La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por el aumento de hostigamientos y represalias contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en distintos países de la región. La advertencia fue incluida en el comunicado de cierre de su 195° período de sesiones, en el que el organismo resaltó el rol histórico de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos humanos.
Durante las audiencias realizadas en este periodo, organizaciones y representantes de distintos países denunciaron situaciones de hostigamiento, amenazas, campañas de descrédito en redes sociales, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales contra quienes realizan tareas de defensa de derechos. La Comisión también advirtió sobre el uso de leyes de excepción o normas antiterroristas como mecanismos de control o represalia, que terminan afectando especialmente a sectores vulnerables de la población.
La CIDH señaló además que estas medidas pueden tener un efecto inhibidor en la participación de organizaciones sociales en espacios de denuncia internacional. Según el organismo, algunas organizaciones han optado por no participar en audiencias públicas del sistema interamericano por temor a posibles represalias en sus países de origen.
En ese contexto, la Comisión recordó que, de acuerdo con el artículo 63 de su reglamento, los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas que participan en audiencias públicas y reuniones del organismo, así como abstenerse de realizar cualquier tipo de represalia. La CIDH anunció que dará seguimiento cercano a las situaciones denunciadas a través de sus distintos mecanismos de monitoreo.
Las preocupaciones expresadas por la Comisión también resuenan en Paraguay, donde organizaciones han denunciado intentos de restringir el trabajo de la sociedad civil mediante nuevas regulaciones. Entre ellas se encuentra la denominada ley “anti-ONG”, cuestionada por diversas organizaciones por considerar que podría afectar la libertad de asociación y el trabajo de defensa de derechos humanos.
Tierraviva ha sido una de las instituciones que ha cuestionado esta normativa. Junto a la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y otras organizaciones ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la ley impone controles excesivos y podría utilizarse como mecanismo de presión o limitación contra organizaciones sociales.
Además, Tierraviva llevó la preocupación ante instancias del sistema interamericano de derechos humanos, advirtiendo que este tipo de regulaciones puede generar un ambiente adverso para el trabajo de organizaciones que acompañan a comunidades indígenas y sectores vulnerables.
La advertencia realizada por la CIDH en el cierre de su 195° período de sesiones refuerza las alertas planteadas por organizaciones paraguayas sobre el riesgo de que normativas restrictivas, campañas de estigmatización o presiones institucionales afecten la labor de la sociedad civil. Para organizaciones de derechos humanos, garantizar un entorno seguro para quienes denuncian abusos es una condición clave para la vigencia de la democracia y la protección efectiva de los derechos fundamentales.