva. Según Mendoza, las transnacionales afectadas, entre ellas Monsanto, ya interpusieron los recursos jurídicos necesarios.

Leydi Pech tiene la esperanza de que la Suprema Corte de Justica de México “atraiga” los casos y de un dictámen definitivo.

Mientras tanto, lo que ha ocurrido con Leydi y sus compañeros apicultores es visto por sus simpatizantes como otra victoria local en medio de una enorme batalla global.

Vicepresidente Afara visitará comunidad Kelyenmagategma

Una comitiva gubernamental encabezada por el vice Presidente de la República, Juan Afara, y la ministra de Justicia Sheyla Abed y el gobernador del Departamento de Presidente Hayes, Pablo Contesi, visitarán mañana la comunidad indígena Kelyenmagategma del Pueblo Enxet Sur, ubicada en la zona de Karaja Vuelta, Departamento de Presidente Hayes, distantes a unos 40 kilómetros de la ciudad de Concepción, río arriba.

Afara y las demás autoridades son miembros de la Comisión Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias y Recomendaciones  Internacionales (CICSI), creada en el 2008 por el Poder Ejecutivo. Esta institución tiene a su cargo el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa que el Estado firmó con los representantes de la mencionada comunidad indígena, que en el año 2004 presentó una denuncia) contra el Estado paraguayo,  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,  por la violación de sus derechos indígenas.

El objetivo de esta visita a Kelyenmagategma se realiza en el marco de las tareas de cumplimiento los compromisos a favor de la comunidad y que asumió el Estado ante la CIDH.

El Estado entregó los indígenas unas 8.748 hectáreas, ubicada en la zona denominada Karaja Vuelta, donde actualmente se encuentra asentada la comunidad, adquiridas por el Estado para la comunidad indígena. El acuerdo de solución amistosa, fue firmado el 3 de agosto de 2011,ocasión en que el Estado se comprometió además a presupuestar un monto de 500 mil dólares americanos, monto a ser destinado para proyectos de desarrollo comunitario.

Sin embargo, hasta la fecha este punto del acuerdo aún no fue cumplida, por ello el titular de la CICSI y demás altos funcionarios del Estado visitarán la comunidad indígena para conversar con los miembros de la misma acerca de los procedimientos para dar continuidad al compromiso asumido por el Estado.

Los indígenas están enfermos y con hambre, según indicaron los líderes chaqueños

Pedido de auxilio por falta asistencia a las familias damnificadas del Chaco

Se agrava la situación de las familias indígenas que viven en las zonas afectadas por la inundación que azota gran parte del  Chaco paraguayo. Más de veinte comunidades pertenecientes a los pueblos Enxet Sur, Angaité y Sanapaná, asentadas en el Departamento de Presidente Hayes, se encuentran asiladas y reciben una escasa o nula asistencia de parte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y de la gobernación departamental.

Uno de los casos extremos se registra en la comunidad Rodolfito, ubicada a unos 260 kilómetros de la capital, transitando unos 35 kilómetros de camino de tierra, y que se encuentra aislada desde hace dos meses por la inundación, según los líderes de la misma no hay caminos transitables en la zona.

Bernardo Torales, miembro de la citada comunidad, en comunicación telefónica explicó que hace casi un mes que no reciben asistencia de ninguna institución. “Hay muchos niños enfermos y la gente ya está padeciendo de hambre, hace días que no comen nada. No recibimos ningún tipo de asistencia y tampoco tenemos carne de animales silvestres,  porque debido a la inundación no hay forma de mariscar en esta zona” indicó.

Según el representante indígena de la comunidad Rodolfito  son 12 las familias que viven allí y que están en esta situación de hambre. “Las autoridades del Estado se olvidaron de nosotros, tenemos miedo que haya muertos a causa de esta situación. Les pedimos por favor que hagan algo para ayudarnos” sostuvo Torales.

Otra comunidad indígena que se encuentra en emergencia es la de Tempelá, ubicada en la zona de Laguna Pato, cercana a la Colonia Nueva Mestre, que también se encuentra aislada. En la misma viven más de una veintena de familias Enxet Sur que desde hace varias semanas no reciben ningún tipo de asistencia por parte de la SEN.

Juan de la Cruz González, líder de la comunidad, dijo que no hay accesos por tierra hasta ese asentamiento y que las familias indígenas están atravesando el peor momento desde que comenzó la inundación, porque ya no tienen nada que comer y que los más afectados son los niños y ancianos.

Solicitó una a las autoridades la inmediata asistencia médica, provisión de alimentos y ropas de invierno para evitar una desgracia en la comunidad.

Algunas de las comunidades indígenas chaqueñas que aún encuentran aisladas debido a la inundación son las de Buena Vista, Colonia 96, La Patria –que cuenta con 17 aldeas, Laguna Pato, San Fernando, Cerrito Hamaquera y La Esperanza. Asimismo, las comunidades de Espinillo, Maxklawaiya, Monte Alto y parte del Estribo se encuentran semi-aisldas, pues existen caminos disponibles pero solamente transitables para vehículos pesados  tipo tractor.

Burocracia e insensibilidad estatal

Ancianos indígenas obligados a deambular por las oficinas públicas

La insensibilidad de los funcionarios públicos, fieles servidores de la burocracia estatal, sobresale a la hora de atender a la gente humilde, a gente pobre. Pero es aún más agresivo en el momento de atender a los indígenas.

Esta es la situación que se vivió esta semana cuando dos ancianos, miembros de la comunidad indígena Yakye Axa del pueblo Enxet sur, que están tramitando su pensión de adultos mayores tuvieron que llegar hasta la capital para acceder a este derecho.

Abel Fernández, de 70 años y que padece de una enfermedad que lo dejó ciego, y Alejandro Flores, de ochenta años y que apenas ve por su avanzada edad, vinieron hasta Asunción para “firmar” los documentos exigidos por el Ministerio de Hacienda para poder cobrar su pensión. La avanzada edad de ambos, la ceguera y el desconocimiento de la ubicación de los locales donde funcionan las instituciones estatales hizo que este recorrido sea un riesgo para estos ancianos indígenas.

“Roju ro cobrasé rupi, roju roñemokua hü’ími kuatiare. Ndo rojuiramo paraguaype avave ndo pagamoai oréve (Vinimos porque queremos cobrar, vinimos a marcar con nuestra huella digital los documentos. Si nosotros no veníamos hasta Asunción nadie nos va a pagar)” mencionaba Abel Fernández, lamentando su cansancio debido al ajetreo físico que realizó en estos días.

Añadió que solamente ellos podían firmar los papeles que acrediten que son beneficiarios del subsidio estatal para los adultos mayores. Sin embargo, no solo el viaje desde su comunidad fue cansador, también lo fue el tener que ir a varias dependencias del Ministerio de Hacienda, del Banco Nacional de Fomento y de Identificaciones de la Policía Nacional.

“Che ndaikuaai moopa aime. Ajegueraha ape ha amogotyo, che mokua hü hikuái. (No sé ni donde estaba. Me llevaban de acá para allá para marcar mi huella digital) mencionaba por su parte Alejandro Flores, que pidió volver rápidamente a su comunidad porque según dijo le cansa mucho el ruido de la ciudad.

Este sistema burocrático nos demuestra una vez más la humillación a la que son sometidos los ancianos indígenas, quienes son obligados a salir de su comunidad, realizar largos viajes en colectivos y deambular por los edificios estatales para acceder a un derecho que por Ley les beneficia.

Las inundaciones provocan el éxodo de miles de indígenas en Paraguay

Por EFE

Miles de personas de distintos pueblos indígenas de Paraguay han sufrido un gran éxodo desde sus comunidades inundadas hacia Asunción y capitales regionales en busca de alimentos y asistencia sanitaria porque la ayuda gubernamental no les llega, según denuncian sus representantes.

Sus cultivos y animales, las zonas donde cazaban, todo está bajo el agua desde hace dos meses. Llegar a su comunidad lleva dos días a pie en un camino de barro y lodo rojizo plagado de serpientes, describe Cristino Aguirre, nativo de la etnia angaité, llegado a Asunción para pedir socorro médico para su líder.

Aguirre, proveniente de Puerto Pinazco, departamento de Presidente Hayes, a 440 kilómetros de la capital, se refugia en las instalaciones que una ONG local ha provisto para algunos de los cientos de representantes de distintos pueblos originarios que van llegando pidiendo al Gobierno que preste atención a sus reclamos.

“Donde estamos nadie nos ve, nadie nos escucha”, explica el nativo angaité, cuya comunidad de unas 5.000 personas, ubicada en la región del Bajo Chaco, ha visto marcharse a unos 500 miembros caminando más de 60 kilómetros hasta la principal carretera de la región, la Transchaco.

“De esa manera la gente no se va a morir de hambre en la comunidad, que es lo que va a pasar si esto sigue así”, manifestó Aguirre que dice que en su zona de residencia solo pueden alimentarse de cogollos de palma y eventualmente de pescado, porque hace tres semanas que no reciben ayuda estatal.

Unos 25.000 indígenas paraguayos de los aproximadamente 116.000 censados están desplazados de sus comunidades, según cifras del estatal Instituto Nacional del Indígena (INDI).

“La institución no tiene capacidad para atenderlos a todos, solo en el Bajo Chaco (oeste) tenemos a 3.150 familias fuera de sus tierras por el agua”, dijo a Efe el antropólogo que dirige el Instituto encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el país, Jorge Servín.

La subida de los ríos por las lluvias de los últimos meses ha desplazado a 240.125 personas en todo Paraguay, 80.060 de ellas en Asunción, según la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) que dispone de un solo helicóptero para atender a toda la mitad occidental del país, donde se encuentran la mayor diversidad étnica.

Una buena parte de los nativos de Paraguay, ya de por sí azotados por un índice del 76 % de pobreza, están “en una situación de extrema vulnerabilidad”, según dijo a Efe Ireneo Téllez, de la ONG Tierraviva, dedicada a asistir jurídicamente a los pueblos originarios de la región del Chaco.

“Estamos hablando de que no hay alimentos, ni medicamentos ante cualquier problema de salud que tengan y que los niños no pueden asistir a clase”, añadió el abogado.

Miembros de los pueblos indígenas ayoreo, chamacoco, maskoy, angaité, enxet, sanapaná y nivaclé, habitantes de las distintas regiones del extenso Chaco, son hoy los más castigados por la subida de los ríos, según la ONG.

Representantes de las comunidad Karaja Vuelta, de la etnia enxet, y de las comunidades Sarîa y Tajamar Kavajú, ambas de la etnia angaité, todos del distrito de Puerto Pinazco, considerado en estado crítico por las autoridades, están refugiados en el local de Tierraviva, donde destacaron a Efe que hace un mes que no reciben alimentos por parte del Gobierno.

“La última vez que trajeron ayuda tuvimos que acarrearla 20 kilómetros con el agua por las rodillas”, explicó Fernando Damasco, del asentamiento Tajamar Kavajú, que recordó que en mayo sí les atendieron dos veces con el helicóptero pero con paquetes de comida que solo duraron tres días.

La comunidad Karaja Vuelta está recluida en una pequeña extensión de tierra seca rodeada de agua sin posibilidad de salir con los niños y ancianos expuestos a enfermedades propiciadas por el agua y las bajas temperaturas del invierno austral, dijo Celso Benítez, indígena enxet de ese asentamiento.

Benítez explicó que la única forma de llegar a su comunidad es con un barco comercial que pasa una vez a la semana desde la ciudad de Concepción, lugar donde pueden abastecerse pero solo ocasionalmente pues no pueden costear el pasaje.

“Además no sirve para emergencias y desde que comenzó la inundación no hemos recibido asistencia médica”, dijo el joven que llegó a Asunción tras cuatro días de viaje para reclamar al Estado que les asistan de manera urgente.

 

Santi Carneri

 

Miles de indígenas desplazados por la crecida

Por EFE

ASUNCIÓN. Un 25 por ciento de los aproximadamente 116.000 indígenas están desplazados por las inundaciones que afectan al país desde hace meses, dándose casos de comunidades aisladas por el agua que no tienen acceso a ayuda humanitaria.

La crecida del río Paraguay por las lluvias en los últimos meses ha dejado a unos 25.000 indígenas desplazados en el territorio paraguayo en situaciones críticas por falta de comida, acceso a agua potable o atención sanitaria, según explicó el presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Jorge Servín.

“La institución no tiene capacidad para atenderlos a todos, solo en el Bajo Chaco (oeste) tenemos a 3.150 familias fuera de sus tierras por el agua”, dijo el antropólogo que dirige el Instituto encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el país.

Los nativos, ya de por si azotados por la pobreza, un 76 por ciento vive en esa situación según el INDI, ahora llevan meses sin poder cazar o trabajar en las estancias ganaderas donde lo hacen temporalmente.

“Esto pone a muchos en una situación crítica”, admitió el experto.

La subida de los ríos por las lluvias de los últimos meses ha desplazado a 240.125 personas en todo Paraguay, 80.060 de ellas en Asunción, según la Secretarían de Emergencia Nacional (SEN).

“Se está prestando asistencia en la medida de las posibilidades”, declaró Servín, quien explicó que la SEN solo tiene un helicóptero para atender a toda la región del Chaco, que ocupa la mitad occidental del país y es donde se concentra la mayor diversidad étnica del país.

“El helicóptero puede llevar muy poca ayuda”, destacó.

Servín calificó de “crítico” el estado del distrito de Puerto Pinazco en Presidente Hayes, donde al menos cuatro comunidades de los pueblos aborígenes angaite y enxet están demandando ayudas porque están totalmente aislados y anegados.

Líderes de esas comunidades y muchas otras no cesan de llegar a Asunción desde hace meses, pues fue en el Chaco donde empezó a sentirse el efecto de la crecida del río y donde más población desplazada hay, según destacó a Efe la ONG Tierraviva, dedicada a la protección y asistencia legal a esos pueblos.

Los representantes indígenas y algunos familiares se alojan en locales de organizaciones no gubernamentales o acampan en plazas y aceras del centro de la ciudad para cada día protestar ante las puertas de las distintas instituciones de las que esperan asistencia.

“La única forma de llegar a mi comunidad es a través de un barco que pasa una vez a la semana”, dijo a Efe Cristino Aguirre, de la comunidad La Patria, del pueblo angaite, en Puerto Pinazco, ahora refugiado en el local de Tierraviva a donde vino para pedir socorro porque uno de sus compañeros fue picado por una serpiente.

“Lo sacaron en el helicóptero y fue traído a Asunción, pero lamentablemente falleció. Tenía 30 años y deja huérfanos. Esperamos tres días el helicóptero”, añadió Aguirre, que lleva ya tres semanas en la capital pidiendo ayuda para La Patria, donde sobreviven unas 5.000 personas.

De capangas y “productores”, de jueces y policías

Por Milda Rivarola.

El patrón, el modelo es el mismo. En algún lento proceso judicial, las tierras son pretendidas por algún inversionista extranjero, normalmente ausente. O son fiscales y algún jerarca –antiguo o nuevo- se apropió de ellas, pagando nada o una miseria. Porque desde hace un siglo y medio, desde los tiempos de Don Carlos pasando por los de B. Caballero y A. Stroessner, con sus respectivas y ambiciosas familias y amigos, para eso nomás mandan. Para quedarse con los bienes y tierras públicas.

Ciertamente había otra gente allí, desde antes. Eran campesinos o indígenas. O son ahora hijos de campesinos sin trabajo, a los que el Estado prometió falsamente un trozo de tierra. Algunos pocos siguen siendo indígenas, cada vez más acorralados por grandes fazendas en expansión. Ese combate, viejísimo, tiene hoy nuevos alicientes. Las tierras decuplicaron su valor. Y tras deforestar todos los bosques y rentar todas las estancias aptas para la agricultura, el agronegocios está quedando sin lugar para expandirse.

Entonces revisaron con atención los sitios ya ocupados. Y descubrieron que aún había nichos con buenas tierras y montes y arroyos para seguir creciendo. Allí vive la población más vulnerable, la que no tiene apoyo político, parlamentarios defensores, prensa amiga, ni dinero para comprar justicia. Y hacia allá se dirigen, con su insaciable hambre de tierras. Van raudos y seguros de sí mismos, armados hasta los dientes.

Ya tenían un ejército de fiscales, jueces y comisarios policiales amigos que los seguían en esa nueva “cruzada sobre el desierto”. Ahora, tranquilos con sus colegas en el mismísimo gobierno, para abreviar el procedimiento contratan –porque llevan mucho apuro- miles de sicarios y “guardias de seguridad”. Esos antes conocidos con un término más idóneo, “capangas”.

Y los lugares dónde persisten esos refugios de antiguos habitantes se están manchando de sangre. Los auto-designados “productores” se dan el lujo de celebrar macabros aniversarios: el 15 de junio de 2012 es conmemorado con el 15 de junio del 2014, el ataque armado a los Avá de Y´apó, en Corpus Christi. Hay matices: los campesinos de Curuguaty habían sido “haraganes” y “asesinos”, hasta quizá “EPP”, los Avá Guaraní son apenas unos pobres “indios sucios” empeñados en guardar sus templos ancestrales.

Como los titulares de prensa siempre acusan a las víctimas de agresores y delincuentes, la justicia actúa en consecuencia. Las víctimas, los familiares o sobrevivientes de estas masacres son inmediatamente procesados por la fiscalía y van a parar a la cárcel. Para que ya no piensen en bregar por sus derechos, para que jamás sueñen en recibir justicia donde la corrupción impera.

El ataque de un batallón de capangas a Y’apó es emblemático: los Avá son, entre los Guaraní, el pueblo más pacífico, el más manso. Días antes, centenares de policías -armados como para combatir peligrosos guerrilleros- quemaron sus ranchos y destruyeron sus cultivos. Con orden de la fiscalía, como siempre. Pero ellos volvieron allí, serenos y tristes, con sus mujeres y sus niños. Debían hacerlo, era el lugar de sus dioses, el sitio sagrado de sus ancestros. Y quizá sólo para morir en ellas, retornaron a su tierra. Como sus hermanos de Curuguaty, silenciosos y harapientos, simbolizan lo poco de coraje y dignidad que resta en ella.

Tierraviva 20 años

Al conmemorarse el vigésimo aniversario de creación de nuestra asociación, que adoptó el nombre de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco desde sus inicios, sin aspavientos ni pompas ajenas a la cultura de austeridad y compromiso que hemos imprimido a nuestra lucha junto a las comunidades y organizaciones indígenas a lo largo de todos estos años, hoy expresamos con honda satisfacción la alegría de  haber honrado el anhelo de nuestros fundadores y ratificamos el compromiso de seguir siempre adelante.

Tierraviva es una Institución, que a través de sus abogados y abogadas actúa en casos y litigios representando derechos e intereses de terceros, y que lo hace también actuando por sí misma, con voz propia, asumiendo su rol ciudadano como actor social en el ámbito de su experticia, así como el espectro más amplio de los Derechos Humanos, contribuyendo de este modo a nutrir de principios, valores y derechos la construcción progresiva de un verdadero Estado pluricultural y multiétnico, tanto en su dimensión política como social.

En este sentido, desde nuestros inicios hemos adquirido la convicción inequívoca que la única forma, con sentido verdaderamente histórico,  capaz de aportar al desarrollo de una expresión política y social de los Pueblos Indígenas en el Paraguay, es asumiendo con decisión clara y responsable la protección de las diversas identidades étnicas y la reparación histórica a las comunidades que son tributarias y acreedoras de las mismas con el propósito de lograr un Paraguay mejor.

Este ideal no debe entenderse, sino en la perspectiva de un trabajo que, al tiempo de abordar la dramática realidad de las víctimas del desamparo inveterado, pretende la obtención de una justicia que no se agote en medidas de reparación para las mismas, sino trascienda hasta alcanzar garantías de no repetición que solo pueden darse transformando las prácticas estatales actualmente vigentes en sus órganos y agentes.

Tierraviva es una institución apartidaria, pero no apolítica; que nadie se confunda, el hecho que estemos concentrados en la cuestión indígena, no nos hace ajenos a todo lo que ocurre en nuestro país, es por ello, que desarrollamos también una labor articulada junto a otras organizaciones en el seno de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, sobre los más diversos ámbitos de interés político y social, en la perspectiva de fijar los andamios de una edificación institucional incluyente, que ampare la justicia social para los Pueblos Indígenas, así como para todos los demás sectores de la sociedad, a partir de los cambios que se tornan cada vez más necesarios en la estructura económica y social del país, que hoy día compromete severamente la realización plena de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más desfavorecidos en la sociedad toda.

La tarea no ha sido ni será fácil en el futuro, sin embargo, en un país como el nuestro, donde la tierra ha sido privatizada hace mucho tiempo para ser negada a quienes nacieron en ella, mucho antes que se conformara la República, exhibir como logro en este aniversario la restitución de 138.491 hectáreas a sus originarios dueños, es un verdadero timbre de honor para nosotros; haber logrado también, a partir de la litigación estratégica de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el desarrollo de un contenido con mayor alcance del derecho a la propiedad comunitaria de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales y, consecuentemente, la fijación de los estándares vigentes hoy día en la materia, que son todo un paradigma jurídico a nivel internacional, no puede sino dejarnos satisfechos de la tarea emprendida hasta aquí.

El Paraguay decente que todos queremos, depende de la construcción democrática que nuestra sociedad se proponga hacer, por lo cual la educación en derechos humanos, anclada en una visión intercultural que sea comprensiva de la diversidad de miradas que ofrece la presencia de los Pueblos Indígenas, requiere de todos nosotros el respeto al espacio propio de quienes nos precedieron en estas tierras con sus culturas y tradiciones.

En este sentido, recordamos las palabras del ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  A. A. Cançado Trindade, quien decía con acierto y angustia que “Los pueblos indígenas siguen luchando desesperadamente por preservar no sólo su cultura, sino su propia historia. Y hay en ésto una gran sabiduría, que ya no tienen los irritantes “modernos” y aún menos los aún más irritantes “pósmodernos”. En sus fragmentos, poco conocidos, sobre el griego Eróstrato y la Búsqueda de la Inmortalidad y la Impermanencia (circa 1927), el gran escritor universal Fernando Pessoa ponderaba con acierto que el hombre que no conoce su medio y su pasado es un “bárbaro”, o sea, un hombre “totalmente moderno”, sin noción de la civilización que lo precedió y lo produjo, y que se limita a encontrar placer en las “novedades”; pero la verdadera y duradera innovación, agregaba, “es aquella que ha tomado todos los hilos de la tradición y los ha tejido nuevamente, de acuerdo con un patrón que la tradición no podría haber seguido”.

Sigamos pues innovando,  que el Paraguay lo necesita; desde Tierraviva, a cuatro lustros de nuestra fundación, nos afirmamos en este compromiso, desde la esperanza y el trabajo por un futuro mejor, nuestros mejores esfuerzos seguirán al servicio de la justicia.

Finalmente, un merecido homenaje, a una de esas personas, que desde la belleza de su obra, acaso sin saberlo, acompaño también la larga marcha que hemos emprendido, evocando a modo de epilogo de estas líneas, su breve pero significativo “Mensaje para todos”, escrito en el siguiente poema:

Amor y libertad

Paz y belleza

Pan y justicia

Amistad y solidaridad

Brújulas de la vida

Estrella del mundo

Realidad de los sueños

(Emilio Pérez Cháves, 2004)

Muchas gracias a las Comunidades Indígenas; a los miembros de la asamblea, el directorio y el equipo de trabajo de la Institución; a las agencias de cooperación, a todos y a todas quienes han apoyado, alentado e inspirado este trabajo;  Salud, Tierraviva!

 

Asunción, junio 21 de 2014

Por el Directorio,

Dr. Rodrigo Villagra Carron

 

Por el Equipo de Trabajo,

Julia Cabello Alonso

Oscar Ayala Amarilla

Santiago Bobadilla Brizuela

Los indígenas que lograron que Paraguay les devuelva sus tierras

Veronica Smink
BBC Mundo, Cono Sur

 

“Se trató de un hecho histórico: por primera vez, una comunidad indígena 

logró que el Estado de Paraguay le devuelva sus tierras ancestrales 

a través de una ley de expropiación”.

 

Los más de 600 miembros de la comunidad Sawhoyamaxa podrán volver a vivir en las 14.404 hectáreas de tierra que poseen en la región del Chaco, en el noroeste del país, luego de que el pasado 11 de junio el presidente Horacio Cartes promulgara una ley que les restituye su terreno.

La firma del mandatario puso fin a una larguísima batalla judicial y política entablada por este pueblo originario, perteneciente a la etnia Enxet, que venía luchando hace 23 años para recuperar su tierra.

El largo derrotero de los Sawhoyamaxa comenzó durante el gobierno militar de Alfredo Stroessner (1954-1989), cuando un ganadero de origen alemán los expulsó de sus terrenos, ubicados a unos 270 kilómetros de la capital, Asunción.

Desde entonces, las cerca de 160 familias que componen la comunidad debieron subsistir al borde de una carretera, frente a la tierra que antes ocupaban, viviendo en condiciones de pobreza.

Leonardo González, uno de los líderes de la comunidad, le dijo a BBC Mundo que casi medio centenar de personas perdieron la vida en ese tiempo como consecuencia de las malas condiciones sanitarias y de los accidentes causados por vivir al lado de una ruta.

“Estamos muy agradecidos de poder volver a nuestra tierra, que es como nuestra madre. Esto nos da vida, nos permite volver a tener contacto con nuestros bosques y nuestras medicinas tradicionales”, exclamó González.

 

Batalla legal

Los Sawhoyamaxa comenzaron en 1991 su campaña para recobrar sus tierras, pero no tuvieron éxito en las Cortes paraguayas.

También iniciaron procesos parlamentarios, presentando dos proyectos de expropiación que fracasaron por falta de apoyo.

Las cosas cambiaron en 2006, luego de que decidieran buscar ayuda afuera de Paraguay ante la falta de respuestas en su país.

Ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de la comunidad, obligando al Estado paraguayo a restituirle sus tierras.

A pesar de esa victoria, los Sawhoyamaxa siguieron sin poder volver a casa. El gobierno cumplió con parte del fallo al pagarles una indemnización por el daño que sufrieron, pero no logró restituirles su tierra ya que el ganadero que la ocupaba, Heribert Roedel, se negó a venderla al precio ofrecido por el Estado.

Fue así como finalmente el Congreso tomó cartas en el asunto y aprobó una ley para expropiar los terrenos y cumplir con la orden de la Corte IDH.

Ricardo Morínigo, de Tierraviva, una ONG creada para dar sustento legal a las comunidades indígenas del Chaco, dijo a BBC Mundo que los legisladores actuaron como consecuencia de la fuerte presión que recibieron por parte de grupos dentro y fuera de Paraguay, que abogaron por la devolución de terrenos de los Sawhoyamaxa.

“Paraguay es el único país del mundo que tiene tres sentencias en la Corte Interamericana por casos de violación de derechos a los pueblos originarios. Si bien el proceso ha sido lento, gracias al trabajo de las propias comunidades y de las ONGs que los acompañan se han logrado avances”, afirmó.

 

Los tres casos de la Corte IDH

Además de los Sawhoyamaxa, que deberán esperar hasta que concluya el proceso de expropiación para poder tomar control total de sus tierras, otra comunidad con un fallo favorable de la Corte IDH aún espera recobrar su hogar ancestral.

Se trata de los Xákmok Kásek, quienes también lograron que el Tribunal internacional arbitre a su favor en 2010. Según Morínigo, el Estado paraguayo acordó un plazo hasta septiembre de este año para cumplir con la orden, y ya negocia con el ganadero de ascendencia estadounidense que ocupa las tierras para poder devolverlas a sus dueños originales.

También el primer caso que fue llevado ante la Corte IDH, la del pueblo Yakye Axa –que al igual que las otras comunidades vive en la región del Chaco- llegó a su final, en 2012. Si bien no lograron recobrar sus tierras, como consecuencia del fallo de 2005 aceptaron recibir un terreno cercano, además de la indemnización del Estado.

¿Significan todos estos pasos un cambio de actitud del gobierno paraguayo con respecto a los reclamos de los pueblos originarios?

Morínigo cree que no. “El Estado cumplió, es cierto”, señaló. “Pero mientras les paga a algunas comunidades, sigue expulsando a otras”, acusó.

El activista de los derechos humanos denunció al caso del pueblo Y’apo, que un día antes de la sanción de la ley de expropiación que favoreció a la comunidad Sawhoyamaxa sufrió un intento de desalojo por parte de fuerzas policiales, y pocos días después de la promulgación de la ley volvió a ser atacada por grupos armados.

No obstante, el gobierno de Horacio Cartes subrayó su compromiso con las comunidades indígenas.

Además de los US$8 millones que pagará para expropiar las tierras de los Sawhoyamaxa, también anunció que creerá un fondo de desarrollo comunitario para proveer educación, asistencia sanitaria y ayuda a la tercera edad para ese pueblo, tal como exigió la Corte IDH.

“El Estado está para eso”, dijo el presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Jorge Servín, quien aseguró que el gobierno respetará los derechos de los pueblos originarios.

Cirilo Fernández, joven líder indígena de Laguna Teja

 

“Entraron –policías del grupo anti-abigeato–  a la comunidad en busca de supuestas evidencias que demostrarían que nosotros somos abigeos. Los policías estaban armados, nos maltrataron e inclusive nos obligaron a acostarnos en el suelo como si fuéramos delincuentes. Nosotros no tenemos ninguna participación en los casos de abigeato. No es la primera vez que la policía actúa en forma ilegal y prepotente”.

“Luchar por los derechos colectivos quizás es el acto más noble y la mejor herencia que una persona deja a su pueblo”

Eso lo demostró Cirilo Fernández, un joven indígena angaité de la comunidad Laguna Teja de La Patria, quien falleció el fin de semana pasado, víctima de la mordedura de serpiente. Fernández nació en su comunidad, ubicada en el Departamento de Presidente Hayes, Chaco, adquirida en la década de los años 80´ por la Iglesia Anglicana y entregada, luego, al Pueblo Angaité. Fue uno de los responsables de la creación de una nueva aldea, denominada Laguna Teja, dentro de la misma comunidad y donde se instalaron más de una veintena de familias.

Entre los años 2003 y 2004 los miembros de la comunidad La Patria  fueron acusados de abigeato por un fiscal, debido la denuncia de un ganadero cuyo establecimiento linda con la propiedad indígena. En esa ocasión, y en realidad, en varias otras, agentes policiales irrumpieron a la fuerza en tierras indígenas maltratando verbal y físicamente a las personas, apresando a Cirilo  Fernández y a otros cinco miembros de la Comunidad La Patria, quienes fueron llevados a Tacumbú, donde, finalmente, permanecieron por más de tres meses, sin ninguna prueba responsable que lleve a suponer la autoría sobre el hecho punible en cuestión.

Desde Tierraviva asumimos la defensa de estas seis personas y para nuestra institución es sumamente importante resaltar lo siguiente: Días antes de la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, ante el absurdo construido por él mismo en contra de los indígenas, propuso una salida alternativa al conflicto, a través de una de las figuras contempladas en el Código Penal. Los indígenas, liderados por Cirilo, decidieron no aceptar y por lo tanto, proseguir con el juicio, en primer lugar por no considerar justo reconocer un hecho que no cometieron (condición impuesta en la propuesta) y en segundo lugar, por considerar que su caso, eventualmente anulado y ganado, podía servir de precedente y a favor de otros indígenas que fueran inculpados injustamente como ellos; vale recalcar, estuvieron dispuestos al riesgo de 10 años de privación de libertad, con la esperanza de aportar al esclarecimiento de futuros hechos de injusticia. Y efectivamente fue así. Se logró la anulación de todo el proceso y este caso, en años posteriores, fue puesto como precedente en otros procedimientos, como el de siete indígenas de la comunidad Kelyenmagategma, también acusados injustamente, dos indígenas de Puente Kaigué, un adolescente indígena, entre otros. En todos, se pudo conservar el sentido procesal ganado en el caso de Cirilo.

Comentando este acto de nobleza y valentía, es que queremos, desde Tierraviva, recordar a Cirilo y compartir con todos y todas, el testimonio de vida de una  persona como él, que deja un legado de lucha y de justicia para todos nosotros.