Indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa se sienten burlados
Por Nilza Florentín
Para el próximo 19 de junio quedó suspendida la audiencia preliminar en el caso que involucra Rubén Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), procesado por el robo de más de 3.000 millones de guaraníes, monto que debía ser utilizado en Proyectos de Desarrollo para las Comunidades Indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, del Chaco. En este caso están procesados además, Marlene Mendoza, ex administradora del INDI y Ever Otazó, ex funcionario de la misma institución.
La audiencia preliminar debía realizarse en la mañana de este miércoles en el Juzgado Penal de Garantías N º 3, de la ciudad de Asunción, a cargo del juez Oscar Delgado, pero fue suspendida (por segunda vez) debido a que la defensa de los cuatro imputados todavía no tuvo acceso a las copias del expediente, según la información emitida por el juzgado.
El malestar por esta nueva suspensión fue manifestado por los nativos, que llegaron a la capital para asistir a la audiencia.
En ese sentido, Inocencia Gómez de la Comunidad Indígena Yakye Axa se refirió a que van dos veces de la suspensión. “Esto no vemos bien; si las cosas se van a realizar bien, esto ya debe realizarse. No nos pueden pedir que vengamos tantas veces. A nosotros nos cuesta mucho venir hasta Asunción para que luego el juez suspenda nuevamente estas audiencias, nos cuesta tiempo y dinero, pues nosotros pagamos de nuestro bolsillo los pasajes, no los paga el juez”, dijo.
La mujer asegura que no es justo lo que Quesnel hizo por la comunidad. “Prácticamente se burló de nosotros y ahora el juez no tiene en cuenta esta situación, el ex presidente del INDI debe ser juzgado y condenado por lo que nos hizo, por lo que le hizo al Estado, apoderándose de la plata que era para nuestra comunidad y que salió del Estado”, apuntó tras conocer la suspensión –por segunda vez- de la audiencia preliminar.
Ante este caso, que considera una burla, refirió que Quesnel tiene que reponer de nuevo ese fondo que debe ser utilizado en las comunidades indígenas.
Por su parte, Ireneo Téllez, abogado de la institución Tierraviva, quien ejerce la querella en representación de las comunidades afectadas, significó que no puede ser que esta audiencia se siga suspendiendo por una cuestión meramente administrativa. “Tanto la querella adhesiva como la fiscalía, han solicitado al juzgado que se cumpla con el pedido de la defensa y que en un plazo de cinco días, antes de la próxima audiencia, de modo que el procedimiento judicial no se vuelva a suspender”, refirió el profesional.