Respecto a la reciente firma de convenio entre el INDI y una empresa celulosa para que la entidad estatal supuestamente haga de contralor y garante de la observación de la Consulta Libre, Previa e Informada, el doctor y antropólogo Rodrigo Villagra, presidente del Directorio de Tierraviva hizo algunas consideraciones.
En primer lugar, dijo que más allá de velar por los intereses de los Pueblos Indígena se legitima las acciones de la empresa sin poner en cuestionamiento los grandes daños ambientales y la situación preexistentes, de abandono, pobreza, de degradación ambiental que tienen las comunidades.
Las mitigaciones apenas son un maquillaje de las consecuencias cuando en realidad representan un momento de deterioro, significó al puntualizar que el INDI no tiene la capacidad para satisfacer y garantir los derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces apenas va ser una oficina administrativa que va a legitimar cualquier tipo de acción que haga una empresa en las comunidades indígenas sobre los impactos ambientales.
Villagra, durante su intervención en el programa Devuelvan Nuestra Tierra por Radio Pa’i Puku, dijo además que el Estado y el INDI en particular, debería primeramente velar por el mejoramiento de la calidad de vida de la gente más allá de una propuesta e interés comercial de una empresa en utilizar y explotar áreas naturales en las comunidades.
En cuanto al decreto reglamentario de la Consulta Libre Previa e Informada dijo que el documento contempla a las organizaciones y comunidades como sujetos pasivos y no como sujetos activos. Apenas pueden reaccionar ante las propuestas empresariales con las medidas que ellas quieran hacer en los territorios indígenas.
Cuando el proyecto está aprobado se llega a las comunidades con hechos y procesos consumados donde la participación indígena es mínima y tangencial. Al INDI se le coloca como apenas un ente fiscalizador, de peajes, de agentes tasador e inspector y no como una plataforma de discusión para la implementación de políticas públicas, dijo finalmente.
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