Pueblos Indígenas de Paraguay emplazan al Estado para que atienda sus demandas

Miles de personas indígenas de Paraguay hicieron sentir sus voces y expresiones culturales en la mañana de este martes en Asunción, durante una marcha pacífica de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID).

También se movilizaron en los departamentos de Concepción, Caaguazú, Canindeyú y Alto Paraguay.

Con esto lograron obtener la atención de autoridades estatales, a quienes exigen decisiones sobre una lista de casi 30 reclamos y propuestas reunidas en un documento. 

Luego de terminada la marcha regresaron a sus comunidades, pero establecieron un plazo de entre tres a seis meses para que el Estado atienda estas demandas, de lo contrario evaluarán nuevas movilizaciones en la capital y demás regiones.

En el centro de sus reclamos se encuentran la restitución, regularización y aseguramiento jurídico de tierras; la ampliación de recursos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022; la implementación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas 2020-2030 y la construcción de viviendas.

Como forma de encauzar sus pedidos, la ANIVID exige al gobierno la conformación de una mesa de trabajo con los tres poderes estatales junto con la participación de líderes indígenas. 

La marcha de hoy partió desde la Plaza Uruguaya, atravesó el microcentro capitalino e hizo paradas en el Instituto de la Tierra (INDERT), Ministerio Púbico y Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuyas autoridades se comprometieron con analizar las demandas presentadas.

Un grupo de líderes mantuvo una audiencia con el titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, Juan Darío Monges, para pedirle que se contemplen los recursos para atender estas demandas dentro del Presupuesto General de la Nación que regirá durante 2022.

El legislador se comprometió con analizar el pedido y acompañarlo a través de un dictamen favorable desde la Comisión.

El Ejecutivo paraguayo, a través su Ministerio del Interior, por su lado, se comprometió a convocar a una mesa de trabajo sobre la problemática de la tierra indígena.

Líderes de la ANIVID denunciaron el actuar de la Policía Nacional en la víspera de la marcha, por retener, obligar a descender de los autobuses y catear ilegalmente a manifestantes durante su entrada a Asunción.

La Comisaría 7° de Asunción requisó instrumentos ceremoniales de los aché como si se trataran de armas e informó al Ministerio Público, que abrió con celeridad una investigación.

Finalmente, los elementos rituales fueron devueltos al fin de la marcha y luego de la intervención de abogadas, con el compromiso de traerlas de nuevo si la investigación abierta lo requiera.

La marcha se realizó al cumplirse el 529° aniversario del 12 de octubre de 1492, considerado como el inicio de los atropellos a las tierras, territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas en Paraguay y América.

Estuvieron presentes los pueblos Päi Tavyterä, Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Ache (Región Oriental), Enxet Sur, Enenhlet, Angaité, Nivaclé, Sanapaná, Guaná, Ayoreo, Yshir, Qom y Guaraní Occidental (Región Occidental o Chaco).

En Paraguay existen 122 mil personas indígenas pertenecientes a 19 pueblos y distribuidas en más de 600 comunidades.

Un 66,2% de esta población vive en la pobreza y un 34,4% en la pobreza extrema.

La ANIVID está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Ñogueroï Paveï,  Asociación Nacional de Mujeres Guaraní del Paraguay Kuña Guaraní Aty; Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay –Mipy, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco – ClibCh, Coordinadora Intersectorial de Pueblos Originarios de Concepción- CIPOC; Comisión Interdistrital de Promotores de Salud Indigena;  Coordinadora  Nacional Indigena-CNI; Clan Kuchingi Mairekoty, Mesa de Organizaciones Indígenas del Paraguay- MAIPY; Organización Nacional de Aborígenes Independientes-ONAI, Organización Nacional del Pueblo Guaraní-OPG; Organización Payipie Ichadie Totobiegosode-OPIT, Organización de Comunidades Unidas Nenhlet-OCUN; Organización Paï Rĕtã Joaju, Organización Paî Reko Pavĕ Jepotyra, Promotores Jurídicos Juvenil Indígena, Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, Unión  Juvenil  Indígena  del Paraguay ( UJIP), Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir- UCINI.

 

Con marcha pacífica, Pueblos Indígenas exigen una mesa de trabajo con los tres poderes estatales

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) realizará mañana martes una movilización en Asunción y distintas regiones del país para exigir al gobierno que conforme una mesa de trabajo con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Las problemáticas que afectan a los Pueblos Indígenas del país demandan decisiones urgentes y coordinadas entre todos los poderes del Estado, como también la participación de los Pueblos Indígenas en las propuestas de solución.

En Asunción la marcha partirá a las 8.30 horas desde la Plaza Uruguaya para llegar hasta la Plaza de Armas ubicada frente el edificio del Congreso Nacional.

En el centro de las problemáticas se encuentra la restitución y aseguramiento de sus tierras ancestrales por parte del Estado paraguayo, que de acuerdo a cada caso podría implicar procesos de compra, recuperación, regularización jurídica, resarcimiento económico.

Para poder implementar estas medidas, la ANIVID exige la implementación de un fondo para compras de tierras y proyectos de desarrollo para Pueblos indígenas, cuyos recursos sean obtenidos del 10 % de los royalties provenientes de Itaipú y Yasyretä.

Otra de las exigencias centrales es la implementación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas PNPI 2020-2030, recientemente aprobado por el Ejecutivo.

El PNPI tiene la potencialidad de convertirse en una herramienta que centralice el desarrollo de las políticas públicas para las comunidades indígenas de Paraguay, pero para eso el Estado debe asignarle recursos en este momento donde se estudia el Presupuesto General de la Nación (PGN) que regirá durante 2022.

Estas y otras exigencias pueden ser leídas en un pronunciamiento de la ANIVID entregada a la Presidencia de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, junto con una lista detallada de las principales urgencias de comunidades de distintas regiones del país.

La marcha de mañana se realiza al cumplirse el 529° aniversario del 12 de octubre de 1492, considerado como el inicio de los atropellos a las tierras, territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas en Paraguay y América.

En Paraguay viven 122 mil personas indígenas pertenecientes a 19 Pueblos, que se distribuyen geográficamente en más de 600 comunidades en las regiones Chaco y Oriental.

Los Pueblos Indígenas son la población con peores indicadores sociales en el país, con un 66,2% viviendo en la pobreza y 34,4% en la extrema pobreza, a consecuencia de la exclusión de las políticas públicas como la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos agroexportadores.

Se calcula que un 37% de las tierras indígenas en Paraguay está en manos de terceros.

La ANIVID está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Ñogueroï Paveï, Asociación Nacional de Mujeres Guaraní del Paraguay Kuña Guaraní Aty; Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay –Mipy, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco – ClibCh, Coordinadora Intersectorial de Pueblos Originarios de Concepción- CIPOC; Comisión Interdistrital de Promotores de Salud Indigena; Coordinadora Nacional Indigena-CNI; Clan Kuchingi Mairekoty, Mesa de Organizaciones Indígenas del Paraguay- MAIPY; Organización Nacional de Aborígenes Independientes-ONAI, Organización Nacional del Pueblo Guaraní-OPG; Organización Payipie Ichadie Totobiegosode-OPIT, Organización de Comunidades Unidas Nenhlet-OCUN; Organización Paï Rĕtã Joaju, Organización Paî Reko Pavĕ Jepotyra, Promotores Jurídicos Juvenil Indígena, Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, Unión Juvenil Indígena del Paraguay ( UJIP), Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir- UCINI.

Ejecutivo se comprometió a instalar mesa de trabajo sobre tierra con Pueblos Indígenas

El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, encabezó en la tarde de ayer viernes un primer diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID).

Esto luego de que el martes pasado referentes indígenas anunciaran una marcha para el 12 de octubre próximo y exigieran públicamente reunirse con los tres poderes estatales, para atender las demandas de distintas comunidades que recabaron en un documento.

En la reunión de ayer las autoridades de Interior se comprometieron a reunir la mayor cantidad de información jurídica sobre las tierras demandadas por las comunidades, como también involucrar en este proceso al Servicio Nacional de Catastro, Instituto Nacional de la Tierra (INDERT), Registros Públicos, Poder Judicial y al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

Otro de los compromisos del ministerio fue el de propiciar una audiencia entre referentes indígenas y miembros de la Comisión Bicameral del Congreso, que en estos momentos estudia el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022.

Los y las líderes de la ANIVID explicaron que de no aumentar el Estado paraguayo los recursos a asignar al INDI, en 2022 no se podrán implementar el recientemente aprobado Plan Nacional de Pueblos Indígenas 2020-2030 ni las demás acciones y programas para Pueblos Indígenas.

Por último, exigieron a las autoridades del Interior garantías para la realización de la marcha pacífica de este martes 12, en la que organizaciones indígenas de todo el país expresarán sus reclamos en Asunción y distintos departamentos. También recordarán al 12 de octubre de 1492 como el inicio de la desposesión de sus tierras y recursos naturales.

El ministro Giuzzio y su equipo acordaron convocar a una próxima reunión con líderes indígenas para el martes o miércoles entrantes.

Las problemáticas que afectan a los Pueblos Indígenas de Paraguay demandan decisiones articuladas entre los tres poderes estatales, por eso sus líderes seguirán exigiendo que la mesa esté conformada por representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En Paraguay los Pueblos Indígenas son la población con los peores indicadores sociales, con un 66,2% viviendo en la pobreza y un 34,4% en la extrema pobreza.

Se estima que actualmente un 37% de todas las tierras indígenas en Paraguay se encuentran en manos de terceros.

MÁS INFORMACIÓN: Voceros y voceras de la ANIVID

María Luisa Duarte

0981 130 795

 

Mario Rivarola

0984 616 753

 

Dionisio Gómez

0985 667 233

 

Mauricio Franco

0992 882 227

 

Pueblos Indígenas de Paraguay exigen formar una mesa de trabajo con los tres poderes del Estado 

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), que reúne a casi 20 organizaciones de Pueblos Indígenas, exigió hoy al gobierno de Mario Abdo Benítez convocar a una mesa de trabajo para atender las distintas exigencias del sector.

La gravedad de la situación de las más de 700 comunidades indígenas del país requiere de la participación y definiciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Articulación realizó esta mañana una conferencia de prensa donde trasmitió su petición y a continuación la presentó en las sedes de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia.

Junto con la petición entregaron datos relevados sobre urgencias, prioridades y propuestas de solución de las comunidades indígenas, relacionadas a múltiples derechos.

En el centro de los requerimientos se encuentra la necesidad de que el Estado paraguayo cumpla con su obligación de restituir y asegurar jurídicamente sus tierras a las comunidades indígenas, o que propiciaría la efectivización de los demás derechos.

Anunciaron una movilización a nivel nacional y en Asunción para el próximo 12 de octubre, fecha considerada por los Pueblos Indígenas de toda América como el inicio de la desposesión de sus territorios y recursos naturales.

Presupuesto para el INDI 2022

Un punto central de los pedidos tiene que ver con la necesidad de aumentar los recursos al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) dentro del Presupuesto General de la Nación 2022, para que asuma su rol de ente rector de las políticas públicas de los Pueblos Indígenas.

Además de asignar presupuesto suficiente para la restitución de tierras y derechos a las comunidades, para 2022 el Estado paraguayo debe contemplar fondos para la implementación del recientemente aprobado Plan Nacional de Pueblos Indígenas 2020-2030 y para contrarrestar el impacto específico que tuvo la pandemia por COVID-19 en las comunidades.

De no darse un cambio drástico en la gestión y dotación de recursos en torno a las políticas para los Pueblos Indígenas, Paraguay no alcanzará a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 con que se comprometió con otros 192 países.

Estas acciones de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) forman parte de la campaña Presupuesto Digno para Pueblos Indígenas 2022, que cuenta con el acompañamiento de Tierraviva y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y el apoyo de la Unión Europea y la agencia Diakonia.

La ANIVID está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Ñogueroï Paveï, Asociación Nacional de Mujeres Guaraní del Paraguay Kuña Guaraní Aty; Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay –Mipy, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco – ClibCh, Coordinadora Intersectorial de Pueblos Originarios de Concepción- CIPOC; Comisión Interdistrital de Promotores de Salud Indigena; Coordinadora Nacional Indigena-CNI; Clan Kuchingi Mairekoty, Mesa de Organizaciones Indígenas del Paraguay- MAIPY; Organización Nacional de Aborígenes Independientes-ONAI, Organización Nacional del Pueblo Guaraní-OPG; Organización Payipie Ichadie Totobiegosode-OPIT, Organización de Comunidades Unidas Nenhlet-OCUN; Organización Paï Rĕtã Joaju, Organización Paî Reko Pavĕ Jepotyra, Promotores Jurídicos Juvenil Indígena, Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, Unión Juvenil Indígena del Paraguay ( UJIP), Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir- UCINI.

 

 

 

Pueblos Indígenas de Paraguay exigen formar una mesa de trabajo con el gobierno para tratar diversas problemáticas

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), que reúne a casi 20 organizaciones, exige al gobierno de Mario Abdo Benítez la conformación de una mesa de diálogo.

Los detalles de esta propuesta serán anunciados en una conferencia de prensa el marte 5 de octubre, 9 horas, en la Plaza de los Desparecidos de Asunción. Y a continuación será presentada al Palacio de Gobierno.

El objetivo es dar a conocer al gobierno las inquietudes y propuestas de solución sobre diversas problemáticas que sufre uno de los sectores más excluidos por las políticas públicas y más vulnerados en sus derechos.

En Paraguay viven poco más de 122 mil personas indígenas (1,8% de la población nacional) que pertenecen a 19 distintos Pueblos Indígenas.

Entre las principales problemáticas estructurales que les afecta se encuentra la falta de restitución y aseguramiento de territorios, lo que impide el disfrute de los demás derechos.

Esto ha propiciado el empobrecimiento por desposesión de sus territorios y recursos naturales, de parte de actores económicos agro-extractivistas como productores sojeros, ganaderos o forestales.

La falta de territorios seguros además vulnera su derecho a la autodeterminación, al no poder conservar y reproducir sus culturas y formas de vida.

Las últimas estadísticas disponibles y comparables (DGEEC 2017) muestran cómo la pobreza afecta de forma diferencial a la población indígena.

Mientras la población nacional alcanzaba un 26,4% de pobreza y un 4,4% de pobreza extrema en 2017, un 66,2% de la población indígena vivía en la pobreza y un 34,4% en la pobreza extrema.

A pesar de que el Presupuesto General de la Nación puede ser una herramienta estratégica para revertir esta realidad cada año, los recursos que se destinan al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) no logran impactar decisivamente y más bien reproducen la situación actual de las cosas.

 

Más todavía en un contexto donde a las deudas históricas de restitución de derechos se suman los impactos por la pandemia de COVID19, que afectó de forma específica a los pueblos indígenas.

Una herramienta importante para identificar y orientar acciones prioritarias, programas y políticas es el recientemente aprobado Plan Nacional de Pueblos Indígenas PNPI 2020-2030.

De no darse un cambio drástico en la gestión y dotación de recursos en torno a las políticas para los Pueblos Indígenas, Paraguay no alcanzará a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 con que se comprometieron los países.

La conferencia de prensa que realiza la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) forma parte de la campaña Presupuesto Digno para Pueblos Indígenas 2022, que cuenta con el acompañamiento de Tierraviva y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y el apoyo de la Unión Europea y la agencia Diakonia.

La ANIVID está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Ñogueroï Paveï, Asociación Nacional de Mujeres Guaraní del Paraguay Kuña Guaraní Aty; Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay –Mipy, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco – ClibCh, Coordinadora Intersectorial de Pueblos Originarios de Concepción- CIPOC; Comisión Interdistrital de Promotores de Salud Indigena; Coordinadora Nacional Indigena-CNI; Clan Kuchingi Mairekoty, Mesa de Organizaciones Indígenas del Paraguay- MAIPY; Organización Nacional de Aborígenes Independientes-ONAI, Organización Nacional del Pueblo Guaraní-OPG; Organización Payipie Ichadie Totobiegosode-OPIT, Organización de Comunidades Unidas Nenhlet-OCUN; Organización Paï Rĕtã Joaju, Organización Paî Reko Pavĕ Jepotyra, Promotores Jurídicos Juvenil Indígena, Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, Unión Juvenil Indígena del Paraguay ( UJIP), Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir- UCINI.

 

 

Articulación Indígena pide a Diputados rechazar Ley de Criminalización

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna presentó hoy ante la Cámara de Diputados su posicionamiento sobre el proyecto de Ley que aumenta las penas contra las ocupaciones de tierra. En el escrito las organizaciones fundamentan su oposición a la iniciativa ya que afectará a los Pueblos Indígenas que luchan por la recuperación de su territorio.

La Articulación señala que la modificación del artículo 142 del Código Penal “agudizará los impactos de los actos violatorios a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas” y abundarán las excusas para seguir negando lo que en derecho les pertenece.

Aumentar las penas en un país de tanta desigualdad como el nuestro, sólo evidencia el fracaso de soluciones de fondo. Si buscan proteger la propiedad, ¿por qué aún hoy luego de tantos años de despojo seguimos sin tierras? ¿Por qué la propiedad de algunos es más importante que las nuestras como indígenas?” señala parte de la nota entregada hoy.

La Cámara de Diputados estudiará mañana el proyecto de Ley que criminaliza la lucha por la tierra, con solo dos días de análisis del tema por parte de los integrante de la cámara y si que se hayan dado espacios de participación social, como audiencias públicas o debates sobre el tema.

La ANIVD está compuesta por 18 organizaciones indígenas de los diferentes Pueblos, tanto de la Región Oriental como del Chaco.

Posicionamiento Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna

Contacto:

Maria Luisa Duarte +595 981 130795

Dionisio Gómez +595 985 667233

Andrés Ozuna +595 984 293292

Articulación Indígena rechaza propuesta de Ley que criminaliza lucha por la tierra

Dionisio Gómez, líder indígena integrante de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, señaló que para la organización el Proyecto de Ley que eleva a la categoría de crimen, con penas de entre 6 a 10 años de cárcel, las ocupaciones de tierras es sumamente preocupante y que debe ser rechazado.

El dirigente de la ANIVD mencionó que muchas comunidades se encuentran ocupando tierras indígenas que nunca fueron aseguradas por el Estado, por lo que estarían en riesgo de ser imputados y encarcelados.

“Hay mucha de nuestra gente que lucha por un pedazo de tierra, otras comunidades están reivindicando su territorio ancestral, toda nuestra gente va a ser afectada por esta Ley, nos quieren convertir en criminales por reivindicar lo que nos pertenece como pueblos indígenas” concluyó.

Según datos oficiales del censo indígena 2012, al menos, el 30% de las comunidades indígenas se encuentran con algún tipo de inconveniente respecto a la tenencia de tierras. Gran parte de ellas están siendo arrasadas por grandes agroempresarios que mediante diferentes maniobras se apropian del territorio indígena. Durante los últimos meses más de 800 familias indígenas fueron afectadas por desalojos forzosos ejecutados por el Estado y civiles armados para favorecer a los agroempresarios.

Dionisio Gómez indicó que como pueblos indígenas seguirán luchando y saliendo a las calles apra exigir el rechazo del proyecto de ley que criminaliza la lucha por la tierra, así como también seguirán luchando por la recuperación de sus territorios como pueblos indígenas.

Propuesta de Ley es contraria a principios constitucionales y no protege tierras indígenas

Rodrigo Villagra Carrón, Antropólogo, abogado e integrante de la Asamblea de la Organización Tierraviva, señaló que las propuestas de modificación del Artículo 142 del Código Penal, para aumentar las penas contra quienes luchan por la tierra, y del Artículo 98 del Estatuto Agrario, que busca dejar fuera de los programas de asistencia social a quienes estén imputados por ocupar tierras, se contraponen con los principios fundamentales de la Constitución Nacional y con los estándares básicos de Derechos Humanos a nivel global.

“El proyecto Zavala expresa una mentalidad arcaica e ignorante. Es además un proyecto inconstitucional porque no tiene en cuenta la defensa de la propiedad comunitaria que se reconoce en el caso de las tierras indígenas, la propiedad comunitaria tiene mayores garantías y esta legislación, en el estado actual dónde la fiscalía ataca a los pueblos indígenas en su derecho a la propiedad comunitaria, va a significar blindar la usurpación de tierras tierras indígenas por parte de aquellos que explotan y alquilan ilegalmente las tierras de las comunidades” manifestó Villagra.

En este sentido citó el caso de Diego Zavala, hermano del Senador Fidel Zavala, que ocupa irregularmente las tierras de la comunidad indígena Makutinga. En caso de aprobarse la legislación propuesta los indígenas de la comunidad Makutinga que ocupen sus tierras para exigir la restitución territorial serían enviados a la cárcel.

“Existe un doble rasero de supuesta defensa de la propiedad por encima de cualquier otro derecho, es un discurso cínico, ignorame inconstitucional” aseveró. En este sentido indicó que también la familia del Senador Enrique Riera, otro de los proponentes de esta norma, se habría beneficiado con la venta sobrevaluada de tierras al Estado.

Rodrigo Villagra indicó también que hay un sinnúmero de tierras originalmente campesinas e indígenas que están siendo irregularmente acaparadas por el agronegocio, lo que es legitimado por instituciones que actúan en contra de los preceptos constitucionales, y que ahora pretenden aprobar legislaciones aún más excluyentes y criminalizadoras.

El abogado y antropólogo indicó además que la propuesta de excluir de los programas sociales a quienes sean imputados por participar de ocupaciones de tierras es contrario a los principios básicos del Estado de Derecho y a lo establecido en el ámbito de los Derechos Humanos a nivel internacional.

La criminalización no resuelve los dramas sociales

La Organización Tierraviva, con más de 25 años de trayectoria en el acompañamiento a las luchas territoriales de los Pueblos Indígenas, manifiesta su rechazo a la propuesta de modificación del Artículo 142 del Código Penal propuesta por los Senadores Riera, Zavala y otros, ya que la misma pretende blindar la posesión irregular de tierras malhabidas y sólo profundizará la criminalización y persecución hacia quienes reclaman el derecho constitucional de acceder a la tierra.

De la misma manera, rechazamos la propuesta de Ley que busca modificar el Artículo 98 del Estatuto Agrario que prevé excluir de los programas sociales y subsidios del Estado a personas que se encuentren imputadas por la ocupación de tierras. Está medida es inconstitucional y viola los principios básicos del Estado de Derecho, fundamentalmente la presunción de inocencia. Decenas de miembros de Comunidades Indígenas se encuentran hoy día imputados por luchar por la restitución de sus territorios ancestrales, estás personas serán revictimizadas por el propio Estado que les niega el derecho a acceder a sus territorios.

En Paraguay la concentración de la tierra en pocas manos alcanza niveles escandalosos y las instituciones del Estado no han ejecutado políticas públicas adecuadas para garantizar el derecho a un pedazo de tierra a cientos de miles de paraguayos y paraguayas.

Más de 8 millones de hectáreas de tierras entregadas ilegalmente por la dictadura a sus aliados, jamás han sido recuperadas; alrededor de un millón de hectáreas de tierras públicas han sido apropiadas de forma irregular por sojeros, ganaderos y latifundistas, sin que el Estado ejecute acciones para impedir o reparar esta situación.

Las modificaciones propuestas al Artículo 142 del Código Penal posibilitarán blindaje a quienes hoy detentan, ilegalmente, no sólo la propiedad sino, incluso, la mera posesión de tierras, por lo que podrían estar llamadas a proteger posesiones irregulares. Y además, condenando a la cárcel a quienes reclamen la recuperación de estos territorios que deberían estar en manos de Comunidades Indígenas y Campesinas.

Solo en los últimos meses más de 800 familias indígenas han sufrido desalojos violentos, en manos del Ministerio Público, la Policía Nacional y civiles armados, que de forma totalmente ilegal e ilegítima despojan a las comunidades de sus tierras. Con esta propuesta legislativa las víctimas de estos atropellos, no sólo quedarán sin sus tierras contrariando la propia Constitución y un ordenamiento supranacional, sino que además serán criminalizadas y encarceladas.

Ante este contexto, el planteamiento de aumentar las penas y la persecución a quienes reclaman su derecho a la tierra se asemeja más a una provocación propia de sectores antidemocráticos que a una propuesta de solución real para una problemática social de raíces profundas e históricas.

Finalmente, ratificamos nuestro pleno rechazo a las modificaciones del Artículo 142 del Código Penal y del Artículo 98 del Estatuto Agrario y llamamos a los legisladores a actuar de forma responsable, rechazando estos intentos de profundizar la persecución a quienes luchan por acceder a la tierra. Confiamos en que  se tomen medidas para garantizar el acceso a la tierra a las comunidades indígenas y campesinas.

Diputados piden Mesa Interinstitucional para atender reclamos Yshir.

En la sesión ordinaria de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Declaración “Que insta a los Poderes Ejecutivo y Judicial la urgente instalación de una Mesa Técnica Interinstitucional para el abordaje y resolución de las reivindicaciones territoriales del Pueblo Yshir.

El proyecto fue presentado por la Diputada Marlene Ocampos, titular de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Baja, tras haber recibido a una delegación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY) que llegaron a la Capital para dar a conocer sus reclamos territoriales.

“Es de público conocimiento la férrea lucha que lleva adelante la nación Yshir en procura de la restitución de sus tierras, lucha que lleva décadas y pocos resultados, al punto que, al día de hoy, no solamente fueron despojados de grandes territorios mediante procedimientos fraudulentos y atentatorios de sus derechos, sino que además siguen siendo perseguidos y perjudicados en las tierras que aún permanecen bajo sus dominios” señala la misiva presentada por la Diputada Ocampos respecto a la declaración finalmente aprobada.

“Resulta imperiosa la necesidad de poner un alto a tanta injusticia y por ello es preciso que desde los órganos competentes que integran los poderes Ejecutivo y Judicial (bajo cuyos ámbitos de competencias recaen la resolución de la mayoría de las situaciones de conflictos territoriales denunciados) procuren concertar y unificar criterios de acción, establecer procedimientos claros, oportunos y contestes con la normativa internacional y nacional en materia indígena tendientes a asegurar el logro de las reivindicaciones que poseen los pueblos originarios” añade el escrito.

La Nación Yshir está compuesta por cerca de 3.500 personas, que habitan en 7 comunidades ubicadas a orillas del Río Paraguay, en los Distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay.

Las comunidades Yshir reclaman desde hace años la recuperación de parte de su territorio ancestral que hoy se encuentra en manos de empresas agroganaderas de capital extranjero. Los Yshiros -como se conoce a los integrantes de la Nación Yshir- se ven impedidos de acceder sus lugares sagrados, que al mismo tiempo se encuentran amenazados por la deforestación.