Desde Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, organización con 31 años de labor por la defensa y promoción de los derechos de Pueblos Indígenas, expresamos nuestra profunda preocupación ante la decisión del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) de cerrar su oficina central y reemplazarla por tres oficinas regionales.
Esta medida constituye una grave violación a los derechos de los Pueblos Indígenas, consagrados en normas nacionales e internacionales. Lejos de fortalecer la institucionalidad pública para responder a las necesidades históricas de los Pueblos Indígenas, esta decisión representa un desmantelamiento de la política indígena del Estado paraguayo. Con la disolución fáctica del INDI como ente rector, se elimina toda posibilidad de desarrollar políticas públicas interculturales y participativas, reduciendo aún más la ya debilitada acción estatal, sin siquiera alcanzar un nivel básico de asistencia social.
Este acto, impuesto de forma unilateral, contraviene de manera directa el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Paraguay, así como lo dispuesto en la Constitución Nacional y las leyes vigentes. Es particularmente grave la violación del artículo 29 de la Ley N.º 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, que establece que el INDI debe tener domicilio legal en Asunción, asegurando así un acceso equitativo y centralizado a sus funciones administrativas y de representación.
La ausencia de consulta previa a los pueblos afectados no solo vulnera principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, sino también ignora las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigen la adopción de medidas efectivas para garantizar la participación y el respeto a los derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos indígenas.
Además, experiencias anteriores de traslado de sede del INDI han ocasionado importantes pérdidas patrimoniales y documentales, afectando el acceso a derechos y generando obstáculos burocráticos que terminan castigando aún más a las comunidades. Por ello, exigimos que se adopten medidas urgentes para preservar y resguardar el acervo documental del Instituto, como parte del derecho a la verdad y la memoria institucional.
Reiteramos que el funcionamiento del INDI debe formar parte de una política pública integral, participativa y adecuadamente financiada, orientada al reconocimiento, protección y promoción de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, incluyendo su territorio, cultura, identidad y formas propias de organización.
Esta decisión del Estado no solo desconoce las obligaciones jurídicas asumidas, sino que representa un nuevo paso hacia la invisibilización y marginación de los Pueblos Indígenas en Paraguay.
Es inconstitucional es un atropello para los pueblos originario ahora debemos a levantar y demostrar que nosotros merecemos Respeto como todo los demas