Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco es una organización sin fines de lucro, con más de 30 años en el acompañamiento a las comunidades indígenas del Chaco en su lucha por la restitución de su territorio, el hábitat tradicional y el respeto a sus Derechos Humanos.
Entre los aportes de nuestra institución podemos mencionar la contribución a la recuperación de más de 160 mil hectáreas de tierras indígenas devueltas a comunidades; el apoyo y resolución de reivindicación de otros derechos, como los derechos laborales, el acceso al agua, a la salud, el derecho a la identidad, contribuyendo a la obtención de documentos de identidad 20 mil indígenas; además de colaborar con el fortalecimiento comunitario mediante la educación en derechos de jóvenes y mujeres indígenas. La contribución de Tierraviva en el acompañamiento de casos ante órganos internacionales, incluso sentó jurisprudencia favorable, que todos los Estados de la región están obligados a contemplar, en materia de derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos orgullosos de nuestros logros y, sobre todo, del vínculo de confianza con el que tantas comunidades indígenas en el país nos honran.
Compartido esto, queremos manifestar nuestra indignación porque nuestra organización ha sido, una vez más, blanco de ataques infundados desde un espacio de poder estatal, en este caso en la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos.
Las personas ponentes ante la citada comisión no han relatado, en el marco de un ataque genérico realizado, cuál es el hecho que específicamente se nos atribuye, la conducta penal o judicialmente relevante que supuestamente realiza la institución; con la individualización de los posibles autores o de las circunstancias fácticas en que se dieron estos supuestos hechos, sino que se limitaron a reproducir prejuicios perniciosos y estigmatizantes buscando instalar una narrativa discriminativa y falaz contra una labor que ayuda a construir una sociedad más justa y equitativa para todos y todas.
Tales declaraciones no hacen sino abundar en una serie de hechos precedentes de persecución a las organizaciones de la sociedad civil y de defensores/as de derechos humanos, como el caso específico del Abogado Oscar Ayala Amarilla, trabajador y miembro de nuestra institución. Estos ataques conjugan la injerencia nociva de intereses sectoriales y de personas que propagan mentiras y conspiraciones antojadizas, demostrando la persistencia y grave concurrencia de posturas autoritarias que deslegitiman la lucha de los Derechos Humanos, presentando a personas con una trayectoria destacada y valiosa, como villanos y déspotas.
Las descalificaciones y mentiras con las que atacan a personas defensoras de DD.HH en realidad reflejan las cualidades de otros espacios políticos, como las del Partido Gobernante, que proyecta sus prácticas violentas, de digitar, manipular y trastocar reivindicaciones sectores sociales en función de intereses personales, de clase y de corporaciones que acaparan el poder político, las riquezas y que se confunden también con grupos delictivos institucionalizados.
Este actuar tiene un objetivo claro, deslegitimar y disciplinar a organizaciones, instituciones y personas de bien. Es además la muestra de un desprecio racista, ignorante y mal intencionado sobre la naturaleza y las acciones de un movimiento de lucha que se construye con la voluntad y resistencia de líderes, lideresas, personas resilientes, niños y niñas indígenas que reivindican activamente sus derechos, contra todas las adversidades, para tener una vida más digna, y de los profesionales, técnicos e instituciones que los acompañan. Las falsas y autoritarias acusaciones segregacionistas son un indicador, no sólo de la discriminación estructural que sufren los Pueblos Indígenas, sino también de las formas actuales en que es reproducida tal discriminación, para asegurar privilegios infundados de poder simbólico, económico y territorial de los sectores históricamente favorecidos por un status quo social insostenible y una representación política degradada que socaba cada vez más las instituciones democráticas de nuestro país.
En el marco de dicha democracia, contrariamente a lo expresado por los ponentes, la deuda que sí tiene el Estado paraguayo para con toda la sociedad es la de esclarecer los hechos de apropiación indebida de los bienes públicos, la narcopolítica, sus autores, sus personeros favorecidos, los contrabandos que ya cuentan con procesos judiciales en países extranjeros; embargos y requisas de bienes pertenecientes a quienes fungían de actores políticos, que hoy siguen pretendiendo direccionar las decisiones públicas dictando libretos imaginarios para generar desinformación y confusión a la opinión pública, con el fin de debilitar a la sociedad civil organizada y alejarla de la atención de las causas y los problemas principales que la aquejan.
Es así que en verdad resulta lamentable que autoridades que debieran estar legislando para lograr el progreso del país, sean propiciadores de atacar a organizaciones y personas de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos, violando preceptos constitucionales como la presunción de inocencia, la salvaguarda del honor y la reputación de las personas. Es aún más paradójico y preocupante, que tal debate y persecución sea hecha apenas terminada una visita de Supervisión de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de casos indígenas que Tierraviva acompaña, en la cual, todas las instituciones del Estado y este en su conjunto, se comprometieron a rectificar sus acciones, respetar los compromisos asumidos y garantizar la no repetición de actos de violación de derechos humanos que siguen aquejando a estos pueblos.
Desde ya, en el marco de dichos actos nos reservamos el derecho de ejercer las acciones civiles para la reparación del daño moral cometido contra nuestra organización y personas integrantes de ella, y de incoar las acciones penales pertinentes en todos los ámbitos judiciales nacionales e internacionales, en los cuales tenemos sobrada experiencia de litigar. Y lo haremos contra los autores según las acciones que fueren procedentes y que hacen a nuestros derechos particulares y colectivos como cualquier otro ciudadano o ciudadana titular de derechos, que trabaja lícitamente en un país donde existe un derecho al trabajo libremente escogido.
En suma, no rehuimos al debate objetivo y a la transparencia, sin embargo, nos negamos a someternos a las intenciones espurias, calumniosas y mal intencionadas, que pretenden deslegitimarnos como instituciones y personas, presentándonos como sospechosos y perpetradores de delitos que no existen y/o no tienen ninguna relación con nuestras actividades y vida institucional, por el sólo hecho que algunos necesitan vivir desviando la atención de los hechos de corrupción sobre los cuales hoy la ciudadanía reclama explicación y reparación para el restablecimiento de la paz social en el Paraguay.
Por ello, va una vez más nuestra alerta a la ciudadanía crítica frente a estos despropósitos; ¡porque la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho nos necesita a todas y a todos bien despiertos!