En la fecha, Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco ha tomado conocimiento de las declaraciones públicas del ministro del Interior, Enrique Riera, en las que atribuye a organizaciones de la sociedad civil la supuesta protección de personas vinculadas a hechos punibles y la presión indebida sobre jueces y fiscales; haciendo caso omiso de la obligación de demostrar la veracidad de sus dichos.
Tales afirmaciones arbitrarias no sólo carecen de sustento, sino que constituyen un grave intento de desacreditar el trabajo de defensa de los derechos humanos y de señalar como ilegítimas las luchas campesinas e indígenas.
Las organizaciones sociales cumplen un rol reconocido en un Estado democrático: acompañar a las víctimas, vigilar el respeto al debido proceso y exigir que las instituciones funcionen conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Pretender instalar en la opinión pública la idea de un “enemigo único” que explique los conflictos sociales, además de simplista, desvía la atención de las verdaderas responsabilidades del Estado en la garantía de derechos y en la prevención de la violencia estructural; permeadas totalmente en la actualidad por poderes fácticos y el narcotráfico.
Resulta particularmente preocupante que desde el propio Ministerio del Interior se intente desacreditar además otros principios básicos del Estado social de derecho; señalando también en el conjunto a instituciones públicas como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; actor que realiza supuestas injerencias particulares en el poder público al lado de las organizaciones de la sociedad civil.
Esta expresión demuestra que el problema no se trata de esclarecer o prevenir hechos de violencia bajo el criterio garantista de objetividad, sino que lo que molesta en realidad son la lucha por la democracia y la participación de la ciudadanía como contralor en derechos fundamentales como la prohibición de la tortura, el derecho a la defensa y el actuar de las fuerzas públicas. Las garantías constitucionales no protegen delitos: protegen a las personas frente a abusos del poder estatal.
En lugar de desviar el debate con acusaciones infundadas, corresponde a las autoridades garantizar que las instituciones respondan con celeridad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos, especialmente cuando se trata de pueblos históricamente vulnerados.
Tierraviva recuerda concretamente que en varias oportunidades ha solicitado sin éxito una audiencia a la Fiscalía General del Estado para exponer la reiterada dilación que sufren las causas penales cuando los denunciantes son pueblos indígenas. La fiscal general Sandra Quiñónez no respondió jamás al pedido realizado el 23 de setiembre de 2022, donde investigaciones fiscales ya alcanzaban más de 1.200 días sin definición para las comunidades indígenas del Chaco.
Posteriormente, el máximo representante del Ministerio Público Emiliano Rolón no ha respondido a la misma petición desde su ascensión al cargo en el mes de marzo de 2023. En marzo de 2026 se cumplirán 3 años del mandato del mismo sin otorgar a su vez dicha audiencia; lo que también patentiza su desinterés por el avance de estas causas judiciales en casos de lesión de bienes jurídicos indígenas.
Por lo cual, mentir afirmando que existe un supuesto manejo tras bambalinas frente al verdadero contexto de desinterés e indolencia del sistema de justicia ante la labor de defensa de la tierra indígena resulta más que absurdo y contradictorio.
De hecho, esta grosera falta de respuesta de la justicia en numerosas denuncias por invasión de tierras indígenas, amenazas contra comunidades y otros hechos graves; que permanecen sin avances sustantivos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, ha sido motivo de informes internacionales de Tierraviva, denunciando que esta circunstancia agrava la situación de indefensión indígena, incompatible con los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo.
Las autoridades públicas, decíamos, en vez de abocarse a profundizar la estigmatización y discriminación, deberían dirigir sus esfuerzos a la construcción de alternativas consensuadas; pues si no cambian estas prácticas, en realidad sus acciones seguirán contribuyendo aún más a debilitar la confianza pública en las instituciones.
Tierraviva reafirma su compromiso con la defensa pacífica y jurídica de los derechos de los pueblos indígenas, e insta a las autoridades a actuar con responsabilidad, apego a la verdad y respeto al marco constitucional, condiciones indispensables para la vigencia plena del Estado de derecho en el Paraguay.