“Todo esto surge de la pérdida de nuestras tierras” sentencia Francisca Villalba con solvencia frente a los micrófonos. Su voz de joven, mujer e indígena suena entrecortada por el dolor al analizar la violencia contra las niñas indígenas que en los últimos días ha explotado ante los ojos incrédulos de una sociedad que muchas veces se niega a ver todos los daños que provoca un sistema económico, político y social que excluye a miles de ciudadanos y ciudadanas y que castiga con más fuerza a los más débiles.
Una semana atrás la terrible noticia del asesinato de una niña indígena, con signos de haber sido violentada salvajemente, golpeaba a la sociedad capitalina; ocurrió en la zona de la Terminal de Ómnibus de Asunción, dónde decenas de jóvenes, niñas, niños y adultos indígenas sobreviven en situación de calle, expuestos a la violencia y la exclusión. “Nos expulsan de nuestras tierras y cuando llegamos a la capital nos discriminan, “ou jeyma ko‘ã indio” dicen” relata Francisca, ella es del Pueblo Maskoy, de Puerto Casado, y es la primera licenciada en Trabajo Social de su comunidad; insistentemente reitera que el Estado no ve a los indígenas, Francisca se llamaba también la pequeña de solo 12 años que fue asesinada y a la que el Estado, efectivamente, no vio.
Habla de la discriminación estructural, del olvido al que son sometidos los Pueblos Indígenas en Paraguay, sin acceso a derechos básicos; 7 de cada 10 niños indígenas son pobres y más del 60% de la población indígena del país sobrevive por debajo de la línea de la pobreza extrema.
Detrás de este horrendo crimen, al igual que detrás del abuso contra una niña indígena que había sido encontrada golpeada en un depósito abandonado de la capital, están todas estas discriminaciones, el despojo de sus territorios para el avance de la frontera agrícola, la falta de acceso a salud, a educación, a alimento, la expulsión forzada de sus comunidades y su llegada a una ciudad que los ve con desprecio, como los más descartables de sociedad. Descartables, como Lorenzo, el reciclador indígena que a finales del año pasado dormía acomodado en una parada de ómnibus de la capital cuando desde un auto un hombre le disparó, hasta hoy el Estado no hizo justicia.
Para el antropólogo Rodrigo Villagra, miembro del Directorio de la Organización Tierraviva, estos casos no son nuevos, provienen de la formación misma de la Nación Paraguaya, con un mestizaje violento que fundó una discriminación que perdura hasta nuestros días, “esta ola de violencia creciente se da basándose en una discriminación previa y se refuerza con un modelo que excluye y coloca a los pueblos indígenas como los más desechables dentro de un sistema donde no acceden a derechos ni bienes fundamentales, toda la violencia, toda la rabia y el odio terminan descargándose contra los más débiles dentro de la sociedad, que en este caso son los pueblos indígenas y en particular las niñas indígenas.
“Hasta hoy día la única respuesta por parte del Estado ha sido exclusión económica y represión social, particularmente con este gobierno hemos visto toda la violencia en los desalojos de tierras” añade Rodrigo al analizar el contexto de expulsión que precede a estos crímenes contra niñas indígenas.
La tierra, el territorio, se convierten una y otra vez en el fondo de la cuestión, de aquellas comunidades forzadas a abandonar sus tierras por la exclusión, de esos territorios indígenas que hoy se convirtieron en un mar de soja, o de pastura para el ganado, de allí provienen los niños, las niñas, los adultos indígenas que vemos en las calles citadinas y que hoy soportan toda la violencia de una sociedad marcada por las diferencias de clase, género y raza.
En medio del dolor la Esperanza
La respuesta organizada ante tanto dolor trae esperanza, organizaciones indígenas, colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos, han levantado la voz para exigir justicia y para reclamar el fin de la violencia contra los pueblos indígenas, contra sus niñas y niños. La voz indígena se hace escuchar poniendo sobre la mesa las discusiones que el Estado, sus instituciones y voceros intentan ocultar, los casos de violencia no son hechos aislados, son producto de un modelo económico y social que discrimina y excluye, son crímenes que tienen autores materiales pero cuya autoría moral es propiedad de quienes privilegian el capital por encima del ser humano.
En un encuentro organizado por Tierraviva y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) cerca de un centenar de líderes indígenas del Bajo Chaco se reúnen, debaten, hablan sobre sus realidades, sobre las políticas públicas que necesitan. Recuperar sus tierras, mejorar la calidad de vida en sus comunidades es el objetivo; los líderes y liderezas indígenas creen en la organización y la solidaridad, así se preparan para exigir al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) que atienda las necesidades de aquellas comunidades que están en peores situaciones.
La Comunidad Indígena Kem Hayak Sepo, del Pueblo Enxet, compuesta por unas 70 familias continúa luchando desde hace años por sus tierras. La imposibilidad de acceder a sus territorios ancestrales hizo que parte de la comunidad se asiente en las tierras de La Esperanza, otra comunidad indígena ubicada a la altura del km 192 de la Ruta Transchaco, mientras que la otra parte subsiste hace más de una década al costado de misma ruta en las cercanías de Montelindo, en el kilometro 210. La comunidad es también conocida como Cerrito Hamaquera, por el nombre de la estancia donde están unas 12 mil hectáreas de tierras consideradas ancestrales por los Enxet.
Los integrantes de la comunidad Kem Hayak Sepo están decididos a acceder a sus tierras y ahora cuentan con el apoyo de más de 70 comunidades que decidieron presentar ante las autoridades el pedido de compra de tierras para esta comunidad como prioridad principal para los Pueblos Indígenas del Bajo Chaco, así se lo manifestaron al Presidente del INDI, Edgar Olmedo, en una mesa de trabajo desarrollada la semana pasada.
Olmedo recibió el pedido y se comprometió a darle los trámites más ágiles posibles, aunque señaló ante los líderes que el INDI apenas tiene cinco mil millones de guaraníes del Presupuesto 2020 para compra de tierras, lo que alcanzaría apenas para unas 300 hectáreas. Según relató, el año pasado el presupuesto para este rubro fue de 14 mil millones y sin embargo no sé ejecutó un solo guaraní.
Pacientes pero decididos, los líderes indígenas están dispuestos a luchar para que el reclamo de tierra para Kem Hayak Sepo se haga realidad, de esta misma forma, en las últimas décadas, varias comunidades de la zona chaqueña han recuperado más de 160 mil hectáreas de territorio indígena.
La tierra, el territorio, es la base fundamental para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, es la garantía básica para acceder a derechos; recuperar sus tierras para a partir de allí poder mejorar su calidad de vida continúa siendo la lucha de los pueblos indígenas y vuelven las palabras de Francisca “todo tiene que ver con la tierra, con nuestra tierra”.
El freno a la violencia, la discriminación y la exclusión contra los pueblos indígenas vendrá de la mano de la lucha indígena, de la recuperación de sus tierras y del aseguramiento de sus derechos fundamentales.
Foto: Diego Peralbo, Diario Abc Color
