Por el solo hecho de nuestra existencia, los Pueblos indígenas que habitamos el Paraguay, tenemos derecho a vivir libre y dignamente en nuestro hábitat tradicional.

A más de 30 años de nuestro reconocimiento constitucional como pueblos de existencia anterior a la formación y organización del Estado paraguayo, los indígenas del Paraguay exigimos garantías para la realización de nuestros derechos colectivos que en la actualidad se ven impedidos por una realidad que se contrapone -y se impone- a los mismos. Fuertes intereses económicos han capturado para su provecho propio las instituciones públicas, y esta situación es tolerada por las autoridades, donde las corporaciones del agronegocio y la ganadería, son las que establecen las políticas a ser ejecutadas en nuestras tierras de ocupación tradicional, sin nuestra participación ni consentimiento.

Los pueblos indígenas, en especial quienes habitamos la región oriental, como consecuencia de lo anterior, sufrimos un acelerado desplazamiento forzoso, mediante un sistemático avasallamiento y persecución que se da en nuestro territorio de origen. En las últimas dos décadas la criminalización de nuestros líderes y lideresas ha aumentado, y el desalojo forzoso de nuestras comunidades también. Como consecuencia de esta política represiva, en muchos casos, nuestros hermanos y hermanas hoy día están malviviendo en la periferia de las ciudades, cuando no en situación de calle, en las esquinas y semáforos de casi todo el país, en situación de máxima vulnerabilidad.

Los Pueblos Indígenas, en primer lugar, tenemos derecho a una política integral de recuperación y protección de nuestras tierras y recursos naturales, en especial de aquellas que fueron entregadas ilegítimamente por el Estado a terceros, a quienes hoy son propietarios privados, sin considerar que las mismas eran áreas de ocupación y dominio tradicional de muchos pueblos indígenas. Ésta tierras, al igual que aquellas que fueron mal adjudicadas durante la dictadura de Stroessner a personas y empresas que no eran sujetas de la reforma agraria, también deben ser consideradas malhabidas, a los efectos de su recuperación y restitución a sus legítimos dueños, conforme lo ha recomendado la Comisión de Verdad y Justicia en el 2008.

Por otra parte, los pueblos indígenas en el Paraguay, además de tener derecho a la seguridad jurídica sobre nuestras tierras tradicionales, tenemos derecho también a que el Estado invierta en infraestructura, comunicación y desarrollo en nuestras comunidades. Es por ello que exigimos un programa de inversión pública orientado a la superación de la pobreza, a la producción de alimentos y a la mejora de las políticas de salud pública y educación en todas las comunidades.

En el Chaco, del mismo modo, los Pueblos Indígenas, quienes además de sufrir la privación de numerosos derechos, son privados del derecho a tener pleno acceso a agua potable, por lo que exigimos al Estado la urgente atención de esta situación, ante la sequía que persiste en toda la región; por otra parte, la protección de los recursos naturales, tal como el patrimonio forestal que hoy está en peligro por la elevada deforestación que se registra en esa región del país y que una verdadera crisis climática, es una exigencia que debe ser atendida para garantizar la supervivencia de los pueblos.

Por último, a 530 años de la conquista y colonización de América, la ANIVID manifiesta su solidaridad con todas las comunidades y pueblos que están en lucha, defendiendo su identidad y sus derechos en el Paraguay y todos los países de nuestro continente.

¡Viva la lucha indígena!

SIN TERRITORIO NO HAY VIDA DIGNA

TEKOHA’YRE NDAIPORI TEKO PORÄ

Asunción, Paraguay, 12 de octubre de 2022