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Mariano Mendoza, director de la Radio Indígena “Alternativa La Voz del Pueblo” 95.5 FM de la aldea Belén de la Comunidad Yalve Sanga, en el distrito de Loma Plata – Boquerón, destaca la importancia de la emisora pues se constituye en una herramienta muy útil para la comunidad.

Mediante esta radio la gente se informa y comunica sus realidades, frecuentemente se utiliza para campañas solidarias y además emite en nuestra lengua materna Enhlet Norte, dice.

La emisora integra otras redes de comunicación, por ejemplo, retransmite el programa Devuelvan Nuestra Tierra de la organización Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco todos los viernes de 13:30 a 15 horas por radio Pa’i Puku

En Yalve Sanga, a parte de la Alternativa La Voz del Pueblo 95.5 FM, igualmente funcionan las radios indígenas 90.3 FM Voz Cristiana en la aldea Éfeso; y la 107.9 FM en Barrio Obrero. Todas ellas con varios programas de tinte religioso.

 

 

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El abogado Rafael Domínguez del Ministerio de la Defensa Pública MDP de Caaguazú, al ser consultado con relación a la situación del líder indígena Santiago Sosa de la comunidad 15 de enero en la zona de Nuevo Toledo, quien ayer miércoles 02 de noviembre fue privado de su libertad por el supuesto hecho de invasión de inmueble ajeno, dijo que esta mañana acompañó al indígena ante el Juzgado local para la imposición de medidas.

Según explicó que conforme a la ley 234 que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, el señor Sosa debe recuperar su libertad y regresar inmediatamente a su comunidad.

El mencionado líder, esta tarde al momento de la redacción de esta noticia, aún permanecía preso en la Comisaria Segunda de Caaguazú.

El Defensor Público señaló igualmente que una vez logrado la libertad de su defendido posteriormente el MDP estará trabajando para demostrar que el citado líder indígena no hizo ningún tipo de invasión de inmueble ajeno.

Respecto a la realidad de la comunidad 15 de enero puntualiza la necesidad de un trabajo interinstitucional para determinar en el menor tiempo posible los límites legales en donde están asentados los indígenas de lo contrario continuará el conflicto social.

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Así dice con tristeza Regina de Lezcano, lideresa de la aldea Belén de la comunidad Yalve Sanga del pueblo Enhelt Norte, distrito de Loma Plata (Boquerón) contando su experiencia como artesana.

En la actualidad se les complica bastante conseguir la materia prima pues casi ya no disponen de bosques de donde nutrirse. “Ya casi no hay montes para hacer nuestras artesanías, pues la mayoría de las tierras están en manos privadas lo que dificulta la colecta de los materiales para nuestro trabajo, siendo esa nuestra mayor preocupación”, dice.

Durante la pandemia del COVID no pudieron dedicarse a la artesanía y ahora nuevamente están iniciando la actividad, por cierto, con muy poca venta. Hacen bolsones, canastos, pantallas, pulseras, etc

Las mujeres artesanas indígenas cumplen un rol fundamental para el desarrollo de las comunidades y para la preservación de la cultura de los pueblos indígenas. Su trabajo, basado en la relación armónica entre los pueblos indígenas y el territorio es una forma de expresión cultural al mismo tiempo de ser una parte importante de la economía de las comunidades.

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Santiago Sosa, líder de la comunidad indígena 15 de enero del Pueblo Mbya Guaraní en la zona de Nueva Toledo – Caaguazú, fue detenido por agentes de la Comisaria 42 Margarita, distante alrededor de 25 kilómetros del lugar donde viven, según cuenta la lideresa Irene Benítez.

Fue al momento de acudir a dicha comisaria para formular denuncias sobre los robos y saqueos del que fueron víctimas al momento del desalojo del pasado 19 de octubre.

Sin ninguna justificación los agentes lo detuvieron llevándolo a la Fiscalía de Caaguazú, afirma la señora Benítez al significar el temor que siente por el destino de su marido, pues sobre el mismo no pesa ninguna denuncia. Tal vez lo llevaron porque se denunció el abuso que cometieron contra la comunidad y no quiero que lo trasladen a la cárcel, dice ña Irene.

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El Pueblo Yshir comprende los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo del departamento del Alto Paraguay, donde viven en 7 comunidades a orillas del Río Paraguay.

Una de esas comunidades es Puerto Diana ocupada por alrededor de 600 personas que el pasado 13 de octubre conmemoró 113 años de fundación

Según don Pablo Barboza, ex líder de dicha comunidad y asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY), la fecha en la cual se crea Puerto Diana es atribuida a gente no indígenas, considerando que la zona siempre fue territorio de los yshiros mucho antes que los blancos llegasen al lugar, pues así cuentan sus ancestros y antepasados.

De acuerdo a relatos de los indígenas, el territorio Yshir antiguamente abarcaba desde Puerto Coimbra (Mato Grosso do Sul (Brasil) hasta Puerto Guaraní (Alto Paraguay). Hoy día la Nación Yshir perdió una gran parte de su vasto territorio producto de invasiones y despojos de sus tierras.

Barboza al respecto afirma que los indígenas sufrieron toda clase de invasión por parte de gente desconocida apropiándose de sus territorios con violencia y otras formas de contactos.  “El Yshir de ser propietario de sus tierras pasó a ser esclavo”, puntualiza al sostener que los yshiros, a pesar de los ataques y abusos, siguen luchando para recuperar su tierra natural.

Puerto Diana es una comunidad indígena Yshir, donde la actividad principal de la comunidad es la caza, pesca, recolección de miel, confección de artesanías en hoja de palma y tallados en madera.

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Ña Irene Benítez, lideresa de la comunidad 15 de enero del Pueblo Mbya Guaraní, asegura que toda la población quedó con serias consecuencias psicológicas tras el desalojo forzoso sufrido el pasado 19 de octubre en el distrito de Nueva Toledo – Caaguazú.

Encarecidamente pide un apoyo a la ciudadanía pues durante el operativo policial – fiscal, perdieron todos sus enseres, no tienen herramientas de trabajo y carecen de viviendas como de alimentos.

Repudia a la Fiscala Norma Salinas clamando justicia, que no quede en la impunidad su actuación. No somos animales para que nos traten así generando temor y violencia, dijo.

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Así dice Santiago Sosa, líder de la comunidad 15 de enero, Pueblo mbya guarani, del distrito de Nueva Toledo, Caaguazú al recordar lo que fue el desalojo forzoso del pasado 19 de octubre.

Ese día, como es de público conocimiento, sufrimos un atropello a nuestra integridad por parte de una fuerza represiva encabezada por la fiscala Norma Salinas quien sin ninguna orden judicial nos desalojó del lugar, indicó.

Según cuenta, hacia finales de 1958 y principios de 1960, sus antepasados habitaban la zona ubicándose frente a una estancia llamada Santa Amalia. Después, gente no indígena empezó a comprar parcelas de tierras y para evitar conflictos abandonaron el lugar.

En aquellos tiempos en la zona los indígenas vivían tres comunidades: Laguna Pytä, Pirekái, e Yvaroty.

Sosa relata que en el 2009 volvieron con la intención de recuperar Laguna Pytä previa gestiones ante el INDERT e INDI con la finalidad de asegurar esa parcela de tierras para los indígenas originarios del lugar.

En el 2013 salió una notificación para la apertura de una mensura judicial, luego en el 2015 salió otro orden más ampliado, pero nunca se ejecutaron las medidas, puntualizó

El líder pide encarecidamente al Estado una solución a sus reclamos considerando la extrema pobreza en la cual viven. Además, precisan urgentemente de la ayuda humanitaria.

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Conforme a la ley número 5.210 de Alimentación Escolar y Control Sanitario, en atención a los derechos de la alimentación y la salud del estudiante, es una obligación del Estado disponer del almuerzo y merienda escolar.

En el caso de los estudiantes indígenas, en un alto porcentaje, dicha alimentación no llega en tiempo y forma, según cuenta conforme a su experiencia Eduvigis Ruiz, docente indígena de la comunidad Laguna Pato, ubicada alrededor de 50 kilómetros de Pozo Colorado.

Los chicos pasan muchas necesidades, entre ellas la de alimentación, los alumnos llegan con hambre a la escuela y en estas condiciones es muy difícil, casi imposible, lograr un aprendizaje y enseñanza adecuada, dice al significar que está terminando el año lectivo y sus alumnos en muy pocas ocasiones recibieron los kits de alimentos.

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La señora Irene Benítez, lideresa de la comunidad indígena 15 de enero del Pueblo Mbya Guaraní, luego del desalojo forzoso sufrido en la víspera manifiesta que todas las personas quedaron con consecuencias psicológicas, pues los agentes policiales y la fiscalía actuaron con mucha violencia no respetando a niños, embarazadas ni ancianos.

Como mujer se siente indignada e impotente al ver tanto sufrimiento. Dijo que, en este momento, de lo mal que ya están, empieza a llover empeorando aún más la situación de la gente que no tienen siquiera carpa para guarecerse de la inclemencia del tiempo. Precisan con urgencia asistencias médicas, alimenticias y carpas, etc.

La señora Benítez igualmente manifiesta que, si bien viven en la zona desde hace tiempo, la comunidad nunca recibió asistencias del INDI ni de la SEN, mucho menos de salud pública. En caso de urgencias médicas y otras necesidades, recurren a una comunidad campesina, distante alrededor de 15 kilómetros, llevando a pie a los pacientes para su atención.

El estado alega propiedad privada para no asistirnos y eso es una mentira, nosotros no estamos en la propiedad ajena, ocupamos nuestro territorio natural, puntualiza. Después de la brutal violencia, una brigada médica fue a asistir a los indígenas

Antes del desalojo forzoso, los indígenas contaban con cultivos de subsistencias, cría de animales menores, etc, que fueron totalmente destruidas. También desde hace tres años una docente, ad honoren, enseñaba en la comunidad.

Así lo asegura el líder de dicha comunidad Santiago Sosa del Pueblo Mbya Guarani, refiriéndose a la lucha que vienen sosteniendo para acceder a un pedazo de tierra.

Según cuenta, sus antepasados vivían en la zona allá por el año 1.965 ocupando un vasto territorio, luego apareció un ciudadano alemán diciendo que era el supuesto propietario de alrededor de 660 hectáreas. Desde ese momento empezaron los conflictos para los indígenas quienes de apoco eran despojados del lugar

Posteriormente, conforme al relato de líder, en 2.009, regresan con la finalidad de recuperar parte de la propiedad, iniciando las gestiones ante el INDI y el INDERT. Se abrió un expediente 4937/10 en el cual consta que los indígenas reivindican 1.000 hectáreas.

En el 2013 debía iniciarse la medición del terreno, pero nunca se concretó por la inacción de las autoridades, y ahora, tras casi 10 años aparecen con todo desalojándonos de manera violenta, dice Santiago Sosa sosteniendo que para los indígenas la acción policial – fiscal de ayer miércoles 19 de octubre, representa verdaderamente un terrorismo de estado.

Nos golpearon de manera inmisericorde, ni siquiera respetaron a niños y embarazadas, faenaron nuestros animales, nos robaron y llevaron nuestras herramientas de trabajo, puntualizó.

Son 45 familias censadas que ruegan al INDI y demás instituciones la solución del conflicto. Igualmente apelan a la ayuda humanitaria pues si bien siguen en la comunidad quedaron prácticamente sin nada