Ante los últimos acontecimientos en relación al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)

Tierraviva manifiesta cuanto sigue

 

La crisis que atraviesa el Instituto Paraguayo del Indígena es una consecuencia clara de la marginación institucional de la entidad dentro del propio Estado y de la nula importancia que tiene la cuestión indígena en la agenda de este gobierno y de los que le antecedieron que se expresa, entre otras cosas, en la ausencia de políticas públicas para los Pueblos Indígenas del Paraguay.

Desde Tierraviva, como institución que acompaña reivindicaciones territoriales de comunidades y Pueblos Indígenas, hemos conversado con referentes de los grupos que acompañan a la presidenta del INDI y con quienes piden su destitución. Los años de experiencia que acumulamos nos lleva a afirmar de forma categórica que los reclamos de uno y otro grupo son genuinos, justos y concretos; y exigen una respuesta clara así como un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo que de una buena vez debe empezar a construirse.

El INDI, como la instancia de representación más alta del Estado paraguayo ante los Pueblos Indígenas, es la entidad responsable de gestionar, procurar y dar las respuestas necesarias a estos reclamos; y el Estado en su conjunto debe proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para ello.

Resulta preocupante, actualmente, que la interlocución con los Pueblos Indígenas que se encuentran en protesta no está garantizada por un pronunciamiento y presencia clara de la actual titular del INDI; absolutamente necesarios para destrabar la actual crisis; por lo que instamos a no renunciar al diálogo y la genuina construcción colectiva, en que deben involucrase todas las partes del actual conflicto.

Recordamos al Estado que el derecho a la protesta como forma de la libre expresión de los Indígenas que se manifiestan con sus diferentes posturas es un derecho que debe ser garantizado. Y que su participación y consulta sobre las formas de interlocución con el Estado es también un derecho que les asiste.

Asimismo recordamos la necesidad de transparentar toda acción pública que abarca el resguardo de los documentos relacionados a las comunidades indígenas y a sus miembros, así como a la propia gestión del INDI y bienes institucionales. Más aún cuando se cuentan con experiencias nefastas de años anteriores en el que con mudanzas sin planificación se han perdido valiosos documentos que ya no pudieron recuperarse. Por ello señalamos la responsabilidad del Estado en el resguardo de los mismos.

Por último, y sobre todo, instamos a tomar las medidas necesarias para evitar todo tipo de violencia y enfrentamiento hacia y entre los grupos indígenas en ejercicio del derecho a la protesta.

 

Asunción, 30 de noviembre de 2018

 

Contacto: 0985 319 810

Abog. José Paniagua, Coordinación Ejecutiva