La abogada Adriana Agüero, integrante del equipo de trabajo de Tierraviva, formó parte de la segunda edición del Curso Internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su Implementación”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR, en colaboración con el Ministerio de Justicia de Paraguay y otras instituciones. El espacio fue propicio para dialogar con organizaciones de la sociedad civil y miembros de gobiernos de la región sobre la relevancia de las sentencias de la Corte IDH para avanzar en políticas públicas de Derechos Humanos.
Tierraviva, como organización que trabaja en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en casos vinculados a la restitución de tierras fue una de las representantes de la sociedad civil de Paraguay. Cabe recordar que Tierraviva es representante convencional de comunidades indígenas que cuentan con sentencias de la Corte IDH, cuyo cumplimiento aún se encuentran en proceso.
En este sentido, durante el espacio Tierraviva impulsó el debate respecto a la necesidad de construir una política pública que garantice la restitución de tierras indígenas, tal como se establece en los puntos resolutivos de las sentencias que impulsan la construcción de un mecanismo legislativo que permita la identificación y restitución de tierras indígenas. Este punto aún no ha Sido cumplido por el Estado paraguayo, por lo que la construcción de una política pública para el efecto resulta urgente.
Así también, el encuentro fue propicio para dialogar con referentes de la Corte IDH y representantes del Estado sobre la necesidad de establecer espacios de diálogo entre el gobierno, las víctimas de violaciones de DDHH y la sociedad civil respecto al cumplimiento de las sentencias. Además, Tierraviva acompañó la posición de representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay respecto a la preocupación por el cierre del espacio cívico que representa la llamada Ley anti ONGs aprobada recientemente por el Congreso Nacional, Walter Isasi, de la CODEHUPY, señaló que el cierre del espacio cívico implica la limitación material de la ciudadanía organizada en sociedad civil en su participación en la construcción de políticas públicas y denuncias de violaciones de DDHH.
El curso contó con la presencia de expertos de la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y agencias de las Naciones Unidas, quienes abordaron estrategias para superar obstáculos en la ejecución de sentencias.
Esta iniciativa refuerza el compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en un contexto donde organizaciones como Tierraviva siguen desempeñando un rol esencial en la exigibilidad de justicia para las comunidades más vulnerables.