Dos graves casos de violación de derechos sufre el pueblo Ishir en el Alto Paraguay en Puerto Ramos, y Puerto Pollo, comunidades tradicionales ubicadas en su territorio ancestral, que carecen de garantías para su misma sobrevivencia, a consecuencia de una actuación ineficiente de la SEAM.
Esta habría otorgado la licencia ambiental a una empresa ganadera de capital extranjero en frontera (violando, de esta manera, flagrantemente la ley, la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos) en Puerto Ramos, y también una licencia en Puerto Pollo, a pesar de constituirse en un territorio ya reconocido por Decreto del Ejecutivo en octubre de 2013.
Casos emblemáticos que nos han llevado a conversar con Andrés Ozuna, líder indígena, Secretario de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir (UCINI), quien explicó los antecedentes de estos casos y sentó la postura de su organización en este proceso afirmando enfáticamente: “En Puerto Ramos y Puerto Pollo atropellan los derechos de nosotros, los Ishir”.
Sumamente preocupado, el líder indígena señala que “en el caso de Puerto Ramos, a pesar de que nosotros los ishir venimos tramitando nuestras tierras ante el INDI y el Poder Judicial, la SEAM realizó una audiencia pública en la Municipalidad de Bahía Negra, y quiere otorgar una licencia ambiental a la empresa Paraverde SRL (empresa ganadera de capital extranjero). Nuestros abogados nos comentaron que en el Poder Judicial una Medida Cautelar de Prohibición de Innovar, presentada por el INDI”.
Sostiene Ozuna asimismo que “en Puerto Pollo, en junio de 2016, la UCINI acompañada por nuestros abogados de Tierraviva, hemos comunicado a la SEAM que no corresponde la licencia ambiental que está en nuestro territorio, y que nos afecta por que es el territorio ancestral en donde se asienta nuestra comunidad reconocida por el Estado paraguayo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 421 del 04 de octubre de 2013. Esto se debe cancelar inmediatamente”.
El líder se refirió en este caso al Expediente SEAM N° 181187, Proyecto Actividad Ganadera”, que tiene como proponentes a los señores Blas Roque Gadea Y Joao Vieira de Madeiros, en la Colonia Bahía Negra Poty, Distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, y que ha sido elaborado por el consultor Ing. Edelmiro Ruíz Díaz.
La UCINI ha tomado la decision de pelear por sus derechos
“En la UCINI hemos decidido pelear nuestros derechos en todas las instancias, que nos apoye a nosotros a tomar medidas sobre esta situación. Las zonas de Puerto Ramos y Puerto Pollo son parte de nuestro territorio ancestral, es una tierra de nuestros abuelos, una tierra con abundancia de peces. Y está en medio de nuestro territorio, allí entraban nuestros ancestros a buscar mieles silvestres, materia prima para nuestra artesanía, sin embargo, ahora en nuestra tierra nos amedrentan”, señala Ozuna.
“Los propietarios disparan al aire con armas de fuego, amenazando a mujeres, amenazando a niños. Ya hemos reportado al INDI la situación, pero no hay muchas respuestas. No podemos creer que esta empresa se opone al paso y libre circulación de nuestra gente. Han asustado a nuestros niños, han asustado a las señoras”, señala con tristeza el líder.
Para abogado, hay discriminación estructural de derechos de los Pueblos indígenas en territorio ishir
Maximiliano Mendieta, abogado de Tierraviva, organización que acompaña el proceso de restitución territorial del pueblo ishir, sostiene que las comunidades de Puerto Ramos y Puerto Pollo están siendo víctimas de una discriminación estructural por parte de Estado paraguayo, que a través del radical beneficio ilegal e inconstitucional a los ganaderos, viola los derechos más básicos de este pueblo.
“Tierraviva seguirá impulsando y denunciando ante todas las instancias correspondientes estos hechos que violan los derechos humanos de estas dos comunidades del pueblo Ishir”, sostiene Mendieta.
Así también, Mendieta informó que se ha solicitado u na audiencia, en forma urgente, con el mininstro de la SEAM, Rolando De Barros, la que debería realizarse lo antes posible. “Es el Estado es el que no sólo debe abstenerse de violar derechos humanos sino de garantizar la vigencia de los mismos, principalmente, de aquellos grupos que se encuentran en una profunda situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, quienes, a lo largo de la historia se han vistos expoliados y usurpados en sus territorios, situación que continúa hasta la actualidad”, enfatiza Mendieta.