Archivos del autor: Santi Ortiz

En la mañana de este jueves 16 de junio se realizó el acto de firma de convenio entre el Ministerio de la Defensa Pública (MdP) y la Organización Tierraviva. El entendimiento busca garantizar el derecho de los Pueblos Indígenas a acceder a la justicia y apunta a aportar en la capacitación de Defensores Públicos respecto al Derecho Indígena.

La alianza tiene el objetivo la implementación de módulos de capacitación sobre diferentes aspectos del sistema de justicia para pueblos indígenas del Paraguay, siendo de mutuo interés la formación de promotores jurídicos indígenas, miembros de la red de defensores de derechos ambientales, así como de defensores públicos, con el fin de apoyar la generación de capacidades de incidencia y conocimientos jurídicos especializados y, promover el eficiente cumplimiento de las normativas ambientales y de consentimiento y consulta a las comunidades indígenas.

La capacitación de promotores jurídicos indígenas se realiza en el marco de la generación de capacidades de incidencia y conocimientos jurídicos propios de los pueblos indígenas y concientizar que las entidades de la administración pública, están obligadas a cumplir lo estipulado en las normas de derecho de los pueblos indígenas y derecho ambiental. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Tinker Foundation.

El acto se realizó en la sala del Instituto Superior Técnico del MDP y el convenio fue firmado por la defensora general María Lorena Segovia Azucas y Lidia Ruiz Cuevas, coordinadora ejecutiva de Tierraviva.

El Estado paraguayo sigue incumpliendo las obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa, del Pueblo Enxet. En la jornada de este miércoles las Comisiones de Obras Públicas y de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores recibieron a representantes de la comunidad y a autoridades del Ministerio de Obras Públicas, convocadas para informar sobre la construcción del Camino de Todo Tiempo que permitirá a la comunidad ingresar y desarrollarse en sus tierras.

Durante la reunión conjunta de las Comisiones, los referentes de la Comunidad Anibal Flores, Verónica Fernández y Albino Gómez, relataron que los miembros de la comunidad no pueden acceder a servicios de salud, educación y que incluso la comunidad ha perdido importantes recursos por la falta del tramo de 34,5 kilómetros que requieren, además manifestaron la falta de información y su preocupación ya que hace más de 2 meses los trabajos se encuentran parados, desaprovechando condiciones climáticas propicias para los trabajos. Los testimonios estuvieron respaldados por las intervenciones de las abogadas Alba Escobar, Julia Cabello y Adriana Aguero, de la Organización Tierraviva, representantes convencionales de la comunidad, quienes recordaron a las autoridades presentes, que justamente se llegó a instancias internacionales por la violación de los mismos derechos que hoy la comunidad sigue soportando. Además, se trajo a colación el compromiso asumido por el Estado, entre otras cosas de entregar las obras culminadas para el mes de setiembre próximo, plazo que por la situación en terreno dista de cumplirse.

Además, el Senador Miguel Fulgencio Rodríguez, titular de la Comisión de Pueblos Indígenas, dio testimonio de la imposibilidad de acceder a las tierras de la comunidad ya que días atrás estuvo presente en la zona, cuestionó el trabajo del Estado que no cumple con sus obligaciones y carece de voluntad política para garantizar los derechos de las comunidades indígenas, según señaló. El viceministro de Obras, Rodolfo Segovia, se comprometió a que los trabajos estarían terminados para setiembre del corriente año, aunque reconoció que ni el 30 % del presupuesto destinado a la construcción del camino mencionado fue ejecutado hasta el momento.
Por su parte el presidente de la comisión de Obras públicas, lamento la falta de voluntad política, admitiendo que el Estado estuvo ausente en todo este proceso, manifestando que todos somos responsables de la situación lamentable que deben sufrir los miembros de esta comunidad. Instando a los representantes de MOPC a que Hoy se necesita una noticia cierta y que los lideres se vayan con la esperanza. Desde ambas comisiones presentes tendrán todo el acompañamiento, y que esto se haga saber al ministro.

Hace exactamente 17 años, un 17 de junio de 2005 la Corte IDH, falló a favor de la restitución territorial a la Comunidad Yakye Axa. Para recuperar su territorio la Comunidad Yakye Axa recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002, en el 2003 el caso fue elevado a la Corte IDH, donde la comunidad, acompañada por Tierraviva y el Centro Internacional por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL), logró un fallo favorable en el año 2005. Años después, en 2012, el Estado paraguayo adquirió las tierras para la comunidad, sin embargo, a la fecha la comunidad sigue esperando que el Estado cumpla con esta deuda pendiente

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) realizó su Asamblea Constitutiva, dando así nacimiento a un nuevo espacio de articulación que incluye a organizaciones, comunidades, clanes, e individualidades de pueblos indígenas que se proponen defender la tierra, el territorio, los derechos y la cultura de los Pueblos Indígenas que habitan el territorio paraguayo.

María Luisa Duarte, mujer indígena, del Pueblo Aché e integrante del Clan Kuchingi Mairekoty, fue electa como Coordinadora General de la Articulación que aglutina a comunidades,organizaciones, clanes e individualidades de Pueblos Indígenas del Chaco y la Región Oriental. La ANIVID viene trabajando desde el 2020, primero reclamando un mejor presupuesto para el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), sobre todo para compra de tierras, posteriormente denunciando las violaciones en las comunidades, sumando otras exigencias como la resolución de tierras para la comunidad Kemha Yat Sepo y la gran movilización de octubre del 2021.

“La articulación de ANIVID empezó a partir de la lucha por el presupuesto para el INDI, en un contexto de mucha debilidad de las organizaciones indígenas, logramos articularnos, y a partir de eso empieza la ANIVID” señaló María Luisa Duarte al tiempo de valorar el proceso que vienen llevando adelante los componentes de la nueva organización. “Luego pasamos a ampliar nuestras luchas en defensa de las tierras, del territorio de los Pueblos indígenas y en ese proceso de lucha conjunta, que lleva más de 2 años, es que nace está unificación de la lucha de los pueblos indígenas” indicó.

Respecto a los desafíos que asume la ANIVID, María Luisa comentó que continuarán defendiendo la tierra y el territorio como una base fundamental para el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas. Además, señaló que han planteado propuestas de políticas públicas y medidas urgentes para salvaguardar los derechos de los Pueblos Indígenas que fueron presentados a los tres Poderes del Estado, indicando que buscarán que estos puntos reclamados sean atendidos por las instituciones responsables.

“Vamos a planificar nuevamente nuestras luchas para los próximos meses, a fin de darle más fuerza a algunos reclamos que son más urgentes” mencionó y agregó que con el trabajo articulado de las organizaciones, comunidades y clanes que la componen, la ANIVID hizo muchas cosas en poco tiempo.

Duarte indicó que serán desafíos muy grandes los que deberá asumir la ANIVID, ya que la situación de los Pueblos Indígenas es muy delicada actualmente. Al respecto cabe mencionar que según fuentes oficiales el 97% de las personas indígenas que habitan en Paraguay tienen alguna Necesidad Básica Insatisfecha, cerca del 65% vive en situación de pobreza y alrededor del 30% de las comunidades tienen dificultades para el acceso a la tierra.

“Para nosotros y nosotras la reivindicación de la tierra y el territorio, es una base fundamental para lograr el respeto a nuestros derechos” indicó María Luisa, al momento de rechazar la criminalización de la Lucha por la Tierra que afecta a los Pueblos Indígenas y el avasallamiento a sus territorios. La lideresa agregó que seguirán luchando también por el desarrollo integral de las comunidades, señalando que en la mayoría de las comunidades el acceso a necesidades básicas sigue siendo una deuda por parte del Estado hacia los Pueblos Indígenas.

 

La nueva organización también mira al futuro buscando un fortalecimiento de la capacidad de exigibilidad y de participación política protagónica de los Pueblos Indígenas, por ellos, apuntan a “fortalecer la formación y capacitación de los jóvenes, lograr una transferencia de conocimientos, de saberes culturales, para que haya nuevos líderes y dirigentes eso es fundamental para nuestros Pueblos Indígenas y es parte de nuestra agenda” concluyó María Luisa.

 

La ANIVID está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Comunidades Mbya Guarani Ñogueroipave’i, Asociación Nacional de Mujeres Guarani del Paraguay Kuña Guarani Aty- KGA, Mesa de Articulación Indígena del Paraguay – MAIPy, Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay – MIPy, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco- CLIBCH, Coordinación Intercultural de Pueblos Originarios de Concepción – CIPOC, Clan Kuchingi Mairekoty, Organización Nacional de Aborígenes Independientes- ONAI, Organización Nacional del Pueblo Guaraní OPG, Organización de Comunidades Unidas Nenhlet – OCUN, Asociación de Artesanos y Artesanas Nivache y Nivaccle, Organización Paï Retä Joaju, Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, Unión Juvenil Indígena del Paraguay – UJIP, Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir- UCINY, Asociación Opy Porä , Federación Regional Indígena del Chaco Central – FRICC, Organización No’o Ñendua, Aurelio Martinez de la Comunidad Nueva Esperanza del Distrito Obligado – Itapúa, Comité Bajo Pilcomayo, Organización de Mujeres Mismo Indígena – OMMI, Comunidad Pindo’i del Departamento de Caaguazú, Organización del Pueblo Enhlet Norte OPEN, Organización del Pueblo Nivaccle – OPN, Comunidad Kemha Yat Sepo, Comunidad Paratodo’i — El Estribo, Comunidad 10 Leguas, Asociación Angaité para el Desarrollo Comunitario – ASADEC, Asociación Interdistrital de Promotores de Salud Indígena Joaju Pavë

 

La Comunidad Payseyamexyempa’a, está compuesta por dos aldeas -Colonia 96 y Buena Vista – en las que viven aproximadamente 60 familias indígenas del Pueblo Enxet, si bien las tierras se encuentran ocupadas por la comunidad desde 1996, recién hoy, tras más de 26 años de lucha se concretó la restitución territorial con la inscripción del título de propiedad a nombre de la comunidad. Este logro podría ayudar a mejorar las duras condiciones de vida de la comunidad, que se encuentra en aislamiento por falta de camino de todo tiempo, sin acceso a derechos fundamentales como agua, escuela, puesto de salud, entre otros.

La Abogada Alba Escobar, integrante del Área de Casos, Litigios e Incidencia de Tierraviva manifestó que, “esto marca un logro histórico para Tierraviva y la comunidad ya que fueron años de gestiones para encaminar los trámites pertinentes para el proceso ante las diversas instituciones públicas. En el año 1996, fueron adquiridas las 25 mil hectáreas para la comunidad indígena de referencia, los líderes que habían iniciado la lucha por ese territorio, ya han fallecido, pero el resultado de esa lucha hoy es reflejado con la titulación ante la Dirección de Registros Públicos”.

Respecto a lo que representa la titulación de las tierras la abogada manifestó que “mediante la obtención de la titulación de sus tierras ancestrales, podrán desarrollar y preservar su cultura como también garantizar su sustento económico, en este caso como ejemplo podrían ser los proyectos de desarrollo comunitario”.

Vale mencionar que durante estos años muchos miembros de la comunidad han abandonado sus tierras a causa de la falta de camino, inundaciones, muertes prevenibles de niñas, niños y otros factores que han afectado profundamente a la comunidad. Con esta titulación la comunidad tiene posibilidad concreta de desarrollar proyectos de gestión territorial, clave para la supervivencia y para el gozo de una vida digna.

La comunidad se encuentra asentada en el kilómetro 352 de la ruta Pozo Colorado-Concepción y a unos 60 km aproximadamente al norte de la misma Ruta, en el Departamento de Presidente Hayes. La falta de caminos de todo tiempo y de asistencia adecuada por parte del Estado han afectado profundamente a la comunidad dejándola al borde de la desaparición; la titulación de las tierras representa una oportunidad para que el Estado paraguayo asuma una asistencia integral y planificada que permita revertir esta situación, apuntando a las garantías de una vida digna para las familias de esta comunidad.

Estas tierras forman parte de las más de 165.000 hectáreas que han sido restituidas a los Pueblos Indígenas del Chaco mediante las luchas comunitarias y el acompañamiento de Tierraviva

Este 19 de abril se recuerda el Día del Indígena, como cada año la fecha convoca a una reflexión respecto a la realidad que viven los Pueblos Indígenas que habitan el territorio paraguayo. Esta realidad puede resumirse en el abandono y violación constante de los Derechos Humanos de las personas indígenas por parte del Estado, a lo que hoy se suma un violento avance criminalizador.

Según datos oficiales 65% de miembros de pueblos indígenas viven en la pobreza y más del 30% en pobreza extrema. El 97,9% tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, estás cifras dan cuenta de una discriminación estructural por parte del Estado que jamás se ha ocupado verdaderamente de garantizar condiciones mínimas para que los Pueblos Indígenas gocen de una vida digna.

A esto se suma la acelerada pérdida de sus territorios a causa del avance del modelo de agronegocios, la deforestación y el uso intensivo de agrotóxicos, que han expulsado y llevado casi a la extinción a las comunidades indígenas. Al menos 30% de las comunidades indígenas tienen problemas de acceso a a la tierra y las un millón de hectáreas que, supuestamente, el Instituto Paraguayo del Indígena ha titulado a favor de las mismas es apenas una ínfima parte de las tierras que según la normativa deberían estar en posesión de los indígenas.

En medio de este doloroso cuadro, desde el Estado, y particularmente desde algunos sectores políticos, antes que ofrecer políticas públicas que atiendan las necesidades de los Pueblos Indígenas, están resueltos a profundizar la criminalización contra aquellas comunidades que reclaman sus derechos. Es así que el 2021 fue el año dónde se realizó la mayor cantidad de desalojos contra comunidades indígenas, se realizaron 12 desalojos afectando a unas 725 familias de diferentes Pueblos.

En consonancia con estos ataques en setiembre del 2021 se aprobó la modificación del Código Penal para aumentar las penas a quienes luchen por la restitución territorial y actualmente se pretende aprobar, de forma apresurada y sin debate, una ley que castiga con cárcel a quienes se manifiesten en las rutas nacionales.

Las comunidades indigenas ya se encuentran afectadas por la llamada Ley de Criminalización Zavala-Riera, más de una decena de indígenas fueron imputados bajo esta nueva figura debido a que reclamaron la restitución de su territorio. La nueva propuesta de Ley también significará un ataque a aquellas comunidades que durante años y hasta la actualidad solo son escuchadas mediante las movilizaciones y cierres de ruta.

En este Día del Indígena corresponde hacer un llamado a todos los actores políticos y al Estado paraguayo a qué actúen responsablemente respetando los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y apuntando los esfuerzos a revertir la exclusión y la discriminación estructural contra los Pueblos Indígenas; y no a profundizarla mediante políticas represivas que sólo agravarán la situación delicada que atraviesan y que ya le valiera al país sentencias a nivel internacional.

Asunción, Washington, Buenos Aires, Abril 7 de 2022

La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó al Estado paraguayo, a la comunidad indígena Yakye Axa del Pueblo Enxe y a las organizaciones representantes Tierraviva y CEJIL, a una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de la sentencia proferida en el 2005 en relación al derecho a la tierra ancestral de la comunidad, quienes reclaman el reconocimiento de sus tierras desde 1992 y que se encuentran -aun posterior a la sentencia- viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Frente a la preocupación que genera el inclumplimiento injustificado, después de tantos años de ser emitida la sentencia, se aportó información referente a la titulación de las tierras, construcción del camino para llegar a las tierras, acceso a bienes y servicios y el fondo de desarrollo comunitario.

Hasta la fecha la comunidad sigue sin la titulación de sus tierras y sin acceso a bienes y servicios básicos; así mismo el camino para acceder a las tierras solo ha avanzado 10 km de los 34 necesarios. Como representantes de la comunidad, nos preocupa que el paso del tiempo refuerza las violaciones de DDHH que la Corte ha buscado reparar; y que, dada la naturaleza de las reparaciones y de los derechos en juego, aun un avance parcial en el cumplimiento implica en los hechos que la comunidad permanezca lejos de sus tierras y en condiciones muy precarias para su vida, integridad y subsistencia.

Esperamos que el Estado comprenda la gravedad de la situación y el estado de extrema vulnerabilidad en que se encuentran los miembros de la comunidad Yakye Axa y, con la debida celeridad, cumpla con sus obligaciones internacionales. Es imperativo que la comunidad Yakye Axa pueda gozar de su derecho de vivir y desarrollar su cultura, tradiciones y proyectos colectivos en condiciones dignas y en sus tierras.

Don’t Cry. The Enlhet History of the Chaco War, un libro con relatos enlhet sobre el inicio del proceso colonizador de su territorio a partir de los años 1920 fue recientemente publicado por la editorial McGill-Queen’s University Press de Montreal, es la traducción del material elaborado por Hannes Kalisch y Ernesto Unruh y publicado en español en el año 2018. En su versión en ingles el material está a la venta a través del portal web de la Editorial.

Los Enlhet, un pueblo indígena del Chaco paraguayo, permanecieron prácticamente intactos por el colonialismo hasta la década de 1920. Esto cambió con la llegada de los menonitas, quienes comenzaron a establecerse en el centro del territorio de Enlhet en 1927; la Guerra del Chaco poco después (1932-35); el conflicto más mortífero en el hemisferio occidental después de la Guerra Civil estadounidense; y una terrible epidemia de viruela al mismo tiempo.

En Don’t Cry, los Enlhet dan su propio relato de este período, centrándose en sus experiencias de la guerra entre Paraguay y Bolivia, en voces nunca antes escuchadas fuera de su propia sociedad. Sus relatos, traducidos del idioma enlhet y acompañados de un sensible análisis histórico-antropológico, permiten un acceso sin precedentes a estas perspectivas hasta ahora ocultas. Testigos de Enlhet de aquellos tiempos describen los procesos de colonización a los que fueron sometidos al mismo tiempo que insisten en su propia visión del mundo. Esta visión desafía los puntos de vista de la sociedad colonial, simbolizando la búsqueda de una relación que asuma una historia compartida, aborde el abismo entre los pueblos y abrace el potencial de cada uno.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil abajo firmantes expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la movilización que lleva adelante la Plenaria de Organizaciones Campesinas e Indígenas en Asunción y diferentes puntos del país. Las reivindicaciones son consistentes con la construcción de un Paraguay justo y democrático por lo que hacemos un llamado a las autoridades y al gobierno a atender estos reclamos.

En concordancia con lo expresado por quienes se movilizan, entendemos que la injusta y desigual distribución de la tierra en el país debe ser atendida urgentemente, con políticas de Estado que garanticen el arraigo de indígenas y campesinas en sus territorios, con condiciones para una vida digna.

Paraguay es el país de la región con la más injusta distribución de tierras, apenas el 2% de los propietarios acaparan más del 85% de la tierra, mientras se estima que existen al menos 300 mil familias campesinas sin tierras. A esta realidad se suma la existencia, reconocida por el propio Estado, de más de 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas que se encuentran en manos de personas no beneficiarias de la reforma agraria y que se apropiaron irregularmente de las mismas.

Entendemos que esta situación tan delicada no puede ser resuelta mediante el aumento de las acciones de desalojos forzados, de la represión al campesinado y pueblos indígenas, por eso, solicitamos la derogación de la Ley 6830/21 que modifica el Artículo 142 de Código Penal, aumentando las penas a las ocupaciones de tierra, menos aún sin tener en cuenta la particularidad del derecho indígena, quienes no fueron consultados, un derecho consagrado. Enviar a prisión a quienes luchan por su derecho a un pedazo de tierra solo agravará la problemática del campo, sin ofrecer verdaderas soluciones a campesinos, campesinas e indígenas, ni al país en general.

Señalamos también que es urgente la asistencia a la producción campesina y al buen vivir indígena, afectada gravemente por los efectos de la Crisis Climática que se atraviesa, producto de un modelo de producción que atenta contra el ambiente y la naturaleza. Los campesinos y campesinas aportan en promedio un 15% de lo consumido en la ciudad y un 48% de lo consumido en el campo y áreas rurales, esto se da sin prácticamente ninguna política de asistencia por parte del Estado y teniendo apenas el 6% de las tierras productivas en sus manos.

La producción campesina provee de alimentos saludables al país y aporta al equilibrio climático con prácticas sostenibles, a diferencia del modelo de agronegocios que avanza con prácticas que afectan gravemente a la naturaleza y al ambiente, como la deforestación masiva y el uso intensivo de agrotóxicos. Es fundamental que el Estado paraguayo oriente sus políticas a proteger y promover la agricultura campesina e indígena, brindando apoyo y asistencia a los pequeños productores, así también resulta urgente la implementación real de políticas de protección al ambiente y de atención a la crisis climática.

Finalmente, destacamos el histórico valor y compromiso del campesinado y los pueblos indígenas tanto en su labor diaria, garantizando los alimentos para toda la población del país, protegiendo los recursos naturales de sus territorios, como en sus luchas por la justicia social y la democracia que son baluartes para la construcción de una sociedad democrática y equitativa.

 

Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guash (CEPAG)

Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ PY)

Asociación Gestion Local (GL)

DECIDAMOS.

Red de Ambientalistas No Gubernamentales del Paraguay (ROAM)

Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo.

Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco.

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la adolescencia (CDIA).

POJOAJU Asociación de ONGs del Paraguay.

Asociación CALLESCUELA.

Federación de Entidades Vecinalista del Paraguay (FEDEM).

Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA).

SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay.

Centro de Servicios y Estudios Rurales (CSER).

Centro de Documentación y Estudios (CDE).

Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).

BASE Investigaciones Sociales (BASE IS).

Grupo SUNU de Acción Intercultural

Tekoha con los Pueblos Indígenas

REDESPI Red de Organizaciones al Servicio de los Pueblos Indígenas.

Voces Paraguay, Asociación de Radios Comunitarias.

CEIDRA. Centro de Estudios e Investigaciones sobre Derecho Rural y Reforma Agraria.