Una delegación de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), integrada por representantes de 43 comunidades y 93 aldeas indígenas del departamento de Presidente Hayes, entregó este jueves una nota al presidente de la República, Santiago Peña, en la que exigen la reapertura inmediata de la sede central del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción.
En el escrito, los líderes y lideresas indígenas denuncian la falta de políticas públicas efectivas y la decisión del Gobierno de cerrar la oficina central del INDI bajo el argumento de la descentralización, habilitando oficinas regionales en su reemplazo. La medida, señalan, constituye una violación del artículo 29 de la Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” y ha generado un estado de indefensión para los pueblos originarios frente a la vulneración de sus derechos.
La CLIBCh recordó además que el presidente del INDI, Juan Ramón Benegas, incumplió un acuerdo firmado el 21 de julio pasado, en el cual se comprometía a comunicar en un plazo de ocho días el nuevo domicilio de la sede central en Asunción. A más de un mes del compromiso, no se ha dado cumplimiento y, en cambio, se ha iniciado un proyecto para construir una sede del INDI en Yhú por más de tres mil millones de guaraníes.
Los representantes indígenas calificaron la situación como una forma de discriminación estructural y negación de derechos colectivos, advirtiendo que el cierre de la oficina central paraliza trámites vitales relacionados con la identidad, la memoria histórica y las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas del Paraguay.
En la nota entregada, la CLIBCh plantea tres exigencias principales:
1. Reapertura inmediata de la sede central del INDI en Asunción.
2. Diseño e implementación de políticas públicas integrales con enfoque intercultural y presupuesto adecuado.
3. Compromiso real del Estado y la sociedad para erradicar la discriminación y garantizar los derechos indígenas.
Finalmente, los líderes del Bajo Chaco instaron al presidente Santiago Peña y a las instituciones públicas a escuchar el clamor de las comunidades, advirtiendo que se mantendrán movilizados y vigilantes, dispuestos a convocar nuevas marchas en defensa de sus derechos.