En fecha de hoy 5 de agosto se presentó ante la Fiscalía Adjunta del Chaco a cargo de la Abg. Alba Rocío Cantero un escrito de recusación firmado por el líder de la comunidad indígena Payseyamexyempa’a del Pueblo Enxet, bajo patrocinio de abogados de la organización Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, solicitando a la Fiscalía Adjunta que aparte de la investigación al fiscal de la Unidad de Pozo Colorado Fernando Ariel González, por la excesiva demora en la causa caratulada como N° 430/2022: “Personas innominadas s/ invasión de tierras”.
En efecto, el día 1 de setiembre de 2022 la comunidad habría sufrido una invasión de sus tierras a lo largo de uno de los linderos de su propiedad, con la penetración de personas extrañas que realizaron tala de árboles junto con trabajos que fueran encargados por un ganadero; en una franja de varios kilómetros y con un ancho de unos 160 metros al interior de las tierras comunitarias, según relatos de testigos y tomas satelitales obrantes en el expediente.
Si bien la causa inició contra personas innominadas, la invasión involucraría a un ex parlamentario de la Nación, a quien presuntamente habría sido vendido un inmueble colindante por parte de otro ganadero; tal como consta en la narración de los hechos. Acorde a los trámites que obran en la carpeta fiscal, estas circunstancias ya eran conocidas por el Agente Público denunciado desde el mes de febrero de 2024 y sin embargo la Unidad Fiscal no movió un solo dedo para llamar a declarar a los involucrados en pos de aclarar el grave hecho, hasta la fecha.
Así también, entre el 9 de octubre de 2024 y el 7 de julio de 2025, no obra en el cuaderno de investigación una sola diligencia realizada por Fernando Ariel González; para dar respuesta al reclamo de la comunidad indígena, víctima de la invasión de sus tierras.
Incluso la causa cuenta con un acta de fiscalización del MADES donde se verifica el desmonte de área boscosa, apertura de camino y el uso de maquinaria pesada; según Nota SG N° 28 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentada ya en enero de 2024.
“Estamos cansados de que los fiscales no tomen con seriedad nuestras denuncias, nosotros también somos propietarios de tierras, de propiedad privada; y nos merecemos un trato igual y no discriminatorio como indígenas”, manifestó el líder de la comunidad, quien en el escrito alega que hay parcialidad manifiesta por parte del Agente Fiscal recusado al desoír sus insistentes reclamos.
“Esperamos que este caso pueda ser reencauzado conforme a un compromiso real del Fiscal General del Estado como máximo representante de la sociedad a través de sus Adjuntas y que la justicia aplique la igualdad; que utilice la misma vara cuando los reclamos son por pisotear los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; no importa quiénes resulten ser los responsables a ser sancionados”, manifestó la Abg. Natalia Rodríguez, del área jurídica de Tierraviva.
Recordemos que la Ley N° 6380/2021 más conocida como “Ley Zavala-Riera” tipificó los hechos de invasión de inmuebles como crímenes y elevó a un máximo de 10 años la pena privativa de libertad para los autores.