♦️El agente fiscal Irán Suarez de Presidente Hayes exhorta a la ciudadanía a no tener miedo para formular denuncias ante el Ministerio Público para que de ahí la Fiscalía se encargue de impulsar la acción penal pública a fin de llegar al o los autores de los ilícitos.
♦️Dijo que los agentes cumplen un papel preponderante, pues la Fiscalía es un órgano autónomo para velar por los derechos de la sociedad, más todavía en intereses difusos como el caso del Medio Ambiente.
♦️Fue durante el programa Devuelvan Nuestra Tierra que se emite todos los viernes por Radio Pa’i Puku del Chaco Paraguayo.
♦️La ley 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente, establece los distintos tipos penales que atentan contra el cuidado de la naturaleza.
♦️Consultado en el caso de los indígenas si los mismos tienen un trato especial cuando se refieren a delitos ambientales, el fiscal Suarez aclaró que no están exentos de ninguna sanción penal.
Amancio Pinasco, de la radio indígena Akpehetko Askakha (Caroa’i) ubicada en la comunidad La Patria del Pueblo Angaite en el distrito de Puerto Pinasco (Presidente Hayes), dialoga con la señora Aparicia Ramírez respecto a la sequía que afecta a dicha región y a gran parte del Chaco paraguayo.
La mujer afirma que la gente está sumamente preocupada por el desabastecimiento del agua, pues los aljibes están vacíos y los tajamares ya no facilitan el acceso para las 18 aldeas de dicha comunidad, además son las mujeres quienes se encargan para llevar algo en las casas.
A esto se suma la falta de acceso a la salud, sin medicamentos ni oportunidades para una buena atención. En abril pasado fue la última lluvia importante registrada en la zona.
Mariano Mendoza, de la Radio Indígena “Alternativa La Voz del Pueblo”, comunidad Yalve Sanga del Pueblo Enlhet, distrito de Loma Plata (Boquerón) informa que en la zona la gente está desesperada debido a las dificultades que tienen para acceder al agua potable.
Hace tiempo que no llueve, los aljibes están vacíos y los tajamares comunitarios se desabastecen, para proveerse del vital líquido los indígenas deben comprar y la plata no les alcanza, puntualizó.
El Proyecto Acueducto enmarcado en el Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), supuestamente 36.000 indígenas, de comunidades como Yalve Sanga, Nueva Promesa, La Armonía, El Estribo, Paz del Chaco, Nueva Vida, Uj’e Lhavos, Yvopey Renda, Cacique Mayeto, Cayin’o Clim, Laguna Negra, Sana Teresita, Colonia 22, Colonia 15 de Agosto, entre otras, iban asegurar la provisión del agua potable, pero la realidad es totalmente lo opuesto, ni una sola gota llega a la gente.
Ramón Cáceres, director general de administración y finanzas del INDI, al hablar sobre la entrega de fondos de desarrollo comunitarios a las comunidades de Xákmok Kásek y Kelyenmagategma, dijo que de esta manera el estado honra su deuda y compromiso respeto a sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En adelante queda seguir saldando los pagos de las deudas históricas con las comunidades, puntualizó.
Gerardo Larrosa, de la comunidad Xákmok Kásek del Pueblo Sanapana, refiere a la entrega de Fondos de Desarrollo Comunitario realizado conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH.)
Según explicó recibieron fondos de acuerdo a la diferencia cambiaria dejando constancia que el monto recibido queda a sujeto de una revisión, pues de existir alguna diferencia a favor de la Comunidad se estaría realizando las gestiones pertinentes para su posterior efectivización.
Los Fondos de Desarrollo Comunitario fueron establecidos en las diferentes sentencias de Corte-IDH buscando garantizar el desarrollo autónomo de las comunidades indígenas mediante la implementación de proyectos comunitarios.
De acuerdo al acta de entrega de fondos realizado el pasado viernes 11 de agosto en el INDI, en este caso Xákmok Kásek y Kelyenmagategma, estas comunidades se comprometen a cumplir con la obligación legal de la rendición de cuentas a la Contraloría General de la República y al Instituto Paraguayo del Indígena.
Las comunidades indígenas que cuentan con sentencias ante instancias internacionales de Derechos Humanos son Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Xákmok Kásek (con sentencias vinculantes para el Estado de la Corte Interamericana de 2005, 2006 y 2010 respectivamente) y de Kelyenmagategma (con acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana).
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas denuncian irregularidades en causas que afectan a Comunidades
Este miércoles 9 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, integrantes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh) denunciaron ante el Ministerio Público las irregularidades ocurridas en causas que afectan a Comunidades Indígenas que son víctimas de invasión de sus territorios.
Las víctimas y denunciantes son las comunidades indígenas Yakye Axa y Kelyenmagategma, del Pueblo Enxet, Departamento de Presidente Hayes, cuyas tierras son tierras aseguradas por el Estado paraguayo para las citadas comunidades, pero que están sufriendo graves menoscabos territoriales y ambientales por autores no identificados desde hace ya un tiempo considerable, sin que exista un esclarecimiento del hecho por parte del Ministerio Público.
Según señalaron los denunciantes la investigación, desde sus inicios, estuvo a cargo de la Agente Fiscal de la Unidad Penal N° 1 de Pozo Colorado Abg. Norma Paredes y posteriormente quedó a cargo del Fiscal Enrique Díaz, quien asumió recientemente la Unidad Penal N° 2 de la citada circunscripción. Sin embargo, la causa que afectaría a ganaderos poderosos de la zona, como el ex senador Fidel Zavala, no tuvo avances y no se han realizado diligencias relevantes para avanzar en la investigación.
Según se señala en la denuncia existe una “demora injustificada de la causa, inobservancia del debido proceso, inobservancia de un plazo razonable; y teniendo en consideración que no se carece de posibles elementos ni de una teoría del caso, corresponde y amerita una investigación de las irregularidades cometidas por la Agente del Ministerio Público mediante la auditoría de las diligencias obrantes en la investigación del hecho punible de invasión de inmueble individualizada”.
Los líderes de la CLIBCh solicitaron la auditoría de la carpeta fiscal y que se apliquen las sanciones que fueren pertinentes a los responsables del “cajoneo” de la causa.
La abogada Gladys Alfonso de Bareiro, directora de la Dirección de Mediación del Poder Judicial explica que la Ley Nº 1879/02 de Arbitraje y Mediación es una herramienta legal disponible para la solución de conflictos.
Dijo que es un método no adversarial donde las partes pueden ir a hablar sobre sus problemas y resolverlos por medio de una comunicación, pero con participación de un mediador especializado en el tema. Aclara que la mediación no se da cuando se trata de un hecho de crimen.
Durante la formación de la Promotoría Jurídica Indígena en su 4to Módulo, que se llevó adelante del 30 de julio al 04 de agosto pasado, dicha directora participó del conversatorio “La Mediación como método pacífico de resolución de conflictos”
Al término del encuentro valoró muchísimo la capacitación alentando a los indígenas acudir a la oficina de Mediación donde la atención es libre y gratuita.
Desde el año pasado los promotores jurídicos indígenas se capacitan en el marco del proyecto “Gobernanza Democrática y la Justicia Ambiental”, financiado por la Fundación Tinker.
Nilta Torales, indígena del Pueblo Angaite que vive en la comunidad San Fernando, distrito de Puerto Pinasco (Pte. Hayes), relata cómo a los indígenas le cuesta mucho dinero documentarse cuando se trata de personas mayores de 14 años, pues las gestiones únicamente se hacen en Asunción.
En su caso tiene dos hijas, una de 15 y la otra de 17 años, que desde el 2018 procura documentarlas.
Si bien en Identificaciones se exonera la tarifa a los indígenas, la señora aclara que igual le sale muy caro llegar hasta Asunción para tramitar las documentaciones. Además de conseguir para el pasaje, deben tener restos igualmente para costear la alimentación y estadía de su gente, y en la condición de pobreza en la cual se encuentran les es sumamente costoso acceder a sus derechos.
El acceso a la documentación oficial, además de un derecho fundamental, es una necesidad sentida en las comunidades del país como puerta de ingreso a programas sociales y políticas públicas que tiene el Estado dirigida a la población indígena.
Se realizó el 4to Módulo del ciclo de formación de la Promotoría Jurídica Indígena. Fue entre el 30 de julio al 04 de agosto pasado, en la Casa de Retiro EMAUS (Luque)
Alrededor de 30 representantes comunitarios provenientes de los Departamentos de Presidente Hayes y Boquerón participaron de los talleres de capacitación.
Para Omar Pedro Moreno, comunidad Paz del Chaco, del Pueblo Enxet Norte, son sumamente importantes los talleres de formación jurídica, pues los indígenas adquieren conocimientos para hacer frente a las necesidades que se dan en sus comunidades.
En tanto Marcia Echeverri, de la comunidad Nueva Promesa del Pueblo Sanapana, dijo que se están capacitando para aprender sobre los derechos indígenas y llevar a la practica en defensa de sus comunidades.
Carlos Céspedes, del Pueblo Nivacle, por su parte comentó en total son 6 los módulos de formación jurídica durante los cuales los participantes adquieren herramientas jurídicas para luego llevarlas a la practicas en sus respectivas comunidades.
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Este curso se desarrolla en el marco del proyecto “Gobernanza Democrática y la Justicia Ambiental”, financiado por la Fundación Tinker y busca instalar capacidades para que las propias comunidades, mediante su Promotor/a, puedan hacer frente a las necesidades que se les presentan, en particular la vinculación y mediación con las instituciones estatales que deben responder a los reclamos indígenas.
La Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), que reúne a líderes de más de 65 comunidades indígenas del Departamento de Presidente Hayes, emitió hoy un comunicado en el cual solicita al nuevo gobierno que la presidencia del Instituto Paraguayo del Indígena sea ocupada por una persona idónea y comprometida con los Pueblos Indígenas.
En el comunicado la CLIBCh expresa su preocupación ante la posibilidad que el gobierno próximo a asumir el 15 de agosto “continue con la vieja práctica de nombrar en la presidencia del INDI a personas que, sin preparación ni conocimiento en materia indígena, sean incapaces de gerenciar adecuadamente las políticas públicas para nuestro sector”.
La Coordinadora agrega que el respeto hacia los Pueblos Indígenas empieza por el cuidado que debe tener el Poder Ejecutivo en el nombramiento del funcionario o funcionaria que será el principal interlocutor con los 19 Pueblos Indígenas que habitan el Paraguay.
“Es por ello que instamos al presidente Santiago Peña a analizar con la responsabilidad que debe caracterizar a un Jefe de Estado cabal, el nombramiento que debe realizar en el INDI; que respete lo que dice la ley y designe a una persona que esté a la altura de los grandes desafíos que tiene la institución, para así devolver la esperanza en el cumplimiento de la Constitución de la República y mejorar las condiciones de vida en nuestras comunidades” concluye el pronunciamiento de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco.
