Al recordar los 36 años de la caída de la tiranía militar de Alfredo Stroessner es importante rescatar la verdad histórica respecto al régimen y la violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
La Comisión de Verdad y Justicia, órgano oficial del Estado Paraguayo creado para analizar las violaciones de DDHH durante el periodo dictatorial señala en su informe final que “los pueblos indígenas que habitan el país han sido víctimas del despojo continuado de sus territorios, antes, durante y después de la dictadura del general Stroessner, siendo el Estado el responsable porque le compete respetar y garantizar los derechos.
La CVJ señala además que el despojo de los territorios indígenas fue parte de una política del Estado fundada en el desconocimiento de los indígenas, como personas y como pueblos, negándoseles no sólo el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios sino además derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la identidad, a la libertad e integridad personales.
Respecto a la situación en el Chaco y la continuidad de la violación de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas la CVJ concluía que “El desplazamiento forzoso de personas y comunidades indígenas a consecuencia del despojo territorial del que fueran víctimas, sumado a la desprotección del Estado en su dignidad y derechos, ha sido y sigue siendo fuente de prácticas de segregación, como sucede en algunas colonias del Chaco, o de prácticas análogas a la esclavitud en establecimientos ganaderos”.
Un caso concreto que describe está situación es el de la Comunidad Yakye Axa, que sufrió el despojo de sus tierras que fueron entregadas irregularmente por el gobierno dictatorial a la familia Domínguez Dibb, muy cercana al régimen; para recuperar su derecho a la tierra la familia debió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aún así el Estado paraguayo sólo accedió a entregarles tierras alternativas ya que nunca recuperó el territorio originalmente reclamado por la comunidad.
A estas situaciones deben sumarse los graves casos de persecución a Pueblos Indígenas impulsados y avalados por la dictadura, considerados por muchos analistas como genocidio, como los sufridos por los Pueblos Ache y Ayoreo durante la llamada “colonización” promovida por el régimen de Stroessner.
Ya en democracia la Constitución Nacional ha reconocido los derechos y la importancia de los Pueblos Indígenas, sin embargo, hasta la actualidad el Estado paraguayo no ha reparado las violaciones cometidas por la dictadura y, por el contrario, ha continuado con las prácticas violatorias de Derechos Humanos. Aún así, en estos 36 años de construcción democrática, los Pueblos Indígenas han avanzado en su lucha por los derechos a partir de la organización y la movilización para la exigencia.