Tierraviva, en su rol de representante convencional de diferentes comunidades indígenas en los estrados judiciales, ha acompañado diferentes denuncias penales realizadas por las propias comunidades respecto, principalmente, a delitos contra el ambiente y el territorio indígena. Sin embargo, estos casos no han sido atendidos con la debida diligencia por el Ministerio Público tanto en las sedes fiscales de Pozo Colorado, como de Villa Hayes.
La abogada Natalia Rodríguez manifestó que las comunidades exigen una celeridad en las investigaciones de crímenes como invasión de tierras, tala ilegal de árboles, y otros que afectan bienes jurídicos indígenas.
“El artículo 3 de la carta orgánica del Ministerio Público obliga a los fiscales a realizar rápidamente las actuaciones y diligencias de la investigación y a individualizar a los culpables a fin de que puedan ser sometidos a procesos penales” indicó la abogada al tiempo de señalar que la impresión que queda es que al Ministerio Público todavía le falta mucho para dar respuestas rápidas, “principalmente cuando hay lesiones a los derechos ambientales y territoriales de la población indígena”.
Tierraviva tiene como uno de sus ejes estratégicos de trabajo el acceso a la justicia y la no discriminación para los Pueblos Indígenas, en ese marco lleva adelante litigios estratégicos que buscan sentar jurisprudencia respecto a los Derechos Humanos de la población indígena.