Ancianos y ancianas de comunidades indígenas del Chaco paraguayo enfrentan serias dificultades para acceder al programa de pensión para adultos mayores, en un contexto donde las políticas públicas siguen sin adecuarse a sus realidades territoriales y culturales. La organización Tierraviva, junto a la Coordinadora de Líderes del Bajo Chaco (CLIBCh), ha venido monitoreando esta situación, se documentaron al menos diez casos de personas que intentaron cobrar sus beneficios sin éxito, evidenciando fallas estructurales en la implementación del programa; actualmente se busca una mesa de trabajo con las instituciones para superar estas barreras.
Uno de los principales obstáculos es la distancia entre las comunidades y los puntos de cobro. En vastas zonas del Chaco, los cajeros automáticos se encuentran a kilómetros de distancia, lo que obliga a las personas adultas mayores a realizar largos y costosos desplazamientos, muchas veces sin garantías de poder concretar el cobro. Esta situación se agrava por la falta de transporte y las condiciones geográficas adversas, que terminan excluyendo en la práctica a quienes deberían ser prioritarios en la política social.
A ello se suma la aplicación de criterios administrativos que desconocen estas condiciones. Según los casos relevados, varios beneficiarios fueron bloqueados del sistema por “falta de movimiento bancario”, sin considerar que dicha inactividad responde precisamente a las dificultades de acceso. Esta medida, aplicada de forma automática, deja a las personas sin ingresos y sin canales claros de reclamo o restitución.
Incluso en los casos en que los beneficiarios logran reingresar al programa, se denuncia que no se les reconocen los pagos retroactivos correspondientes al período en que estuvieron bloqueados. Esto implica una pérdida económica significativa para personas en situación de alta vulnerabilidad, además de generar incertidumbre sobre el destino de esos fondos no percibidos.
Desde Tierraviva se advierte que estas situaciones reflejan la ausencia de un enfoque intercultural en el diseño e implementación de las políticas públicas. La organización ha realizado un seguimiento sostenido de estos casos en articulación con las comunidades afectadas, acompañando los reclamos y visibilizando las barreras que enfrentan.
Las comunidades indígenas exigen respuestas urgentes por parte del Estado paraguayo, así como la adecuación de los mecanismos de acceso a derechos sociales básicos. Garantizar el acceso efectivo a la pensión para adultos mayores no solo implica asegurar un ingreso económico, sino también reconocer la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas en condiciones de igualdad.