Archivos del autor: Santi Ortiz

La Campaña de Documentación a comunidades indígenas, en el marco del convenio interinstitucional firmado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Organización Tierraviva para la ejecución del Proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay”, alcanzó su primer año de ejecución llegando a comunidades de Concepción, Presidente Hayes y Caaguazú. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Diakonia y la Unión Europea y busca garantizar el acceso a documentación oficial a los miembros de más de seiscientas Comunidades Indígenas a nivel nacional.

En las últimas semanas fueron visitadas las comunidades La Patria, Espinillo, La Esperanza, Kemha Yat Sepo y San José de los Distritos de Villa Hayes, General Bruguez, Puerto Pinasco y Benjamín Aceval, Departamento de Presidente Hayes.

En estás comunidades los pobladores y pobladoras pudieron acceder a Cédula de Identidad, tanto por primera vez como renovación; Certificado de Nacimiento y Carnet Indígena. En la elaboración y entrega de documentos participan funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena, Dirección de Registro Civil y del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, por su parte agentes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, capacitan a los pobladores en temas electorales.

El acceso a la documentación oficial, además de un derecho fundamental, es una necesidad sentida en las comunidades del país como puerta de ingreso a programas sociales y políticas públicas que tiene el Estado dirigida a la población indígena.

La campaña de documentación y capacitación continuará llegando a las comunidades indígenas del Chaco y la Región Oriental, durante todo el presente año y también el año 2023.

En el marco de la ejecución del Proyecto “Derecho a la identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay”, implementado por el consorcio Diakonia-Tierraviva con el apoyo de la Unión Europea, convocamos a concurso para el cargo de “Técnico de Campo”.

La acción propuesta pretende aumentar la participación política y acceso a políticas públicas de población indígena como aporte a la vigencia de los DDHH mediante el reconocimiento de su personalidad jurídica y su igualdad ante la ley en Paraguay desde el acceso a documentación oficial de identidad y a información sobre derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de personas indígenas en Paraguay. El proyecto se desarrolla en Asunción y 13 departamentos.

PERFIL Y REQUISITOS

• Formación técnica y/ o profesional en áreas sociales, antropológicas y educación popular con conocimiento en temas de Derechos de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos.
• Alto nivel de guaraní (excluyente) y castellano.
• Experiencia en trabajo de campo con organizaciones y comunidades indígenas.
• Capacidad para el trabajo en equipo y de comunicación fluida y efectiva.
• Disponibilidad para desarrollar su trabajo en las zonas de intervención del proyecto y viajar frecuentemente (excluyente).
• Dedicación de tiempo completo (excluyente).

TIEMPO DE DURACIÓN

La duración del mismo será de 18 meses, a partir de 16 de marzo de 2022.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Currículum vitae con referencias y carta de presentación que establezca su idoneidad para el puesto.

Enviar documentación requerida a la siguiente dirección electrónica:
cfernandez@tierraviva.org.py

Plazo límite para aplicación: 04 de marzo de 2022.

Términos de Referencia Técnico de Campo

La jornada de este martes 18 de enero quedará marcada en la historia de la Comunidad Indígena Kemha Yat Sepo, ya que después de décadas de vivir al costado de la Ruta Transchaco, debido al despojo de su territorio ancestral, se concretó finalmente el traslado de los miembros de la Comunidad a las tierras que fueron adquiridas para ser habitadas por las 120 familias que la componen.

El pasado 27 de diciembre el Gobierno paraguayo entregó a la Comunidad Kemha Yat Sepo (Cerrito Hamaquera) el certificado de adjudicación para la ocupación definitiva de 1.212 hectáreas de tierra reclamadas por más de dos décadas por los integrantes de la comunidad.

Durante el traslado de las familias a las nuevas tierras los pobladores de la comunidad y sus líderes agradecieron a la Organización Tierraviva por el acompañamiento a la exigencia territorial desde sus inicios. El reclamo de la Comunidad Kemha Yat Sepo contó con el apoyo de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, insistiendo ante las autoridades para lograr la adquisición de las tierras que permitirán a las familias indígenas asentarse en un lugar que les permita desarrollar sus formas tradicionales de vida; los miembros de la Comunidad agradecieron a todas las comunidades y organizaciones indígenas que acompañaron y apoyaron está lucha a lo largo de los años.

Niños, niñas, jóvenes y ancianos de la comunidad manifestaron su alegría por este inmenso logro. Doña Carmen López, viuda de Alonso García uno de los primeros líderes en impulsar la restitución territorial para la Comunidad, manifestó su emoción por ver concretado este sueño largamente anhelado. Niñas y niños demostraron su felicidad, ya que han vivido expuestos a los riesgos de encontrarse al costado de una Ruta e imposibilitados de disfrutar y jugar, hoy podrán hacerlo libremente en sus tierras.

A decir de los referentes de la comunidad fueron largos años de luchas, sacrificios y exigencia que finalmente llevaron a la recuperación de una parte del territorio de ancestral de la comunidad Kemha Yat Sepo, del Pueblo Enxet, que desde hoy habitará sus tierras que se ubican a la altura del kilómetro 160 de la Ruta Transchaco.

 

En la jornada de este lunes 27 de diciembre el Gobierno paraguayo entregó a la Comunidad Kemha Yat Sepo (Cerrito Hamaquera) el certificado de adjudicación para la ocupación definitiva de 1.212 hectáreas de tierra reclamadas por más de dos décadas por los integrantes de la comunidad. La Organización Tierraviva, que acompañó el reclamo territorial de la Comunidad desde sus inicios, celebra este importante logro de la lucha indígena.

Los líderes de la Comunidad manifestaron su alegría con la adjudicación de las tierras a la comunidad que llegaron como parte de una larga lucha. La comunidad había sido despojada de su territorio a mediados de la década del 90 y se instaló al costado de la Ruta Transchaco dónde subsistieron por más de dos décadas hasta que el avance de las obras para la ampliación de la Ruta amenazaban con provocar un nuevo desalojo, ante esta situación la comunidad intensificó su reclamo logrando un acuerdo con el gobierno para la compra de las tierras hoy adjudicadas.

El reclamo de la Comunidad Kemha Yat Sepo contó con el apoyo de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, insistiendo ante las autoridades para lograr la adquisición de las tierras que permitirán a las 120 familias indígenas asentarse en un lugar que les permita desarrollar sus formas tradicionales de vida.

Tanto los referentes comunitarios como miembros de la organización Tierraviva manifestaron que este logro es muy destacable ya que llega en un momento dónde el despojo de los territorios indígenas es una constante.

Los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas están reconocidos en la legislación nacional e internacional y señalan claramente que estos pueblos no deben ser desalojados

Rodrigo Villagra y Marilin Renhfeld, analizan el marco normativo que protege a los territorios indígenas y coinciden en señalar que la ola de violencia contra las comunidades apunta a convertirse en un exterminio de la población Indígena.

“En primer término el Capítulo V de la Constitución de la República del Paraguay reconoce la pre existencia de los Pueblos Indígenas como grupos de cultura anteriores a la formación del Estado paraguayo. Ya ese reconocimiento implica que la ocupación de sus territorios ancestrales les otorga derechos sobre ellos” indica Rodrigo Villagra, antropólogo, abogado y docente, Presidente del Directorio Tierraviva. Villagra trae a colación las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado paraguayo por haber privado de sus territorios a tres Comunidades Indígenas, mencionando que en estos fallos la Corte deja en claro que los territorios ancestrales son aquellos dónde la población Indígena desarrolla su vida y su cultura, y que se corresponden con aquellos territorios que habitaban previamente a la constitución del Estado paraguayo.

“Además el propio Estado reconoció el mapa elaborado por Bejarano sobre los territorios tradicionales, estamos hablando de 25 a 30 millones de hectáreas” señala Villagra, mencionando que aunque luego hayan sido colonizados estos territorios por el Estado paraguayo, eso no implica la negación de su pre existencia por lo que el Estado debe restituir esos territorios, “allí la Constitución determina la modalidad en que deben ser restituidos que es mediante la propiedad comunitaria de las tierras para las comunidades” agrega.

“Las comunidades, un conjunto de familias que se agrupan, son sujetos de derechos y que se encuentren ocupando unas tierras que formaron parte de su hábitat histórico implica que deben ser restituidos en su derecho a la tierra en ese mismo lugar o al menos en cantidad y calidad suficiente como para garantizar la continuación de sus formas tradicionales de vida, qué debería ser determinado por el Instituto Paraguayo del Indígena con participación de los propios Indígenas, esto lo reconoce también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, menciona. Cabe señalar, que este Convenio integra la normativa nacional a través de la ley 234/93.

Por su parte Marilin Renhfeld, antropóloga, también inicia el análisis refiriéndose al Capítulo V de la Constitución de la República, “allí dice claramente que se prohíbe el desalojo de los Pueblos Indígenas” menciona haciendo referencia al Artículo 64 de la Constitución donde se señala que “se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”. “El territorio tradicional es el lugar que siempre fue habitado por los Pueblos Indígenas, aquellos que tienen una lengua y una cultura propia, aquí existen referencias bibliográficas desde la época de la colonia respecto a los lugares que habitaban los Pueblos Indígenas”, menciona Renhfeld, citando varios textos que describen los territorios que ocupaban los Pueblos Indígenas.

“Lastimosamente ahora un fiscal o un juez encuentra algún título por allí y ordena el desalojo de esos territorios que tienen más de 500 años de ocupación documentada” indica. “Desde el convenio 169 de la OIT, hasta el propio Estatuto Agrario, reconocen que la ocupación de un territorio por tantos años genera derechos, entonces esas comunidades no pueden ser de desalojadas de sus territorios cómo está sucediendo ahora” sentencia.

La Ley 904 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” estipula que cada familia indígena en la Región Oriental debería tener como mínimo 20 hectáreas de tierras y en la Región Occidental 100 hectáreas, recuerda la antropóloga, al tiempo de señalar que las Comunidades Indígenas no piden más de lo que necesitan para seguir existiendo y lo que está establecido en las leyes.

Marilin señala que argumentos legales para defender las tierras indígenas existen en abundancia en el marco normativo, sin embargo, “actúan otras fuerzas poderosas, el poderoso caballero don Dinero, entonces se desaloja a los indígenas de lo poco que tienen para plantar soja y con esto vamos camino a acabar con todos los bosques y con todos los indígenas” concluyó Renhfeld.

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) insta a la Cámara de Senadores de Paraguay a aprobar un Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 con recursos suficientes para atender las demandas del sector de forma urgente y a mediano/largo plazo.

El Senado estudiará el proyecto de ley durante una sesión extraordinaria este miércoles 24 de noviembre, a las 9 horas.

En la versión original el Ministerio de Hacienda contempla para el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) un plan de gastos de Gs 67.310.284.412, de los cuales solamente Gs. 13.317.471.354 están previstos para restitución de tierras (apenas unas 216 hectáreas).

Luego de escuchar una propuesta de la ANIVID sobre urgencias de varias comunidades, la Comisión Bicameral y la Cámara de Diputados dictaminaron un aumento de solo Gs.10 mil millones más al INDI para restitución de tierras, con lo que el presupuesto del ente iría a Gs. 77.310.284.412 y el de restitución de tierras a Gs. 23.317.471.354.

Haciendo valer su derecho a la participación en el diseño de políticas públicas, en el mes de octubre la ANIVID presentó a los tres poderes de Estado una propuesta de solución a diversas problemáticas.

Entre las principales resalta la restitución de cerca de 43 mil hectáreas a comunidades indígenas que forman parte de la ANIVID, para lo cual propone una inversión estatal de cerca de 86 millones de dólares, distribuidos a lo largo de 10 años.

En Paraguay viven 122 mil personas indígenas pertenecientes a 19 pueblos, que se distribuyen geográficamente en más de 600 comunidades en las regiones Chaco y Oriental.

Los Pueblos Indígenas son la población con peores indicadores sociales en el país, con un 66,2% viviendo en la pobreza y 34,4% en la extrema pobreza, a consecuencia de la exclusión de las políticas públicas como la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos agroexportadores.

En el centro de las problemáticas se encuentra la restitución y aseguramiento de sus tierras ancestrales por parte del Estado paraguayo. Se calcula que un 37% de las tierras indígenas en Paraguay está en manos de terceros.

Hace una semana nuevos conflictos de tierra reflejaron cómo la falta de soluciones estatales oportunas propicia un recrudecimiento de la violencia y vulneración de derechos de las personas indígenas, empeorando aún más la situación precaria en que viven las comunidades.

A pesar de que el Presupuesto General de la Nación puede ser una herramienta estratégica para revertir esta realidad cada año, los recursos que se destinan al INDI no logran impactar decisivamente y más bien reproducen la situación actual de las cosas.

La problemática indígena y la situación de los derechos de las personas indígenas demandan de Paraguay una inversión mucho mayor, que contemple acciones urgentes y a mediano y largo plazo.

De no darse un cambio drástico en la gestión y dotación de recursos en torno a las políticas para los Pueblos Indígenas, Paraguay no alcanzará a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 con que se comprometieron los países, especialmente los ODS 1 (Fin de la pobreza) y 2 (Hambre cero).

La ANIVID está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Ñogueroï Paveï, Asociación Nacional de Mujeres Guaraní del Paraguay Kuña Guaraní Aty; Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay –Mipy, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco – ClibCh, Coordinadora Intersectorial de Pueblos Originarios de Concepción- CIPOC; Comisión Interdistrital de Promotores de Salud Indigena; Coordinadora Nacional Indigena-CNI; Clan Kuchingi Mairekoty, Mesa de Organizaciones Indígenas del Paraguay- MAIPY; Organización Nacional de Aborígenes Independientes-ONAI, Organización Nacional del Pueblo Guaraní-OPG; Organización Payipie Ichadie Totobiegosode-OPIT, Organización de Comunidades Unidas Nenhlet-OCUN; Organización Paï Rĕtã Joaju, Organización Paî Reko Pavĕ Jepotyra, Promotores Jurídicos Juvenil Indígena, Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, Unión Juvenil Indígena del Paraguay ( UJIP), Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir- UCINI.

 

Contactos:

Angela Sales +595 985 676962

Mauricio Franco +595 992 882227

 

En el marco del V Seminario Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos organizado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) se emitió la declaración de solidaridad con la comunidad indígena Hugua Po’i, del Pueblo Mbya Guaraní, ubicada en Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú, que fué desalojada en la mañana de este jueves 18 de noviembre. A continuación compartimos la declaración

Hoy, a tempranas horas, 70 familias indígenas han pasado a confirmar lo que ha sido un año plagado de violaciones hacia comunidades indígenas en Paraguay en lo que respecta al derecho particular que les asiste de no ser removidos de su hábitat sin su consentimiento. Hugua Po´i, asentada en parte del territorio ancestral del Pueblo al que pertenecen, hace años viene reclamando la restitución de 1000 hectáreas. Y hoy, 18 de noviembre de 2021, fue desalojada sin ningún ente público que abogue, en ejercicio de sus funciones, lo que corresponde en derecho. Hoy han sido privados de sus tierras, destruidas sus viviendas, cultivos, lugares sagrados, en un operativo vergonzosamente aparatoso ante humildes familias, hombres y mujeres con bebés en sus brazos, que bajo la lluvia han debido salir con las escasas pertenencias que pudieron salvar.

La disposición constitucional es clara: A LOS INDÍGENAS NO SE LOS DESALOJA. Lo que hoy ocurrió es una violación expresa de la Constitución de la República del Paraguay, además de a leyes reglamentarias y a varias disposiciones internacionales de derechos humanos. En el 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ocasión de condenar al Paraguay por la violación de derechos territoriales indígenas, señaló claramente, que el hecho de que las tierras estén en manos de particulares no es argumento suficiente para denegar el derecho de restitución territorial, por lo que el Estado, antes de desalojar, debe valorar los derechos de todas las partes interesadas y resolver en consulta y consenso la resolución al conflicto suscitado. Por otra parte, en esa misma sentencia condenatoria, encontró responsable al Paraguay de discriminar a los indígenas, puesto que siempre que entran en conflicto los derechos indígenas con los derechos de particulares, se prioriza, sin discusión suficiente ni garantías de protección, a los derechos particulares. En este acto, con el desalojo, el Estado está reiterando conductas bajo criterios por los cuales fue condenado.

Este V Seminario Internacional, que hoy se congrega a compartir experiencias de luchas y resistencias, se suma a la denuncia y al reclamo de indignación hacia un Estado que ya sin disimulo, se propuso omitir cualquier tipo de cumplimiento que asiste a los derechos territoriales de las comunidades más empobrecidas.

Y también se solidariza con la comunidad indígena Hugua Po´i, con las 70 familias que hoy están en la calle, sin un lugar donde ir. Y en su nombre se solidariza con todas las comunidades indígenas que en este 2021 fueron desalojadas.

La solidaridad se vuelve activa, al comprometerse a sumar su aporte para que la injusticia hoy cometida contra esta comunidad no quede en la impunidad y que este Estado, que se dice ser de todos y todas, asuma los compromisos que tiene para todas las personas que lo habitan.

¡Justicia y tierra para la comunidad indígena Hugua Po´i! ¡Justicia y tierra para todas las comunidades desalojadas!

 

 

Del martes 16 al jueves 18 del corriente se realizarán en la Casa de Retiro Emaus (Luque) las jornadas de rendición de cuentas de las principales instituciones responsables de la implementación de políticas públicas que afectan a los Pueblos Indígenas. Estas jornadas son organizadas por la Secretaría Técnica de Planificación y el consorcio compuesto por las organizaciones Tierraviva y CODEHUPY con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia.

De la rendición de cuentas participarán cerca de una veintena de instituciones que presentaran sus informes ante líderes de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) y otros líderes y referentes indígenas. Las jornadas de rendición de cuentas se enmarcan en el compromiso asumido por el Estado en el marco del Plan de Gobierno Abierto.

Durante el evento los y las referentes Indígenas podrán realizar consultas respecto a la aplicación de las políticas públicas y el uso de recursos estatales destinados a Pueblos Indígenas. <span;><span;>Al mismo tiempo el encuentro tiene el objetivo que las instituciones públicas pongan énfasis en las acciones para combatir y prevenir la discriminación desde una gestión intercultural.

Las jornadas de rendición de cuentas serán transmitidas por la página de facebook de Tierraviva y por Radio Pa’i Puku a fin de que más líderes, lideresas y referentes indígenas puedan hacer un seguimiento a la rendición de cuentas que realicen las instituciones.

Programa – Jornadas de Rendición de Cuentas a Pueblos Indígenas

Este es el segundo año consecutivo de Presupuesto Digno, Campaña por inversión pública para comunidades indígenas, de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID).

El año pasado contribuyó a que el Estado revierta su intención de reducir los recursos asignados al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para compra de tierra para comunidades indígenas, dentro del Presupuesto General de la Nación que regiría en 2021.

Este año, la iniciativa se suma a los esfuerzos de la ANIVID para que Paraguay aumente notablemente los recursos que destina a políticas públicas para Pueblos Indígenas para 2022.

El presupuesto que el Estado paraguayo quiere asignar al INDI para 2022, de 67 mil millones de guaraníes, mantendrá la pobreza y exclusión actuales en que viven los pueblos indígenas. De este monto, solamente se prevé poco más de 13 mil millones de guaraníes (menos de 2 millones de dólares) para la restitución de tierras.

Pero puede empezar a cambiar esta situación si aumenta notablemente los recursos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, para empezar a cumplir con su deuda histórica de restitución de territorios y otros derechos.

Para contrarrestar el impacto de la pandemia y así evitar que la pobreza y el hambre se profundicen, afectando especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes indígenas.

Para implementar el recientemente aprobado Plan Nacional de Pueblos Indígenas PNPI 2020-2030, que orientará sus acciones y políticas prioritarias para el sector.

Sin presupuesto suficiente, se estará alejando más del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, especialmente de los ODS 1 Fin de la pobreza y ODS 2 Hambre Cero.

En Paraguay viven 122 mil personas indígenas pertenecientes a 19 Pueblos, que se distribuyen geográficamente en más de 600 comunidades en las regiones Chaco y Oriental.

Los Pueblos Indígenas son la población con peores indicadores sociales en el país, con un 66,2% viviendo en la pobreza y 34,4% en la extrema pobreza, a consecuencia de la exclusión de las políticas públicas como la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos agroexportadores.

Se calcula que un 37% de las tierras indígenas en Paraguay está en manos de terceros.

Solamente entre comunidades de organizaciones de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) las urgencias de tierras demandarían cerca de 86 millones de dólares, para la restitución a través de compra de 43 mil hectáreas de tierra.

La ANIVID acercó una propuesta a mediano plazo al Estado parguayo, que contempla que estos 86 millones de dólares se desembolsen a lo largo de 10 años, pero el primer paso el Estado lo debe dar ahora en la definición del PGN 2022.

Además, exige transparentar la situación de la tierra indígena en todo el país y crear un fondo específico para compra de tierras y proyectos de desarrollo, con el 10% de los royalties provenientes de Itaipú y Yacyreta, entre otras propuestas.

La ANIVID está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Ñogueroï Paveï, Asociación Nacional de Mujeres Guaraní del Paraguay Kuña Guaraní Aty; Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay –Mipy, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco – ClibCh, Coordinadora Intersectorial de Pueblos Originarios de Concepción- CIPOC; Comisión Interdistrital de Promotores de Salud Indigena; Coordinadora Nacional Indigena-CNI; Clan Kuchingi Mairekoty, Mesa de Organizaciones Indígenas del Paraguay- MAIPY; Organización Nacional de Aborígenes Independientes-ONAI, Organización Nacional del Pueblo Guaraní-OPG; Organización Payipie Ichadie Totobiegosode-OPIT, Organización de Comunidades Unidas Nenhlet-OCUN; Organización Paï Rĕtã Joaju, Organización Paî Reko Pavĕ Jepotyra, Promotores Jurídicos Juvenil Indígena, Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, Unión Juvenil Indígena del Paraguay ( UJIP), Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir- UCINI.

La campaña la realiza la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) y cuenta con el acompañamiento de Tierraviva y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y el apoyo de la Unión Europea y la agencia Diakonia.