En fecha de hoy, en concordancia con otras organizaciones de la sociedad civil, Tierraviva presentó su acción de inconstitucionalidad ante la Secretaría Judicial 1 de la Corte Suprema de Justicia contra la llamada “Ley Garrote”.
La inconstitucionalidad ataca también, en efecto, el Decreto del Poder Ejecutivo N° 4806/25; que duplica requisitos, registros y documentaciones que las organizaciones sin fines de lucro ya vienen cumpliendo.
En tal sentido, Tierraviva sostiene que la ley inconstitucional atenta contra la libertad de asociación, la inviolabilidad del patrimonio documental y las garantías de igualdad y participación pluralista en una república democrática; razón por la cual solicita a la Sala Constitucional la suspensión de los efectos de la ley y su reglamentación, para evitar daños irreparables que pudieren tener lugar a raíz de su aplicación mientras se tramita el proceso.
De esta manera, se denuncia la intencionalidad política de esta nueva ley; la que en realidad pretente desalentar la conformación de nuevas organizaciones de la sociedad civil, desarticular las voces críticas de quienes defienden y promueven derechos humanos y anular la participación en la construcción de políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.